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Sentencia T.S. (Sala 3) de 21 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina. Expropiación forzosa: Justiprecio. Discrepancia sobre cuestión de hecho, basada en prueba practicada: No hay doctrina a unificar. La discrepancia entre la sentencia impugnada y las sentencia de contraste que versa sobre una cuestión de hecho, cuya apreciación, como es obvio, corresponde exclusivamente a la Sala de instancia. Divergencias entre Secciones distintas de una misma Sala.

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen anotados el presente recurso de casación para la unificación de doctrina con el número 114/10 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMÀSSERA contra sentencia de fecha 21 de septiembre de 2009 dictada en el recurso 592/2007 por la Sección Segunda Bis de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Siendo parte recurrida D. Luis y EL ABOGADO DEL ESTADO en la representación que ostenta


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia recurrida contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "FALLAMOS.- Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Luis contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 31 de enero de 2007, recaído en el expediente n.º NUM000, que justiprecio en a razón de 27,00 €/m2 el suelo de la parcela expropiadas (sic) por el Ayuntamiento de Almassera con motivo de la ejecución del proyecto "Ronda Sur de Almassera", y en consecuencia debemos anular tales resoluciones, y quedando, por ello, fijado el justiprecio de la fincas (sic) expropiadas, a que se contrae el presente recurso, en la cantidad establecida en los Fundamentos de Derecho Cuarto, que no incluye el 5% de premio de afección; cantidad que devengará los intereses legales en los términos indicados en el Fundamento de Derecho Quinto, y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por tales declaraciones; y todo ello sin hacer expresa imposición de costas".

Segundo.-Notificada la anterior sentencia, El Abogado del Estado presentó con fecha 1 de octubre de 2009 escrito en el que suplica a la Sala rectificación de error material de la misma. Dicha solicitud fue evacuada mediante Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 1 de octubre de 2009 en el que se acuerda: "Que debe rectificar y rectifica el error material a que se refiere el HECHO SEGUNDO de la presente resolución en el sentido de que debe decir "En el recurso contencioso administrativo num. 592/07".

Tercero.-La representación procesal del Excmo. Ayuntamiento de Almàssera presentó escrito interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia anteriormente citada, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas y terminó suplicando a la Sala de instancia eleve los autos a esta Sala a fin de que dicte sentencia: "... por la que se declare que la Doctrina esgrimida es la válida y no la sustentada por la Sentencia recurrida, que debe ser revocada".

Cuarto.-Admitido el recurso a trámite, se concede a las partes recurridas el plazo de treinta días a fin de que formalicen su oposición, y en el caso de la representación procesal de D. Luis verificándolo mediante escrito en el que tras exponer los motivos de oposición que considera oportunos, suplica a la Sala: "... se confirme la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de septiembre de 2.009, todo ello con expresa condena en costas a la Corporación recurrente".

El Abogado del Estado no presentó escrito de oposición.

Quinto.-La Sala de instancia dictó Providencia por la que se tiene por evacuado el tramite de oposición al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, acordándose elevar las actuaciones y expediente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Sexto.-Recibidas las actuaciones en esta Sala del Tribunal Supremo y repartidas a esta Sección, se ordena formar el rollo de Sala.

Séptimo.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia el día 14 de diciembre de 2010, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación para la unificación de doctrina es interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Almassera contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª bis) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de septiembre de 2009.

Este asunto se origina en la expropiación de un terreno rústico para la ejecución del proyecto denominado "Ronda Sur de Almassera". El acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de 31 de enero de 2007, valorando el terreno expropiado con arreglo a su clasificación urbanística de suelo no urbanizable, fijó el justiprecio en 27 euros por metro cuadrado. Disconforme con ello, el expropiado acudió a la vía jurisdiccional, sosteniendo que el proyecto que legitima la expropiación constituye un sistema general que crea ciudad y, por consiguiente, procede la valoración del terreno expropiado como si de suelo urbanizable de tratase.

La sentencia ahora impugnada estima la pretensión del expropiado, dando básicamente la siguiente razón: Atendido lo anterior es evidente el error padecido por el Jurado en cuanto acude para la valoración de este suelo a su valor no urbanizable, pues, en realidad, y pese a la clasificación otorgada por el PGOU, el destino a "sistema general" determina su vocación urbanística y mas cuando se aprueba inicialmente por el propio Ayuntamiento en enero de 1997, el Plan Especial Ronda Sur de Almassera para legitimar dicho vial, que fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo el 23 de septiembre de 1997, en consecuencia debió valorarse como Suelo Urbanizable al formar tal vial una calle que constituye el entramado urbano del municipio, como se desprende no solo de la memoria del Plan Especial al que nos hemos referido sino también de la propia documental aportada en periodo de prueba por el Ayuntamiento a instancia de parte, concretada en el plano guía de Almassera, en el que se observa que la Ronda Sur pasa a denominarse Avd de Blasco Ibañez en su trazado Sur.

Segundo.-A fin de fundar el recurso de casación para la unificación de doctrina, la recurrente aporta dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 18 de abril de 2008 y 2 de mayo de 2008. Ambas se refieren a expropiaciones acordadas para la ejecución del proyecto "Ronda Sur de Almassera"; y ambas desestiman la pretensión de los expropiados -uno de los cuales, por cierto, es el mismo que en el presente caso- de que la valoración se calculara como si de suelo urbanizable se tratase.

Tercero.-Este recurso de casación para la unificación de doctrina no puede prosperar, pues la discrepancia entre la sentencia impugnada y las sentencias de contraste versa sobre una cuestión de hecho, cuya apreciación, como es obvio, corresponde exclusivamente a la Sala de instancia. Ésta, tal como queda reflejado en el pasaje arriba reproducido, entiende que el terreno expropiado pasa a formar parte de una calle y se inserta en el entramado urbano; afirmación de hecho que no puede ahora ser puesta en entredicho y que, por sí sola, justifica la conclusión de que se está en presencia de un sistema general que crea ciudad. En otras palabras, sentencias diferentes han llegado a pronunciamientos distintos sobre la valoración de fincas expropiadas para la realización de un mismo proyecto; pero lo han hecho con base en apreciaciones distintas de las características de las fincas afectadas, lo que significa que la discrepancia se refiere a una cuestión de hecho y, por tanto, que no hay doctrina alguna que haya de ser unificada.

Cuarto.-Una vez sentado lo anterior, es oportuno hacer dos observaciones adicionales. Por un lado, no cabe ignorar que la sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 2009 desestimó un recurso de casación para la unificación de doctrina de sentido inverso al ahora examinado: tratándose también de una expropiación acordada para la ejecución del proyecto "Ronda Sur de Almassera", la Sala de instancia desestimó la pretensión del expropiado de que la valoración se hiciera como si de suelo urbanizable se tratase; y el correspondiente recurso de casación para la unificación de doctrina, en que se aportaban sentencias de contraste como la ahora impugnada, fue desestimado por entender, como aquí, que la discrepancia versa sobre una cuestión de hecho.

Por otro lado, hay que destacar que, mientras la sentencia ahora impugnada proviene de la Sección 2.ª bis de la Sala de instancia, las sentencias de contraste son de la Sección 3.ª de la misma. Pues bien, con arreglo a una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es innegable que secciones distintas de un mismo tribunal deben reputarse órganos judiciales diferentes a efectos del principio de igualdad en la aplicación de la ley y, por consiguiente, resulta constitucionalmente legítimo que esas secciones distintas de un mismo tribunal mantengan criterios no coincidentes sobre un mismo punto de hecho o de derecho. Así, entre otras, las sentencias del Tribunal Constitucional 111/2001, 74/2002 y 47/2003. Y es igualmente claro, como se observó más arriba, que el conocimiento de las cuestiones de hecho, salvo casos extremos de irracionalidad o arbitrariedad en la valoración de la prueba, corresponde exclusivamente al órgano judicial de instancia; lo que implica que no pueden ser objeto de recurso de casación (común o para la unificación de doctrina).

Téngase en cuenta, además, que la distribución de asuntos entre las diversas Secciones de una misma Sala de lo Contencioso-Administrativo corresponde, a tenor del art. 17 LJCA, a la Sala de Gobierno del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Ello significa que es una decisión que pertenece a la esfera de lo gubernativo, por lo que escapa al control jurisdiccional que esta Sala lleva a cabo en sede casacional.

Quinto.-Con arreglo al art. 139 LJCA, la desestimación total del recurso lleva aparejada la imposición de las costas a la recurrente. Ajustándose al criterio usualmente seguido por esta Sección 6.ª, quedan las costas fijadas en un máximo de tres mil euros en cuanto a los honorarios de abogado.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Almassera contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª bis) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de septiembre de 2009, con imposición de las costas a la recurrente hasta un máximo de tres mil euros en cuanto a honorarios de abogado.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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