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Sentencia T.S.J. Madrid 232/2010, de 28 de enero


 RESUMEN:

Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo: Inmovilización de vehículo sin previo procedimiento administrativo. Garantías. Competencias. Agentes de Movilidad de Madrid: Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. Pueden proceder a la inmovilización del vehículo: Riesgo grave para a circulación, las personas o los bienes. Concurrencia de culpas al 50%: No se dio oportunidad al recurrente de retirar el vehículo por sí mismo. Vía de hecho administrativa.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de enero de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida en Sección por los Señores anotadas al margen, el recurso de apelación que con el número 1.707/2.009 ante la misma pende de resolución interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado y asistido del Letrado Consistorial, contra la Sentencia n.º 139 de fecha 2 de junio de 2.008, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Madrid, en el Procedimiento Ordinaria seguido ante el mismo con el número 8/2.008, contra la vía de hecho consistente en la inmovilización del vehículo auto-taxi matrícula W-....-LT y su depósito en dependencias municipales, por parte de los Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Siendo parte apelada D. Sergio, representado y asistido del Letrado D. José Andrés Diez Herrera.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia apelada contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: FALLO: "Que estimando la demanda interpuesto por D. Sergio declaro contraria a derecho la actuación en vía de hecho del Ayuntamiento de Madrid por haber inmovilizado del vehículo de auto taxi propiedad del demandante el día 11.2.2008, trasladándolo al depósito municipal de vehículos, sin previo procedimiento administrativo, debiendo abonar el Ayuntamiento al demandante la el importe de 1421,80 euros ".

Segundo.-Notificada la anterior Sentencia, por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado y asistida del Letrado Consistorial se interpuso recurso de apelación, en el plazo de los quince días siguientes, que fue admitido en ambos efectos por providencia en la que también se acordó dar traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, pudieran formalizar su oposición.

Tercero.-Formuladas alegaciones por la parte apelada, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo elevó los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a la Sala de lo Contencioso-administrativo.

Cuarto.-Recibidas las actuaciones se acordó dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; y no habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista o la presentación de conclusiones, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día veintiocho de enero de dos mil diez en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

Quinto.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, y en particular las previsiones de los artículos 80.3.ª y 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO, quien expresa el parecer de la Sección.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de apelación tiene por objetola Sentencia n.º 139 de fecha 2 de junio de 2.008, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Madrid, en el Procedimiento Ordinaria seguido ante el mismo con el número 8/2.008, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que estimando la demanda interpuesto por D. Sergio declaro contraria a derecho la actuación en vía de hecho del Ayuntamiento de Madrid por haber inmovilizado del vehículo de auto taxi propiedad del demandante el día 11.2.2008, trasladándolo al depósito municipal de vehículos, sin previo procedimiento administrativo, debiendo abonar el Ayuntamiento al demandante la el importe de 1421,80 euros ".

El Procedimiento Ordinario n.º 8/2.008 tenía por objeto, a su vez, la vía de hecho consistente en la inmovilización del vehículo auto-taxi matrícula W-....-LT y su depósito en dependencias municipales, por parte de los Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Segundo.-Como señala la Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia -Sentencias de 24 de noviembre de 1.987, 5 de diciembre de 1.988, 20 de diciembre de 1.989, 5 de julio de 1.991, 14 de abril de 1.993, etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.

En el caso presente el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado y asistida del Letrado Consistorial fundamenta la apelación en que:

1.º-Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de enero de 2.004 se creó la categoría de "agente de movilidad", y posteriormente, por Acuerdo de 28 de febrero de 2.006, la categoría de "supervisor de movilidad"; atribuyendo el artículo 4 del Reglamento de los Agentes de Movilidad, publicado en el BOCAM el 16 de abril de 2.007 a aquellos la señalización, ordenación y dirección del tráfico en el casco urbano así como la vigilancia y control de los transportes públicos y privados. Dicho Reglamento pese a haber entrado en vigor con posterioridad al acaecimiento de los hechos, desarrolla la dicción del artículo 89 de la Ordenanza de Movilidad, que permite a los agentes la inmovilización de vehículos en supuestos similares al que constituyó el objeto del presente recurso, en concreto, "prestar el servicio de auto-taxi sin disponer del tríptico de tarifas del año 2.008, prestar el servicio con pegatinas traseras del año 2.007, habiendo realizado cambio de tarifa en taximetro, prestar servicio de auto-taxi con precintos de capillas rotos, prestar servicios de auto-taxi con ITV desfavorable ". Que los artículos 39.3.º, 40,a) y 41 de la Ley 22/2.006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 89 de la Ordenanza de Movilidad ampara la actuación del Agente de movilidad.

2.º- Que existe una clara concurrencia de culpas por lo que la indemnización concedida al recurrente debería minorarse en un 50%.

Frente a ello la parte apelada, interesó la desestimación del presente recurso, argumentando en líneas generales, que la actuación cuestionada se ajustó en todo momento a la legalidad.

Tercero.-Para resolver la cuestión planteada en esta alzada debemos comenzar por indicar que el artículo 53.3.º de la Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la redacción dada por la Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre dispone que "En los municipios de gran población podrán crearse, por el Pleno de la Corporación, Cuerpos de funcionarios para el ejercicio exclusivo de las funciones previstas en el párrafo b) del apartado 1. Dichos funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el ejercicio de esas funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad, subordinados a los miembros de los respectivos Cuerpos de Policía Local. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 53 encomienda a los Cuerpos de Policía local las funciones de "ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación".

En igual sentido se pronuncia el artículo 45 de la Ley 22/2.006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid bajo el epígrafe "Ordenación del tráfico" preceptúa que "1. Para el ejercicio de las funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, por acuerdo del Pleno podrá crearse un cuerpo de funcionarios, de conformidad con la autorización contenida en el apartado 3 del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, añadido por la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 19/2.003, de 23 de diciembre. 2. Dichos funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad subordinados a los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Madrid".

Haciendo uso de la facultad contenida en los mencionados artículos por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de enero de 2.004 se creó la categoría de "agente de movilidad", y posteriormente, por Acuerdo de 28 de febrero de 2.006, la categoría de "supervisor de movilidad".

Cuarto.-El Ayuntamiento de Madrid sostiene que la actuación de los Agentes de Movilidad tiene cobertura en los artículos 39.3.º, 40,a) y 41 de la Ley 22/2.006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el artículo 4.1.º,c) del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y en el artículo 89 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid fecha 26 de septiembre de 2.005.

El marco normativo estatal al que los municipios deben ajustar el ejercicio de sus competencias sobre ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas (competencias reconocidas por el artículo 25.2.º. b) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, en el sucesivo L.B.R.L.), está integrado por el artículo 55 Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local que dispone que "En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar ordenanzas y reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos. En ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes", y el artículo 7. b) del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial que dispone que "Se atribuyen a los Municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias: La regulación, mediante disposición de carácter general, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles".

La Exposición de Motivos del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, (BOCAM de 16 de abril de 2.007), que cita el Ayuntamiento, señala que "La Ley Orgánica 19/2.003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su disposición adicional decimoquinta modifica la Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y habilita para la creación de un Cuerpo de agentes encargados de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de enero de 2.004 y de conformidad con la atribución otorgada por la citada disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 19/2.003, de 23 de diciembre, se creó la categoría de agente de movilidad. Asimismo, por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 28 de febrero de 2.006, se creó la categoría de supervisor de movilidad.", y estas referencias son indicativas a la hora de interpretar los preceptos del Reglamento.

Así el artículo 4.1.º,c) del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, relativo a las Funciones dispone que "El Cuerpo de Agentes de Movilidad ejercerá las siguientes funciones: La vigilancia y el control tanto de los transportes públicos como privados, para hacer cumplir sus normas reguladoras". Dicho precepto es contrario al principio de jerarquía normativa, ya que los agentes de movilidad solo pueden ejercer funciones de ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, y no funciones de vigilancia y control en relación con las normas reguladoras del transporte de pasajeros. En uso de las atribuciones concedidas al Tribunal por el artículo 27.2.º de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede declarar la nulidad del 4.1.º,c) del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, (BOCAM de 16 de abril de 2.007).

Pero es que además el artículo 62 del Decreto 74/2.005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, aplicable a la Comunidad de Madrid, Decreto al que se remite el acta de inmovilización, solamente prevé la inmediata inmovilización del vehículo en los supuestos en los que el artículo 143.3.º de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, así lo prescribe. Examinados los boletines de denuncia cursados contra el recurrente se aprecia que no estamos ante ninguno de los supuestos contemplados en dicho precepto.

Quinto.-En segundo lugar debemos analizar si la actuación de los Agentes de Movilidad tiene cobertura en los artículos 39.3.º, 40,a) y 41 de la Ley 22/2.006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el en el artículo 89 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid fecha 26 de septiembre de 2.005.

Los citados artículos 39.3.º, 40,a) y 41 de la Ley 22/2.006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, están incluidos en el Capítulo IV del Título III relativo por tanto a las Competencias Municipales en materia de Seguridad Vial, y no hacen mención al transporte de pasajeros.

La normativa municipal debe tener como referente el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, relativo a "Inmovilización del vehículo" que dispone que "1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder a la inmovilización del vehículo cuando, como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de esta Ley, de su utilización pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. A estos efectos, se considerará riesgo grave para las personas el conducir un ciclomotor o motocicleta sin casco homologado. Esta medida será levantada inmediatamente después de que desaparezcan las causas que la hayan motivado. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 12, así como cuando no se halle provisto del correspondiente seguro obligatorio de vehículos, cuando no disponga del título que habilite para el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o exceda de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor. 2. Los agentes de la autoridad también podrán inmovilizar el vehículo en los casos de superar los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo, en el caso de que éste haya sido objeto de una reforma de importancia no autorizada, así como también cuando se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 por 100 de los tiempos establecidos reglamentariamente o a consecuencia de indicios que pongan de manifiesto cualquier posible manipulación en los instrumentos de control, pudiendo disponer el traslado del vehículo a los solos efectos y por el tiempo imprescindible para verificar técnicamente dicha reforma o manipulación del tacógrafo o los limitadores de velocidad, corriendo los gastos de esta inspección por cuenta del denunciado si se acredita la infracción. 3. Los agentes de la autoridad inmovilizarán el vehículo cuando a su conductor se le pueda imputar la infracción prevista en el artículo 65.5.d) de la presente Ley y lo mantendrán inmovilizado mientras subsista la causa de la infracción. 4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida". Y el artículo 71 del citado Real Decreto Ley que señala que la Administración podrá proceder, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad competente.

A la luz de lo anterior debemos examinar el artículo 89 la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid fecha 26 de septiembre de 2.005, que dispone que "Los Agentes de la Policía Municipal y Agentes de Movilidad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder a la inmovilización del vehículos cuando como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza o normas de aplicación subsidiaria, de su utilización pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes, especialmente en los siguientes supuestos:

1. En caso de accidente o avería del vehículos que impida continuar la marcha.

2. En el supuesto de pérdida por el conductor de las condiciones físicas necesarias para conducir, cuando pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes.

3. Cuando el conductor del vehículo se niegue a someterse a las pruebas de detección a que se refiere el artículo 28 de la Ordenanza o si el resultado de las mismas superase los límites reglamentariamente establecidos.

4. Cuando el vehículo exceda de la altura, longitud o ancho reglamentariamente autorizado.

5. Cuando el conductor carezca de permiso de conducción válido o no pueda acreditar ante el agente que lo posee.

6. Cuando el conductor carezca de licencia o permiso de circulación del vehículo o autorización que lo sustituya bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia.

7. Cuando por las condiciones del vehículo se considere que constituye peligro para la circulación o produzca daños en la calzada.

8. Cuando el vehículo circule con carga superior a la autorizada o su colocación exceda en altura o anchura a las permitidas reglamentariamente.

9. Cuando la ocupación del vehículo suponga aumentar en un 50 por 100 las plazas autorizadas, excluido el conductor.

10. Cuando las posibilidades de movimiento o el campo de visión del conductor resulten sensible y peligrosamente disminuidos por el número o posición de los viajeros o por la colocación de la carga transportada.

11. Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, salvo si deposita el importe de la sanción y de los gastos de inmovilización o garantizase su pago por cualquier medio admitido en derecho.

12. Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o no funcione en los casos en que su utilización sea obligatoria.

13. Cuando el estacionamiento se produzca en zonas de duración limitada sin título habilitante hasta que se logre la identificación de su conductor.

14. Cuando el estacionamiento se produzca en zonas de duración limitada y se rebase el tiempo permitido por el título habilitante, hasta que se logre la identificación de su conductor.

15. Cuando se carezca del seguro obligatorio del vehículo.

16. Cuando el conductor de una motocicleta o ciclomotor circule sin casco homologado, hasta que subsane la deficiencia.

17. Cuando el vehículo se encuentre en una zona de uso público en la que esté prohibida la circulación de vehículos.

18. Cuando la emisión de humos y gases o la producción de ruidos excedan de los límites autorizados por la legislación vigente.

19. Cuando el vehículo hubiera sido objeto de una reforma de importancia no autorizada.

20. Cuando se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 por 100 de los reglamentariamente establecidos.

21. Cuando existan indicios de cualquier manipulación en los instrumentos de control.".

La Sección estima que los Agentes de Movilidad son agentes de la autoridad y están encargados de la vigilancia del tráfico (tienen encomendadas las tareas de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico) por lo que podrán proceder a la inmovilización del vehículo cuando como consecuencia de la infracción de los preceptos de la Ley de Seguridad Vial pueda derivarse un riesgo grave para a circulación, las personas o los bienes.

Por último debemos examinar si los hechos por los que se inmovilizó y retiró el vehículo al recurrente esto es, "prestar el servicio de auto-taxi sin disponer del tríptico de tarifas del año 2.008, prestar el servicio con pegatinas traseras del año 2.007, habiendo realizado cambio de tarifa en taximetro, prestar servicio de auto-taxi con precintos de capillas rotos, prestar servicios de auto-taxi con ITV desfavorable "no suponían un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes, ni estaban incluido en ninguno de los supuestos enunciados en el artículo 89 de la Ordenanza. Tampoco se dio al recurrente la posibilidad de retirar el vehículo voluntariamente. La actuación de los Agentes de Movilidad constituyó una vía de hecho al no estar amparada por norma alguna.

Sexto.-Para concluir sostiene el Ayuntamiento de Madrid que existe una clara concurrencia de culpas por lo que la indemnización concedida al recurrente debería minorarse en un 50%.

Debe desestimarse tal alegación y ello porque el recurrente es responsable de las presuntas infracciones que haya podido cometer, y la consecuencia jurídica que su actuación será la imposición de la correspondiente sanción. En ningún caso es responsable el recurrente ni tiene participación alguna ni disponibilidad del hecho, en el proceder de la Administración inmovilizando y trasladando el vehículo al depósito municipal, el recurrente no tenía el dominio del hecho.

Séptimo.-Según lo que previene el artículo 107 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación con el artículo 72.2.ª, la parte dispositiva de esta Sentencia deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia.

Octavo.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2.ª de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede la imposición de las costas causadas en esta alzada al apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación número 1.707/2.009, interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado y asistido del Letrado Consistorial contrala Sentencia n.º 139 de fecha 2 de junio de 2.008, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Madrid, en el Procedimiento Ordinaria seguido ante el mismo con el número 8/2.008, que se confirma.

Debemos anular y anulamos el 4.1.º,c) del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, (BOCAM de 16 de abril de 2.007); y todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada al apelante.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Y firme que sea la presente Sentencia, únase certificación al Rollo y con otra de la misma y la oportuna comunicación devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Contencioso-administrativo de su procedencia para su debida ejecución y cumplimiento, y publíquese la parte dispositiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en el artículo 72.2.º, en relación con el 126.2.º de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa.

Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recurso de Casación, que deberá de prepararse ente este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su notificación, y que se substanciara ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3.º de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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