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Sentencia A.P. Cádiz 166/2010 de 31 de mayo


 RESUMEN:

Acción declarativa de dominio:  Declaración como propietaria de mitad indivisa de finca de la junta de Andalucía por título de herencia. Expediente de expropiación forzosa. Firma de la causante  en el acta del justiprecio. La carga de la prueba sobre su autenticidad correspondía a los recurrentes. Posesión continua y efectiva de la finca.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ

SECCIÓN SEGUNDA

PRESIDENTE ILTMO. SR.

D. JOSÉ CARLOS RUIZ DE VELASCO LINARES.

MAGISTRADOS ILTMOS. SRES.

D.ª MARGARITA ÁLVAREZ OSSORIO BENÍTEZ

D. ANTONIO MARÍN FERNÁNDEZ

REFERENCIA:

JUZGADO DE PROCEDENCIA: Juzgado de Primera Instancia N.º Cinco de Cádiz.

AUTOS: Juicio Ordinario N.º 852/2008.

ROLLO DE APELACIÓN N.º 62/2010.

En Cádiz a treinta y uno de mayo de dos mil diez.

Visto por la Sección Segunda de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al margen, recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario N.º 852/2008 seguido en el Juzgado referenciado. Interponen el recurso Don Gregorio, Don Onesimo, Doña Aurelia, Don Luis Andrés, Don Benjamín, Doña Lorenza y Doña Marí Juana, representados por la Procuradora Doña Clara García Agulló Fernández y defendidos por la Letrada Doña Marta Sancho Lora, siendo parte apelada la Junta de Andalucía, representada y defendida por el Sr. Letrado de la misma Don Miguel Sánchez Carmona.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de Primera Instancia del margen dictó Sentencia el día 31 de julio de 2009 en el procedimiento del margen, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Que estimando la demanda interpuesta por el Letrado de la Junta de Andalucía en representación de la Junta de Andalucía contra D. Gregorio, Don Onesimo, Dña Aurelia, D. Luis Andrés, Don Benjamín, Dña Lorenza y Dña Marí Juana, debo declarar y declaro que la Junta de Andalucía es la legítima propietaria de la mitas indivisa de la finca registral NUM000 que figura inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Algeciras (tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM003) a nombre de los codemandados por título de Herencia de Dña. Ramona y que en consecuencia se proceda a cancelar dicha inscripción y a practicar una nueva recogiendo el derecho de dominio de la Junta de Andalucía. Las costas se imponen a la parte demandada".

Segundo.-Preparado recurso de apelación contra la Sentencia recaída por la representación procesal de Don Gregorio, Don Onesimo, Doña Aurelia, Don Luis Andrés, Don Benjamín, Doña Lorenza y Doña Marí Juana, fue emplazada para que lo interpusiera en plazo de veinte días, lo que así hizo, dándose traslado a la parte contraria, quien se opuso, siendo emplazadas las partes por treinta días para ante esta Audiencia Provincial donde fueron remitidos los autos. Llegados los mismos, fueron repartidos, correspondiendo su conocimiento a esta Sección, donde se formó Rollo y fue designada Ponente, Providencia notificada a las partes, personándose en la alzada como consta. No solicitada prueba ni vista, que no se consideró necesaria, en la fecha fijada para la deliberación y votación se llevó a cabo, quedando los autos vistos para Sentencia, según Ley.

Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrada D.ª MARGARITA ÁLVAREZ OSSORIO BENÍTEZ, quien expresa el parecer del Tribunal.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la representación procesal de Don Gregorio, Don Onesimo, Doña Aurelia y Don Luis Andrés y de Don Benjamín, Doña Lorenza y Doña Marí Juana, se presentó recurso de apelación contra la Sentencia de instancia solicitando su revocación al objeto de que se desestime la demanda interpuesta contra los mismos, con costas, por la Junta de Andalucía y que tiene por objeto que se declare que la finca registral n.º NUM000 del Registro de la Propiedad N.º Dos de Algeciras, es de la titularidad de la demandante, rectificándose dicho Registro e inscribiéndose, por consecuencia, a nombre de la actora.

Segundo.-Como motivo del recurso esgrimen los recurrentes, en primer lugar, que en el Expediente de Expropiación Forzosa que detalla la Juez a quo y del que obran en autos antecedentes, Doña Ramona, copropietaria con una hermana, Doña Angelica, de la finca registral expuesta, NUM000, y de la que traen causa los recurrentes, no fue parte en repetido Expediente porque no es de su puño y letra la firma que aparece en el Acta de acuerdo del justiprecio, al ser falsa, como pudo acreditarse en el Expediente de Dominio tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia N.º Dos de Cádiz bajo el n.º 291/02, en donde obra el DNI de Doña Ramona con su firma y aunque la prueba pericial que en el mismo se interesó no pudo practicarse, nada tiene que ver con la que aparece en el Acta del justiprecio. Además, como se había probado a su juicio al solicitarse como prueba la remisión del referido DNI, competía a la Junta de Andalucía acreditar que la firma del Acta repetida era de quien decía.

El DNI de Doña Ramona (nacida en 1917), fue expedido el 6 de agosto de 1961, cuando contaba con 44 años de edad, siendo referida Acta del justiprecio de 29 de junio de 1975, es decir, 14 años después. Ya en el Expediente de Dominio donde la parte recurrente solicitó la prueba, el perito designado, Don Torcuato, expresó que dada la falta de contemporaneidad y formato de las firmas dubitada e indubitada, para mayor efectividad y exactitud, interesaba que la parte solicitante aportara otros documentos indubitados: pasaporte, permiso de conducción, nóminas u otros en donde hubiera firmas de Doña Ramona y, caso negativo, adelantaba que el resultado podría no ser todo lo óptimo que se deseara. Los recurrentes indicaron que obraba su firma en el protocolo del Notario de Tarifa, Don Ricardo Molina Aranda, en escritura de fecha 21 de abril de 1982, lo que pusieron en conocimiento del Juzgado, luego que éste hubiera resuelto que el perito quedaba eximido de emitir el dictamen por no haber verificado los recurrentes, como se le había interesado, la provisión de fondos correspondientes. Esto es, la prueba no llegó a practicarse ante la pasividad de los recurrentes.

En la Audiencia Previa los apelantes se limitaron a solicitar del Juzgado Mixto N.º Dos de Cádiz testimonio del Expediente de Dominio N.º 291/02, no habiendo interesado prueba para desvirtuar lo afirmado de contrario, entendiendo que era bastante con la simple confrontación por la Juzgadora, lo que no es posible sin pericia dada la diferencia de tiempo en que las mismas se hicieron y el ser solo una, siendo común que las personas alteren su firma a lo largo de su vida.

Al constar en el Acta del justiprecio de 29 de junio de 1975 (documento administrativo) la firma de Doña Ramona, que la Junta de Andalucía sostiene que es de la misma, la carga de la prueba, con arreglo al artículo 217 de la LEC es de la parte recurrente, como bien dice la Juzgadora de instancia en el Fundamento Jurídico Tercero de su Sentencia, resaltando que se trata de una mera impugnación, permitiendo las reglas de la documental, tanto pública como privada (artículos 320 y 326 de la LEC) mantener la legitimidad de la intervención de Doña Ramona en el Acta del justiprecio. Es así que convienen la citada y sus hermanos en el precio, que se satisface por la actora en el Acta de pago que se adjunta, fechada el 7 de febrero de 1976, en el que Doña Ramona interviene representada por sus hermanos, Juan, Ruperto, Angelica y Herminia, recibiendo todos la cantidad global de 187.137 ptas., sin especificación. Es cierto que no consta unido el apoderamiento de Doña Ramona, más, por un lado, aparece el de la otra copropietaria de la finca, la hermana de Doña Ramona Doña Angelica, que sin duda debió informarle; por otro lado, no podemos olvidar que la imposibilidad de la actora de obtener la inscripción vía Expediente de Dominio, es normal al tratarse de procedimiento de jurisdicción voluntaria, en donde no cabe convalidar actos imperfectos, como se afirma en el Auto que le puso fin; y, en tercer lugar, como bien se afirma en la Sentencia combatida, si el acuerdo se formalizó previamente al acto de entrega del precio, el defecto de la falta de apoderamiento es subsanable, siendo de destacar que en ningún momento consta que Doña Ramona hubiera reclamado a sus hermanos por la actuación hecha en su nombre, después de que perdiera la posesión de su bien.

En segundo lugar, los apelantes sostienen que la Junta no ha ejercitado de forma continua y efectiva la posesión de la finca desde el año 1984 (hay que presumir que es el año de fallecimiento de Doña Ramona - ya se dijo anteriormente que en 1982 vivía porque constaba su firma en escritura pública -), inscribiendo los recurrentes la mitad indivisa por herencia, según escritura pública autorizada por el Notario de Tarifa Don Lorenzo María Fernández Cuadrado de 24 de septiembre de 2004 (Documento n.º 4 de la contestación a la demanda). Sin embargo, de la profusa y extensa prueba testifical practicada a instancias de la Junta consta que el recinto de Baelo fue vallado desde la expropiación, en 1977, que Doña Ramona, que vivió en Bolonia hasta su muerte, no reclamó a nadie, teniendo, sin duda conocimiento de lo sucedido (repetimos, su hermana Doña Angelica era copropietaria de la finca y consta directamente que intervino en la expropiación), lo que permite presumir que aceptó la actuación de sus hermanos y que recibió de éstos su parte de precio. Consta asimismo que la finca no fue explotada por los apelantes, algunos de los cuales viven fuera de la comarca, por lo que los ejercicios de visitas que dicen hechos debieron realizarlo en aquéllas circunstancias (acompañaron con la contestación fotocopias de prensa de 2006 - según lo legible-, en donde se dice que se les prohíbe entrar en su finca, que tratan que las vallas que limitan el paso desaparezcan, que les impiden acceder a unos terrenos que dicen suyos, etc...). Ello indica que, por un lado, la finca estaba dentro de los terrenos expropiados y, por otra, que estaba vallada.

Es así que los motivos deban decaer y por ello, que el recurso deba ser rechazado y confirmada la Sentencia de instancia, por sus propios y aceptados fundamentos, que esta sala hace propios.

Tercero.-Las costas de la alzada se imponen a la parte recurrente, en aplicación del artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo.


III.- FALLAMOS


 
Primero.-DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de recurso Don Gregorio, Don Onesimo, Doña Aurelia, Don Luis Andrés, Don Benjamín, Doña Lorenza y Doña Marí Juana contra la Sentencia de 31 de julio de 2009 dictada por la Sra. Magistrada Juez de Primera Instancia N.º Cinco de Cádiz, en el Juicio Ordinario N.º 852/2008, CONFIRMANDO la misma.

Segundo.-Se imponen a la parte recurrente las costas de la alzada.

Llévese testimonio de la presente Resolución al Rollo de Sala y notifíquese la misma a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, salvo el extraordinario de revisión.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando definitivamente en segunda instancia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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