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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 2 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Expropiación forzosa: Derecho de reversión. Acondicionamiento de la zona inundable del Guadalquivir. Se solicita la reversión de la finca por no haberse realizado las obras establecidas: demolición de todas las edificaciones de la zona y arrancamiento de todos los árboles, para elevar luego la cota del terreno. Valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia. No ha lugar.

En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, contra la sentencia de 23 de junio de 2006, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso 1593/2003, promovido contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 22 de noviembre de 2002, por el se deniega la solicitud de reversión de la finca denominada " DIRECCION000 ", situada en el " Charco de laPava", afectada de expropiación para el acondicionamiento de la zona inundable del Guadalquivir. Ha sido parte recurrida el Procurador D. Luciano Rosch Nadal en nombre y representación de DOÑA Clara.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La representación procesal de DOÑA Clara, por escrito de 25 de junio de 2003, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición formulado contra el Acuerdo de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 22 de noviembre de 2002, por el se deniega la solicitud de reversión de la finca denominada " DIRECCION000 ", situada en el "Charco de la Pava", afectada de expropiación para el acondicionamiento de la zona inundable del Guadalquivir. Tras los trámites pertinentes la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que estimando el recurso formulado por doña Clara contra la resolución que se dice en el antecedente primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha resolución, por no ser ajustada a Derecho, declarando el derecho de la actora a la reversión de la finca expropiada, sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las partes".

Segundo.-Notificada la anterior sentencia, por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, presentó escrito ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía preparando recurso de casación contra la misma. Por resolución de fecha 11 de diciembre de 2006 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, en fecha 26 de julio de 2007 la representación procesal de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que hace valer un único motivo de casación al amparo de los arts. 88.1 d) y 88.3 de la Ley de la Jurisdicción.

En dicho motivo, alega la infracción del artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa (art. 54.1 en su redacción por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación) e infracción, por inaplicación, del art. 54.2.b) de la misma Ley, por cuanto la Sentencia recurrida aprecia el incumplimiento de la causa expropiandi al negar que la obra determinante de la expropiación haya sido ejecutada. Sin embargo, consta en los autos el informe de fecha 17 de mayo de 2004 dirigido por el Sr. Ingeniero Jefe de Sevilla al Sr. Director Técnico en el que se afirma que "La obra asociada al expediente de expropiación de DIRECCION000 se hizo poco después de la expropiación y desde entonces está completamente terminada". Después de describir los trabajos realizados y la finalidad de la obra, añade que "...la obra está cumpliendo su función de aportar seguridad a Sevilla, y que la zona inundable sigue siéndolo porque así estaba previsto en el proyecto correspondiente...". El hecho de que no se llevaran a cabo las demoliciones previstas en el proyecto de obras por haberse considerado innecesarias, no desvirtúa la causa expropiandi porque sencillamente ésta se ha cumplido. A mayor abundamiento, una vez concluido el movimiento de tierras, y descartado el riesgo para personas y bienes, los terrenos expropiados se cedieron al propio expropiado a cambio del pago de un canon, sin que éste solicitara la reversión. Afirma el Sr. Abogado del Estado que este extremo vincula a la recurrente en su condición de causahabiente del expropiado, y por ello el recurso debió ser desestimado en la instancia.

Por todo lo expuesto, entiende el Sr. Abogado del Estado que ha sido cumplida la causa expropiandi, lo que unido al transcurso de más de diez años desde la expropiación, debería haber llevado al Tribunal a quo a la desestimación de la petición de reversión en aplicación del art. 54.2.b) de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto.-Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a DOÑA Clara, representada por el Procurador D. Luciano Rosch Nadal para que formalizara escrito de oposición, en el plazo de treinta días, lo que verificó en tiempo y forma mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2008, oponiéndose al recurso de casación y suplicando su desestimación.

Quinto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 1 de diciembre de 2010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El Abogado del Estado interpone recurso de casación contra la sentencia de 23 de junio de 2006, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso 1593/2003, promovido contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 22 de noviembre de 2002, por el se deniega la solicitud de reversión de la finca denominada " DIRECCION000 ", situada en el " Charco de laPava", afectada de expropiación para el acondicionamiento de la zona inundable del Guadalquivir.

La sentencia de instancia declara probados los siguientes hechos:

1.º- Al cónyuge y causante de la aquí actora, en 1989, le fue expropiada determinada finca en término de Sevilla, en el "Charco de la Pava", en la que había construcciones para vivienda, instalaciones hípicas y bar, para el acondicionamiento de las márgenes y tratamiento de la zona inundable del Guadalquivir. Concretamente la obra a realizar consistía en la demolición de todas las edificaciones de la zona y arrancamiento de todos los árboles, para elevar luego la cota del terreno hasta 6'45 metros;

2.º- Levantada acta previa de ocupación el 8 de mayo de 1990, realizado el depósito y abonada la indemnización previstos por el artículo 52.6.ª de la Ley de Expropiación, se levanta acta de ocupación el día 21 de enero de 1991;

3.º- El 18 de octubre de 1993, se fija de mutuo acuerdo el justiprecio en la cantidad alzada de 150.799.008 pesetas, que se paga el día 5 de junio de 1995, y los intereses se pagan el día 10 de marzo de 1997;

4.º- Por escrito de 9 de mayo de 2002, la aquí actora solicita la reversión de la finca por no haberse realizado las obras;

5.º- El 20 de noviembre de 2002, la actora solicita certificación de acto presunto;

6.º- El 22 de noviembre de 2002, se dicta resolución desestimatoria con fundamento en que la finca fue expropiada por estar situada en zona inundable, cuya circunstancia se mantiene.

A lo anterior añade la sentencia que no se discute que el proyecto de obra, con demolición de edificaciones y elevación de cotas, no se ha realizado, con lo que la zona mantiene la misma situación que cuando fue expropiada.

Con fundamento en lo expuesto razona la estimación del recurso en el fundamento jurídico segundo:

"Y es cierto que, ya en la Ley 8/90 y luego, con carácter general, tras la reforma introducida por Ley 38/1999 , en la Ley de Expropiación Forzosa, se admite el cambio de afectación; pero aquí no hay cambio alguno, sino mera falta de realización de la obra hidráulica que motivo la expropiación: demolición y elevación de cota. Es más el Plan Especial de Protección del "Charco de la Pava", aún en vigor, preveía determinados usos contando con la realización de las obras, cuya obra no se han realizado; y de hecho, en la revisión del PGOU, frente a la previsión del Plan Especial, pasa a considerar los terrenos como inundables de alto riesgo y los califica como sistema general de espacios libres (parque metropolitano Charco de la Pava nuevo Campo de Feria). Y desde luego no es cambio de afectación la cesión de la posesión, en la que se venía manteniendo a la actora a la vista de la falta de realización de la obra, a una administración distinta para que siga utilizando las instalaciones que no se han demolido.

En conclusión, no es cierto que la obra se haya realizado por el simple hecho de que la zona siga siendo inundable. Por lo que está de más la alegación que hace la demandada en el sentido de que corresponde a la actora la prueba de la desafectación. Y lo único claro es que han pasado cinco años desde la ocupación sin que se haya iniciado la obra ni exista intención de realizarla, con lo que estaríamos ante el supuesto de reversión previsto por el artículo 54 de la Ley de expropiación, por lo que procede la estimación del recurso."

Segundo.-Frente a la anterior sentencia el señor Abogado del Estado hace valer un único motivo, al amparo de la letra d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, en el que denuncia la infracción del art. 54 de la Ley de Expropiación Forzosa por cuanto la sentencia recurrida aprecia erróneamente que la obra determinante de la expropiación no ha sido ejecutada cuando obra en autos un informe de fecha 17 de mayo de 2004 dirigido por el Sr. Ingeniero Jefe de Sevilla al Sr. Director Técnico en el que se afirma lo contrario.

Lo que pretende realmente el señor Abogado del Estado con la formalización de este motivo no es combatir un error en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, concretamente del artículo cuya infracción denuncia, sino la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia, que ha formado su convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto de debate procesal, y esta formación de convicción corresponde en exclusiva a dicho Tribunal pues es el que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación. En definitiva, tal y como expresa con claridad la sentencia de 1 de abril de 2005 (Rec. 5341/2001) se halla consolidada la doctrina jurisprudencial (Sentencias de fechas 1 de diciembre de 2001, 6 de julio, 5 de octubre de 2002, 30 de junio, 8 y 14 de julio de 2003, 5, 12 y 26 de mayo de 2004 y 15 de marzo de 2004) una intromisión en la valoración de la prueba en sede casacional requiere no sólo alegar sino demostrar que la apreciación de los hechos valorados por el Tribunal a quo es irracional, arbitraria o vulneradora de los principios generales del derecho o de las reglas sobre la prueba tasada.

Y en esta sede casacional el representante de la Administración no ha combatido mínimamente los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, a los que antes nos hemos referido, y que sirven de fundamento para que el Tribunal a quo entienda procedente la efectividad del derecho de reversión por darse el presupuesto de hecho contemplado en la norma, concretamente la no realización de la obra pública que justificó la expropiación.

En consecuencia con lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

Tercero.-Con arreglo al art. 139 LJCA, la desestimación total del recurso de casación lleva aparejada la imposición de las costas a la recurrente. Ajustándose al criterio usualmente seguido por esta Sección 6.ª, quedan las costas fijadas en un máximo de tres mil euros en cuanto a honorarios de abogado.


FALLAMOS


 
No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 23 de junio de 2006, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso 1593/2003, promovido contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 22 de noviembre de 2002, por el se deniega la solicitud de reversión de la finca denominada " DIRECCION000 ", situada en el " Charco de laPava", afectada de expropiación para el acondicionamiento de la zona inundable del Guadalquivir, con imposición de las costas a la recurrente hasta un máximo de tres mil euros en cuanto a honorarios de abogado.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Carlos Lesmes Serrano, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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