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Sentencia T.S. (Sala 3) de 15 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Procedimiento de recaudación tributaria: derivación de responsabilidad. Responsabilidad tributaria de los administradores: carácter mancomunado o solidario. Nulidad de la exigencia a uno sólo de ellos de la integridad de la deuda.

 

En la Villa de Madrid, a quince de Noviembre de dos mil diez.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados relacionados al margen, ha visto el recurso de casación 3808/07, interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada el 4 de junio de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 172/05, relativo a la responsabilidad tributaria subsidiaria de los administradores sociales.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia objeto de este recurso de casación acogió en parte la demanda contencioso-administrativa formulada por don Luis María contra la resolución adoptada el 15 de diciembre de 2004 por el Tribunal Económico- Administrativo Central, anulándola exclusivamente en cuanto exige al demandante la deuda íntegra de la entidad SUTEL, S.A., correspondiente al ejercicio 1990 del impuesto sobre sociedades, sin tener en cuenta la existencia de otros administradores, que debían responder de la deuda mancomunadamente.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central había desestimado el recurso de alzada promovido frente a la dictada por el Tribunal Regional de Andalucía el 30 de enero de 2003, relativa a la derivación de responsabilidad subsidiaria por las deudas contraídas con el Fisco por la citada sociedad.

El origen de las actuaciones se sitúa en el acuerdo adoptado el 29 de octubre de 2001 por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Málaga de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que acordó derivar a don Luis María la responsabilidad en el pago de las deudas de la entidad SUTEL, S.A., en aplicación del artículo 40.1, párrafo primero, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre), por un importe de 299.474,48 euros. Esas deudas tenían su origen en un acta de inspección levantada el 7 de octubre de 1997 por el impuesto sobre sociedades de 1990. La entidad deudora fue declarada fallida el 26 de febrero de 1996. El Sr. Luis María era uno de los administradores de la compañía.

Segundo.-La Audiencia Nacional, en el fundamento tercero de su sentencia, deja constancia de que en el Sr. Luis María concurrían todos los requisitos que se exigen para declarar la responsabilidad subsidiaria como administrador de la sociedad en el momento de cometerse la infracción grave por la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria de 1963.

Sin embargo, en el siguiente fundamento admite que debía otorgarse carácter mancomunado a la responsabilidad tributaria de los administradores, si bien niega que se pudiera hacer expresa mención a esa mancomunidad a la vista del contenido del acto recurrido:

"[...] en el momento de producirse los hechos generadores de la responsabilidad, la Ley tributaria no regulaba de qué manera debían responder los responsables subsidiarios si son varios. Esta cuestión se abordó por el RGR en su artículo 12 núm. 7, que estableció la regla de la solidaridad, pero que podía reputarse ilegal por contravenir la regla general de la mancomunidad fijada por el Código Civil para la pluralidad de deudores (artículo 1137). Es a partir de 1992, con la introducción del apartado núm. 6 del artículo 37 de la LGT, cuando la ley permite exigir íntegramente la deuda a cualquiera de los responsables, sin perjuicio de las acciones de regreso que éstos puedan emprender.

La cuestión que se plantea por las partes es si dicho precepto puede aplicarse a supuestos de hecho generadores de la responsabilidad acaecidos antes de su entrada en vigor, puesto que el régimen anterior era el de la mancomunidad.

La postura de la Administración tributaria, según la cual el precepto es aplicable porque estaba en vigor en el momento de dictarse el acto derivativo de la responsabilidad, no puede aceptarse. El régimen jurídico por el que se rige la responsabilidad de los administradores es el vigente en el momento de producirse los hechos generadores de la misma, ya que si bien no se prohíbe la retroactividad de las leyes tributarias, sólo lo serán aquellas que lo establezcan expresamente, y siempre que no colisione con los principios constitucionales de seguridad jurídica y capacidad económica (STC 126/1987, de 16 de julio 150/1990, de 4 de octubre, 197/1992, de 19 de noviembre y 205/1992, de 26 de noviembre), pudiendo afirmarse que una retroactividad máxima (aplicación de ley que pretende regular efectos de situaciones de hecho nacidas y concluidas con anterioridad), salvo que exigencias excepcionales del bien común lo justifiquen, es contraria al principio de seguridad jurídica.

[...]"

Sentado lo anterior concluye en el mismo fundamento que:

"[...] habiendo varios responsables, en tanto la responsabilidad es mancomunada respecto de las deudas correspondientes al indicado ejercicio del año 1.990, cada uno debe responder de una parte de dichas deudas tribuarias. Y no habiendo procedido la Administración tributaria de tal manera, debemos estimar en este punto el recurso".

Tercero.-El abogado del Estado preparó el presente recurso y, previo emplazamiento ante esta Sala, efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 8 de octubre de 2007, en el que invocó un único motivo de casación al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción (BOE del 14 de julio).

El representante de la Administración entiende infringidos los artículos 12.7 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), y 37.5 de la Ley General Tributaria [en la modificación introducida por la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 (BOE del 31 de diciembre)]. No comparte la argumentación de la sentencia recurrida porque, aduce, en realidad el artículo 12.7 del Reglamento General de Recaudación se refiere a la concurrencia de responsables solidarios no subsidiarios, como ocurre en este caso. Asimismo, entiende que el artículo 37.5, introducido por la Ley 31/1991, es aplicable sin que ello implique una retroactividad de grado máximo, pues estamos ante situaciones consumadas cuando entró en vigor esa Ley. En definitiva, considera que se ha de confirmar la aplicación de la citada Ley por cuanto la norma a tener en cuenta es la vigente en la fecha de las actas de inspección, en que se detectan, precisan y liquidan las infracciones, y no la del momento en que se deriva la responsabilidad a los administradores.

Cuarto.-Las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia que se hizo constar en diligencia de ordenación de 13 de junio de 2008, fijándose al efecto el 10 de noviembre de 2010, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el único motivo de casación que invoca contra la sentencia dictada el 4 de junio de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 1678/05, el abogado del Estado trae a esta sede una cuestión relacionada con la responsabilidad subsidiaria de los administradores por las deudas tributarias de la sociedad, cual es si, antes de la modificación operada en el artículo 37.5 de la Ley General Tributaria de 1963 por la Ley 31/1991, era posible exigir a uno solo de los administradores responsables subsidiarios la totalidad de la deuda.

Segundo.-Esta cuestión ha sido abordada recientemente en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 18 de octubre de 2010 (casación 1787/05, FJ 7.º). En esta sentencia hemos declarado que, en caso de concurrencia de varios administradores, si los hechos acaecieron antes del 1 de enero de 1992, su responsabilidad subsidiaria era mancomunada. Corolario de esa mancomunidad, afirmamos, es que cada uno de administradores respondía de una parte de la deuda tributaria.

Hemos llegado a tal desenlace recordando, como ya hicimos en otra ocasión anterior [ sentencia de 26 de septiembre de 2007 (casación 4754/02, FJ 6.º)], que, tras establecer el Reglamento general de recaudación el principio de solidaridad, bajo sospecha de ilegalidad por contravenir la regla general de mancomunidad establecida en el artículo 1137 del Código Civil, el artículo 85 de la Ley 31/1991, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales el Estado para 1992 (BOE del 31 de diciembre), con vigencia desde el 1 de enero de 1992, incorporó al artículo 37 de la Ley General Tributaria de 1963 el apartado 5 con la siguiente redacción: "Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos" (posteriormente, el artículo único de la Ley 25/1995 insertó el texto en el apartado 6 del mismo precepto).

Esta es la razón por la que, antes de esa fecha (1 de enero de 1992), regía en la materia la regla de la mancomunidad, debiendo dirigirse la Hacienda pública contra todos los administradores para que cada uno respondiera de la parte correspondiente, sin que resultara legítimo reclamar el pago íntegro a uno de ellos.

En el presente supuesto, como nadie discute, se trata de hechos relativos al ejercicio 1990, por lo que regía la regla de la mancomunidad, sin que cupiera exigir el importe total de la deuda al Sr. Luis María, uno entre varios administradores (se da la circunstancia añadida de que la misma deuda fue derivada tantas veces como responsables subsidiarios fueron reconocidos por la Dependencia de Recaudación, cada uno por la suma total, según se hace constar en el propio acto de derivación de la responsabilidad, circunstancia de la que se hace eco la sentencia de instancia).

En consecuencia, procede desestimar el motivo de casación formulado por el abogado del Estado.

Tercero.-Por todo lo anterior, este recurso de casación no puede prosperar, procediendo, en aplicación del artículo 139.2 de la Ley reguladora de nuestra jurisdicción, imponer las costas a la Administración General del Estado.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación 3808/07, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO contra la sentencia dictada el 4 de junio de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 172/05, condenando en costas a la Administración recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Manuel Martin Timon D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar Gonzalez Gonzalez

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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