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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 24 de junio de 1992


 RESUMEN:

Embargo sobre bienes inmuebles: Se establece que hubo error en las notificaciones practicadas a los testigos en el juicio ejecutivo, a la que se refiere la nulidad de las actuaciones alegadas. El testamento constituye un medio de prueba idóneo para acceder a los hechos. Se estima el recurso para que se realice la prueba testifical correspondiente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Ante el Juzgado de Primera instancia número 4 de Valencia, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a instancia de doña Flora, contra Caixa D'Estalvis Provincial de Valencia, don Hugo, don Adolfo, Banco de Vizcaya, S. A. y Sirera Bataller, S. L. estas dos últimas entidades declaradas en rebeldía.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho: «dicte sentencia por la que se declare la nulidad de todas aquellas actuaciones que se practicaron en el expresado juicio ejecutivo, con posterioridad a la fecha en que se solicitó por la entidad demandante la notificación, a la esposa del ejecutado don Hugo, del embargo sobre bienes inmuebles a éste practicado, por no haberse llegado a practicar tal notificación, y en su consecuencia que se repongan tales autos ejecutivos a la situación y estado que tenían en tal momento, con imposición de costas a los demandados que se opusieren, así como cuanto demás fuere pertinente y procediere en justicia, de conformidad con lo solicitado.» Admitida a trámite la demanda, la entidad demandada Caixa D'Estalvis Provincial de Valencia la contestó alegando como hechos y fundamentos de Derecho los que estimó de aplicación, y terminó suplicando al Juzgado: «dicte sentencia por la que, sin entrar a resolver el fondo del asunto, estime la excepción alegada de falta de litisconsorcio pasivo necesario absolviendo a mi parte de las peticiones de la actora y, en su defecto, absuelva asimismo a mi parte por las fundadas razones de fondo expuestas, todo ello con expresa imposición de costas a la demandante.» Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 10 de febrero de 1989, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Esperanza de la Fuente Grau, en nombre y representación de doña Flora, contra la entidad Caixa D'pstalvis Provincial de Valencia representada por la Procuradora doña Ana María Arias Nieto, y contra don Hugo, don Adolfo, la entidad Sirera Bataller, S. L., y Banco de Vizcaya, S. A., declaradas en rebeldía, debo absolver y absuelvo a los mencionados demandados de los pedimentos contenidos en la misma; todo ello con expresa imposición a la actora de las costas causadas en este procedimiento.»

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Octava), dictó sentencia con fecha 24 de octubre de 1989, cuyo fallo es como sigue: «Fallamos: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por doña Flora frente a la sentencia de 10 de febrero de 1989, del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia, confirmando dicha resolución en todas 557 sus partes e imponiendo a la apelante las costas de esta segunda instancia.»

Tercero.-El Procurador don José Manuel Villasante García, en nombre y representación de doña Flora, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos: 1.° «Quebrantamiento de normas esenciales del juicio, por infracción de las normas que rigen los actos procesales. En este primer motivo del recurso, se estiman infringidos los artículos 341, 643, 645, 654, 707 y 862.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan las normas que han de regir los actos procesales es la admisión y práctica de pruebas, tanto en la primera instancia como en la segunda, y tiene por base el número 3, del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .» 2.° «Error en la apreciación de la prueba. Se ampara este segundo motivo del recurso, en el número 4 del artículo 1-692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; por estimarse se produjo error en la apreciación de la prueba, basado en documentos obrantes en los autos, y con infracción de no aplicación de los artículos 260, 264, 268 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .» 3.° «Infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Por estimar infringidos, por su no aplicación o errónea interpretación, el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los artículos 6.° y 1.373 del Código Civil; los artículos 260, 264, 268 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 144 del Reglamento Hipotecario en relación con los artículos 91, 93, 94 y 95 de dicho Reglamento y los artículos 1.365, 1.368 y 1.371 del Código Civil; con base en el número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .» 4.º «Por infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española, con base en el número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto fija el derecho de todas las personas, a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Indefensión que sí se ha producido para esta parte, al no haberse practicado una prueba, propuesta por la misma en la tramitación de un proceso; cuya prueba le había sido admitida y su práctica acordada; y cuya infracción se produce así mismo, con la falta de notificación a esta parte, del proceso ejecutivo seguido contra su ex-esposo, y del embargó en él practicado, lo cual privó a esta parte del derecho a obtener una tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, al impedírsele que pudiera ejercitar los legítimos derechos que la Ley le reconoce, en concreto en el artículo 1.373 del Código Civil, produciéndosele por ello una evidente indefensión.»

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 12 de junio de 1992, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. señor don Teófilo Ortega Torres.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-En el primer motivo del recurso y al amparo del artículo 1.692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia la infracción de las normas generales reguladoras de la admisión y práctica de las pruebas y, en particular, entre otros, del artículo 862.2 de la Ley citada, por cuanto fue denegado, en segunda instancia, el recibimiento a prueba solicitado por la hoy recurrente, doña Flora, para que se practicara la testifical -declaración de doña María Rosa - que no había podido serlo en la primera por causa no imputable a dicha señora Flora . En el auto de la Audiencia Provincial de fecha 17 de julio de 1989, resolutorio del recurso de súplica interpuesto contra el dictado en 5 de junio anterior, en el que se denegó el recibimiento a prueba interesado, se reconoce que «la testifical no se practicó en primera instancia por causas ajenas a la voluntad de la apelante», pero, no obstante, se añade que «el recibimiento a prueba es facultad del Tribunal, que juzgará su procedencia conforme a las circunstancias que concurran», sin concretar cuales puedan ser las que justifican el sentido denegatorio de la resolución, y lo cierto es que la declaración de la testigo doña María Rosa, de que se trata, era pertinente, pues en la propia sentencia ahora impugnada se admite que se produjo un error en las notificaciones practicadas a la señora Flora en el juicio ejecutivo a que se refiere la nulidad de actuaciones pretendida en el que ha dado origen al presente recurso de casación, error consistente en que figura en las mismas, como lugar en que se efectuaron, el número 47.7 de la calle Escultor Piquer de la ciudad de Valencia, en vez del número 41.7 que constaba en la demanda como domicilio del demandado señor Hugo, entonces esposo de la señora Flora, y como las diligencias de notificación a ésta se entendieron con doña María Rosa, quien, además, figura como «empleada», relación que se niega por la recurrente, ha de concluirse que el testimonio de dicha señora constituye un medio de prueba idóneo para acreditar algunos de los hechos básicos de la pretensión anulatoria ejercitada en la demanda, sin perjuicio, naturalmente, de la valoración que, en definitiva, merezca al Tribunal; por tanto -y con sólo recordar la doctrina jurisprudencial que determina la necesidad de que todo medio de prueba, propuesto en forma y admitido, deba ser practicado, debiéndose arbitrar los medios que la Ley otorga para que esta lógica finalidad se cumpla, evitando cualquier clase de posible indefensión para la parte que ha puesto en marcha la actividad que le incumbía conforme a las reglas de la carga de la prueba (sentencia de 20 de junio de 1991, con cita en otras anteriores)- procede acoger el motivo examinado y, conforme a lo establecido en el artículo 1.715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mandar que se repongan las actuaciones al momento en que se denegó el recibimiento del pleito a prueba en segunda instancia, para que se otorgue el mismo y se practique la prueba testifical de que se trata, continuándose el procedimiento por sus trámites legales.

Segundo.-La procedente estimación del recurso comporta que cada parte habrá de satisfacer sus costas, con devolución a la recurrente del depósito que constituyó, todo ello según lo dispuesto en el artículo 1.715.4 de la Ley Procesal Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que estimando el recurso interpuesto por doña Flora contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia con fecha 24 de octubre de 1989, procede casar la misma debiendo reponerse las actuaciones al estado y momento en que se denegó el recibimiento a prueba en segunda instancia, para que se practique la prueba testifical ya referida, propuesta por la entonces apelante, y se continúe el procedimiento por sus trámites; sin especial pronunciamiento sobre las costas causadas en este recurso y con devolución a la señora Flora del depósito constituido. Líbrese al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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