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Sentencia A.P. Pontevedra 36/2010, de 26 de marzo


 RESUMEN:

Como recoge la sentencia, alega la parte recurrente que existió pago en especie y que carecía de capacidad económica para hacer frente al cumplimiento de la pensión alimenticia. El planteamiento no deja de ser contradictorio: si existió pago en especie (se alude en la sentencia a que presentó determinadas facturas de ropa, pero no se acreditó que fueran para el menor, al tener otro hijo) debía existir cierta capacidad económica.

SENTENCIA

PONTEVEDRA, veintiseis de marzo de dos mil diez.

VISTO, por esta Sección 002 de la Audiencia Provincial la causa instruida con el número 354/09, el recurso de apelación interpuesto por Estrella, representado por el procurador A. Daniel Rivas Gandasegui, y defendida por el letrado Eduardo Javier Suárez Ruibal, contra la Sentencia dictada por el JDO. DE LO PENAL n.º 2 DE PONTEVEDRA. Fueron parte la mencionada recurrente, la acusación particular Olegario, representado por la procuradora Sra. Angulo Gascón y asistido de la letrada Sra. Rodríguez Varela, y el Ministerio Fiscal, en la representación que le es propia, y actuó como ponente la Ilma. Magistrada doña ROSARIO CIMADEVILA CEA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el acto del juicio oral, de referencia se dictó Sentencia con fecha 29 de octubre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debo condenar y condeno a Estrella como autora de un delito de abandono de familia previsto y penado en el artículo 227,1 y 3 del Código Penal, a la pena de 9 meses de multa con una cuota diaria de 3 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el artículo 53 del Código Penal para el caso de impago, así como al abono de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular: debiendo indemnizar a Olegario en la suma de 4.140 euros, más las correspondientes actualizaciones del IPC, con aplicación del interZres previsto en el artículo 576 de la LEC ".

Y, como hechos probados, se recogen expresamente los de la sentencia objeto de apelación:

"Resulta probado y así se declara que en sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2004 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra en el juicio verbal de alimentos 387/05 se impuso a Estrella la obligación de abonar, en concepto de alimentos para su hijo menor, la cantidad de 90 euros mensuales dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que el padre designe ante el Juzgado en el plazo de quince días desde la notificación de esta resolución, así como el 50% de los gastos extraordinarios; estableciéndose que dichas cantidades se actualizarían automáticamente cada año conforme al IPC con efectos de 1 de enero, comenzando la primera revisión el 1 de enero de 2005.

El mencionado pronunciamiento fue confirmado por sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 3 de diciembre de 2004.

Estrella, pese a tener conocimiento de la obligación impuesta y capacidad económica para ello, no ha abonado la cantidad debdia desde diciembre de 2004 hasta septiembre de 2008, ambas mensualidades incluidas".

Segundo.-Contra dicha Sentencia, la representación procesal de Estrella, interpuso un recurso de apelación, que formalizó exponiendo las alegaciones que constan en su escrito, el cual se halla unido a las actuaciones.

Tercero.-Conferido traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por éste y por la representación procesal de Olegario se presentaron escritos de impugnación al recurso planteado, solicitando la confirmación de la sentencia objeto del mismo.

Cuarto.-El Juzgado de lo penal arriba indicado remitió a este Tribunal los Autos originales con todos los escritos presentados para resolver.


HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos declarados probados en la sentencia objeto de recurso.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Recurre la representación técnica de la acusada Sra. Estrella la sentencia del Juzgado de lo Penal número Dos de los de Pontevedra que la condena como autora de un delito de impago de pensiones. Alega como motivos de impugnación, la vulneración de garantías constitucionales (presunción de inocencia, principio acusatorio, principio de contradicción y derecho a la prueba), así como error de hecho en la valoración de las pruebas.

La apelante basa la infracción de garantías constitucionales atinentes a los principios de presunción de inocencia, principio acusatorio y de contradicción, así como del derecho a la prueba, en que ni la acusación particular ni el ministerio fiscal "plantearon la acción sobre una deuda líquida, vencida y exigible" porque - dice- no precisaron la concreta cuantía de la deuda impagada y exigible.

El motivo no puede prosperar.

Es totalmente incierto que la obligación no haya quedado determinada en su cuantía que no es otra que la de 90 euros mensuales actualizables anualmente conforme al IPC y devengándose, -por tanto exigible- desde el mes de diciembre inclusive del año 2004 en que fue dictada sentencia firme por la Ilma Audiencia Provincial, ratificando esa pensión alimenticia establecida a cargo de la progenitora en sentencia de 6-05-2004 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra, dimanante de juicio verbal de alimentos 387/05. En modo alguno se puede considerar de indeterminada cuantía la obligación a cumplir, porque no se haya calculado su incremento anual conforme al IPC lo que no requiere más que de unas sencillas operaciones aritméticas que sin duda dicha parte sabe realizar, como pone de manifiesto cuando alega en un elevado tono irónico un "erróneo" cálculo por parte del Ministerio Fiscal. Es obvio que en modo alguno concurre por tal motivo, infracción del principio acusatorio, ni de la presunción de inocencia, ni del derecho a la prueba, ni de la garantía de contradicción, ni de cualquier otra garantía constitucional que con tan nula solidez argumentativa se pretendiera invocar.

También se atribuye a la juzgadora error de hecho en la valoración de las pruebas.

En primer lugar considera la recurrente que las acusaciones no acreditaron que se hubiera notificado a la Sra. Estrella la sentencia dictada por la Audiencia Provincial confirmando la de instancia, por no constar unida esa notificación a la presente causa. La juez de instancia ha dado cumplida e impecable respuesta a tal alegación, comenzando por su extemporaneidad al haber sido introducida <ex novo> por la defensa en trámite de informe, vulnerando - ahora sí- con tal actuación el derecho de contradicción de las otras partes, lo que debería determinar ya su rechazo.

Aún así la juzgadora dio respuesta a tal alegación. Se recoge en la sentencia apelada que la Sra Estrella "en ningún momento en el curso del plenario mencionó que desconociera la obligación impuesta ni que la hubiera conocido por ejemplo cuando fue llamada a declarar como imputada, al contrario, la acusada manifestó que conocía su obligación añadiendo incluso que había abonado la cantidad debida y cantidad superior cuando podía, así como que compraba ropa al menor."

Tal silencio de la acusada parece incompatible con una falta de notificación nunca antes alegada. Además ella misma afirmó que conocía esa obligación judicialmente impuesta, lo que ni siquiera niega ahora en el recurso, limitándose a manifestar una "falta de prueba" que es cosa muy distinta a afirmar que no le ha sido notificada.

Se dice también que no se ha acreditado un estado de necesidad en el menor siendo relevante al efecto que no se haya reclamado la cuantía en vía civil. Pues bien, establecida la obligación de alimentos en vía judicial como así fue, la necesidad ya ha sido valorada, y no cesa porque el otro progenitor cumpla por su parte con ese deber natural para con el hijo menor.

Idéntica irrelevancia tiene el que no se hubiera facilitado a la acusada el número de cuenta para efectuar mensualmente el ingreso de la pensión; al margen de que tampoco acredita que la hubiera solicitado al otro progenitor, aunque así hubiera sido y no hubiera obtenido respuesta, en nada afectaría al deber de abonar mensualmente la pensión destinada al sustento y alimento del hijo menor, lo que podría haber realizado por múltiples vías poniéndola a su disposición.

Se dice finalmente, por una parte que existió pago en especie; por otra, que carecía de capacidad económica para hacer frente al cumplimiento de la pensión alimenticia. El planteamiento no deja de ser contradictorio, si existió pago en especie (se alude en la sentencia a que presentó determinadas facturas de ropas pero no se acreditó que fueran para el menor, al tener otro hijo) debía existir cierta capacidad económica.

Lo cierto es que la conclusión de la juez a quo afirmando la orfandad probatoria de un pago en especia y que la acusada tenía capacidad económica para cumplir con el pago de la pensión, se asienta en argumentos sólidos y razonables, que esta Sala comparte y asume en cuanto recogen una interpretación conforme a la lógica y a las máximas de la experiencia de las pruebas practicadas. Sea caso añadir que refuerzan esta conclusión, el largo periodo de incumplimiento durante casi cuatro años, la ausencia de pago alguno incluso parcial durante todo ese periodo y la ausencia de pretensión por parte de la acusada dirigida a la modificación o rebaja de la pensión.

Segundo.-Por todo lo expuesto procede desestimar íntegramente el recurso sin efectuar un expreso pronunciamiento en las costas de la apelación.

En atención a lo expuesto,


FALLAMOS


 
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Estrella, contra la Sentencia dictada con fecha 29 de octubre de 2009, en el PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.º 354 /2009, por el JDO. DE LO PENAL N.º 2 DE PONTEVEDRA, y debemos confimar y confirmamos dicha resolución, sin efectuarse un pronunciamiento en costas de esta alzada.

Al notificar esta sentencia, dése cumplimiento a lo previsto en el artículo 248.4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por medio de esta Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los registros correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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