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Sentencia T.S.J. Navarra 70/2010, de 8 de marzo


 RESUMEN:

Despido improcedente: Uso de la tarjeta de repostaje. No constituye robo o hurto sino uso indebido de la tarjeta. Hechos probados: Insuficiencia. Transgresión de la buena fe contractual. Incumplimiento que no reúne las notas de gravedad y culpabilidad: La empresa debe advertir a la trabajadora antes de imponer el despido.

SENTENCIA

En el Recurso de suplicación interpuesto por DON OSCAR MANGADO MUNARRIZ, en nombre y representación de ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A., frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 2 de Pamplona/Iruña sobre DESPIDO, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Ante el Juzgado de lo Social n.º DOS de los de Navarra, se presentó demanda por DOÑA Paulina en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se condene a la empresa demandada a readmitir a la actor en su anterior puesto de trabajo y en las mismas condiciones, previa declaración de improcedencia del despido comunicado, o, a su elección, a indemnizarle en la cuantía legalmente establecida, y, en todo caso, al abono de los salarios de tramitación correspondientes.

Segundo.-Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el Sr. Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Tercero.-Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: "Que estimando la demanda formulada por Doña Paulina frente a ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 5 de junio de 2009 y debo condenar y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y a que readmita a la trabajadora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido o bien a que la indemnice con la suma de 7.408,61 euros. Se advierte a la empresa que la opción señalada habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la presente resolución, de lo contrario se considerara que la empresa haya optado por la readmisión.- Asimismo y en todo caso condeno a la empresa demandada a que abone a la trabajadora los salarios dejados de percibir desde el día siguiente a la fecha del despido y hasta la fecha de la notificación de esta Sentencia, ambos inclusive, a razón de 63,73 euros diarios."

Cuarto.-En la anterior sentencia se declararon probados: "PRIMERO. - La actora Doña Paulina viene prestando sus servicios para la empresa demandada Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. desde el 23 de noviembre de 2006, con categoría profesional de Auxiliar Administrativo Obra y percibiendo un salario mensual de 1.912 euros, incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias.- SEGUNDO. - Con escrito del 5 de junio de 2009 la empresa comunicaba a la Señora Paulina la decisión de proceder a su despido disciplinario, con efectos a partir de ese mismo, alegando deslealtad, fraude y abuso de confianza en el desempeño del trabajo y trasgresión de la buena fe contractual. De forma especifica se imputa a la trabajadora haber utilizado sin autorización una tarjeta de repostaje Solred atribuida a uno de los vehículos de la empresa, para repostar gasolina en su coche particular, en los días 13 de marzo de 2009, el día 27 de marzo del mismo mes, el día 3 de abril de 2009 y el jueves 9 de abril de 2009 (jueves Santo). Considera la empresa que estamos ante una falta muy grave según el artículo 98 letra c) del Convenio General de la Construcción y artículo 54.1 letra d) del E.T. Dicho escrito obra en autos a los folios 5 y 6 y aquí se da íntegramente por reproducido.- TERCERO. - La trabajadora presta sus servicios en Aoiz y de 8.00 a 13.00 horas y de 14.30 a 18.00 horas. Realiza para la empresa una serie de recados, como ir a correos o a mensajerias o acudir a los bancos. En estos casos utiliza su vehículo particular cuando no hay disponibilidad de vehículos de la empresa.- CUARTO.- La parte actora no ostenta ni ha ostentado la condición de representante de los trabajadores ni cargo sindical alguno, así como tampoco consta su afiliación sindical.- QUINTO.- El preceptivo acto de conciliación se celebró el 2 de julio de 2009, concluyendo el mismo con el resultado de intentado y sin efecto por incomparecencia de la empresa demandada, como se acredita en el documento n. 7 de la demanda."

Quinto.-Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada de la Empresa demandada, se formalizó mediante escrito en el que se consignan cinco motivos, el primero y segundo al amparo del artículo 191.a) de Ley de Procedimiento Laboral, el tercero y cuarto, amparados en el artículo 191.b) del mismo Texto Legal, para revisar los hechos declarados probados, y el quinto, amparado en el artículo 191.c) del mismo Texto legal, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

Sexto.-Evacuado traslado del recurso fue impugnado por la parte demandante.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La trabajadora demandante, que fue despedida por carta de despido de 5 de junio de 2009, interesa en el presente procedimiento se declare la improcedencia de su despido con las consecuencias legales pertinentes y abono de los salarios de tramitación.

La sentencia de instancia estima la demanda por considerar no acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en la carta de despido; la empresa no justifica que los repostajes que se le imputan en su coche particular utilizando la tarjeta de la empresa los haya realizado la trabajadora despedida, el perito caligráfico no atestigua que sea la firman de la trabajadora la que consta en los recibos aportados por la empresa; y es poco verosímil que sean suyos los repostajes en sus horas de trabajo por la tarde, y el repostaje de solo 14,78 euros cuando supuestamente iniciaba un largo viaje de vacaciones a Cartagena. La sentencia no da credibilidad al testimonio de los testigos; y en todo caso considera el despido desproporcionado a la falta que se le imputa, cuando la empresa le encarga recados con su vehículo particular, y parece le autoriza repostar a cargo de la empresa. Y todo ello debe situarse en el contexto de una empresa que desde principio de año ha despedido a 8 trabajadores de su plantilla de 22.

Y frente a dicha sentencia se interpone por la empresa demandada el presente recurso de suplicación.

Segundo.-El primer motivo de suplicación formulado al amparo del Art. 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral, alega haberse lesionado el derecho de defensa y tutela judicial efectiva, por entender el motivo que la sentencia carece de una declaración de hechos probados concreta y detallada, con el detalle requerido para hacer posible la suplicación o casación. Se alega que el único hecho que se declara probado es que la trabajadora realizaba eventuales recados con el coche de la empresa o el suyo propio a correos o al pueblo de al lado, que casualmente era el pueblo donde vivía la trabajadora, sin tomar en consideración ni la testifical, ni la pericial, ni la documental.

Motivo que debe ser desestimado, pues parece que no declarar probado lo que la empresa pretende no puede ser causa de nulidad de la sentencia; y el juez goza de libertad de apreciación de la prueba aportada o realizada en el juicio oral, de acuerdo con lo que prescribe la Ley de Procedimiento Laboral. Debe partirse del presupuesto de que es a la empresa a la que le corresponde la prueba indubitada de la culpabilidad y relevancia de los hechos que se imputan a la trabajadora; y en este caso el juez de instancia no los estima probados; y es imposible incorporar al relato de hechos lo que el juez estima insuficientemente probado, tal como se explica en detalle en los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida. La parquedad del relato es corolario de la prueba insuficiente. La parte recurrente se limita a discrepar de la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez de instancia, consciente sin duda de los límites que existen en el recurso de suplicación para lograr una rectificación del relato histórico de la resolución impugnada, pero lo cierto es que la censura que al respecto manifiesta de modo genérico e inconcreto, no tiene ni una significación, ni una relevancia consistente.

Tercero.-Insiste nuevamente el motivo segundo, al amparo del Art. 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral, que la sentencia emplea argumentos arbitrarios, explica de modo incongruente pruebas legítimas y manifiesta en su contra circunstancias no controvertidas. Afirma que el perito caligráfico ha reconocido que todos los recibos estaban escritos por la misma mano, y el Juez no puede desconocer que la trabajadora ha confesado a tres trabajadores que era la autora del cargo de 14,78 €. Se alega que la sentencia afirma gratuitamente que la empresa tiene 22 trabajadores, dato no constatado, y no da una razón válida para no creer a los testigos, cuando ellos tienen garantía de indemnidad; y en particular el Sr. Mauricio no defiende intereses de la empresa porque es un jefe de obra sin interés en el pleito, y sin que sea relevante que en un juicio anterior haya ido como mandatario verbal de la empresa simplemente a aportar un cheque y firmar el acta de conciliación. Sin que sea verosímil que Don. Mauricio haya autorizado en ningún caso el uso de la tarjeta de la empresa por la trabajadora. Se añade que el viernes el horario de la trabajadora es de mañana por lo que no hay incompatibilidad en usar la tarjeta de la empresa por la tarde. Se insiste en que no es lógico que una trabajadora pueda coger la tarjeta de la empresa y repostar a sus anchas. Y termina el motivo afirmando que la sentencia se limita a juzgar sobre conjeturas.

Motivo que en los mismos términos y por las mismas razones que el anterior ha de ser igualmente desestimado. Y a los argumentos referidos en el fundamento de derecho anterior cabe aquí añadir que las elucubraciones del motivo son propias mas de un error en la valoración de la prueba que de una nulidad por indefensión. La posibilidad de aducir el error de derecho en la valoración de la prueba en un recurso de suplicación viene avalada por la propia Ley de Procedimiento Laboral al exigir que dentro de los fundamentos jurídicos de la sentencia se expresen los razonamientos que han llevado a declarar probados unos hechos concretos (Art. 97.2 LPL), exigencia referida también en el artículo 218.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil al declarar que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.

En todo caso parece obvio que la sentencia valora de forma detallada la prueba realizada y justifica de modo suficiente porque no acoge los argumentos de la empresa. La valoración de la prueba pericial, que la sentencia hace suya, es decisiva porque no reconoce que la trabajadora sea autora de las firmas en los cargos de repostaje aportados por la empresa; la sentencia en consecuencia no ha vulnerado las reglas de la sana crítica, ni mucho menos puede calificarse de incongruencia omisiva o de indefensión de la empresa, y ni siquiera de desconocer los resultados de la pericial. Por otra parte la juzgadora de instancia, en recta aplicación de lo dispuesto en los citados artículos 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento, refleja en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia el por qué no otorga relevancia a la testifical interesada por la empresa, y las razones que expone allí son también del todo acordes con las denominadas reglas de la sana crítica, esto es, presenta una duda fundada sobre el sentido y la libertad del testimonio de los testigos, que no necesita justificarse, porque la ponderación de su testimonio esta dejado por la ley a la libre apreciación del Juez (Art. 376 LEC), en juicios de valor aceptables y correctos por no ser ilógicos, notoriamente caprichosos, voluntaristas o contrarios a las máximas de experiencia; lo que excluye la arbitrariedad en el juicio.

Cuarto.-El motivo tercero al amparo del Art. 191 B de la Ley de Procedimiento Laboral interesa se haga constar que los repostajes con la tarjeta solred que se tiene por reproducida, de 13 y 27 de marzo, 3 y 9 de abril, y 14 de mayo, son todo realizados por la misma persona; en viernes los tres primeros, en jueves santo el cuarto, y en jueves víspera de festivo el ultimo.

Motivo que no puede ser admitido por no constar su relevancia a los efectos del presente procedimiento, en el que no debe probarse que los recibos sean firmados por la misma persona, sino que es la trabajadora despedida la que efectivamente los ha firmado. La supuesta firma es un mero garabato. Afirmando el dictamen pericial (folio 31, 178 de las actuaciones) que existen divergencias importantes de la grafística de las firmas respecto de la indubitada de la demandante. Y la conclusión definitiva es que las pocas convergencias no permiten determinar su autoría (folio 184).

Quinto.-El motivo cuarto, formulado al amparo del Art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, pretende añadir como redacción alternativa del hecho tercero hecho la circunstancia de que la trabajadora los viernes presta horario de mañana, y que tiene su domicilio habitual en Aoiz, lo que supuestamente desautoriza las apreciaciones de instancia sobre la falta de verosimilitud de los repostajes de la despedida, y la poca importancia de los recados de la trabajadora que en ningún caso justificarían el repostaje inconsentido.

Pero como se ha dicho repetidamente por la jurisprudencia el recurso se da contra la sentencia de instancia no contra sus argumentos. Y la supuesta falta de consistencia de un argumento incidental, no basta por si mismo para fundar una modificación del relato de hechos, pues el hecho que se pretende introducir no tiene una trascendencia relevante a los efectos de la modificación del fallo de instancia. Y parece que si no se acreditan como probados los hechos que se imputan a la trabajadora para el despido, porque no se reconoce su firma en los recibos de cargo de los repostajes, ningún sentido tiene el discutir si los viernes tenia horario de mañana u horario de tarde, y si los recados que hacia en nombre de la empresa justificaban o no el cargo con la tarjeta solred litigiosa.

Sexto.-El motivo último de suplicación, al amparo del Art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, por infracción de los Art. 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores, argumenta sobre la gravedad del hurto o sustracción de las mercancías que es por sí mismo causa suficiente de despido, según la jurisprudencia que se cita, sin que se pueda aplicar la teoría gradualista, pues conlleva una perdida absoluta de la confianza en el trabajador.

Y el motivo se desestima igualmente. El Art. 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario a extinguir el contrato de trabajo por despido sobre la base de un incumplimiento grave y culpable del trabajador, considerando incumplimiento contractual, entre otros, la trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño en el trabajo, debiendo el trabajador cumplir con las obligaciones anejas a su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de la buena fe. Y ha declarado esta Sala reiteradamente, recogiendo las pautas jurisprudenciales sobre el incumplimiento, que dicha trasgresión constituye una actuación contraria a los deberes de conducta que deben presidir la correcta ejecución del contrato, que se traduce en una exigencia de comportamiento acorde con los valores sociales de lealtad, honorabilidad, probidad y confianza. Pero no cualquier trasgresión de la buena fe contractual justifica el despido, sino aquella que por ser grave y culpable suponga la violación trascendente de un deber de conducta del trabajador, esto es, la que tenga calidad bastante para que sea ilícita y ajustada la resolución contractual basada en el incumplimiento del trabajador. Constituye doctrina jurisprudencial reiterada, como manifiesta la sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2006, que el despido disciplinario por trasgresión de la buena fe contractual que contempla el artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores únicamente procede cuando el trabajador haya incurrido en conductas de especial gravedad y trascendencia, y además cualquier sanción impuesta al trabajador, y en particular la sanción extrema del despido, obliga a guardar una adecuada proporcionalidad entre la sanción y la conducta sancionada, debiendo atenerse para su imposición a la entidad de la falta, así como a las circunstancias profesionales y personales de su autor, que exigen una perfecta proporcionalidad entre el hecho y su sanción. Y muy en particular para que la sanción no pueda calificarse de arbitraria se exige no solo la acreditar la culpa o negligencia del operario sino también su conocimiento de la ilicitud de la trasgresión y de la debida advertencia previa del empresario.

En nuestro caso la cuestión litigiosa debe situarse, como lo hace la sentencia de instancia, no en el contexto del robo o hurto, sustracción o apropiación indebida, que merecería un despido fulminante, sino en el uso indebido de una tarjeta de repostaje, un abuso imputado a la trabajadora que no es un hecho al que se le pueda atribuir la culpabilidad, intención y el dolo propio de un ilícito penal, sino que ha de situarse, en cuantías pequeñas, en una duda razonable sobre las facultades del empleado en el uso y disfrute de los bienes de la empresa, y que la empresa, en su caso, debe reprimir con un diligente cuidado y atención del modo de usar los utensilios de la empresa y en el modo de prestar los servicios por el trabajador, y por medio de sus facultades disciplinarias ordinarias. Esto es la trabajadora admite utilizar en ocasiones la tarjeta de la empresa pero alega que ha sido autorizada en el contexto de los recados que hace para la misma, y si a la empresa le cabe una duda sobre dicha justificación debe advertir a la trabajadora, y castigarla en su caso de acuerdo a los principios de gradación de la pena, sin imponer directamente una sanción extrema como el despido; máxime cuando los hechos básicos imputados ni siquiera se llegan a acreditar con el rigor propio de los principios sancionatorios, tal como ha quedado explicado en los fundamentos de derecho anteriores.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación formulado por la representación letrada de ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º DOS de los de Navarra en el procedimiento n.º 449/09, seguido a instancia de DOÑA Paulina frente a ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., sobre DESPIDO, confirmando la resolución de instancia, e imponiendo el pago de las costas a la recurrente, incluidos los honorarios del Letrado del demandante que fijamos en 350 euros.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación debiendo, la parte condenada si recurre y no tuviese reconocido el beneficio de justicia gratuita, constituir un depósito de 50.000 Pts. en la cuenta corriente que a nombre de la Presidencia de la Sala IV del Tribunal Supremo figura abierta en la oficina del Banco Español de Crédito (Banesto), Calle Barquillo, n.º 49 de Madrid bajo el n.º 2410000066003910 debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala al tiempo de personarse en élla.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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