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Sentencia T.S.J. Canarias 176/2010, de 22 de febrero


 RESUMEN:

Derecho de libertad sindical: No vulnera este derecho fundamental de un sindicato el preaviso electoral efectuado por otro sindicato distinto. La concurrencia o no de la representatividad exigida es un tema de legalidad ordinaria que ha de discutirse en proceso ordinario.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández Presidente, D./Dña. M.ª Jesús García Hernández y D./Dña. Ignacio Duce Sánchez De Moya (Ponente) Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por SINDICATO COMISIONES OBRERAS contra la sentencia de fecha 7 de enero de 2009 dictad en los autos de juicio n.º 0001152/2008 en proceso sobre TUTELA DCHOS. FUND., y entablado por SINDICATO COMISIONES OBRERAS, contra Sindicato Canario de Farmacia y Comunidad de Bienes DIRECCION000.

El Ponente, el Iltmo. Sr. D. Ignacio Duce Sánchez De Moya, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente

Primero.-Con fecha 5 de agosto de 2008 el Sindicato Canario de Farmacia presentó en la oficina pública de elecciones sindicales dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias un preaviso para la celebración de elecciones sindicales para Delegado de Personal en la empresa Comunidad de Bienes DIRECCION000.

Segundo.-El 11 de septiembre de 2008 se procede a constituir la mesa electoral, promoviendo la resolución de celebrar elecciones el Sindicato Canario de Farmacia.

Tercero.-La fecha del acta de escrutinio es de 15 de septiembre de 2008.

Cuarto.-El 15 de septiembre de 2008 resultó elegido, siendo 14 el número total de electores, el Sr. Miguel Ángel, del Sindicato Canario de Farmacia.

Quinto.-El Sindicato Canario de Farmacia cuenta en el periodo 10 de diciembre 2004 a 10 de diciembre 2008 con cinco delegados en el ámbito provincial de Las Palmas. El sindicato UGT tiene un delegado y el sindicato CCOO cuenta con otro delegado. El total asciende a 7 delegados.

Sexto.-Se da por reproducido el acta del primer Congreso constituyente del Sindicato de Farmacias Canario que obra como documento n.º 3 de la parte demandada.

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que desestimo las excepciones opuestas y desestimo la demanda interpuesta por el Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) contra la empresa Comunidad de Bienes DIRECCION000 y el Sindicato Canario de Farmacia (SIFACA) y en su virtud les absuelvo de los pedimentos deducidos en su contra.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por el Sindicato de Comisiones Obreras, que no fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Único.-Frente a la sentencia que desestimó la demanda se alza el sindicato demandante en suplicación alegando un único motivo de censura jurídica al amparo del artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral por infracción del artículo 6,2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical en relación con el artículo 67,1 del Estatuto de los Trabajadores.

Sostiene que si bien el Sindicato de Farmacia posee el 10 % de representantes en el Sector de Farmacia de ámbito provincial, no se acreditó por su parte que en todos los sectores de dicho ámbito en su conjunto, disponga de la representación exigida; por lo que pretende la declaración de nulidad del preaviso de elecciones de delegado de personal presentado por tal Sindicato el día 5-08-2008, en relación con la empresa codemandada.

El proceso de tutela de derechos fundamentales se limita al examen de la vulneración alegada, y de no existir ha de desestimarse la demanda, dado el limitado objeto de aquel proceso.

En tal sentido el Tribunal Supremo ha establecido lo siguiente en sentencia de 30-05-2002:

"...Como esta Sala ha declarado reiteradamente, en sus sentencias 18 de noviembre de 1.991; 18 de mayo de 1.992; 24 de enero de 1.996; 26 de junio de 1.998; 20 de junio de 2.000; 10 de junio de 2.001 y 6 de octubre de 2.001, entre otras, sobre delimitación del ámbito objetivo propio y exclusivo de la modalidad procesal de tutela de los derechos de libertad sindical o de cualquier otro fundamental que se aparece regulada en los arts. 175 a 181 L.P.L., y las consecuencias que de ello se derivan, si bien la vía preferente y sumaría de este proceso especial de tutela es optativa para sindicatos y trabajadores que también pueden impugnar la conducta que entienden lesiva de su derecho fundamental por el cauce del proceso ordinario o de las otras modalidades procesales que enumera el art. 180 L.P.L., cuando se elige una u otra debían atenerse a la modalidad elegida; con independencia de que por imperativo del 176 L.P.L., y como concurrencia del carácter de cognición limitada de esta modalidad procesal, su ámbito quede limitado al conocimiento de la tutela del derecho fundamental de forma correcta debiendo, por tanto rechazarse la demanda, cuando se aprecie que la pretensión ejercitada queda de forma manifiesta fuera del ámbito de la modalidad procesal, bien porque en la demanda no se denuncia infracción alguna de un derecho fundamental, como exige el art. 177-3, o se planteé un problema de legalidad ordinaria, sin lesión directa del derecho fundamental, o existe fraude le ley al acudir a este proceso especial, fuera de estos casos no cabe, rechazar la demanda, cuando formalmente se ejercita una acción de tutela de un derecho fundamental debiendo estarse a resolver la lesión denunciada...".

El Tribunal Constitucional ha determinado en sentencias 39/1986, 104/1987 y 132/2000 que dentro de la capacidad que tienen los sindicatos para representar a los trabajadores se encuentra como contenido adicional de la libertad sindical el derecho a promover elecciones. Pero el Sindicato convocante del proceso electoral en litigio no ha impedido el derecho de CC.OO. a promover elecciones. No existe en este caso vulneración del derecho de libertad sindical de la Organización actora, sino una cuestión de legalidad ordinaria basada en la mayor o menor representatividad del Sindicato convocante.

Consecuentemente el proceso utilizado resulta inadecuado a los fines pretendidos pues la convocatoria del proceso electoral realizada no constituye una conducta antisindical sino el ejercicio de un derecho por un Sindicato que de no hallarse facultado para ello, dará lugar a la oportuna demanda en vía ordinaria. Por tanto, la sentencia impugnada no podía entrar a dilucidar sobre dicha cuestión, dado el estrecho cauce en que se dilucidaba, restringido a la tutela del derecho de libertad sindical no vulnerado.

Por tanto ha de ser revocada dicha sentencia, con desestimación de la demanda por no concurrir lesión de los derechos fundamentales del Sindicato impugnante, sin perjuicio de su derecho a promover el oportuno proceso ordinario en defensa de sus intereses.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que revocando la sentencia dictada el día 07.01.2009, por el Juzgado de lo Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria, debemos desestimar como desestimamos la demanda interpuesta por el SINDICATO COMISIONES OBRERAS, contra el Sindicato Canario de Farmacia, Florencio y el Ministerio Fiscal al no apreciarse la alegada vulneración de su derecho de libertad sindical.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número: 3537/000066 1276/09 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito de BANESTO c/c 2410000066 1276/09, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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