Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Valencia 324/2010 de 28 de mayo


 RESUMEN:

Impugnación de acuerdo de comunidad de propietarios: Se solicita la nulidad del acuerdo. Asistencia a junta: Notificación de los acuerdos comunitarios al copropietario ausente. Doctrina. Acreditado el conocimiento por la demandante de la celebración de la junta. Plazo de caducidad de tres meses.

SENTENCIA N.º 324

ILUSTRISIMOS SEÑORES

PRESIDENTE

Don Vicente Ortega LLorca

MAGISTRADOS

Doña María Mestre Ramos

Don José Francisco Lara Romero

En la ciudad de Valencia a veintiocho de mayo del año dos mil diez.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen, siendo ponente María Mestre Ramos, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 15 de octubre de 2009 dictada en AUTOS DE PROCESO ORDINARIO 555-08 tramitados por el Juzgado de Primera Instancia Cuatro de los de Moncada.

Han sido parte en el recurso, como APELANTE-DEMANDANTE DOÑA Estibaliz representada el Procurador de los Tribunales DON RAFAEL FRANCISCO ALARIO MONT asistido de Letrado DON JUAN CUENCA TOLOSA; como APELADA-DEMANDADA LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE DIRECCION000 NUMERO NUM000 -ALMASSERA representada `por el Procurador de los Tribunales DON JOSE ALBERTO LOPEZ SEGOVIA y asistida por el Letrado DON JOSE LUIS ASIS GIMENO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia de fecha 15 de octubre de 2009 contiene el siguiente Fallo."Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Rafael Francisco Alario Mont, en nombre y representación de doña Estibaliz, contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS c/ DIRECCION000 núm. NUM000 de Almassera, debo condenar y condeno a la demandad a que en el plazo de un mes proceda a la terminación de los trabajos de alicatado del aseo que aparece en la fotografía-documento 9 y los necesarios para dejarlo en condiciones óptimas así como los de reparación de las grietas que se observan en la fotografía documento 10, con apercibimiento que si no lo hace se ejecutaran a su costa y debo estimar y estimo las excepciones de falta de legitimación activa y de caducidad de la acción, desestimando el resto de pretensiones contra la demandada dirigidas, sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes."

Segundo.-La Sentencia dictada estableció que la actora ejercita acción de nulidad del acuerdo adoptado por la CP demandada consistente en instalar las tuberías de desagüe de la finca a través del local del actor; y ejercita acción de solicitud de obligación de hacer.

Ante la excepción de falta de legitimación activa alegada por la comunidad de propietarios demandada por cuanto la actora asistió personalmente y voto a favor y que a fecha de interposición de la demanda no se hallaba al corriente en el pago de los gastos de rehabilitación del edificio.

El primer motivo debe ser desestimado por cuanto no consta del Acta redactada su presencia sino que se ausento por lo que debe considerarse como tal y legitimada a los efectos del art.18-2 LPH.

Mejor suerte debe correr el motivo de no estar al corriente en el pago de los costes por cuanto la cuota de participación ascendería a 19,37% por lo que si las obras ascendían a 56.000 euros la actora solo a abonado 6.200 euros por lo que no estaba al corriente. Así debió entenderlo la actora cuanto ingresó 6.200 euros.

Así mismo también le ha caducado la acción en virtud del art.18-3LPH.

No se comparte la alegación de que no fue citada validamente a la Junta de fecha 22-1-2007 en la que se aprobó el presupuesto para la rehabilitación del edificio. La citación fue valida de hecho la actora acudió a la misma; tampoco se admite que no se le notificó el acuerdo. De la prueba practicada queda probado que la demandante conocía el acuerdo alcanzado. STC 16-julio- 1992.Documento expedido por el constructor y el arquitecto de la obra haciendo constar la paralización de las obras por la disconformidad de los bajos en fecha de 22-junio-2007 es decir un año antes de interponer la demanda. Además en el acto de la audiencia previa el letrado de la demandante manifestó ejercitar su acción en base al art.18.1.c)LPH acción que queda sometida al plazo de 3 meses.

El acuerdo fue adoptado el 22-enero-2007,la actora conocía el contenido del acuerdo impugnado ya el 22-junio-2007 e interpone la demanda el 31-julio-2008.

No se hace expresa imposición en costas.

Tercero.-Notificada la Sentencia, DOÑA Estibaliz previa preparación interpuso recurso de apelación alegando, en síntesis, error en la juzgador tanto por el objeto del procedimiento como en la valoración de las pruebas.

Así no quedo afectado el suelo sino el "vuelo".

La actora no fue ni convocada, ni asistió a la Junta ni fue notificada de conformidad con el art.9 LPH. Se solicito la nulidad del acuerdo por el que se acordaba dicha modificación del trazado de las tuberías del desagüe bajantes. En el acta del 22-1-2007 solo se aprobó un presupuesto de la mercantil ALNU SL en la que no consta cambio de trazado, además no consta unanimidad necesaria.

Se tuvo conocimiento a finales de septiembre de 2007 que dio lugar a una queja a la comunidad y a la vez esta convoco una reunión a la que tampoco se cito a la actora dando lugar al documento aportado con este recurso.

Se impugnó el documento 6 contestación por cuanto la fecha y contenido fueron puestos unilateralmente por Construcciones Alnu SL.

En segundo lugar, infracción del art.15-2 LPH. Non os encontramos ante una deuda vencida a los efectos del art.18-2 LPH

Procede la imposición en costas.

Solicitando la revocación de la sentencia en cuanto se estime íntegramente la demanda.

Cuarto.-El Juzgado dio traslado a la parte contraria que presentó escrito de oposición solicitando la confirmación de la sentencia

Quinto.-Las pruebas que se han practicado en primera instancia y que son objeto de nueva valoración por el Tribunal han sido:

1.-Documental.

2.Interrogatorio

3.-Testifical

Sexto.-Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló la audiencia del día 26 de mayo de 2.010, que se verificó quedando seguidamente para dictar resolución.

Séptimo.-Se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se opongan a los contenidos en esta

Primero.-La cuestión planteada por la parte apelante, DOÑA Estibaliz en virtud del recurso de apelación es si procede estimar íntegramente la demanda en cuanto se declare la nulidad del acuerdo por el que se acordaba la modificación de trazado de las tuberías de desagüe bajantes a través del local de la actora y se condene a retirar las referidas tuberías.

Segundo.-Debemos iniciar la resolución del presente recurso de apelación fijando que la parte apelante-demandante ejercito la acción de impugnación de acuerdo social en base al artículo 18-1 c) LPH que de conformidad con lo establecido en la Ley especial tiene un plazo de caducidad de tres meses. Y a ello debe responder el órgano jurisdiccional.

Con ello alega que la misma no fue ni convocada, ni asistió a la Junta ni fue notificada del acuerdo de la junta, y además que no se adopto el acuerdo por unanimidad.

La STS Sala 1.ª, S 22-12-2008, n.º 938/2008, rec. 1213/2003. Pte: Xiol Ríos, Juan Antonio

Segundo.-Enunciación del motivo primero. El motivo primero de casación se introduce con la siguiente fórmula: "Por infracción, en concepto de aplicación indebida, del art. 18.3 de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Propiedad Horizontal." El motivo se funda, en síntesis, en que el precepto impugnado es claro en el sentido de que el plazo para que los propietarios ausentes puedan ejercer su derecho de impugnación de los acuerdos que adopte la comunidad de propietarios que sean contrarios a la Ley o a los estatutos, se computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento del art. 9 LPH, que regula la forma de notificación y señala que deberá hacerse de forma que se tenga constancia de su recepción, pues literalmente expone el art. 18.3 LPH que el plazo se computará desde que se le notifique al ausente el acuerdo, no desde que tenga conocimiento del mismo; y el recurrente desconocía las circunstancias del acuerdo que reiteradamente reclamó hasta que le fue facilitado con ocasión del acto de conciliación.

El motivo debe ser estimado.

Tercero.-La notificación de los acuerdos comunitarios al copropietario ausente.

El artículo 16, regla primera, párrafo segundo LPH, en la redacción dada por la Ley 3/1990, de 21 junio, respecto a los actos que requerían unanimidad o los de supresión de barreras electrónicas, establecía que "los propietarios que, debidamente citados, no hubieren asistido a la junta serán notificados de modo fehaciente y detallado del acuerdo adoptado por los presentes". El párrafo cuarto añadía que la acción de impugnación "deberá ejercitarse dentro de los treinta días siguientes al acuerdo o a la notificación si hubiere estado ausente el que impugne." Esta regla, hoy derogada, desarrollada en su aplicación por la jurisprudencia que seguidamente veremos, guarda una estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 18.3 LPH, en la redacción dada por la Ley 8/1999, de 6 abril. En este último se establece, con carácter general, ahora respecto de todos los acuerdos, que la acción caducará en los plazos que establece a partir del momento de la adopción del acuerdo, con la excepción de que "para los propietarios ausentes dicho plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento establecido en el art. 9 ". Este artículo, redactado a su vez por la Ley 8/1999, de 6 abril, prevé como procedimiento de notificación el que tiene lugar "por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción".

Añade que, en defecto de la oportuna comunicación al secretario de la comunidad, "se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo" y finalmente precisa en el siguiente párrafo que "si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente. La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales." La sentencia de 18 de abril de 2007, rec. 1317/2000, declara en relación con el artículo 16, regla primera, párrafo segundo, LPH, en la redacción de 1990, que este trata de asegurar que los propietarios que, debidamente citados, no hubieren asistido a la Junta, tengan un conocimiento completo y detallado de los acuerdos adoptados.

Esta misma doctrina es la que se refleja en las sentencias del Tribunal Supremo que la parte recurrente considera contradichas por la sentencia recurrida. Así, la STS 7 de abril de 1997 declara que "la doctrina jurisprudencial tenida en cuenta en la presente, resulta válida para los supuestos en que el acuerdo en cuestión hubiera sido notificado en forma al comunero ausente de la junta". La STS 2 de marzo de 1992 afirma que "la norma 4..ª del art. 16 LPH además es clara: el plazo comienza a contarse desde el acuerdo o desde la notificación, si hubiera estado ausente el que impugna.". La STS de 16 de octubre de 1990, declara que no niega "la corrección, en abstracto, del argumento del recurrente, en punto al momento recepción de la notificación de los acuerdos por el interesado que ha de iniciar el cómputo del plazo de 30 días previsto en el artículo 16-4.º LPH y correlativa desautorización de la tesis que traslada el inicio del cómputo al día en que se impuso en la Oficina Postal el certificado conteniendo la notificación de lo acordado".

La STS de 21 de mayo de 1976 afirma que la LPH "lo que exige y trata de garantizar es, que aquellos acuerdos en que se requiera para su aprobación la unanimidad de todos los condueños, por afectar al título constitutivo o a los Estatutos, no pueda llegarse a estimar la existencia de aquélla, por la inactividad de oposición de alguno de ellos que el propio precepto autoriza, transcurrido el plazo de un mes, sin que resulte acreditado la notificación fehaciente del acuerdo o acuerdos en cuestión, es decir sin género alguno de dudas y en forma que pueda hacer fe en juicio, el hecho de que aquel tuvo conocimiento exacto de la aprobación del acuerdo y sus términos, y si bien la exigencia de la notificación según la literalidad de la redacción del indicado precepto, hace referencia a los condueños que no hayan asistido a la Junta, es evidente que cuando se haya ausentado antes de su terminación, ha de constar acreditado que aquel conocimiento lo tuvo con anterioridad al momento de su ausencia, por haberse llegado a la aprobación del acuerdo, no sólo en principio sino en los términos de su enunciado, o articulado, si se trata de los Estatutos, pues sobre este conocimiento completo o perfecto opera la exclusión de la exigencia de la notificación posterior fehaciente" y añade que el tribunal de instancia debe considerar probado "dicho exacto conocimiento (y) que la aprobación de los acuerdos en los términos y con el alcance que queda anteriormente expresado, se hubiera logrado con anterioridad a que la actora se ausentara de las Juntas, no bastando para acreditarlo la presunción de no ser verosímil".

Otras sentencias del Tribunal Supremo recogen la misma doctrina. Así, la STS 30 de mayo de 2007, rec. 1298/2000, declara que "tampoco aparece probado en autos que el acuerdo de la Junta haya sido notificado a la parte actora". La STS 14 de diciembre de 2001, rec. 2382/1996, declara que "además no se ha cumplido con la notificación fehaciente que marca el punto de partida para el cómputo del tiempo dentro del que puede ejercitarse la acción de impugnación que concede el art. 16.4.ª2 LPH respecto a los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos". La STS 11 de mayo de 1998, rec. 882/1994, declara que la acción de impugnación ha de "ejercitarse dentro de los treinta días siguientes al acuerdo o a la notificación si hubiese estado ausente el que impugne". La STS 19 de diciembre de 1997, rec. 3105/1003, declara que la LPH "prevé la comunicación a los propietarios no asistentes a la Junta mediante el mecanismo de que se les ha de notificar fehacientemente el acuerdo tomado y de forma detallada, arbitrándose al efecto un procedimiento de conformación de voluntades tácitas en su párrafo segundo, con el fin de evitar, como dice la sentencia de 10 de noviembre de 1992, que la inasistencia de los titulares frustre la adopción definitiva de los acuerdos"; y añade que "fehaciente equivale a lo que es evidente y cierto y, tratándose de notificaciones de actos y acuerdos, supone puesta en conocimiento de algo que interesa. Hay que entender, conforme al principio de la recepción, que resultan fehacientes sólo cuando materialmente llegan de forma demostrada a su destino y aunque no sea en forma directa al interesado, pero éste pueda siempre tomar conocimiento de modo normal o esté en situación de lograr su alcance, sin la concurrencia de impedimentos acreditados que lo obstaculicen, con lo que se excluye que la notificación haya de ser necesariamente notarial o por medio de funcionario público, bastando que se lleve a cabo y sea efectiva en cuanto pueda llegar su contenido a ser sabido debidamente por el destinatario".

Como puede verse, la interpretación jurisprudencial del concepto de notificación fehaciente del acuerdo al copropietario ausente, que estableció el artículo 16 LPH en la redacción de 1990, se ha reflejado en gran medida en la actual regulación de la LPH, por lo cual resulta aplicable la jurisprudencia según la cual para el inicio del cómputo de plazo para la acción de impugnación es necesario que se pruebe el conocimiento detallado del acuerdo y no su mera existencia, pues solamente el primero garantiza el ejercicio de la acción en condiciones de efectividad del derecho a la tutela judicial.

En el caso examinado, se advierte que la doctrina seguida por la sentencia de apelación considera suficiente con la demostración del conocimiento del acuerdo por parte de la parte recurrente, sin afirmar que el conocimiento tenga carácter detallado, a pesar de que no se considera probado que el acuerdo se hubiera comunicado en su integridad y detalle hasta el momento de la entrega del acta en el acto de conciliación, y de que la notificación del acuerdo fue reiteradamente reclamada por la parte hoy recurrente, que no lo obtuvo hasta dicho momento.

En suma, se aprecia una contradicción de la doctrina sentada por la sentencia impugnada con la fijada en la jurisprudencia reiterada de esta Sala, aplicable en lo sustancial a la nueva redacción del artículo 18.3 LPH, en relación con el artículo 9 LPH, por lo cual es procedente la estimación del motivo.

Tercero.-De dichas consideraciones jurídicas y de una revisión de la valoración de al prueba practicada debemos tener por acreditado que la demandante-copropietaria tuvo conocimiento de la celebración de la junta de la forma y manera que se venia realizando por la comunidad demandada, por un anuncio en el portal así como también por mediación de su hija y además quedando acreditado que la misma asistió a la junta, siendo unánime las declaraciones de los propietarios-testigos, no tachados por la parte actora de que la misma asistió pero se ausento antes de su terminación; ni siendo rebatido ello por prueba en contrario por la parte apelante que fácilmente hubiera podido acreditar "su no comparecencia".

A partir de aquí debemos de considerar que además del documento suscrito por el constructor, de las propias actas aportadas en esta alzada así como de las propias manifestaciones de la actora en su demanda la misma,aun a muy tardar, y siendo favorable en el computo del día inicial tuvo conocimiento exacto del alcance de las obras de rehabilitación en septiembre de 2007 y espera a julio 2008 para impugnar el acuerdo; por no mencionar el contenido de las actas aportadas en segunda instancia.

Por ello procede mantener el pronunciamiento de caducidad de la acción ejercitada sin que en consecuencia se entre a conocer del resto de los motivos alegados.

Cuarto.-En materia de costas procesales, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede su imposición a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales aludidos, demás de general y concordante aplicación al caso de autos y, en atención a lo expuesto, en nombre de S. M. EL Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español


FALLAMOS


 
1.º)Desestimar el recurso de apelación interpuesto por DOÑA Estibaliz, con pérdida del Depósito constituido para recurrir.

2.º)Confirmar la Sentencia de fecha 15 de octubre de 2009.

3.º)Imponer a la parte apelante las costas procesales.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación