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Sentencia A.N. de 12 de febrero de 2002


 RESUMEN:

Convenio colectivo. Los anticipos recogidos en éste deben tener idéntico tratamiento que los del artículo 29 ET sin que puedan gravarse con intereses ni ser considerado salario en especie la diferencia entre el interés cero que se aplica y el interés legal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en autos, el día 2 de noviembre de 2001 se presentó demanda por "Comité Intercentros de Tierra de Compañía Transmediterránea, S.A." y Fed. Est. de Transportes Comunicaciones y Mar de la UGT contra "Cía Transmediterránea, S.A." sobre conflicto colectivo.

Segundo.-La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 7 de febrero de 2002 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba.

Tercero.-Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.

Resultando y así se declaran, los siguientes hechos probados:

Primero. Que el presente conflicto colectivo afecta a un total de 800 trabajadores de la empresa demandada, "Compañía Transmediterránea, S.A." , que integran su personal de tierra, que presta sus servicios en los distintos centros de trabajo que, dicha demandada, tiene repartidos en diferentes Autonomías de España.

Segundo. Que por Resolución de fecha 28 de enero de 1999, dictada por la Dirección General de Trabajo, se dispuso el registro, y publicación en el BOE, del Convenio Colectivo de la "Compañía Transmediterránea, S.A" , con su personal de tierra, suscrito el día 13 de noviembre de 1998 entre su representación y el Comité Intercentros por la de la parte social.

Tercero. Que suscitada contienda entre las partes, sobre la interpretación correspondiente al artículo 27 del mencionado convenio, el Sindicato UGT, actor en los presentes autos, elevó consulta al Ministerio de Hacienda en relación con ello y en fecha de 16 de octubre de 2000.

Cuarto. Que dicha consulta fue trasladada por el Ministerio de Hacienda al de Trabajo y por entender que se trataba de una cuestión laboral y no fiscal, al nacer de un convenio Colectivo firmado entre las partes.

Quinto. Que por la Dirección General de Trabajo, con base a que la interpretación del convenio colectivo de empresa referido corresponde a la Comisión Paritaria, según los artículos 91 y 85 del Estatuto de los Trabajadores y, en último término a la jurisdicción Laboral, con carácter informativo y no vinculante, emite informe en el sentido de que anticipos salariales y préstamos están pactados en el convenio colectivo citado, sin que se aprecien motivos de confusión entre ambos, sin que quepa añadir otra cosa sobre la cuestión planteada, desde la competencia que tiene otorgada.

Sexto. Que sometida la cuestión a la Comisión Paritaria del Convenio, en su reunión del día 3 de abril de 2001, ante las posturas encontradas de las partes, no se llega a conclusión alguna.

Séptimo. Que a partir del segundo semestre de 1999, la empresa demandada, unilateralmente, comenzó a considerar salario en especie la diferencia entre el interés cero, que venía aplicando a los anticipos salariales del artículo 27 de su Convenio Colectivo, y el interés legal vigente en cada momento, por considerar salario en especie dicha diferencia.

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Que tras un estudio ponderado y conjunto de la prueba documental y testifical practicada en autos, la Sala ha llegado a la convicción que se expresa en los hecho probados que anteceden, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 97.2) de la Ley de Procedimiento Laboral, estableciendo la base fáctica que de apoyo a las argumentaciones jurídicas que a continuación se expongan y a las consecuencias, que en el Fallo se contenga y, a estos efectos, es cierto, como recuerda el Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de fecha 12-VII-2000, que "los litigios que versan sobre si procede o no la retención fiscal aplicada por una empresa a las cantidades que abona al trabajador por razón de su relación laboral deben ser resueltos por el Orden contencioso-administrativo" y que "así lo declaró esta Sala Especial de Conflictos de Competencia en suya lejano auto de 27 de noviembre de 1989, afirmando que la realización de retenciones a cuenta del IRPF viene impuesta, en su caso, por leyes de naturaleza fiscal y no laboral y que, en consecuencia, determinar la procedencia o improcedencia de tales retenciones requiere la aplicación de normas de naturaleza fiscal, por lo que, no siendo subsumible el conflicto planteado, por la materia sobre que versa, entre los que menciona el art. 9.5 LOPJ, cuando delimita el ámbito jurisdiccional del orden social, no corresponde a éste el conocimiento de tal conflicto, sino al contencioso-administratívo, por afectar a una relación jurídica tributaria" y que "esa es también la doctrina que estableció la Sala IV de este Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de octubre de 1990 y ha reiterado luego en otras muchas como son las de 25 de mayo de 1992, 16 de marzo de 1995, 23 de enero y 4 de junio de 1996, 6 de julio y 18 de noviembre de 1998, 8 de julio de 1999 y 4 de mayo de 2000, dictadas todas ellas en controversias suscitadas por el trabajador en fase de ejecución de sentencia, pretendiendo que Tribunal social se pronunciara sobre la procedencia y cuantía de las retenciones efectuadas por la empresa condenada a cuenta del IRPF sobre el importe de la condena" , pero que, como destaca la propia resolución conflictual referida, tal criterio competencial no es, sin embargo, aplicable al caso por ésta enjuiciado en el que el litigio no versaba directamente sobre la procedencia o no de efectuar determinadas retenciones fiscales a las prestaciones complementarias de seguridad social abonadas por el empresario, dado que 'la relación jurídica que en materia tributaría pueda corresponder, a uno como retenedor o pagador y a otro como sujeto pasivo, con la Administración Tributaria aparece en este proceso como lejano telón de fondo, sin protagonismo alguno en la verdadera disputa' , según declara la sentencia del Tribunal Supremo de seis de junio de 2001 "

Por todo lo expuesto, procede entender que en el caso ahora enjuiciado se está ante un litigio entre trabajadores y empresarios como consecuencia del contrato de trabajo, siendo esta materia objeto de conocimiento del orden social de la jurisdicción como establece el art. 2.a) LPL en relación con el art. 9.5 LOPJ.

Segundo.-Que la pretensión que en autos se ejercita por la parte demandante, en lo fundamental, es que, a los efectos del artículo 27 del Convenio de Empresa de la demandada, se declare el derecho de los actores a que los anticipos a que dicho precepto se refiere, no puedan sujetarse a ningún tipo de interés o gravamen, ni ser considerado salario en especie la diferencia entre el interés cero que se venía aplicando por el convenio y el interés legal vigente en cada momento, tesis que debe prosperar, con la consiguiente estimación de la demanda dado que, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 82.3) del Estatuto de los Trabajadores y el carácter de contrato y ley que a los convenios colectivos otorga, para resolver la cuestión planteada, hay que tener en cuenta que, la autonomía de la voluntad de los contratantes, autoriza a éstos a establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público y, en tal sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de octubre de 1974, entre otras, manifiesta que la voluntad, que es la creadora del contrato, constituye verdaderamente la esencia, el principio activo y generador, pudiendo no sólo engendrar negocios jurídicos, en los límites y bajo las condiciones que le asigna el Derecho positivo, sino configurarlos; tales negocios penetran así en el mundo del Derecho, no solamente "porque han sido" , sino "como lo han sido" . Si surgen dificultades de interpretación, el Juez no se dirigirá, para declarar el derecho, a las reglas objetivas, superiores a las voluntades individuales, sino que deberá indagar la voluntad de los criterios del negocio, lo que dictará la solución del litigio.

Las formas contractuales, figuras exigidas y vacías, tienen que adaptarse al contenido económico que, para el tráfico de bienes, se propone llevar a cabo la voluntad de los contratantes. A facilitar esa adaptación de las limitadas formas contractuales previstas por la Ley o por la teoría, a la variedad de derechos y necesidades que pueden presentarse en la realidad, responde el art. 1255 que proclama el principio de la autonomía de la voluntad, y 1256, en relación con los arts. 1091, 1281 y 1282 del Código Civil.

Al aplicar esa doctrina al tema debatido resulta que, tal cuestión, es una simple consecuencia del ejercicio, por parte de los afectados por el conflicto, del derecho que les otorga el art. 27 del Convenio Colectivo que regula sus relaciones laborales con el la "Compañía Transmediterránea, S.A." , para obtener anticipos de salario sin interés, que no resulta establecido en el precepto de comentario, teniendo en cuenta que no se trata de un contrato de préstamo, a los que se refiere, en concreto, el artículo 28 siguiente de dicho convenio y figura jurídica definida, en general, en el art. 1740 del Código Civil, como aquélla en la que se recibe una cantidad de dinero con la obligación de devolverlo en los términos establecidos en el art. 1170 del mismo texto, o sea, en moneda de curso legal, en vez de que, la cantidad percibida, al ser anticipo de salarios que se percibirán por el trabajo, no se devuelve en dinero, sino en trabajo no remunerado; el trabajador no paga, sino que deja de percibir, mensualmente, una parte, fijada de común acuerdo, del valor de un trabajo, que no percibirá en su total cuantía, hasta que el importe del anticipo no sea compensado con el importe retenido del trabajo prestado. No se trata de un contrato tipificado de derecho civil obligacional, sino de un negocio jurídico, conexo e íntimamente unido a la regulación que se hace en el Convenio Colectivo, de los contratos de trabajo existentes entre la Entidad demandada y la totalidad del personal a su servicio.

Se puede afirmar por ello que se está ante un anticipo de salarios y no ante un préstamo. Aquí lo que ocurre es que es un anticipo sobre salarios futuros o salarios a devengar, a diferencia de lo que acontece en el supuesto previsto en el artículo 29.1 del Estatuto, que versa sobre anticipos por trabajos ya realizados, o anticipos que corresponden a salarios ya devengados, llamados también anticipos impropios. Los anticipos del artículo 27 del Convenio, que son la materia sobre que versa el conflicto, son propios anticipos de salarios futuros, como sucede con lo previsto en el artículo 12 del convenio 117 de la OIT, para cuya aplicación se dictó en nuestro país el Decreto 3084/1974., cuya Exposición de motivos ya declaraba que la ley de Contrato de Trabajo de 16 de enero de 1944, establecía, en su art. 57, que el trabajador tiene derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado, demostrando la necesidad urgente que los justificase pero, sin embargo, no regulaba los anticipos que los empresarios pueden hacer a los trabajadores para incentivar a la aceptación de un empleo, cuestión ésta que se aborda por el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo número 117 sobre política social, ratificado por España (BOE de 5 de julio de 1974) y que, en base a dicho Convenio, procede a regular la cuantía de este anticipo y la forma de su reembolso, a cuyo objeto tiende el citado Decreto, sin modificar su naturaleza salarial ordinaria y su carácter de sinalagma del trabajo prestado, sin añadirle intereses dinerarios y menos la transformación de estos, de existir, ( y aquí el Convenio no los establece), en salarios en especie, en todo o en parte, por la voluntad de una de las contratantes y en contra de lo que dispone el ya citado artículo 1256 del Código Civil, que no deja al arbitrio de una de las partes el cumplimiento y ejecución del contrato, ni su sometimiento a un régimen fiscal que, de aplicarse, lo sería sobre una base existente en la realidad jurídica y por la Administración Tributaria correspondiente y dentro de su competencia y a sus efectos, diferentes de los laborales que de la aplicación propia y específica del convenio se deriven.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimamos la demanda y declaramos que los anticipos recogidos en el artículo 27 del Convenio Colectivo de "Compañía Transmediterránea, S.A." , deben tener idéntico tratamiento que los anticipos del artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, sin que puedan grabarse con ningún tipo de interés o gravamen, ni por ello, ser considerada salario en especie la diferencia entre el interés cero que se aplica y el interés legal vigente en cada momento.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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