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Sentencia A.P. Madrid 301/2010 de 28 de mayo


 RESUMEN:

Acción declarativa de dominio: La demandante reclama la propiedad de una parcela proindiviso con su hermano. Requisitos de la acción. Título de dominio: Corresponde a la apelante probar el título de propiedad. El testamento no es título de dominio. Las certificaciones catastrales no prueban la propiedad. Inscripción registral: Otorga a sus titulares presunción de titularidad. Presunción de posesión. Usucapión: Jurisprudencia. Cumplimiento de los requisitos para la prescripción adquisitiva por el demandado.

MADRID

SENTENCIA: 00301/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 13

1280A

FERRAZ 41

Tfno.: 91-4933835/6/3909/11 Fax: 91-493.39.10

N.I.G. 28000 1 7004993 /2009

Rollo: RECURSO DE APELACION 306 /2009

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 445 /2006

Órgano Procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 3 de ARANJUEZ

De: Sacramento

Procurador: JOSE MANUEL DIAZ PEREZ

Contra: Adriana, Teodoro, Teodoro

Procurador: MARIA JESUS GUTIERREZ ACEVES, MARIA JESUS GUTIERREZ ACEVES, SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Ponente: ILMO. SR. D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS

Magistrados:

Ilmo. Sr. D. MODESTO DE BUSTOS GÓMEZ RICO

Ilmo. Sr. D. CARLOS CEZÓN GONZÁLEZ

Ilmo. Sr. D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS

SENTENCIA

En Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil diez. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores

Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario sobre acción declarativa de propiedad, procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de los de Aranjuez, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante DOÑA Sacramento, representado en Primera Instancia por la Procuradora D.ª Ana Isabel López Sánchez y asistido de la Letrado D.ª María José Siñeriz Terrón, y de otra, como demandados-apelados D. Teodoro, representado en Primera Instancia por el Procurador D. Vicente García Mochales Benavente y asistido del Letrado D. José Miguel Toledo; D. Faustino y DOÑA Adriana representados por la Procuradora D.ª María Jesús Gutiérrez Aceves y asistidos por Letrado cuyo nombre y número de colegiación no consta; DOÑA Montserrat en situación de rebeldía.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3, de los de Aranjuez, en fecha veinte de junio de dos mil ocho, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: DESESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de Dña. Sacramento contra D. Teodoro, D. Faustino, Dña. Montserrat y Dña. Adriana, absolviendo a los codemandados de las pretensiones formuladas contra ellos, y con condena a la actora de las costas derivadas del presente procedimiento.".

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue admitido en ambos efectos, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha ocho de mayo de 2009, para resolver el recurso.

Tercero.-Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su conocimiento, a tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, la cual tuvo lugar, previo señalamiento, el día veintiséis de mayo de dos mil diez.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la representación de la apelante D.ª Sacramento, actora en primera instancia, se interpone recurso contra la sentencia dictada por el Ilma. Sra. Juez de 1.ª Instancia n.º 3 de Aranjuez con fecha 20 de junio de 2.008, desestimatoria de la demanda interpuesta por la referida actora contra los demandados y hoy apelados D. Teodoro, D. Faustino y su esposa D.ª Montserrat (esta ultima en rebeldía) y D.ª Adriana, por disconformidad con la fundamentación jurídica y el fallo de la sentencia recurrida.

Segundo.-En la demanda iniciadora del procedimiento, posteriormente ampliada contra D.ª Montserrat y D.ª Adriana, la actora, resumidamente exponía que era dueña de la finca "parcela NUM000 del polígono NUM001, paraje Tablares, referencia catastral NUM002 " con una extensión de 0,5786 ha., que le pertenecía en proindiviso junto con su demandado hermano D. Teodoro, como única y universal heredera de los bienes de su difunto padre D. Carlos Miguel. Que en el año 1.999 su hermano, cometiendo falsedad en documento público, consiguió inscribir sólo a su nombre dicha finca en el Registro de la Propiedad. Que su referido hermano vendió luego la totalidad de dicha finca a D. Faustino que la adquirió sabiendo que era también propiedad de la actora para su sociedad de gananciales. Que por todo ello pedía: en primer lugar, la declaración de ser propiedad la finca descrita de los herederos de D. Carlos Miguel; en segundo lugar la nulidad y cancelación de los asientos registrales que contradigan dicha propiedad; y en tercer lugar la rescisión de la compraventa realizada sobre dicha finca y subsidiriamente una indemnización por el 50% del valor de la misma cuya totalidad valoraba en 277.780 euros.

El demandado D. Carlos Miguel se opuso alegando en primer termino que desde el fallecimiento de su padre en 1.962 venia poseyendo, publica, pacifica e ininterrumpidamente dicha finca en concepto de dueño hasta que la vendió notarialmente con fecha 6 de abril de 1.999 a D. Montserrat casado en régimen de gananciales con D.ª Montserrat inmatriculando la finca por la vía del art. 205 de la Ley Hipotecaria. Que en el año 1.975 se formalizó escritura de segregación, división y compraventa de los bienes de su madre D.ª Ariadna (una casa y dos fincas rusticas), pero que al margen des estos bienes en el año 1.973 se vendió otra finca rustica (al sitio de Mingorrubio) recibiendo la totalidad del precio la actora, adjudicándose la litigiosa al demandado quien la estuvo explotando hasta que la vendió a D. Faustino quien luego la permuto a D.ª Adriana.

El demandado tras oponer la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber demandado a su esposa ni a D.ª Adriana que fue luego solventada al ampliarse la demanda, se opuso a la demanda comenzando por negar la legitimación activa de la actora por no ser ni haberlo sido nunca propietaria de la finca que compró. Añadía que en el pueblo era público y notorio que al fallecimiento de D. Carlos Miguel sus hijos habían repartido sus bienes, habiendo correspondido la finca litigiosa a su hijo D. Teodoro y finalmente se oponía a la demanda invocando los mismos hechos que el anterior demandado.

La demandada D.ª Adriana comenzó igualmente por negar la falta de legitimación activa de la actora, insistiendo también en que en el pueblo era publico y notorio que al fallecimiento de D. Carlos Miguel sus hijos habían repartido sus bienes y que la finca litigiosa había correspondido a su hijo D. Teodoro, quien la había vendido en 1.999 a D. Montserrat, a quien ella se la había permutado por otra finca de su propiedad, finca que efectivamente había sido inmatriculada por la vía del art. 205 de la L.H. y que figuraba en la actualidad inscrita a su nombre.

La Juzgadora de instancia desestimó la demanda.

Tercero.-En la primera de las alegaciones de su farragoso recurso, que además contiene afirmaciones jurídicas sorprendentes, resumidamente, la apelante expone que la Juzgadora de instancia, tras aceptar que la finca esta perfectamente identificada, exige adicionalmente que "el titulo o justificación de quien reclama la cosa tiene que cumplir además de con ser un titulo cierto, un titulo que identifique la cosa", cuando dicha exigencia es contraria a derecho en los casos como el de autos, en los que el titulo esgrimido por el actor es un testamento que no exige especificar los bienes que forman parte de la herencia. En la segunda alegación, afirma que además de que la partición verbal es absolutamente inexistente en nuestro derecho, ella ha acreditado su titulo de propiedad, aportando el testamento de su fallecido padre que fue dueño de la finca litigiosa y a cuyo nombre figuraba esta catastrada, mientras que su hermano no ha acreditado haber aceptado la herencia, logrando además inscribir la finca en el R.P. por la via del art. 205 de la L.H. con vulneración de sus derechos, al no aportar ni la escritura de aceptación, ni la de partición de la herencia, exigencias que tanto la Notario que otorgó la escritura de venta a D. Montserrat y la Registradora de la Propiedad que inscribió la finca en el Registro de la P. no exigieron en abierta negligencia profesional, y finalmente que la Juzgadora de instancia confunde titulo de propiedad con uso de los bienes hereditarios por uno de los herederos. En la tercera, que la Juzgadora de instncia confunde la partición de los bienes privativos de D.ª Ariadna, que no es mas que un documento de segregación y división de sus bienes, no una partición hereditaria que nada tiene que ver con el objeto del proceso, con la de los bienes de su esposo. En la cuarta, que la Juzgadora de instancia vulnera los arts. 80 del Rglto. H., 14 de la L.H., 1965 y 1.051 a 1.072 del C.C. cuando admite la usucapion de cómo modo de adquisición de la finca litigiosa por el demandado D. Teodoro cuando el mismo no poseía la finca con justo titulo al faltar la partición de la misma, lo que determina en consecuencia la nulidad de la venta de la finca a D. Carlos Miguel y la de la permuta de este a D.ª Adriana. Finalmente mantiene su petición subsidiaria de indemnización teniendo en cuenta la valoración que considera adecuada al desarrollo urbanístico de la zona.

Cuarto.-Las precedentes alegaciones han de ser rechazadas. Como dice la Sentencia de esta misma Sección de 14 de junio de 2.006 (Pte. Sr. De Bustos) "El artículo 33 de la Constitución reconoce y ampara el derecho subjetivo a la propiedad privada, que se configura y protege como un haz de facultades individuales sobre las cosas, sin otras limitaciones que las que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos de terceros o el interés general (SS.T.C 37/1986, de 26 de marzo; 14 de julio de 1991, 26 de octubre de 995 y 20 de marzo de 1997). Así se consolida y adquiere rango constitucional el derecho real ya definido en el artículo 348 del Código Civil, como el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Al titular de este derecho el ordenamiento jurídico le concede diversas acciones para su defensa, en función de la perturbación sufrida, entre ellas, la acción de deslinde y amojonamiento, la acción de cerramiento de fincas, la tercería de dominio y las dos más características, la acción reivindicatoria y la acción meramente declarativa de dominio. Esta última es la que aquí se ejercita por los propietarios y poseedores de la cosa frente a los terceros que discuten su derecho dominial o se lo atribuyen, a fin de obtener la declaración judicial de pertenencia del derecho de propiedad según las especificaciones del título que ostentan. La acción declarativa de propiedad exige los mismos requisitos que la reivindicatoria, a excepción de que el demandado esté poseyendo de hecho la finca que se reclama. Estos requisitos son los siguientes: a) Que el actor tenga la condición de propietario y pruebe, como condición "sine qua non", el título de dominio sobre el objeto que considera de su pertenencia SS.T.S. 26 de marzo de 1976, 23 de septiembre de 1998, 26 de mayo de 2000, 12 de julio de 2002 y 24 de enero de 2003). b) Que el demandado sea quien cuestiona el derecho dominical del actor, desconociéndolo o atribuyéndoselo, aunque sin la realización de actos materiales de posesión. c) Que el objeto o cosa a reivindicar esté totalmente identificado y delimitado, de un modo concreto y determinado, y que esa cosa es la misma que cuestiona el sujeto pasivo de la acción declarativa (SS.T.S. 16 julio 90, 5 marzo 91, 10 junio 93, 30 enero 95, 9 julio 96, 16 octubre 98, 1 febrero y 25 mayo 2000, y 22 de noviembre de 2002. d) Que los efectos de la acción se concreten en una pretensión de declaración judicial de que el demandante es propietario de la cosa. Y e) Que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción, que para los bienes muebles es de seis años, y para los inmuebles es de treinta años. Asimismo, el Tribunal Supremo tiene declarado que la apreciación del concurso de los mencionados requisitos en cada caso, fruto de la valoración de la prueba suministrada por la parte demandante, es una cuestión de hecho que compete realizar a los órganos judiciales que conocen del procedimiento en las anteriores instancias (SS.T.S 18 julio y 10 octubre 91, 30 enero 95, 9 julio 96, 17 febrero y 16 octubre 98, 22 mayo y 22 noviembre 2002).

En el presente caso, resulta indiscutida la concurrencia de todos los anteriores requisitos, incluido el de la identificación de la finca, por más que la apelante trate de cuestionarlo deslizando afirmaciones que la sentencia no recoge, excepto el referido al titulo de dominio. Olvida en todo caso la apelante que de conformidad con las normas de distribución de la carga de la prueba era ella la que tenía la obligación de acreditar el titulo de propiedad que esgrime. A tal efecto invoca el testamento de su padre, en el que nombra únicos y universales herederos de todos sus bienes a la apelante y a su único hermano D. Carlos Miguel, y la certificación catastral de la finca a nombre de su fallecido padre.

Pues bien la justificación del derecho de propiedad sobre la finca litigiosa ha de fundarse en un titulo legitimo de dominio (documentos públicos o privados), o en su defecto en la posesión inmemorial o en la posesión continuada en el plazo marcado para la prescripción ordinaria o extraordinaria conforme a los artículos 1.941, 1.959 y 1.963 del Código Civil (SS.T.S. de 28 de marzo de 1.973, 5 de diciembre de 1.977, 6 de julio de 1.982, entre otras muchas), pero no pueden confundirse, como lo hace la apelante, el titulo de adquisitivo de la propiedad con el hecho generador del mismo. El testamento, por si solo, no es titulo de dominio de los bienes hereditarios, sino solo el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos (art. 667 del C.C.), y por ello no sirve de titulo traslativo de la propiedad salvo en los supuestos en que el heredero sea único, siendo por ello preciso en los demás casos la partición (S.T.S. 15 diciembre 03). Por su parte es doctrina reiterada, que las certificaciones catastrales, al igual que las administrativas, no prueban la propiedad, no pasan de ser meros indicios que necesitan conjugarse con otros medios probatorios y por ello, con mayor razón, no pueden ser tampoco por si mismas prueba de una posesión a titulo de dueño. Es verdad que incluso las del propio Registro de la Propiedad, no constituyen justificaciones del derecho de dominio de forma que frente a los títulos inscritos pueden oponerse otros títulos de propiedad, pero no cabe duda, que la inscripción registral, otorga a sus titulares una presunción de titularidad de las fincas tal y como se desprende del art. 38 de la L.H. cuando dice que "A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos", precepto del que se derivan una serie de consecuencias entre las que interesa destacar: en primer termino, la legitimación que disfruta el titular inscrito; en segundo lugar, la presunción de existencia, pertenencia y posesión de la finca; y finalmente, la dispensa que la inscripción le otorga de probar que el dominio de la finca le pertenece con la consiguiente inversión de la carga de la prueba de manera que la inscripción no es solo una presunción de derecho sino también una prueba del mismo y del titulo recogido en el asiento (SS.T.S. 14 Febrero 53, 3 de Julio 62 y 30 Junio 73 entre otras muchas). De todo ello se desprende, en primer termino, que los documentos exhibidos por la apelante no sirven para acreditar su titularidad dominical, y en segundo lugar que frente al pretendido titulo de dominio de la finca litigiosa que esgrime la demandante, el demandado D. Teodoro opuso ser o haber sido titular inscrito de dicha finca, con lo que no solo goza de la presunción de titularidad que el Registro le otorga, sino también de la posición de ventaja que la inscripción les confiere al obligar al contradictor a probar, no solo su titulo, sino la falsedad de los titulares inscritos, lo que desde luego no ha conseguido la hoy apelante, y el demandado D. Faustino que efectuada la compra de la finca también la inscribió a su nombre resulta amparado por el art. 34 de la Ley Hipotecaria como tercero adquirente del titular inscrito.

Finalmente, el demandado D. Teodoro, que no solo inscribió la finca litigiosa a su nombre en el Registro de la Propiedad, aunque fuera por la vía del art. 205 de la Ley Hipotecaria, vendiéndola luego a D. Faustino, que también la inscribió permutándola luego por otra propiedad de D.ª Adriana, opuso también haberla adquirido por prescripción adquisitiva o usucapión, excepción que la Juzgadora de instancia acogió al resultar probado que desde el fallecimiento de su padre en el año 1.962 hasta que la vendió en el año 1.999 había acreditado haberla poseído publica pacifica e ininterrumpidamente a titulo de dueño, usucapión que la apelante cuestiona diciendo que aunque de conformidad con lo dispuesto en el art.1.959 del C.C. "se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de titulo ni de buena fe", la Jurisprudencia que lo interpreta viene sosteniendo que para que tenga lugar la adquisición de la propiedad por usucapión, esta tiene que ser en concepto de dueño y que el T.S. ha declarado que los bienes hereditarios se poseen en común por los coherederos y que dicha posesión no es hábil para que los mismos puedan ser adquiridos por prescripción en tanto en cuanto no se haya realizado la partición de la herencia, porque no prescribe entre los coherederos la acción para pedir la partición de la misma (art.1.965 del C.C.). Pero contrariamente a lo que imputa a la Juzgadora de instancia, es la apelante la que incurre en error, pues una cosa es que la acción para pedir la partición de la herencia no prescriba, y otra que no prescriba entre los coherederos la posesión de los bienes de la herencia cuando esta es disfrutada exclusivamente por alguno de ellos, como sucede en el presente caso. A tal efecto el T.S. ha dicho en Sentencia de 29 de diciembre de 2.000 que la imprescriptibilidad de la acción para pedir la división de la herencia no puede invocarse cuando uno de los coherederos ha poseído todos los bienes de la herencia en concepto de dueño y por el tiempo suficiente para ganarla por prescripción, porque dicha acción tiene como presupuesto, la posesión de consuno o proindiviso de los bienes hereditarios (SS.T.S. 15 abril 1.904, 6 julio 1.917, 13 octubre 66 y 7 febrero 97), y en el presente caso de la prueba practicada, esencialmente la testifical practicada resulta, como antes anticipábamos y adelantaba la juzgadora de instancia que desde el fallecimiento de D. Carlos Miguel, padre de la actora y del demandado D. Teodoro, hasta que este ultimo vendió en el año 1.999 la finca, este vino cultivándola y por tanto poseyéndola publica pacifica e ininterrumpidamente durante 37 años tiempo mas que sobrado para haberla adquirido por usucapión.

Por todo lo expuesto debe decaer el recurso y consecuentemente la subsidiaria petición de que se fije una indemnización a favor de la demandante para el supuesto de que se rechazara la petición de rescisión de la compraventa otorgada entre el demandado D. Teodoro y el también demandado D. Faustino, que la actora sustentaba en ser la cosa vendida en parte ajena.

Quinto.-Por disposición del art.398 de la L.E.C. las costas de cada recurso deberán ser impuestas a la apelante.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.


III.- FALLAMOS


 
Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Ana Isabel López Sánchez en nombre y representación de D.ª Sacramento contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Juez de 1.ª Instancia n.º 3 de Aranjuez con fecha 20 de junio de 2.008, de la que le presente Rollo dimana, debemos confirmarla y la confirmamos, con imposición de las costas causadas en este recurso a la apelante.

Así por nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala n.º 306/09 lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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