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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 1 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial: Fallecimiento del padre de niña menor de edad. Accidente de circulación. Defecto de funcionamiento por parte de la Administración, resultante de la defectuosa señalización de la carretera de titularidad de la Junta de Galicia. Relación de causalidad entre el accidente y el mantenimiento de la vía en condiciones de seguridad. Se exonera de responsabilidad a la Administración, a pesar de su carácter objetivo, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero, la determinante del hecho producido.

En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 4595/06 ante la misma pende de resolución interpuesto por la Procuradora D.ª Silvia Vázquez Senin, en nombre y representación de D.ª Rafaela contra sentencia de 4 de mayo de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Comparecen como recurridos el Procurador D. Pedro Vila Rodríguez en nombre y representación de Axa Aurora Ibérica de Seguros y el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de la Junta de Galicia


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia recurrida contiene el fallo del siguiente tenor literal: "Desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D.ª Rafaela contra la Resolución de 6-7-01 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivienda que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial que formuló, como representante legal de su hija menor de edad Crescencia, por el fallecimiento del padre de ésta, D. Torcuato, en accidente de circulación ocurrido el 18-7-99 en la carretera VRG-41 (Curros-Sanxenxo). No se hace imposición de costas.";

Segundo.-Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de D.ª Rafaela se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia preparando recurso de casación contra la misma. La Sala de instancia en resolución de fecha 26 de junio de 2006 tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por la representación procesal de D.ª Rafaela se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se fundan y suplicando a la Sala "se dicte sentencia de casación por la que se proceda anular la sentencia recurrida y, casándola, dicte los pronunciamientos que correspondan en Derecho estimando íntegramente la demanda y declarando la responsabilidad exclusiva de la Administración en el accidente o, subsidiariamente la parcial que corresponda hasta lograr la indemnidad total de la perjudicada, para quién no se puede considerar suficiente el baremo dada su corta edad, su condición de huérfana y la falta de ingresos de otra naturaleza que los que obtenía su padre, todo ello, con expresa imposición de costas a la parte que se oponga a este recurso".

Cuarto.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a la representación de la Junta de Galicia y Axa Aurora Ibérica S.A. para que formalicen escritos de oposición, en el plazo de treinta días, lo que realizaron, oponiéndose al recurso de casación, y suplicando a la Sala dicte sentencia por la que se declare la desestimación del mismo, confirmando la sentencia recurrida y con imposición de las costas a la recurrente.

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 30 de noviembre de 2.010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Agustin Puente Prieto, Magistrado de Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se interpone el presente recurso de casación contra sentencia de 4 de mayo de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que resuelve, desestimándolo, el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.ª Rafaela contra resolución de 6 de julio de 2001 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Galicia, sobre responsabilidad de la Administración.

Según se expresa en el fundamento de derecho primero de la resolución objeto de esta casación, la Consejería antes citada desestimó la reclamación de responsabilidad que había formulado la actora, como representante legal de su hija menor de edad Crescencia, por el fallecimiento del padre de ésta, D. Torcuato, en accidente de circulación ocurrido el 18-7-99 en la carretera VRG-41 (Curros-Sanxenxo).

La sentencia recurrida, después de recoger los principios inspiradores de la responsabilidad de la Administración y los requisitos determinantes de la misma, precisa en su fundamento de derecho segundo que la actora sostenía en el recurso que por parte de la Administración existió un defecto de su funcionamiento, resultante de la defectuosa señalización de la carretera de titularidad de la Junta de Galicia, frente a lo cual, la Administración negó la existencia de una relación de causalidad entre el accidente y el mantenimiento de la vía en condiciones de seguridad ya que dicho nexo causal se vio roto por la intervención de un tercero, que fue el único responsable de que el accidente tuviese lugar.

En el fundamento de derecho cuarto, la sentencia se refiere a la resolución del proceso penal tramitado como consecuencia del accidente en los siguientes términos: "en el proceso penal tramitado como consecuencia del accidente litigioso, en el que fue parte la aquí actora, se declaró que dicho accidente había sido determinado por una actuación imprudente del conductor del automóvil contra el que colisionó la motocicleta que pilotaba el Sr. Torcuato, calificada con absoluta benevolencia, según dice la sentencia de la Audiencia Provincial, como imprudencia leve, ya que dicho conductor no sólo cruzó por encima de una doble línea continua sino que, pese a haberse percatado de su error y de que conducía por dirección prohibida, continuó haciéndolo en dicho sentido durante unos 300 metros y no a escasa velocidad, de acuerdo con las conclusiones de los informes técnicos. Por ello, si bien la señalización inicial de las direcciones podía inducir en un principio a error, este defecto sólo podría haber determinado la introducción errónea del referido vehículo en la calzada destinada a la circulación en sentido contrario, de tal modo que sí existiría responsabilidad de la Administración si el accidente se hubiese producido a los pocos metros de haber tenido lugar ese acceso equivocado; pero la colisión ocurrió unos 300 metros más adelante, en el sentido de marcha del automóvil, y después de que su conductor se encontrase con unas señales perfectamente visibles que le indicaban que estaba prohibida la circulación en el sentido que llevaba, y que en dicho sentido era obligatorio hacerlo por una vía situada a la derecha, pese a lo cual continuó circulando a la misma velocidad a la que lo venía haciendo. Esta nueva señalización despejaba toda duda que pudiese haber causado la anterior, y a partir de ella no cabe sostener que en el proceder del referido conductor influyese la actuación no totalmente diligente de la Administración. Por ello resulta aplicable en este caso la doctrina jurisprudencial que sostiene la exoneración de la responsabilidad para la Administración, a pesar de su carácter objetivo, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido, aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( SSTS de 21-1-03 , 12-12-00 , 26-9-00 y 20-6-00 ). La STS de 16-3-95 que se cita en la demanda se refiere a un supuesto en el que no concurrió la intervención de un tercero, sino en el que el accidente se produjo porque la señalización horizontal existente sobre el asfalto se encontraba deteriorada y borrosa, a causa de la tierra y hierbas que la cubrían, lo que impidió al conductor percatarse con antelación del estrechamiento de la carretera que existía en el lugar. Por dichas razones el recurso tiene que ser desestimado.";

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpone el presente recurso de casación en el que, al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, se denuncia infracción del artículo 139.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 106 de la Constitución.

La infracción de los citados preceptos, a la que se une la de la jurisprudencia que los complementa, se fundamenta, en el desarrollo del motivo, en afirmaciones apriorísticas de la recurrente que parten de la base de lo que, en su opinión, constituyen "hechos sobradamente probados" de que la causa principal del accidente de circulación hay que buscarla en la defectuosa señalización de la carretera. A ello se añade el principio de responsabilidad objetiva de la Administración y un análisis de informes que, en opinión de la recurrente, no han sido considerados por la sentencia recurrida y en que se alude a la defectuosa señalización de la carretera, terminando la actora, en el motivo único del recurso, por aludir a la posibilidad de la existencia de una concurrencia de causas que de ninguna manera entiende que excluiría la obligación de indemnizar de la Administración, sino que únicamente la moderaría.

Ante todo ha de desestimarse la alegación de inadmisión que formula la representación de la Junta de Galicia, parte recurrida en el presente proceso, fundada en la cuantía del recurso que fue señalada, como expresa la propia sentencia recurrida, en una cifra superior a la de 150.000 €, determinante del acceso a la casación puesto que, según la sentencia, la cuantía del recurso ascendió a 240.405 €, evidentemente superior a la misma.

En cualquier caso, el recurso ha de ser rechazado por cuanto que en el mismo no se cuestiona la argumentación básica de la sentencia recurrida que, con base en el pronunciamiento del proceso penal, entendió que la causa determinante del accidente fue resultado de una actuación imprudente del conductor del automóvil contra el que colisionó la motocicleta que pilotaba el Sr. Torcuato y que el Juez penal entendió que constituía, calificada con absoluta benevolencia según expresa la sentencia de la Audiencia Provincial, una imprudencia leve, pues dicho conductor no sólo cruzó por encima de una doble línea continua sino que pese a haberse percatado de su error y de que conducía por dirección prohibida, continuó haciendolo en dicho sentido durante 300 metros.

A consecuencia de ello, entiende correctamente la sentencia recurrida que resulta aplicable en este caso la doctrina jurisprudencial que exonera de responsabilidad a la Administración, a pesar del carácter, objetivo de su responsabilidad, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero, la determinante del hecho producido.

Dicho pronunciamiento del Tribunal no ha resultado eficazmente combatido por la actora que, en modo alguno, puede pretender una nueva valoración de los hechos, correctamente enjuiciados por el Tribunal de instancia, a quien compete en exclusiva su valoración y que solamente pueden ser combatida en vía casacional, bien aduciendo un vulneración de preceptos sustantivos sobre valoración de prueba tasada o imputando a la valoración efectuada por la sentencia recurrida la arbitrariedad o lo ilógico de su razonamiento, con base y fundamento en lo dispuesto en el articulo 9.3 de la Constitución, cosa que en el presente caso, la recurrente ni siquiera alega.

Procede, en consecuencia, desestimar el recurso y en definitiva, confirmar el pronunciamiento de instancia.

Tercero.-En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la condena en costas de la recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios de cada uno de los Letrados de la Junta de Galicia y de Axa Aurora Ibérica S.A, de la cantidad de 1.500 €.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de D.ª Rafaela contra sentencia de 4 de mayo de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; con condena en costas de la recurrente, con la limitación establecida en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Agustin Puente Prieto, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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