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Sentencia T.S. (Sala 1) de 13 de octubre de 1992


 RESUMEN:

Embargo ejecutivo por no pagar las deudas: El Tribunal establece que contra las sentencias dictadas en juicio ejecutivo no cabe recurso de casación, porque estas sentencias no producen la excepción de cosa juzgada, quedando a salvo su derecho a las partes para promover el ordinario sobre la misma cuestión. Se establece el pago de las costas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Procurador Sr. García García, en nombre y representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Arenas de San Pedro demanda de juicio ejecutivo, contra Luis Alberto y Enrique, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando se dicte sentencia de remate que ordene seguir adelante la ejecución despachada hasta hacer trance y remate de los bienes embargados y con su producto pago a su representada de las sumas reclamadas.

Segundo.-En fecha 1 de septiembre de 1986 se dictó Auto ordenando despachar ejecución contra los demandados, en el que se acordaba requerir de pago a los deudores, y en caso de impago el embargo de sus bienes en cuantía bastante para cubrir la reclamación, sirviendo de mandamiento al alguacil, y citarles de remate una vez verificado, lo que así se hizo y como no pagaron se les embargaron los bienes que figuran en la diligencia al efecto extendida.

Tercero.-Dentro del plazo, tras la citación de remate, la Procuradora Sra. De la Torre Huete se personó en nombre de los demandados, anunciando su oposición, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando que por estimación de la excepción del pago, ya efectuado de las letras, se desestime la demanda con imposición de costas al ejecutante por ser preceptivo, interesando también el recibimiento a prueba.

Cuarto.-Practicadas las pruebas con el resultado obrante en autos, quedándose los autos para instrucción en Secretaría, poniéndose de manifiesto a las partes para instrucción.

Quinto.-El Juez de Primera Instancia de Arenas de San Pedro dictó Sentencia en fecha 14 de julio de 1988, cuyo fallo es el siguiente: «Que estimando íntegramente la demanda de juicio ejecutivo interpuesta por el Procurador Sr. García García, en nombre y representación de la entidad actora Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila, contra Enrique y Luis Alberto, debo ordenar y ordeno que siga adelante la ejecución despachada contra los bienes embargados a los demandados- deudores, hasta hacer trance y remate sobre ellos y con su importe hacer cumplido pago a la entidad actora y acreedora de la suma de 3.611.908 ptas., que se desglosan en 2.760.000 ptas. de principal, 1.908 ptas. de gastos de protesto y 850.000 ptas. calculadas para intereses, gastos y costas. Se hace expresa imposición de costas procesales a los demandados.»

Sexto.-Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia, en fecha 22 de enero de 1990, cuya parte dispositiva a tenor literal, es la siguiente: «Que desestimando íntegramente el recurso de apelación mantenido en esta instancia por el Procurador don Enrique Ferrero Sánchez, en nombre y representación de Luis Alberto y Enrique, contra la Sentencia dictada por la Sra. Jueza de Arenas de San Pedro con fecha 14 de julio de 1988, recaída en los autos a que el presente rollo se contrajo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la expresada resolución; con expresa imposición a los apelantes de las costas de este recurso.»

Séptimo.-El Procurador don Enrique Ferrero Sánchez, en nombre y representación de Enrique y Luis Alberto, interpuso recurso de casación en apoyo en los siguientes motivos: 1.º Al amparo del núm. 4 del art. 1,692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en los autos y que demuestran la equivocación evidente del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. 2.º Al amparo del ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a infracción de las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia. Violación por no aplicación del art. 1.156, apartado último, del Código Civil, en relación con los arts. 1.203, apartado 3.º 1.210 y 1.212 del propio Código sustantivo, así como la doctrina legal contenida entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1928, 13 de abril de 1929, 27 de octubre de 1941, 26 de febrero de 1944, 8 de abril de 1944, 18 de junio de 1946, 8 de julio de 1974 y 20 de mayo de 1975 . 3.º Al amparo del ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico y de la doctrina legal concordante, aplicación indebida del art. 480 del Código Mercantil en relación con el art. 495 de dicho Código sustantivo .

Octavo.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista el día 24 de septiembre de 1992.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Francisco Morales Morales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-En juicio ejecutivo promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila contra Luis Alberto y Enrique, recayó sentencia de remate, mandando seguir adelante la ejecución, dictada (en grado de apelación) por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la de primera instancia. Contra la expresada sentencia de la Audiencia, los referidos demandados han interpuesto el presente recurso de casación.

Segundo.-La primera cuestión que, con carácter previo, ha de plantearse esta Sala ex officio, dado el carácter de normas de orden público que tienen las reguladoras del proceso, es la atinente a determinar si las sentencias dictadas en un juicio ejecutivo son o no susceptibles de recurso de casación. Como tiene declarado esta Sala (Sentencia de 16 de julio de 1987, por citar alguna), contra las expresadas sentencias no cabe recurso de casación, ya que las mismas no se hallan comprendidas en ninguno de los supuestos que enumera el art. 1.687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de que, conforme preceptúa el art. 1.479 de la citada Ley, las expresadas sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no producen la excepción de cosa juzgada, quedando a salvo su derecho a las partes para promover el ordinario sobre la misma cuestión. Por ello, en su momento este recurso no debió ser admitido, de conformidad con la regla 2.º del art. 1.710, en relación con el art. 1.697, ambos de la mencionada Ley Procesal Civil, causa de inadmisión que, en este trámite, y sin necesidad de más argumentación, se convierte en causa de desestimación del recurso, según tiene reiteradamente declarado esta Sala (Sentencias de 14 de octubre de 1989; 6 de febrero, 21 de marzo, 22 de mayo, 12 de noviembre y 7 de diciembre de 1990; 10 de mayo de 1991, 14 de marzo de 1992, entre otras muchas).

Tercero.-La desestimación del recurso ha de comportar la expresa imposición de las costas del mismo a los recurrentes y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal que corresponda ( núm. 4 del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación, interpuesto por el Procurador don Enrique Ferrero Sánchez, en nombre y representación de Enrique y de Luis Alberto, contra la Sentencia de fecha 22 de enero de 1990, dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio ejecutivo a que este recurso de refiere, con expresa imposición de las costas del mismo a los recurrentes y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal que corresponda.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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