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Sentencia T.S. (Sala 1) de 17 de septiembre de 1992


 RESUMEN:

Anulación del contrato de compraventa: Se establece que no cabe error en la valoración de la prueba, ya que esta fue suficiente como prueba de cargo, y tampoco hay vulneración del artículado del Código Civil, por lo que no se admiten los motivos de casación y se le condena al recurrente al pago de las costas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Procurador de los Tribunales don Ceferino Sánchez Balibrea (siendo sustituido posteriormente por la Procuradora doña Piedad Pinera Marín), en nombre y representación de don Ignacio, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Cieza, demanda de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, contra doña Francisca, sobre reclamación de cantidad, estableciendo los hechos y fundamento de Derecho que estimó pertinentes para terminar suplicando sentencia declarando la anulación del contrato de compraventa de la vivienda número 13 de 27 de agosto de 1982; b) y que se condenase a doña Francisca, a indemnizar al actor en la cuantía de cuatro millones trescientas doce mil ochocientas cuarenta pesetas (4.312.840 pesetas), así como el importe de la utilidad de la terminación de la obra le hubiere podido proporcionar al actor, a concretar en su caso en ejecución de sentencia y por último que se le condenara a la demandada al pago de las costas procesales.

Segundo.-Admitida la demanda y emplazados los demandados el Procurador don Emilio Molina Martínez compareció en los autos en representación de doña Francisca que contestó a la demanda oponiéndose a ella con los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia por la que se declare la nulidad de contrato de 27 de agosto de 1982 sobre, la vivienda número 13, absolviendo a la demandada de las pretensiones del señor Ignacio, y que abonase éste a la señora Francisca, los intereses que se demuestren en ejecución de sentencia que debió de pagar la demandada al "Banco Hipotecario» desde septiembre de 1982; los intereses que debió de percibir de los capitales por las ventas de las fincas, ambos a determinar en ejecución de sentencia; un millón ochocientas veintinueve mil quinientas cuarenta y nueve (1.829.549 pesetas) recibidas por el actor en más sobre la obra ejecutada, así como cuatro millones sesenta y nueve mil pesetas (4.069.000 pesetas), debidas a los proveedores con los intereses y el importe de derruir la obra mal hecha y su reconstrucción; que pague a la Seguridad Social siete millones cuatrocientas doce mil ochocientas setenta y siete (7.412.877 pesetas), que se deduzcan los testimonios por apropiación de cantidades de la Seguridad Social en las oportunas diligencias penales y que se condene al señor Ignacio, al pago de las costas del juicio. Asimismo inició demanda reconvencional.

Tercero.-Las partes evacuaron los traslados que para réplica y duplica les fueron conferidos, insistiendo en los hechos, fundamentos de Derecho y súplica de sus escritos de demanda y contestación.

Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

Quinto.-Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos.

Sexto.-El señor Juez de Primera Instancia de Cieza, dictó sentencia con fecha catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando en parte, la reconvención formulada por doña Francisca, representada por el Procurador señor Molina Martínez, y estimando, igualmente en parte, la demanda interpuesta por don Ignacio, representado por la Procuradora señorita Pinera Marín, contra la primera, debo declarar y declaro la nulidad del contrato firmado entre las partes el 27 de agosto de 1982, sobre compraventa de la vivienda número 13 de la urbanización sita en el paraje de La Higuera, de Fortuna; y así mismo debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la cantidad de dos millones cincuenta y seis mil doscientas sesenta y siete pesetas (2.056.267 pesetas), más los intereses legales del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desestimando el resto de sus pretensiones. Declarando en cuanto a las costas que cada parte ha de abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

Séptimo.-Interpuesto recurso de apelación, contra la sentencia de Primera Instancia, por la representación de ambas partes, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Audiencia Provincial de Albacete, dictó sentencia, con fecha treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, con la siguiente parte dispositiva: "Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por doña Francisca, contra la sentencia del señor Juez de Primera Instancia de Cieza, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada en el extremo de la cifra en que condena a la parte demandada cuya cantidad queda fijada en un millón seiscientas nueve mil quinientas trece pesetas, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta instancia».

Octavo.-El Procurador de los Tribunales don Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de doña Francisca, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Albacete, con apoyo en los siguientes motivos: 1.º Al amparo del número 3 del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por quebrantamiento de las formalidades esenciales del juicio, con infracción de las normas reguladoras que rigen los actos y garantías procesales, con indefensión de la parte aquí recurrente, y violación de lo establecido en los artículos 626 y 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haber sido citadas las partes ni sus defensores para el acto de reconocimiento pericial ni haber sido citados al acto de ratificación para que pudieran hacer las observaciones o pedir las explicaciones pertinentes. 2.° "Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1.124 del Código Civil, por violación, al no haber aplicado la "exceptio non adimplieti contractus". 3.° "Al amparo del número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error de hecho en la apreciación de la prueba, que se demuestra por la documental obrante en autos». 4.° "Al amparo del número 4.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error de hecho en la apreciación de la prueba, que se demuestra por la documental obrante en autos".

Noveno.-Admitido el recurso e instruidas las partes, los autos se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Mariano Martín Granizo Fernández .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La motivación primera de este recurso tiene su amparo procesal en el ordinal 3.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por estimarse que "existe quebrantamiento de las formalidades esenciales del juicio, con infracción de las normas reguladoras que rigen los actos y garantías procesales, con indefensión de la parte aquí recurrente, y violación de lo establecido en los artículos 626 y 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haber sido citadas las partes ni sus defensores para el acto de reconocimiento pericial ni haber sido citados al acto de ratificación para que pudieran hacer las observaciones o pedir las explicaciones pertinentes», interesando en el desarrollo de la motivación "en todo caso la nulidad de actuaciones, reponiéndolas al momento anterior al reconocimiento pericial».

El motivo no puede prosperar, por cuando aunque conforme a la vigente redacción del artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las providencias que acuerden las diligencias para mejor proveer no se da recurso alguno, es lo cierto que: a) Dicha diligencia fue acordada por el Juzgado en Providencia de 1 de julio de 1985, notificada a las partes, b) Apelada la sentencia del Juzgado por ambas partes de las que sólo compareció la demandada reconviniente y hoy recurrente, no se hizo mención alguna por la misma sobre dicho extremo en esa segunda instancia, lo cual inserta la cuestión en el marco del artículo 1.693 dé la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por tanto conduce a la desestimación del motivo al no haberse insistido en el tema en el momento procesal oportuno, lo que implica una omisión por parte del recurrente de las facultades que la Ley Procesal le concede para la defensa de sus derechos, ejercitando los oportunos recursos, c) No existe por tanto indefensión, ya que tal situación según constante doctrina tanto de esta Sala como del Tribunal Constitucional, no surge cuando la situación en la que pretende sustentarse ha sido provocada o permitida por quien la alega, cual aquí acontece.

Segundo.-Se procede ahora por motivos de técnica casacional a la contemplación de las motivaciones tercera y cuarta en cuanto inspiradas en el ordinal 4.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al denunciar el error de hecho en la apreciación de la prueba, "que se demuestra por la documental obrante en autos», motivos cuyo perecimiento es claro en cuanto cual resulta tanto de su enunciado como de su desarrollo, lo que en ellos se está pretendiendo no es en realidad otra cosa que interesar de este Tribunal un revisión de la totalidad de la prueba documental practicada en la instancia, convirtiendo así la casación en la tercera, en clara contradicción tanto de la esencia de este extraordinario recurso como de la constante doctrina que sobre el tema ha elaborado esta Sala.

Tercero.-A su vez, la motivación segunda cuyo asiento procesal se radica en el ordinal 5.°, del citado artículo 1.692 de la Ley de Ritos, atribuye al Juzgador "a quo», violación, al no haber aplicado la "exceptio non adimpleti contractus", de lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil .

Tampoco este motivo puede merecer mejor suerte que los precedentemente contemplados, por la inexactitud de las afirmaciones en que pretende escudarse; concretamente, en la de que la sentencia impugnada olvida "que no puede pedir, ni serle concedida, la revisión de esos precios a quien no haya empezado cumpliendo lo que le incumbe".

Así, es de señalar a estos efectos, que tanto la sentencia de instancia como la de apelación parten de que como consecuencia de relaciones contractuales entre las partes contendientes, con aportación de materiales por el contratista (relaciones que aparecen en los contratos de 21 de noviembre de 1981 y 4 de agosto de 1983), surgieron diferencias en orden al "quantum" de las cantidades que se debían entregar y percibir respectivamente, cuestión que a través de una abundantísima prueba documental unida a las de confesión, testifical y pericial, esta última acordada cual se haya indicado por diligencia para mejor proveer, condujeron a la sentencia hoy impugnada que revocando en parte la de primera instancia, condenó a la demandada-reconviniente y hoy recurrente doña Francisca a satisfacer al actor don Ignacio, la cantidad de un millón seiscientas nueve mil quinientas trece pesetas (1.609.513 pesetas), teniendo a tales efectos en cuenta todas las circunstancias y eventos acontecidos en el desarrollo de las obras de construcción contratadas; consiguientemente, lo acontecido no es en realidad, como pretende la recurrente y se indica en el motivo, que la sentencia impugnada declare probado que las obras quedaron sin terminar, si no que entendiendo el constructor aquí actor y recurrido "que había ejercutado más obra que la pagada, requiere a la dueña de la obra para que le abonara la cantidad que le adeudaba» (Fundamento 3.° de la sentencia), siendo a partir de ahí cuando surgen los problemas que condujeron al proceso que aquí concluye.

No hay por tanto violación del artículo 1.124 del Código Civil, ni consiguientemente de la "esceptio non adimpleti contractus" como se pretende por la recurrente, ya que es cuestión que ninguna relación guarda con lo realmente acontecido, discutido y acreditado.

Cuarto.-La desestimación de sus motivaciones provoca la del recurso en su integridad con las consecuencias que para tales supuestos se determina en la regla 4.ª del artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Francisca, contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Albacete, en fecha 30 de septiembre de 1987 . Condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuniqúese este resolución a la expresada Audiencia con devolución a la misma de las actuaciones que en su día remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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