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Sentencia A.P. Santa Cruz de Tenerife 239/2010 de 28 de mayo


 RESUMEN:

Arrendamiento de obra: Reclamación de cantidad. Se discute la cantidad a que ascienden los trabajos efectivamente realizados. Prueba: Carga de la prueba de la actora. No acredita la realización de obras que dice ejecutadas.

Ilmas. Sras.

Presidenta (por sustitución):

D.ª Macarena González Delgado

Magistradas:

D.ª María Luisa Santos Sánchez

D.ª María Aránzazu Calzadilla Medina (Suplente-Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de mayo de dos mil diez.

Visto por las Ilmas. Sras. Magistradas arriba expresadas, en grado de apelación, el recurso interpuesto por la parte demandante, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Santa Cruz de Tenerife, en autos de Juicio Ordinario n.º 1.448/2008, seguidos a instancias de la Procuradora D.ª Cristina Ramos Suárez bajo la dirección de la Letrada D.ª Alexia Pérez Alonso en nombre y representación de D.ª Angelina, contra la entidad mercantil Lemus Castellano Raquel, S.L., Nueva Empresa, Sociedad Unipersonal, representada por la Procuradora D.ª María Eugenia García Guerrero, bajo la dirección de la Letrada D.ª Saskia Rodríguez Montes; han pronunciado, en nombre de S.M. el Rey, la presente Sentencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. D.ª María Aránzazu Calzadilla Medina, Magistrada-Suplente de esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con base en los siguientes,


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En los autos y por el referido Juzgado se dictó Sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, cuya parte dispositiva, -literalmente copiada-, dice así: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por Doña Angelina contra la mercantil Lemus Castellano Raquel S.L. nueva empresa sociedad unipersonal, debo condenar a ésta a abonarle a aquélla 7.212,85 euros con más los intereses correspondientes y sin costas procesales.". SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes en legal forma, se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandante; tramitándose conforme a lo previsto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentando escrito de oposición la parte contraria, remitiéndose con posterioridad los autos a esta Audiencia Provincial, con emplazamiento de las partes por término de treinta días.

Tercero.-Que recibidos los autos en esta Sección Tercera se acordó formar el correspondiente Rollo, y se designó como Ponente a la Ilma. Sra. Magistrada-Presidenta D.ª Pilar Muriel Fernández-Pacheco; personándose oportunamente la parte apelante por medio de la Procuradora D.ª Cristina Ramos Suárez, bajo la dirección de la Letrada D.ª Alexia Pérez Alonso, la parte apelada se personó por medio de la Procuradora D.ª María Eugenia García Guerrero, bajo la dirección de la Letrada D.ª Saskia Rodríguez Montes; señalándose para votación y fallo el día veinticuatro de mayo del corriente año, en la que, conforme a la designación efectuada por la Presidencia de esta Audiencia, pasó a conocer del recurso como Ponente la Ilma. Sra. Magistrada-Suplente D.ª María Aránzazu Calzadilla Medina.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales que le rigen.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-La parte actora recurre ante esta instancia la sentencia que estimó parcialmente sus pretensiones. De esta manera, únicamente condena al pago a la demandada de una parte de la cantidad reclamada por la demandante, al entender que es ésta la únicamente debida. Por su parte, la entidad demandada se opone al recurso y solicita su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia apelada.

Segundo.-Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución apelada en lo que no se contrapongan a los aquí recogidos.

Tercero.-En el presente asunto, las partes celebraron un contrato en virtud del cual la actora debía llevar a cabo la reforma y decoración de un local comercial que tenía arrendado la demandada (art. 1544 del Código Civil), habiendo abonado la demandada a la actora en virtud de lo estipulado en dicho contrato la cantidad de 50.000 euros (cuestión que no es objeto de litigio). Lo que sí es objeto de controversia es cuál es exactamente la cantidad a la que ascienden los trabajos efectivamente realizados, dado que las partes suscribieron un contrato-presupuesto por importe de 53.441,85 euros, presupuesto que fue aceptado por ambas partes. Que este presupuesto fue el último lo revela el hecho de que consta manuscrito en el mismo tal término ("último") de la propia mano de la actora tal y como reconoció ésta expresamente (reconoció que era su letra). Pese a ello, el litigio se plantea porque la parte actora sostiene que al presupuesto deben sumársele numerosas partidas que, a medida que se fue realizando la obra se fueron pactando puntualmente entre las partes, y que hacen que éste se eleve a exactamente a un total de 82.812,83 euros. Por el contrario, la parte demandada sostiene dichas partidas no se ejecutaron y que a todas luces, la cantidad es desproporcionada con el presupuesto reconocido por ella. El juzgador a quo estimó únicamente acreditado que la parte demandada adeuda la diferencia existente entre los 50.000 euros ya abonados y lo que resta del mencionado presupuesto (o sea, 3.441,85 euros), más el importe de otras partidas que fueron reseñadas de puño y letra por la actora en dicho documento (a lo que la demandada no se opone ante esta instancia), todo lo cuál asciende exactamente a la cantidad que a la que condena la sentencia de instancia: 7.212,85 EUROS.

Cuarto.-Considera La Sala que la resolución apelada debe ser mantenida por sus propios fundamentos. Ciertamente, consta acreditado un reconocimiento expreso de la demandada de que la reforma realizada por la actora ascendió exactamente a lo que ésta ahora le reclama (además de lo ya abonado), si bien dicho reconocimiento se llevó a cabo en otro contexto: en un procedimiento para instar una solicitud ante la autoridad administrativa una subvención, a raíz del cuál fue requerida por la Administración Tributaria, momento en el cuál aportó el documento referido, haciendo constar expresamente que aún adeudaba (por disconformidad con el montante total) a la actora exactamente la misma cantidad que ésta le reclama ahora. Este reconocimiento tiene un indudable valor, evidentemente, pero ello no impide que este Tribunal analice y valore toda la prueba en su conjunto, debiendo tener en cuenta, los siguientes aspectos. Pese a la existencia de este reconocimiento, ha de valorarse si realmente se han llevado a cabo las obras en cuestión, puesto que se está reclamando la realización fáctica de obras, resultando que, en este sentido, la actora no ha llevado a cabo actividad probatoria que acredita su realización, limitándose a basar su pretensión en ese reconocimiento documental de la demandada ya referido. La demandada, por su parte, sí ha puesto en entredicho varias de las partidas reflejadas en el documento en la medida en la que, por ejemplo, se refiere una partida por reparación del mobiliario habiendo acreditado la demandada que ella adquirió el mobiliario nuevo y por su cuenta. De esa manera, teniendo en cuenta que la carga de la prueba la tiene la actora, no se considera que ha acreditado que la verdad material sea la que sostiene, en la medida en la que reclama por la realización de obras que ella dice ejecutadas: hubiera podido instar prueba en dicho sentido (más testigos, documental: aportación de los justificantes de compras de los materiales que dice empleó en la realización de la obra,...), cosa que no llevó a cabo, basando exclusivamente su pretensión, como se ha dicho, en el documento de reconocimiento referido, haciendo alusión a la doctrina de los actos propios. Dicha doctrina, empero, no debe aplicarse únicamente a una de las partes litigantes, sino que puede y, consecuentemente, debe serlo a ambas si se dan las circunstancias para ello. De esta manera, se constata cómo las obras finalizaron en noviembre de 2005 y que en los meses sucesivos la

demandada fue abonando de manera aplazada parte de la cantidad adeudada, haciendo el último pago el 20 de junio de 2006. No es hasta más de un año después que la actora procede a reclamar la totalidad de la cantidad por la que hoy acciona vía burofax (y precisamente después de que la demandada llevara a cabo la reseñada comparecencia ante la Administración Tributaria), lo cuál resulta cuando menos extraño: que a un profesional le adeuden más de treinta mil euros y que espere más de un año para instar formalmente su cobro (y no se está haciendo referencia a la tardía interposición de la reclamación judicial, pues obviamente el acreedor está en su derecho de proceder a instar la acción o no cuando estime conveniente: otra cosa es que el plazo para interponer la misma hubiera prescrito, cosa que no sucede en este asunto), y no es hasta casi tres años después que procede a emitir factura correcta por el importe que considera que se le adeuda (pues la emitida con anterioridad lo era a persona física cuando la contratante era la empresa). Además, hay que tener en cuenta que la diferencia que reclama la actora, es más de la mitad del total del presupuesto inicialmente acordado, y no se reclama por obras que se supuestamente se llevaron a cabo a raíz de la ejecución de las ya acordadas (es decir, por obras que surgieron por necesidad una vez que se iban realizando las acordadas), sino que se reclaman partidas que perfectamente pudieron ser previstas desde un inicio por las partes. Por todo ello, considera este Tribunal que la sentencia debe ser confirmada íntegramente, en la medida en la que el recurso de apelación debe ser, también íntegramente, desestimado por las razones antedichas.

Quinto.-De acuerdo a lo establecido en el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas de esta alzada a la parte recurrente al haberse desestimado todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y procedente aplicación,


FALLO


 
1.º Desestimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Doña Angelina.

2.º Confirmar la sentencia de 24 de noviembre de 2009, dictada en los autos de juicio ordinario número 1448/2009, del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Santa Cruz de Tenerife.

3.º Imponer las costas de esta alzada a la parte litigante que ha visto desestimada sus pretensiones.

Procede la pérdida del depósito, constituído para recurrir, al que se dará el destino previsto en la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de Primera Instancia de su procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento y a los efectos legales oportunos.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que determina el artículo 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al presente Rollo, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Publicada ha sido la anterior sentencia por las Ilmas. Sras. que la firman y, leída ante mí por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente en audiencia pública del día de su fecha, como Secretaria de Sala, certifico.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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