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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Contratos: Liquidación de obras. Retraso en el pago de la certificación liquidación correspondiente. Intereses por retraso en el pago. Día a quo y día ad quem para el cálculo de los intereses de demora. Se rechaza la existencia de la sustancial identidad entre los casos enjuiciados por la sentencia recurrida y aquellos correspondientes a las sentencias que se invocan como de contraste. No ha lugar.

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que con el número 202/08 ante la misma pende de resolución interpuesto por la mercantil Acciona Infraestructuras, S.A. contra Sentencia de 8 de octubre de 2.007 dictada en el recurso núm. 994/05 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Comparece como recurrido la Letrada de la Generalidad Valenciana en la representación que ostenta


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó, con fecha 8 de octubre de 2.007, Sentencia en el recurso número 994/05, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "1.- Desestimar el recurso contencioso por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (antes NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.), contra Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, de 24 de febrero de 2005, parcialmente desestimatoria de la reclamación presentada por la actora solicitando abono de intereses de demora por retraso en el pago de la liquidación de las obras "Nuevo puente sobre el río Xuquer en Cullera". 2.- No hacer expresa imposición de costas.";

Segundo.—Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Acciona Infraestructuras, S.A. se presentó ante la Sala de instancia escrito de interposición de recurso de casación para unificación de doctrina, expresando los motivos en que se funda y suplicando a la Sala "dicte sentencia por la que, estimando el recurso, case y anule la sentencia recurrida y declarando el derecho de esta parte condenando a la Generalitat Valenciana al abono de 37.552,83 € en concepto de intereses de demora por retraso en el pago de la certificación Liquidación correspondiente a las obras de referencia (diferencia entre la cantidad reconocida por tal concepto por la Administración demandada y la procedente legal y contractualmente), más sus intereses legales desde la fecha de interposición del recurso, el 15 de abril de 2005".

Tercero.—La Sala de instancia acordó tener por preparado el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto y dar traslado a la representación de Generalidad Valenciana del escrito de interposición para que, en el plazo de treinta días, formalice por escrito su oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación para unificación de doctrina y suplicando a la Sala se dicte sentencia por la que se desestime el recurso y confirme la sentencia de instancia.

Cuarto.—La Sala de instancia, tuvo por formalizada la oposición al recurso de casación para unificación de doctrina y mandó elevar las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, poniéndolo en conocimiento de las partes.

Quinto.—Recibidas las actuaciones en esta Sala del Tribunal Supremo y repartidas a esta Sección, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 7 de diciembre de 2.010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Agustin Puente Prieto, Magistrado de Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se interpone el presente recurso de casación por la representación de Acciona Infraestructuras, S.A. contra sentencia de 8 de octubre de 2007 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora en esta casación contra resolución del Consejero de Infraestructuras y Transportes de la Generalidad Valenciana de 24 de febrero de 2005 sobre solicitud de abono de intereses por retraso en el pago de la liquidación de las obras "Nuevo puente sobre el río Xuquer en Cullera".

La sentencia objeto del recurso recoge como hechos relevantes para la resolución del proceso los que constan en el fundamento de derecho segundo de la misma en los siguientes términos:

"- Adjudicado el contrato que nos ocupa (expte. 98/09/139 CI 93.085.P.P.O.) el 27-11-1998, se formalizó el 21 de diciembre de 1998.

- Por resolución del Conseller de Obras Públicas de 15 de diciembre de 1999 se decidió la suspensión "temporal parcial" de las obras, que habría de reanudarse -como expresa la misma resolución- "tras la conformidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar"; se llevó a efecto esa suspensión al día siguiente.

- El 20 de diciembre de 2000 se formalizó acta de recepción parcial de las obras no suspendidas, "en cumplimiento del artículo 111.2 y 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 13/95, de 18 de mayo ), entregándolas al uso público y comenzando en esa fecha el plazo de garantía". (Documento n.º 3 unido a la demanda).

- Por resolución del mismo Organo de contratación, fechada el 7 de julio de 2003, se declaró resuelto el contrato por las causas c) y d) del artículo 150 de la entonces vigente Ley de Contratos 13/1995 , reconociendo el derecho a favor de la contratista del 6% del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.

- En fecha 22 de octubre de 2003 se formalizó el acta de recepción definitiva de las obras ejecutadas hasta la resolución del contrato por el Conseller de Infraestructuras (el 7 de julio de 2003, como se ha dicho), dejándose constancia del "nuevo estado de las mismas con arreglo a las prescripciones previstas y por tanto la Dirección de las obras las da por recibidas".

- El 28 de febrero de 2004 se aprueba la certificación/liquidación de las mismas por importe de 276.527,04 €, el mismo que figura en la factura expedida al efecto por la actora el 28 de octubre de 2004 (documentos 3.3 y 3.4 del expte.).

- Se cursó orden de pago a la entidad bancaria el día 26 de octubre de 2004 materializándose su cobro por la acreedora el día 28 de octubre.";

Analiza igualmente la sentencia el día a quo para el cálculo de los intereses de demora conforme al articulo 148 de la Ley 13/1995, así como el día ad quem, concluyendo en la desestimación del recurso partiendo de la base, en cuanto al primer extremo de que, "a pesar de que, efectivamente se formalizó "un acta de recepción parcial de las obras" el 20 de diciembre de 2000, no aparece en autos acreditado el montante de las mismas. Sólo fue más tarde, concretamente el 28 de febrero de 2004 cuando la actora expidió la correspondiente factura (presentada en el Registro de la Consellería el 15 de marzo de 2004) con una cantidad liquida: Base imponible 238.385,38 €, 165 IVA, 38.141,66 €; en total 278.527,04 €, siendo estas mismas sumas las asumidas por la Administración procediendo a la certificación/liquidación de la obra el mismo día de expedición de la factura, 28 de febrero de 2004; suma que se incrementó hasta 294.540,44 € en la liquidación por intereses adicionándose el importe del 6% de las obras dejadas de ejecutar en concepto de beneficio industrial (en cumplimiento del art. 152.4 de la LCAP-1995 y deducidas las correspondientes tasas, como recogió la resolución declarando resuelto el contrato), como bien ha hecho notar la letrada de la Generalitat en su contestación a la demanda.";

Añade la sentencia que "Así las cosas, si ni siquiera existió una cantidad líquida hasta primeros de 2004, mal puede tomarse como "dies a quo" aquella recepción provisional de 21 de diciembre de 2000 de la que, ciertamente, no podría desvincularse la Administración (con independencia de su procedencia o no a la luz del art. 147.5 y de los términos del contrato, que no la contemplaban) pero que no puede surtir los efectos que se le dan por la actora en punto a la determinación del dies a quo para el cálculo de los intereses de demora.";

Igualmente, analiza la sentencia la determinación del día ad quem para el cálculo de los intereses de demora, haciendo aplicación de lo dispuesto en el articulo 43 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, conforme al cual se producen efectos liberatorios, y por lo tanto no se devengan intereses, desde la recepción de la orden de pago por transferencia de la Entidad Financiera a la que se ordene su realización.

Segundo.—Antes de entrar en el concreto examen de la cuestión de fondo que el presente recurso suscita, hemos de recordar, una vez más, la doctrina jurisprudencial elaborada en torno a la modalidad casacional de que ahora se trata, recogida, entre otras muchas, en las Sentencias de 3 de marzo de 2.004 y 17 y 24 de Mayo de 1999, con cita de las de 17 de Mayo y 22 de Junio de 1995, 28 de Octubre y 13 de Noviembre de 1996, 27 de Octubre, 5 de Noviembre (dos) y 6 de Noviembre de 1997, 4 de Febrero de 1998, 10 de Febrero de 2001, 6 de Mayo de 2002 y así como en las más recientes de 20 de mayo de 2002, 11 de marzo de 2004 y 4 de mayo de 2006, con arreglo a la cual, el recurso de casación para unificación de doctrina es excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, pues cuando, con arreglo a lo establecido en el art. 93 - hoy art. 96.3, en relación con el 86.2.b) de la Ley vigente -, no es posible la impugnación de las sentencias dictadas en única instancia por los Tribunales Superiores de Justicia o por la Audiencia Nacional por insuficiencia de cuantía, se abre la posibilidad de que dichas sentencias puedan ser recurridas, pero sólo con la finalidad primordial de unificar criterios y declarar la doctrina procedente en Derecho ante la existencia de fallos contradictorios. Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación, siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido en contradicción las resoluciones judiciales.

De ahí el protagonismo que en este cauce impugnatorio excepcional asume la contradicción de sentencias, incluso por encima de la propia ilegalidad de la que hubiere sido objeto de impugnación, y de ahí, también, que el art. 102.a).4 de la Ley aquí aplicable - actualmente, art. 97.1 y 2 de la vigente - exija que el escrito de preparación deba contener, al lado de la fundamentación de la infracción legal que se impute a la sentencia impugnada, "relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada", es decir, precisa en el lenguaje y circunstanciada en su objeto y contenido, con clara alusión, por tanto, a las identidades subjetiva, objetiva y causal determinantes del juicio de contradicción. Porque sólo así, esto es, sólo en el caso de que la sentencia o sentencias alegadas como incompatibles sean "realmente" contradictorias con la recurrida, podrá el Tribunal Supremo declarar la doctrina correcta y, cuando preciso sea y por exigencias de tal declaración, casar la sentencia recurrida.

No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación en general, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al Ordenamiento o de hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales pero solo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo. La ilegalidad de la sentencia recurrida es, por tanto, condición necesaria pero no suficiente para la viabilidad de este recurso.

La contradicción, como recuerda la Sentencia de 26 de Diciembre de 2000, ha de ser ontológica, esto es, derivada de dos proposiciones que, al propio tiempo, no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y falsas o contrarias a Derecho, situación que ninguna analogía presenta con la de Sentencias "distintas o diferentes", pese a la identidad de planteamientos normativos y de hecho, por el, a su vez, distinto resultado probatorio o por la también distinta naturaleza que pudiera predicarse de los supuestos de hecho contemplados.

Por otra parte, la contradicción ha de resultar de las propias sentencias enfrentadas, tal y como aparecen redactadas, sin correcciones o modificaciones que pudieran derivar de una incorrecta concreción de hechos o de una desviada apreciación probatoria que las mismas pudieran contener. Y es que, aparte de que esa función correctora o integradora es excepcional en un recurso de casación sólo se admite la integración de hechos a partir de la vigente Ley Jurisdiccional de 1998 y en los términos de su art. 88.3 -, como declaró la precitada Sentencia de esta Sala de 10 de Febrero de 2001, sería, en todo caso, una labor imposible respecto de las sentencias aportadas como contradictorias, ya que, en relación con ellas, de lo único de que dispone la Sala de Casación es de sus "certificaciones", no de los autos ni, por tanto, de las alegaciones y pruebas que en cada uno de los procesos a que pusieron fin se produjeron o pudieron producir.

Tercero.—Se interpone el presente recurso de casación con fundamento en lo resuelto en las dos sentencias que se invocan de contraste, consistentes en la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, de 28 de abril de 2006, y la de este propio Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2004.

Hemos de rechazar la existencia de la sustancial identidad entre los casos enjuiciados por la sentencia recurrida y aquellos correspondientes a las sentencias que se invocan como de contraste, dado que en la de Canarias se parte de un supuesto de retraso en el pago de la cantidad correspondiente a la de certificación resultante de la recepción definitiva de las obras, mientras que, en el caso enjuiciado por la sentencia recurrida, la cuestión sometida a debate no es la de si es o no necesaria una previa intimación a la Administración para el abono de las obras definitivamente recepcionadas, sino si la liquidación, a efectos del cómputo de intereses, ha de computarse desde la fecha de la liquidación parcial a que se refiere la sentencia recurrida, no prevista contractualmente, o desde el momento en que, efectivamente, se produce la recepción definitiva.

Por otro lado, en la sentencia de esta Sala de 10 de febrero de 2004, no existe tampoco la necesaria igualdad con la que es objeto del presente recurso, dado que en esta nada se concede y reconoce en relación con los intereses, mientras que, precisamente, en la sentencia de contraste resultan unos intereses devengados pero no satisfechos que este Tribunal entiende que devengan, a su vez, intereses desde la fecha de interposición del recurso reclamándolos.

Al no existir la identidad sustancial en los hechos, exigida por la Ley para que esta Sala determine la doctrina correcta aplicable al caso enjuiciado, ha de rechazarse el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.

Cuarto.—En aplicación de lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley de la Jurisdicción, procede la condena en costas de la recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios del Letrado, de la cantidad de 3.000 €.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de Acciona Infraestructuras, S.A. contra Sentencia de 8 de octubre de 2.007 dictada en el recurso núm. 994/05 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; con condena en costas de la recurrente, con la limitación establecida en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Agustin Puente Prieto, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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