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Sentencia A.P. Las Palmas 254/2010 de 28 de mayo


 RESUMEN:

Desahucio por impago de rentas: Oposición del arrendatario a la actualización de la renta. El arrendador tenía que haber acudido al juicio declarativo correspondiente.

Iltmos. Sres.

Presidente:

D./D.ª Víctor Caba Villarejo

Magistrados:

D./D.ªCarlos García Van Isschot (Ponente)

D./D.ª Mónica García de Yzaguirre

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2010. SENTENCIA APELADA DE FECHA: 3 de febrero de 2009 APELANTE QUE SOLICITA LA

REVOCACIÓN: D. Marco Antonio VISTO, ante AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN QUINTA, el recurso de apelación admitido a la parte demandante, en los reseñados autos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de fecha 3 de febrero de 2009, seguida esta apelación a instancia de D. Marco Antonio representado por el Procurador D. Jorge Cantero Brosa y dirigido por el Letrado D. Yeray Figueras Estévez, contra D. Eladio representado por el Procurador D. Vicente Gutiérrez Álamo y dirigido por el Letrado D. José Juan Guerra Garcia De Celis.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Fallo de la Sentencia apelada dice: " Que debo de desestimar y desestimo tanto la demanda formulada por la representación procesal de D. Marco Antonio absolviendo a D. Eladio de las pretensiones formuladas en su contra, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandante, por ser así de justicia.".

Segundo.-La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día veinte de mayo de dos mil diez.

Tercero.-Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la sentencia el Iltmo. Sr. D. Carlos García Van Isschot, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La demanda, interpuesta en fecha 10 de diciembre de 2008, en la que el arrendador interesaba el desahucio del inquilino de la vivienda, sita en la calle DIRECCION000 n.º NUM000 de Las Palmas de Gran Canaria, por falta de pago de la rentas vencidas y no pagadas de los meses de octubre y de noviembre de 2008, fue desestimada en la sentencia de primera instancia, porque habiéndose seguido inicialmente un sistema de actualización convencional de este arriendo de primero de noviembre de 1978, la adopción, posteriormente, respecto a este arrendamiento anterior a 1985, del sistema del número 11, letra D), regla 4.ª de la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, constando los recibos expresivos de que hasta el año 2003 se fue actualizando la renta entre los litigantes conforme a lo pactado en el contrato, ello exigía, si el arrendador optaba por aplicar el sistema legal de actualización de la renta y prescindir del pactado, comenzar en dicho periodo, de manera que la actualización instaurada a través del requerimiento de 4 de junio de 2008 en el que el arrendador remitía a la variación del IPC desde noviembre de 1978, resultaba equivocada y enervaba la causa de resolución del contrato por falta de pago la renta actualizada por el demandado y porque este no se plegó a esa manera de calcular la actualización cuando pagó las rentas de julio, agosto y septiembre de 2008, porque éste antes ya había expresado de manera fehaciente su disconformidad con dicha actualización.

Segundo.-El arrendador, hoy apelante, alega que en esta clase de juicio sólo puede oponerse el pago o enervación y que, contrariamente a lo establecido en el artículo 249.1.6.º y el 444 ambos de la Ley de enjuiciamiento civil, el Juzgador permitió al demandado plantear la cuestión litigiosa acerca de si procedía la actualización realizada o si era ineficaz, lo que exigía que hubiera formulado reconvención, especialmente por la razón de que de que el arrendatario aceptó la nueva actualización al pagar tres mensualidades con la nueva renta actualizada.

Entendemos que ha de prevalecer la consideración del Juzgador y las circunstancias que éste ha tenido en cuenta y que no ha desmentido el apelante concretamente la de desde que en junio de 2008 el arrendador instó a Eladio a que le pagara la nueva renta actualizada, el inquilino a vuelta de correo le dirigió misiva en junio y julio siguiente aceptando la repercusión del IBI de los último cinco ejercicios (a partir de 2003) y explicándole las razones que a su entender hacían improcedente (Salario Mínimo Interprofesional y cálculo según los índices oficiales), de manera que suscitada oposición a la actualización debe conducir al arrendador, que insiste en su tesis de ser procedente la actualización, a acudir al juicio declarativo para que se determine tal circunstancia, y así lo había manifestado ya esta sección en su sentencia de fecha 6 de abril del dos mil uno (dictada los autos de Desahucio por falta de pago n.º 464/99, del que dimana el Rollo de apelación n.º 381/00; siendo su Ponente el Ilmo. Sr. D. Ángel Montesdeoca Acosta) cuando en su segundo considerando dijo que " Pero esto, no es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa, donde entra en juego la regla 6.ª de la citada Disposición Transitoria, al haber optado los inquilinos por oponerse a la actualización, con lo que no necesitan acreditar las rentas que perciben ni el número de convivientes, sino simplemente manifestar su oposición, aunque ello conlleva los efectos que prevé dicha regla, los cuales escapan al ámbito de este proceso.";. ÚLTIMO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas devengadas por su tramitación a la parte apelante por mor de lo dispuesto en el artículo 398.1.º de la Lec.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Marco Antonio, contra la sentencia de fecha 3 de febrero de 2009, dictada por el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 16 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, la cual CONFIRMAMOS, en su integridad con expresa imposición al apelante de las costas devengadas por su tramitación.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse recibo.

Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales serán impugnables a través de los recursos regulados en los Capítulos IV y V, del Título IV, del Libro II, de la Ley 1/2000, cuando concurran los presupuestos allí exigidos, y previa consignación del depósito a que se refiere la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre que introduce la Disposición Adicional Decimoquinta en la LOPJ..

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Iltmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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