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Sentencia A.P. Barcelona 299/2010 de 27 de mayo


 RESUMEN:

Acción de enriquecimiento injusto: Venta de vivienda de propiedad de la demandante. Adquisición de otra vivienda a nombre exclusivo de su hija y su marido. Valoración de la prueba: La valoración de la prueba evidencia que no hay engaño.

DE BARCELONA

SECCIÓN Décimo-sexta

ROLLO N.º 370/2009-A

JUICIO ORDINARIO NÚM. 463/2007

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE GAVÀ

SENTENCIA N.º 299/2010

Ilmos. Sres.

D. AGUSTÍN FERRER BARRIENDOS

D. JORDI SEGUÍ PUNTAS

D. JOSÉ LUIS VALDIVIESO POLAINO

En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de mayo de dos mil diez.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Décimo-sexta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario n.º 463/2007, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Gavà, a instancia de D.ª Regina, representada en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales Doña Virginia Gomez Papi, contra D.ª Asunción (fallecida) y D. Lucas, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Marta Durbán Piera; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en los mismos el día 20 de junio de 2008, por la Juez del expresado Juzgado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por el procurador Sr. Parellada Serres, en nombre y representación de DOÑA Regina contra D. Lucas ABSOLVIENDO AL DEMANDADO DE TODOS LOS PEDIMENTOS QUE CONTRA ÉL SE DIRIGÍAN, y con expresa condena en costas de la demandante."

Segundo.-Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

Tercero.-Se señaló para votación y fallo el día 13 de mayo de 2010.

Cuarto.-En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. AGUSTÍN FERRER BARRIENDOS.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La demandante ejercita una acción de enriquecimiento injusto en reclamación de 124.151,72 euros que se corresponden con lo obtenido por la venta de una vivienda de su exclusiva propiedad (menos la cancelación de un préstamo personal y el pago de las legítimas de la herencia de su difunto esposo) y que se invirtió en la adquisición de otra vivienda puesta a nombre de su hija Asunción, fallecida con anterioridad a la iniciación del pleito y el esposo de ésta.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda y contra dicha resolución recurre la parte demandante reiterando en esta alzada su pretensión inicial.

Segundo.-Se acepta expresamente, haciéndola propia y dándola por reproducida, la exposición que contiene la sentencia apelada sobre los requisitos de la doctrina relativa al enriquecimiento sin causa y también la posibilidad -en abstracto- de su ejercicio autónomo. Esto último plantea sin embargo en el presente caso un problema añadido porque en su declaración la Sra. Regina vino a decir en juicio poco menos que fue engañada al ponerse la nueva vivienda a nombre exclusivamente de su hija y yerno; y decimos problema añadido porque si de verdad estuviéramos hablando de error o dolo, tales acciones probablemente estarían caducadas (ex art. 1301 del código civil) pues estamos hablando de una compraventa que se consumó en 16 de enero de 2002 y una demanda origen de este proceso que se interpone en abril de 2007, lo que seguramente explica que la parte demandante acuda a interponer de forma autónoma la acción de enriquecimiento sin causa cuando, en realidad, parece probable que existiría como causa legal la de la caducidad de las acciones de nulidad.

Hacemos propia y damos por reproducida también la documentada exposición que contiene la sentencia recurrida sobre el contrato de vitalicio o "contrato de alimentos" en actual denominación del código civil, regulación que por su fecha de promulgación, no sería entera y directamente aplicable al caso.

La cuestión litigiosa que plantea el recurso es la de la valoración de la prueba y, revisadas las actuaciones practicadas, coincidimos enteramente con la apreciación de la Sra. Magistrada de Primera Instancia. En efecto, la afirmación de que se concertó un contrato verbal de vitalicio hecha por el demandado se corresponde con la normalidad de la situación personal y familiar y con todas las circunstancias objetivas del caso. No es sólo que lo manifieste el demandado. Ni siquiera que lo adveren las otras dos hijas de la demandante, es que también lo apunta la propia demandante cuando manifiesta en juicio de forma reiterada que "siempre he dicho que quien me cuidara, el piso que con ellos viviera sería para ellos" y es lo que se corresponde con los detalles que rodean los hechos básicos. No es verosímil que la demandante fuera engañada al ponerse legalmente el inmueble a nombre de la hija y yerno demandados, cuando es un hecho no controvertido que estuvo presente en la notaría con ocasión del otorgamiento; cuando es evidente que la compra se hizo con la reconocida finalidad de ir a vivir con la familia de la hija que se hacía cargo de su cuidado y cuando se hace en la reconocida voluntad de la demandante de que el piso acabara siendo para ellos a cambio de tal cuidado y convivencia. No es posible aceptar, con su sola e interesada manifestación, que la escritura no se leyera en el otorgamiento en la notaría. No es posible aceptar, con su sola e interesada manifestación, que no se enterara de las gestiones en el banco para la constitución de la hipoteca o para los pagos y cobros que sucedieron con ocasión de la venta de un piso y la compra de otro sin entender lo que le manifestó el director de la sucursal. Su afirmación de que creyó estar vendiendo una vivienda para comprar otra (con determinada titularidad formal que la incluyera a ella) no tiene respaldo probatorio alguno; al contrario, el ponerlo directamente a nombre de la hija y yerno se explica por la edad de la demandante, por la realidad de la convivencia que subsiguió y por coherencia con su intención de que la vivienda fuera para aquella de las hijas que la atendiera hasta el final de sus días. No es posible aceptar su versión, cuando resulta también que la inmobiliaria mediadora de ambas operaciones ("Don Piso", uno cuyos empleados también estuvo presente en la notaría y le comentó sobre la relativa escasa duración de su anterior adquisición) informa que el contrato de arras de la vivienda se hizo a nombre exclusivamente de la hija con el mismo dinero que percibía la demandante en concepto de arras por la venta de su vivienda anterior y en la misma ocasión. O que durante varios años -en los que no hubo particulares desavenencias- no hubiera problema alguno de error ni dolo en la titularidad del inmueble. O que, fallecida la hija, la demandante siga siendo atendida por el demandado, en la medida que la tensa situación personal lo permite. O que los pagos relativos a la vivienda fueran asumidos por los demandados sin que conste la demandante participara en ellos durante tantos años.

La sentencia apelada en cuanto que califica la situación de vitalicio y desestima la existencia de enriquecimiento sin causa, debe ser mantenida porque entendemos realiza una correcta valoración de la prueba.

Como no podía ser de otra forma, la resolución apelada hace también alusión a la situación personal de las partes, dado el deterioro de la convivencia. Como bien se dice en ella, esto podría ser materia de una acción de resolución del contrato de vitalicio. Pero no es esa la acción que se ejercita y si lo hubiera sido, -prescindiendo de la cuestión de incumplimiento en sentido estricto- la solución económica del conflicto difícilmente hubiera podido ser la que plantea la demandante, de devolver pura y simplemente la cantidad que se reclama, después del tiempo transcurrido y de la situación en que quedan unos y otros, todo lo cual sin duda llevó al legislador a la necesidad de regulación del contrato de alimentos, estableciendo formas flexibles y equitativas de resolver situaciones semejantes a la enjuiciada.

ÚLTIMO.- Las costas del recurso deberán quedar de cuenta de la parte apelante en razón de lo dispuesto en arts. 398 en relación al 394 de la ley de enjuiciamiento civil.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Regina contra la sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2008 por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Gavà confirmamos dicha resolución en todas sus partes con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno. No obstante si el recurso hubiera de fundarse en infracción de derecho catalán cabría recurso de casación por interés casacional y/o extraordinario por infracción procesal, que debería ser preparado ante esta Sección en el plazo de 5 días.

Una vez firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En el mismo día de su fecha, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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