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Sentencia A.P. Valladolid 151/2010 de 18 de mayo


 RESUMEN:

Obligaciones: Cumplimiento. Reclamación de honorarios: Desestimación de la demanda del actor, en su calidad de letrado y albacea testamentario, en la que reclama a los herederos los honorarios de su intervención, en la que aquellos promovieron la nulidad del testamento, y que él calificó como válido. Intervención del albacea innecesaria, ya que la validez del testamento ya estaba siendo defendida por los beneficiarios.

VALLADOLID

SENTENCIA: 00151/2010

Rollo 136/2010

SENTENCIA N.º 151

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSE JAIME SANZ CID

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS

D. ANGEL MUÑIZ DELGADO

En VALLADOLID, a dieciocho de Mayo de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003 de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001324 /2009, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo 0000136/2010, en los que aparece como parte apelante: D. Juan Pablo, representado por el procurador D. FERNANDO RUIZ LOPEZ, y asistido por el Letrado D. Juan Pablo, y como apelados D.ª Celestina, Modesta, Angelina, representados por el procurador D. IÑIGO LOYOLA BLANCO URZAIZ, y asistido por el Letrado D. JOSÉ IGNACIO PASCUAL MATARRANZ; sobre: Reclamación Honorarios.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Segundo.-Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 1 de Febrero de 2010 se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Que desestimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador DON FERNANDO RUIZ LOPEZ, en nombre y representación de DOIN Juan Pablo contra DOPÑA Celestina, DOÑA Angelina Y DOÑA Modesta, representadas por el Procurador DON IÑIGO BLANCO URZAIZ, se absuelve a la parte demandada de los pedimentos formulados contra ellas, condenando a la parte actora al pago de las costas causadas en esta instancia.

Tercero.-Notificada a las partes la referida sentencia, por el demandante se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos de juicio a este tribunal se señaló para la Deliberación y Votación el pasado día 12 de mayo de 2010.

ÚLTIMO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las formalidades legales.

Vistos, siendo ponente el Ilmo Sr. Magistrado Don ANGEL MUÑIZ DELGADO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El actor, en su calidad de letrado y albacea testamentario, reclama en su demanda a los herederos de Don Sixto la suma de 68.542 euros, ello en concepto de los honorarios que devengó su intervención en tal calidad en las dos instancias del juicio que en su dia aquellos promovieron interesando la nulidad del testamento. Funda su pretensión en que fue llamado a dicho proceso en tal calidad de albacea, personándose y sosteniendo la validez del testamento por entenderlo así justo, en uso de la facultad que el art. 902 del Código Civil le confería, por lo que alega deben serle abonados los gastos que dicha intervención le ocasionó en virtud de lo dispuesto en el art. 908 del propio texto legal, gastos que en este caso son sus propios honorarios, dado se defendió a si mismo en su calidad de letrado.

La sentencia de primera instancia desestima íntegramente la demanda. Razona el juzgador, en síntesis, que la intervención del actor en su calidad de albacea en el proceso en cuestión no puede considerarse justa ni por tanto legítima la pretensión de cobrar por ello sus honorarios, paradójicamente a los mismos herederos contra cuyos intereses se posicionó en dicho litigio. Califica dicha intervención de estéril, pues finalmente se declaró la nulidad del testamento, y de poco prudente, pues se trataba de un testamento sospechoso otorgado en pleno trámite de un procedimiento de incapacidad del causante. Añade que es harto cuestionable respondiera a la defensa de los intereses propios de la herencia, que no ponderó adecuada y equitativamente acudiendo a un profesional del derecho ajeno a las partes en conflicto, sino que procedió a asumir personalmente la defensa del testamento en apoyo mas bien de los intereses de los principales beneficiados por dicho testamento, con quienes mantenía relación personal, y de los suyos propios para mantener el albaceazgo.

Frente a dicha resolución recurre en apelación el demandante, exponiendo una serie de motivos de impugnación que seguidamente pasamos a tratar.

Segundo.-Ha de precisarse en primer término, con carácter general, que la defensa en juicio de la validez del testamento ante los órganos jurisdiccionales es una de las facultades que la ley concede al albacea en el art. 902.3 del Código Civil. Se trata por tanto de una facultad, que no una obligación, de modo que el albacea ha de ejercitarla no en todo caso, sino tan solo cuando entienda que tal defensa es "justa", según la dicción del precepto citado. Y ello, como bien dice el recurrente, sin necesidad de consenso, instrucciones o autorización por parte de todos o parte de los afectados por dicho testamento. Ahora bien, no se trata de una facultad de uso libérrimo, sino que lógicamente a la hora de ponderar dicho ejercicio habrá de emplear la debida prudencia, pues la defensa a ultranza de la validez del testamento cuando este se halle viciado de nulidad no es inocua, ya que normalmente acarreará una condena en costas o como mínimo generará los gastos propios de la defensa procesal del albacea, con la consiguiente repercusión de sus consecuencias económicas sobre la masa hereditaria al amparo de lo dispuesto en el art. 908 del propio texto legal, que es lo que se pretende por el recurrente a través del presente procedimiento. Procede analizar por tanto si la actuación del albacea en la ocasión que nos ocupa puede racionalmente considerarse como justa, único caso en el que la masa hereditaria deberá soportar los gastos que de la misma se hayan derivado, pues en caso contrario será el quien haya de sufragarlos con su propio patrimonio. Si los coherederos se niegan al pago de tales gastos, cual sucede en el presente supuesto, no basta con que el albacea haya reputado por si justa la defensa de la validez del testamento, sino que ha de ser judicialmente evaluada y ratificada su justicia para repercutir a la masa los gastos que de la misma se han derivado.

Entendemos que el concepto de lo "justo" a los efectos que aquí interesan no ha de ser objeto de una interpretación estricta, es decir solo como aquello que resulte o finalmente se declare judicialmente como plenamente ajustado a derecho. No cabe identificar exclusivamente el concepto de justicia con el de éxito en via judicial. Por el contrario, cabe incluir dentro del mismo aquellas pretensiones que, aunque finalmente no hayan sido estimadas en sede judicial, resultasen razonable y oportunamente defendibles. Prudencia, razonabilidad y oportunidad en la defensa del testamento es lo que cabe exigir al albacea en estos casos para que sea la masa hereditaria quien se haga cargo de los gastos que de ella se deriven.

Tercero.-Trasladando tales consideraciones al supuesto enjuiciado, nos encontramos en primer lugar con que presentada demanda por las sobrinas del causante interesando la nulidad del testamento, por entender que cuando procedió a otorgarlo carecía de las facultades mentales precisas al efecto, se procedió a contestarla por todos los legatarios que a las resultas de dicha disposición mortis causa resultaban beneficiarios de importantes cantidades de dinero y de bienes inmuebles, oponiéndose a dicha pretensión con dos representaciones y defensas letradas diferentes. En su consecuencia la validez del testamento estaba ya siendo ardorosamente defendida por sus principales beneficiarios cuando el albacea decide personarse en la litis al mismo efecto. Por ello su intervención no resultaba necesaria, imprescindible o simplemente útil, sino mas bien redundante y superflua en apoyo de la validez de un testamento que ya estaba siendo defendida por duplicado. Esta circunstancia debería en buena lógica haber sido tomada en consideración, en uso de la prudencia a la que antes aludíamos, antes de emprender dicha intervención procesal con el incierto pronóstico que seguidamente se comentará, y al no haberse hecho así ello obsta a la consideración de dicha intervención como justa.

Por otra parte el albacea no encomendó la defensa del asunto a un profesional del derecho ajeno al mismo, recabando su criterio antes de oponerse a la demanda de nulidad, sino que se personó y opuso en base a su propio parecer, asumiendo personalmente en su condición de letrado la defensa del testamento, actuación por la que ahora factura y pretende cobrar a la masa la suma de 68.542,78 euros. Esta decisión es legal tratándose de un letrado en ejercicio, mas con ello mezcla el desempeño del albaceazgo con el de su propia profesión y las consecuencias económicas que de ello se derivan, por lo que inevitablemente su defensa del testamento se ve empañada no solo por el interés en beneficiar o ayudar a los legatarios, con algunos de los cuales le unía la relación amistosa que refiere el juzgador de instancia, o por el personal de conservar el cargo, sino también por el puramente económico que ello le podía procurar, pues de condenarse en costas a los coherederos demandantes cargaría a estos su minuta y en caso contrario o de no existir expresa imposición de costas pecharía con los mismos la masa hereditaria. Tal duda en cuanto a los verdaderos intereses que con la oposición procesal a la demanda de nulidad del testamento se perseguían se constituye igualmente en un obstáculo para poderla calificar como justa a los efectos de esta litis.

Cuarto.-Asiste la razón al apelante en lo relativo a que la valoración sobre la justicia o no de su defensa del testamento ha de efectuarse en relación a la situación existente y datos con los que contaba en el momento de desarrollarla, sin tomar en consideración hechos o circunstancias sobrevenidas a posteriori y que por tanto no pudo tomar en cuenta en su momento cara a adoptar dicha decisión. También es cierto que la capacidad del testador en el momento de otorgar dicho instrumento venía avalada por el juicio favorable de capacidad emitido por el Notario autorizante y por los dos médicos psiquiatras de los que este se valió, y que la sentencia recaida en primera instancia declaró la validez de dicho testamento basándose a mayores en la prueba pericial médica que en el proceso se practicó, circunstancias todas ellas que en principio parecen base suficiente para reputar razonable, justa en el sentido precedentemente comentado, la defensa por el albacea de dicho acto mortis causa.

Ahora bien, no cabe desconocer la concurrencia de otras circunstancias que nos llevan a la contraria conclusión. En tal sentido ha de recordarse que el testamento en cuestión se otorgó cuando el testador se hallaba sometido a un proceso de incapacitación judicial, en el que se había adoptado medida cautelar suspendiendo su capacidad para testar salvo que el notario autorizante, en cumplimiento de la previsión contemplada en el art. 665 del Código Civil, designase dos facultativos que emitiesen juicio favorable al respecto. Precisamente la fecha de otorgamiento coincide con la de la sentencia dictada en primera instancia de dicho procedimiento judicial por la que se declaraba su incapacidad. Basta la lectura de la sentencia de esta propia Sala de 4 de junio de 2004, por la que finalmente se declaró la nulidad de dicho testamento, para constatar como el Notario en cuestión lejos de proceder a designar a dos facultativos de su elección se limitó a admitir a los dos psiquiatras que al efecto le fueron propuestos por el propio testador y que previamente habían sido elegidos por uno de quienes iban a resultar beneficiarios de este nuevo testamento. Ambos psiquiatras precisamente habían intervenido en el proceso de incapacitación emitiendo dictamen favorable a la capacidad, dictamen que fue posteriormente desautorizado por la sentencia de esta Audiencia de 7-7-2000 por considerar se trataba de una probanza preconstituida. Ha de reseñarse también como en dicho proceso de incapacitación el resultado de la exploración judicial del presunto incapaz puso de manifiesto un evidente deterioro de su estado mental, con prolongada exposición de ideas delirantes y de perjuicio, impresión que confirmo el dictamen médico forense añadiendo se veía afectada gravemente la capacidad volitiva y resultaba fácilmente sugestionable, datos todos ellos ratificados por el médico de cabecera que le venía atendiendo desde años atrás. El director de la Residencia donde el testador se hallaba internado manifestaba también el elevado grado de deterioro mental que a su entender este padecía. A ello cabe añadir que el Sr. Sixto había testado trece años antes, cuando ninguna duda existía sobre la bondad de su estado mental, instituyendo heredera universal a su esposa y para el caso de premoriencia, incapacidad o renuncia de esta a sus tres sobrinas por iguales partes, sin efectuar legado o disposición alguna en favor de quienes luego resultan favorecidos en ulterior testamento con importantes bienes inmuebles, personas vinculadas a la administración de sus bienes, y sin nombrar albacea. Es mas, meses después de otorgar este último testamento cuando se le explora por la Sección Primera de esta Audiencia el Sr. Sixto manifiesta que se lleva bien con sus sobrinas y que tiene hecho testamento a favor de las hijas de su hermana, siendo estas las herederas de lo que tiene, evidenciando desconocer completamente el testamento otorgado unos meses atrás. Estos eran los datos con los que contaba el hoy apelante cuando en su calidad de albacea decidió personarse en juicio para defender la validez del testamento en cuestión y la capacidad de quien lo otorgó. Con ellos en la mano y tomando en consideración así mismo las circunstancias expuestas en el precedente fundamento jurídico, mal cabe calificar como justa dicha pretensión, sino mas bien como aventurada. Se trataba de un testamento que acertadamente califica la sentencia hoy recurrida como de "sospechoso", altamente sospechoso, sin que el juicio de capacidad emitido por el Notario autorizante en base al criterio de los dos facultativos que le fueron presentados disipase las sospechas, sino que mas bien las incrementaba en virtud de las circunstancias expuestas. A tal consideración no obsta el que en primera instancia del juicio en el que se interesaba la declaración de nulidad del testamento recayese sentencia desestimatoria, ni que en el mismo emitiese pericia un psiquiatra en sentido favorable a la capacidad que gozaba el testador al otorgarlo. En efecto, dicho dictamen pericial se emitió sin que su autora examinase siquiera al testador, que para esas fechas ya había fallecido, limitándose por tanto la perito a expresar su criterio en base al resto de los datos consignados en autos e informes de los facultativos que precedentemente si le habían explorado, siendo la sentencia en cuestión revocada por esta Audiencia en sentencia firme de 4 de Junio de 2004, cuya mera lectura resulta ilustrativa sobre lo justo de la pretensión de nulidad del testamento y por consiguiente de lo poco acertado de la defensa de su validez partiendo de los mismos datos y situación que se conocían al articularla. Que el albacea a lo largo de los años posteriores al testamento haya intentado contactar con las sobrinas del causante para acordar la partición de la herencia sin obtener respuesta o que estas no hayan accedido a negociar el monto de los honorarios que a través de la presente litis pretende aquel recibir a su cargo, son cuestiones que entendemos no afectan a lo que aquí se dilucida, es decir al derecho al cobro de dichos honorarios. Vamos por tanto a desestimar el recurso de apelación y a confirmar la sentencia impugnada, pues compartimos el criterio que sigue el juzgador de instancia en torno a la imposibilidad de calificar como justa la pretensión procesal deducida por el albacea y consiguientemente de que este perciba con cargo a los herederos los gastos que comportó por su voluntad la defensa del testamento.

Quinto.-Conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de esta segunda instancia se imponen a la parte apelante que ve rechazado su recurso.


FALLAMOS


 
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Juan Pablo, frente a la sentencia dictada el dia 9 de Octubre de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Valladolid en los autos de juicio ordinario de los que dimana el presente Rollo de Sala, resolución que se confirma con imposición a la apelante de las costas causadas en esta segunda instancia.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en audiencia pública el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico. Fdo. Sra. González López.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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