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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 24 de julio de 1995


 RESUMEN:

Arrendamientos urbanos: Local de negocio. Revisión de renta. Validez y eficacia de la cláúsula de estabilización. Procedencia. Se trata de una cláusula que garantiza el principio de seguridad jurídica y garantiza la equivalencia de prestaciones y reciprocidad. Contratos: Cláusulas. Limitaciones. Principio de autonomía de la voluntad. Inapreciación de infracción. Contratos: Prescripción. Cómputo del plazo de quince años. Desestimación.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Barcelona, fueron vistos los autos núm. 868/1990, por el procedimiento incidental sobre revisión de renta contractual arrendaticia de local de negocio, en el que fueron partes, como actora doña María Angeles, y como demandada la entidad mercantil "Ixia, S. A.».

Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... se dicte en su día sentencia en la que se estime íntegramente la demanda, se declare legítimo y ajustado a derecho con efectos desde su notificación, el incremento de renta de 111.026 pesetas mensuales, lo que da un total de alquiler de 154.650 pesetas mensuales notificado por esta parte a la sociedad arrendaticia "Ixia, S. A.", según carta fechada en el día 22 de marzo de 1990, y remitida por conducto del Notario don Antonio López-Cerón y Cerón, según acta núm. 1.195 del presente año, y al propio tiempo, se declare carente de fundamento la oposición formulada por la arrendataria a dicho incremento de renta; condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, y al pago de las costas procesales». Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito aprueba

Admitida a trámite la demanda, por la representación de la parte demandada se contestó la misma en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y previo los trámites procesales oportunos desestimar íntegramente la demanda en la forma en que se concreta en el suplico de la misma, con expresa imposición de las costas procesales a aquella representación, por además concurrir manifiesta temeridad» Solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.

Por el Juzgado se dictó Sentencia en fecha 29 de junio de 1991, cuyo fallo es como sigue: "Fallo: Desestimo en su integridad la demanda formulada por el Procurador Sr. Quemada Ruiz en nombre y representación de doña María Angeles a fin de que se declare legítimo y ajustado derecho con efectos desde su notificación el incremento de renta de 11 1.026 pesetas mensuales lo que da un total alquiler de 154.654 pesetas mensuales notificado por la demandante a la sociedad arrendataria "Ixia, S. A.", según carta fechada el 22 de marzo de 1990y remitido por conducto del Notario Sr. López- Ccrón y Cerón según acta núm. 1.195 de su protocolo absolviendo libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la demandada "Ixia. S. A." comparecida en estas actuaciones por medio del Procurador Sr. Badia Martínez y en su consecuencia no ha lugar a declarar carente de fundamento la oposición formulada por la arrendataria a dicho incremento de renta declarándose por contra ajustado a derecho tal oposición y condeno expresamente a la actora Doña. María Angeles al pago de las costas procesales causadas en esta instancia».

Segundo.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Mina. Audiencia Provincial de Barcelona, dictó Sentencia en fecha 11 de enero de 1992, cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandante doña María Angeles contra la Sentencia de fecha 29 de junio de 1991 dictada en las presentes actuaciones por el Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de los de esta capital, debemos confirmar) confirmamos la misma sin hacer imposición de costas en esta alzada».

Tercero.—Por el Procurador de los Tribunales don Federico Pinilla Peco, en nombre y representación de doña María Angeles, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1.º Por infracción de ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del art. 1.692.5 .°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por infracción del art. 1.255 del Código Civil y de los arts. 97,98 y 100.1.º in fine de la Ley de Arrendamientos Urbanos (principio de autonomía de la voluntad). 2.º "Por infracción de la Ley y doctrina legal concordante, al amparo del art. 1.692.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por infracción de los arts. 1.281, 1.286 y 1.289 párrafo primero in fine del Código Civil, sóbrela doctrina de la interpretación de los contratos». 3.° "Infracción de la Ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del art. 1.692.5 .° de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por infracción, por aplicación indebida del Decreto-ley de 17 de noviembre de 1975, del Real Decreto-ley de 8 de octubre de 1976, del Real Decreto-ley de 4 de enero de 1978, del Real Decreto-ley de 26 de diciembre de 1978, del Real Decreto-ley de 29 de diciembre de 1979, del Real Decreto-ley de 12 de diciembre de 1980 ; y por infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el alcance temporal y coyuntural de las limitaciones introducidas por dichas disposiciones». 4.° "Infracción de la Ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del art. 1.692 5. de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por infracción, por indebida aplicación, de la doctrina de la prescripción del art. 1.964 del Código Civil». 5 .° "Por infracción de ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del art. 1.692, 5 .° de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por infracción, por interpretación errónea, del principio general de la seguridad en el tráfico jurídico, y doctrina que lo interpreta».

Cuarto.—Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 14 de julio, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Doña María Angeles promovió procedimiento incidental contra la entidad mercantil "Ixia, S. A.», sobre revisión de renta, en orden a que la sentencia a dictar "declare legítimo y ajustado a derecho con efectos desde su notificación, el incremento de renta de 111.026 pesetas mensuales, lo que da un total de alquiler de 154.650 pesetas mensuales, notificado a la sociedad arrendaticia "Ixia, S. A.", según carta fechada en el día 22 de marzo de 1990 y remitida por conducto del Notario don Antonio López-Cerón Cerón, según acta núm. 1.195, y al propio tiempo, se declare carente de fundamento la oposición formulada por la arrendataria a dicho incremento de renta, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración», cuyas pretensiones tenían como base fáctica los contratos de 12 de febrero de 1965 y 4 de enero de 1980. Por el primero de dichos contratos, don Carlos Francisco, esposo de la actora, arrendó la tienda segunda de la casa señalada con el núm. 430 de la calle Muntaner, de Barcelona, a don Luis Pedro, por tiempo de un año prorrogable y precio de 12.000 pesetas mensuales, y en las condiciones anexas al mismo, y bajo el epígrafe titulado "Otras cláusulas» la del apartado a) era del siguiente tenor: "ambas partes contratantes convienen que la renta estipulada en el presente contrato se acomodará cada dos años a las variaciones del coste de la vida, de acuerdo con los índices que Fija la Dirección General de Estadística, tomando como base el existente en la fecha de este contrato», y el segundo, fue suscrito entre doña María Angeles y don Luis Pedro, que actuó en nombre e interés propio y en nombre y representación de la sociedad "Ixia, S. A.», en calidad de administrador de la misma, exponiéndose que doña María Angeles era propietaria del local de negocio ya descrito y que en fecha 24 de enero de 1978 se autorizó al Sr. Luis Pedro para subrogar todos los derechos y obligaciones dimanantes del contrato de arriendo de 1965 a favor de Sociedad Anónima a constituir, siendo ésta la expresada "Ixia, S. A.», constituida en 2 de marzo de 1979, y en el pacto 2.º de dicho contrato se estableció lo siguiente: "Expresamente se conviene que la revisión de renta prevista en otras cláusulas apartado a) de las condiciones del contrato de arriendo se aplicará cada dos años, siendo la primera revisión a practicar en el presente mes de enero de 1980 y sucesivamente cada dos años». El Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Barcelona, por Sentencia de 29 de junio de 1991, desestimó en su integridad la demanda formulada por la Sra. María Angeles y absolvió libremente a la demandada "Ixia, S. A.», y, en su consecuencia, no había lugar a declarar carente de fundamento la oposición formulada por la arrendataria a dicho incremento de renta, declarándose por contra ajustada a derecho tal oposición, resolución que fue confirmada por la dictada, en 11 de enero de 1992, por la Sección Primera de la lima. Audiencia Provincial de Barcelona, y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por doña María Angeles a través de la formulación de cinco motivos amparados en el ordinal 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril .

Segundo.—Los dos primeros motivos, por la íntima relación existente entre ellos, deben estudiarse conjuntamente, y denuncian, de modo respectivo, las infracciones de los arts. 1.255 del Código Civil y 97, 98 y 100.1 .° in fine de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y 1.281, 1.286 y 1.289, párrafo primero in fine del Código Civil, en los que se viene a argumentar, en síntesis, lo siguiente: La validez y eficacia de la cláusula de estabilización pactada en su día y mantenida explícitamente en el documento de subrogación de 4 de enero de 1980, no es cuestionada en la sentencia que se recurre, pero en la medida en que la Sala a quo rechaza la aplicación que de la misma hace la parte recurrente, hay que entender violado el principio de autonomía de la voluntad; los preceptos mencionados han llevado a una copiosa jurisprudencia que acoge favorablemente a toda una extensa gama de fórmulas revisoras o estabilizadoras más o menos relacionadas con los índices oficiales del coste de vida, acogida que tiene su soporte legitimador en el principio de la autonomía de la voluntad, que, según la doctrina jurisprudencial más reciente, es de plena aplicación a las actualizaciones de rentas pactadas por las partes (Sentencias de 19 de junio de 1985, 13 de mayo de 1986, 12 de julio de 1988, 15 de noviembre de 1989, entre otras muchas) (motivo primero); la sentencia recurrida parte de una interpretación errónea de la cláusula controvertida, vulnerando los parámetros interpretativos de los arts. citados 1.281, 1.286 y 1.289 ; el sentido de la cláusula hay que buscarlo en su último inciso "... tomando como base el existente en la fecha del contrato», refiriéndose al índice, con lo que es claro que la cláusula fija un referente inamovible para las revisiones futuras: el índice vigente en febrero de 1965, fecha del contrato; este índice vigente era del 12,4; el otro término del binomio vendría dado por el índice del mismo IPC existente al momento de llevarse a cabo cada revisión, el que sí sería distinto cada vez; se trata de una fórmula que concede sólo importancia a la evolución de los índices del IPC, y que no concede ninguna a la cuantía de la renta vigente en cada momento, al importar únicamente la evolución de los índices; cuando la cláusula quedó incorporada al contrato de febrero de 1965, había entrado en vigor la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de junio de 1964, que acogió la posibilidad de quejas partes proveyeran contractualmente una fórmula estabilizadora; se trata de una cláusula clara c inequívoca, que al remitir los términos de la operación matemática en que ha de consistir la revisión, a dos únicas variables, una fija e invariable (el índice del 12,4 vigente en febrero de 1965), y otra variable (el índice vigente en cada momento de revisión) se evitan problemas de interpretación y cálculo, y por ello, se trata de una cláusula que garantiza plenamente el principio de seguridad jurídica, y se trata de una cláusula justa que garantiza la equivalencia de las prestaciones y reciprocidad de intereses (motivo segundo ).

Tercero.—La mención como infringidos de los preceptos citados en el motivo primero, cual rectores del principio de autonomía de voluntad, arts. 1.255, y 97, 98 y 100 del Código Civil y Ley especial arrendaticia urbana, respectivamente, carece de absoluta justificación en cuanto que ni el Juzgado de instancia, ni la Sala a quo han negado la existencia de la cláusula estabilizadora comprendida en el contrato inicial de 12 de febrero de 1965 y ratificado en el posterior de 4 de enero de 1980, ni negado, tampoco, el mecanismo regulador derivado de su aplicación, y así viene a admitirse de manera expresa en el propio motivo. Igualmente es de rechazar la alegación de la parte referida a entender violado el principio de la autonomía de la voluntad por la circunstancia de estar en desacuerdo la Sala a quo con la aplicación que hace la recurrente de la cláusula en cuestión, ya que tal disparidad nada tiene que ver con dicho principio, y, en su caso, estaña en relación con los principios que informan la interpretación de los contratos) con la regla impuesta por el art. 1.256 del Código acerca de que su validez) cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Cuarto.—Por lo que respecta a los artículos interpretativos en materia contractual, la sentencia dictada en primera instancia, que fue confirmada por la recurrida, hizo una aplicación expresa de dichos artículos, y, por otro lado, la lectura de ambas sentencias no evidencia, de manera inequívoca, que la revisión de la renta cupiera efectuarla de modo distinto al preconizado en el segundo motivo, o sea, a través del juego del binomio constituido por los índices de la fecha del contrato inicial y de la fecha correspondiente al momento de la revisión, con lo cual, cabe decir que no ha sido puesto en duda por los juzgadores de instancia que la cláusula estabilizadora no fuese clara e inequívoca, no garantizase el principio de seguridad jurídica y no respondiese a una equivalencia de las prestaciones y reciprocidad de intereses. Lo que en verdad ha acontecido es que en la sentencia recurrida, al igual que la del Juzgado, fueron varias las razones tenidas en cuenta en ordénala desestimación de la acción revisora: prescripción de la misma, inobservancia de los diversos Decretos-leyes limitativos de los incrementos de rentas, dictados entre 1975 y 1980, e inalterabilidad de los incrementos efectuados regularmente y de acuerdo con la cláusula de estabilización pactada, razones las así apuntadas que carecen de toda relación o conexión con las reglas interpretativas de los contratos. Así pues, a tenor de lo expuesto en el presente fundamento y en el precedente es de llegar a la conclusión de que el Tribunal a quo no infringió los artículos mencionados en los dos primeros motivos del recurso, lo que determina la claudicación de los mismos.

Quinto.—En el motivo tercero se alude a la infracción, por aplicación indebida, del Decreto-ley de 17 de noviembre de 1975, del Real Decreto-ley de 8 de octubre de 1976, del Real Decreto-ley de 4 de enero de 1978, del Real Decreto-ley de 26 de diciembre de 1978, del Real Decreto-ley de 29 de diciembre de 1974 y del Real Decreto-ley de 12 de diciembre de 1980, y a la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre alcance temporal y coyuntural de las limitaciones introducidas por tales disposiciones, razonándose así: La sentencia impugnada hace especial énfasis en la supuesta vulneración de los límites establecidos en las indicadas disposiciones sobre actualización de las rentas arrendaticias; tales Decretos lo que hacen únicamente es limitar temporal y coyunturamente los incrementos de renta sobrevenidos por aplicación de cláusulas estabilizadoras según IPC, y cada una fija un ámbito de duración temporal de la limitación, un año, y el El Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de declarar en reiteradas ocasiones el carácter coyuntural y meramente temporal de esas limitaciones (Sentencias de 18 de abril y 29 de octubre de 1990 ).

Sexto.—Indudablemente, las disposiciones legales especificadas en el motivo que ahora se examina, tienen carácter coyuntural y meramente temporal, como se desprende del contenido de las mismas y de la interpretación que de ellas se ha verificado por la jurisprudencia de la Sala, constituida, entre otras, por las sentencias reseñadas por el recurrente, doctrina que es contraria, también, a atribuir a esas disposiciones un alcance extensivo. Sin embargo, y sin necesidad de entrar en el detalle de la influencia que pudieran tener tan repetidas disposiciones en la revisión que nos ocupa, lo cierto es que resultaría intrascendente a los efectos del recurso el hecho de que el Tribunal a quo hubiera efectuado una indebida aplicación de las mismas, en cuanto que es doctrina consolidada de la Sala la relativa a que: "como los recursos de casación se dan contra el fallo y no contra los fundamentos jurídicos de las sentencias, cuando el fallo que vaya a recaer como consecuencia de la estimación del recurso fuese el mismo que el que se contiene en la sentencia que se recurre, por razones de economía procesal no debe estimarse el recurso», que figura recogida, entre otras, en las Sentencias de 15 de mayo de 1983, 12 de junio de 1984, 21 de marzo y 21 de mayo de 1985, 25 de febrero y 27 de octubre de 1988, y 14 de julio de 1989 y 5 de febrero de 1990 . La intrascendencia de que se habla sería como consecuencia de que la estimación del motivo, en el supuesto de haber mediado una aplicación indebida de aquellas disposiciones legales, no cambiaría el sentido del fallo recurrido, pues, en cualquier caso, continuarían subsistentes las restantes razones que se tuvieron en cuenta en punto a desestimar la pretensión de la actora-actual recurrente, y que quedaron apuntadas en el cuarto fundamento de la presente, y esto así conduce a tener por perecido el motivo examinado.

Séptimo.—En el cuarto motivo se invoca la infracción, por indebida aplicación, de la doctrina de la prescripción del art. 1.964 del Código Civil, ya que, en opinión de la parte recurrente: las especiales características de la cláusula litigiosa, al remitir siempre la revisión a la evolución de los índices del IPC, partiendo, en cada revisión, del vigente en febrero de 1965, y haciendo total abstracción de la cuantía de la renta existente en cada momento, dejan fuera de lugar toda apreciación sobre posible prescripción, puesto que cada revisión es autónoma e independiente de la anterior, y para nada toma en consideración la cuantía de la renta vigente en el momento de operar cada revisión, es decir, las revisiones hechas con anterioridad, para nada condicionan las revisiones futuras; la institución de la prescripción puede discutirse en aquellas fórmulas que remiten a la cuantía de la renta como base de la revisión, y en las que las cuantías resultantes de cada revisión condicionan y sirven de base a las posteriores, pero éste no es el caso de autos; es de notar que entre 1980 y 1990 en que se corrige esta línea de actuación, transcurren únicamente diez años, inferior a la prescripción quincenal del art. 1.964 del Código Civil ; es en el documento subrogatorio de enero de 1980, cuando se establece el carácter bianual de la revisión, y es a partir de esta fecha cuando las partes fijan el inicio de los períodos bianuales y el inicio de las revisiones, y en el peor de los supuestos para la recurrente, el plazo prescriptivo quincenal habría de computarse a partir de 1980.

Octavo.—No es rigurosamente exacto que fuese en el contrato de enero de 1980 el que estableciese el carácter bianual de la revisión, pues ese mismo carácter aparece ya en el apartado a) de "Otras cláusulas» del contrato de febrero de 1965 y la interdependencia o correlación entre uno y otro contrato se infiere claramente del contenido del pacto 2.º del contrato de 1980, por ello, teniendo en cuéntala fecha del contrato inicial y la correspondiente al momento del ejercicio de la acción revisora de que se trata, resulta discutible la atribución al Tribunal a M de una indebida aplicación del sustantivo art. 1.964 . Aunque fuera acertada la interpretación que ofrece la parte en punto al funcionamiento de la revisión pactada en los contratos antedichos, en concreto, que cada revisión es autónoma e independiente de la anterior y sin tomar en consideración la cuantía de la renta vigente al momento de cada revisión, así como que la operación matemática correspondería a la derivada de un binomio formado por dos términos: uno invariable, el índice vigente en febrero de 1965 y otro variable, el índice al momento de cada revisión, como así lo explicaba en el motivo segundo, no cabe ninguna duda que la acción de que se habla se encuentra en estrecha relación con un contrato fechado en 1965, y, por tanto, en alguna manera habría de influir el transcurso del plazo prevenido en el art. 1.964, sin que competa a esta Sala, en la fase casacional, estudiar cuáles pudiesen ser los efectos de semejante influencia, bastando, al respecto, con reconocer, como ya se ha dicho, la dificultad de apreciar en la a quo una notoria incorrección al aplicar el art. 1.964 . Ahora bien, con independencia de lo acabado de exponer, lo verdaderamente importante es que otra de las razones que determinaron la desestimación de la acción revisora, como ya se expresó, fue la referente a la inalterabilidad de los incrementos practicados regularmente y de acuerdo con la cláusula de estabilización pactada, los cuales. han sido notificados al inquilino y aceptados pacíficamente por este, presupuesto fáctico que ha quedado incólume al no haber sido combatido por vía casacional adecuada, y en atención a que semejante razón, la más convincente a juicio de esta Sala, encuentra apoyo en la doctrina jurisprudencial derivada de las Sentencias, entre otras, de 23 de junio de 1986 y 20 de julio de 1989, en cuanto que "reputan inalterables las revisiones de rentas ya realizadas por mutuo acuerdo», es por lo que, en definitiva, el motivo no podría prosperar aunque el mentado Tribunal hubiera aplicado indebidamente el art. 1.964 del Código Civil, y ello, en función de la consolidada doctrina expuesta en el sexto fundamento de la presente, pues el fallo recurrido no experimentaría ninguna modificación.

Noveno.—En el quinto motivo, último formulado, se denuncia la infracción, por interpretación errónea, del principio general de seguridad en el tráfico jurídico, y doctrina que lo interpreta, pues la Sentencia de 20 de noviembre de 1990 tiene declarado que "el principio de la seguridad del tráfico jurídico supone en la esfera negocial que quien de buena fe realiza un negocio jurídico, de la naturaleza que sea, fundado en la confianza razonable que objetivamente suscita una situación aparente, debe ser protegido, aunque de ello resulte una sacrificio para el interés o para el derecho de otros», y de aquí, que, en razonamiento de la recurrente: 1.º La sociedad arrendataria no puede argüir la indicada "confianza razonable», toda vez que el sentido literal de la cláusula estabilizadora era claro y unívoco, y bien sabía la arrendataria que en cualquier momento y en cualquier revisión, estaba legitimado el arrendador para aplicar la cláusula en los términos pactados. 2 .° No debe perderse de vista que la corrección de esa tónica revisora, no puede tener, obviamente, efectos retroactivos, ya que el art. 101.1.° de la Ley de Arrendamientos Urbanos veda expresamente la retroactividad de los aumentos de renta, y 3. De perpetuarse ese desfase con una eventual desestimación del recurso, el beneficio económico de la sociedad arrendataria, y correlativo empobrecimiento dé la arrendadora, sería tan mayúsculo que haría repudiable la protección exigida por el principio de seguridad jurídica en el tráfico.

Décimo.—Este último motivo ha de decaer al igual que los precedentemente estudiados, inviabilidad que es producto de la doctrina de que se hizo mención. la de "reputarse inalterables las revisiones de rentas ya realizadas por mutuo acuerdo», y, precisamente, de no entenderse así es cuando se produciría un efecto y una situación contrarios al principio de seguridad del tráfico jurídico que se invoca en aquél, de tal modo que la misma doctrina establecida en la Sentencia de 20 de noviembre de 1990, resulta idónea para confirmar la tesis mantenida en 773 la sentencia recurrida, pues, aun cuando los incrementos de renta efectuados, adoleciesen de error, sus consecuencias no pueden hacerse acarrear al arrendatario, quien ha cumplido con las obligaciones que le correspondía a tenor del art. 1.555 del Código Civil, como, con acierto, se observó en el segundo fundamento de derecho de la sentencia recurrida, no siendo atendibles, por tanto, los razonamientos hechos valer en el motivo, con lo que es de reafirmar, sin necesidad de más consideraciones, la inviabilidad del mismo. Y la improcedencia de la totalidad de los motivos formulados en el recurso de casación interpuesto por la Sra. María Angeles, lleva consigo, en virtud de lo preceptuado en el párrafo final del rituario art. 1.715, la de declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente, y la perdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de doña María Angeles, contra la Sentencia de fecha 11 de enero de 1992, que dictó la Sección Primera de la lima. Audiencia Provincial de Barcelona, y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso, y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal oportuno. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.

ASI. por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Alfonso Barcala Trillo Figueroa.—Jesús Marina Martínez Pardo.—Teófilo Ortega Torres.—Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.


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