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Sentencia T.S. (Sala 1) de 21 de julio de 1992


 RESUMEN:

Pago del principal adeudado: Se establece la mala fe y abuso de derecho por parte del recurrido que quiso aprovecharse de la confusión que nace del principio del rigor de las leyes procesales, que no permite modificar las resoluciones firmes en salvaguardia del principio de seguridad jurídica. Se admite el recurso por vulneración de la tutela judicial efectiva, ya que se obligaba al recurrente al pago de una deuda ya satisfecha.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Que el Procurador señor Marrero Alemán en representación de don Domingo, presentó escrito formulando recurso de reposición contra la providencia de 23 de febrero de 1988, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas, la que solicitaba se declarase no haber lugar a proseguir la ejecución del procedimiento dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado número 1 de Las Palmas, instado por don Juan Carlos contra don Domingo y por acreditado el pago del principal adeudado, tramitado el recurso el Juez de Primera Instancia dictó auto de fecha 16 de marzo de 1988 por el que declaraba no haber lugar a la reposición solicitada por la parte demandada, manteniendo en consecuencia la resolución recurrida, sin imposición de Costas.

Segundo.-Contra la expresada resolución se interpuso por el demandado recurso de apelación, dictándose por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, auto de fecha 12 de febrero de 1990, con la siguiente parte dispositiva: «La Sala Acuerda: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Domingo, contra auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de 16 de marzo de 1988 y por el que se denegaba la reposición de la providencia de igual Juzgado de 23 de febrero de 1988 y confirmamos ambas resoluciones».

Tercero.-La Procuradora doña María Abad Tundidor, en representación de don Domingo, interpuso recurso de casación contra auto dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia Territorial de Las Palmas, con apoyo en los siguientes motivos. Primero. Al amparo del artículo 1.692-4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil: error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Segundo. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, al amparo del ordinal 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción del artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución . Tercero. Infracción por inaplicación del artículo 7? del Código Civil, en relación con el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24 de la Constitución .

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de vista pública el día 14 de julio de 1992.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Gullón Ballesteros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 15 de febrero de 1986, confirmada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de la misma ciudad el 3 de noviembre de 1986 que quedó firme, el demandado don Domingo fue condenado a pagar al actor don Juan Carlos la cantidad de 4.370.315, instando éste, mediante escrito de 2 de septiembre de 1987 la ejecución de la misma en el Juzgado sentenciador, en el que se interesaba el embargo de bienes del ejecutado hasta aquel importe, más 500.000 pesetas para costas y gastos, sin perjuicio de liquidación posterior. El Juzgado ejecutante así lo acordó. Ante el mismo, el 9 de febrero de 1988 compareció don Domingo, para consignar la suma de 1.987.607 pesetas, cantidad que adeudaba al actor, una vez que éste había cobrado ya del Banco Hipotecario, por razón del préstamo hipotecario asignado a su vivienda, la cantidad de 2.382.708 pesetas, según justificaba por escrito de la antedicha entidad. Dado traslado a don Juan Carlos, éste interesó siguiera adelante la ejecución, ya que el fallo de la sentencia condenaba al pago de 4.370.315 pesetas, y tal cantidad no había sido consignada, sino otra inferior cuya entrega solicitaba. El Juzgado, por providencia de 23 de febrero de 1988, así lo acordó, recurriendo contra la misma en reposición el ejecutado, cuya reposición fue denegada por auto de 16 de marzo de 1988. Dicho auto fue apelado por don Domingo, y fue confirmado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por auto de 12 de febrero de 1990 .

Segundo.-Contra este último auto, don Domingo interpuso y formalizó recurso de casación fundamentado en el artículo 1.687-2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto, dice, que la Audiencia resuelve sobre un punto sustancial no controvertido en el pleito, cual es «el haberse pagado el (sic) actor, en efectivo, la totalidad de la cantidad a que la sentencia condena al demandado». A continuación señala tres motivos de recurso: 1.º Al amparo del artículo 1.692.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deduciendo de los documentos obrantes en autos el error de la Sala por cuanto no reconoce que el recurrido ya tiene recibida el importe de lo debido.

2.º Al amparo del artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 24 de la Constitución, ya que la Audiencia no se pronuncia sobre el hecho de si el recurrente ha pagado o no, y por lo tanto, si debía o no seguir la ejecución adelante.

3.º«Por inaplicación del artículo 7? del Código Civil, en relación con el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24 de la Constitución ». Este motivo no lo ampara el recurrente en ningún ordinal del artículo 1.692, aunque es claro que le compete el 5.º, y trata de evidenciar la mala fe y abuso del derecho del recurrido, que quiere, se afirma textualmente, «aprovecharse de una confusión que surge del propio rigor de las leyes procesales, que no autorizan a modificar las resoluciones firmes en salvaguarda del principio de seguridad jurídica», y de no haber obtenido una tutela efectiva de sus derechos impetrada del Juzgado ejecutante, que la denegó con su auto.

Tercero.-Los motivos primero y segundo del recurso han de ser desestimados necesariamente, puesto que en el mismo sólo cabría como tales los que se especifican en el artículo 1.687.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, comparando el fallo que se ejecuta con el auto dictado en su ejecución. Ciertamente que a dicho precepto se refiere el recurrente, pero en los «antecedentes» del recurso, a modo de fundamentación de los específicos motivos de casación que, equivocadamente, a continuación enuncia y desarrolla.

El motivo tercero, en cambio, es aceptable en su formulación al señalar como infringido el artículo 24 de la Constitución ; también en los recursos contra autos dictados en ejecución de sentencias es suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional por imperativo del apartado 4 del artículo 5? de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debe ser acogido, ya que el recurrente no tiene una tutela efectiva de sus derechos si ha de pagar de nuevo lo que ya ha percibido el recurrido, quedándose además como deudor de la suma al Banco Hipotecario que pagó a este último. Cierto que puede iniciar después un proceso contra el recurrido por enriquecimiento indebido, pero ello evidentemente no le eximiría de las consecuencias acabadas de exponer ni de la posibilidad de sufrir el riesgo de insolvencia de su demandado y de esperar la consumación de todas las instancias judiciales para reintegrarse. Por eso no ha obtenido una tutela efectiva de sus derechos, pues si al Juzgado ejecutante aportó pruebas de que de la cantidad debida había cobrado el ejecutante una parte del Banco Hipotecario (hecho no negado por dicho ejecutante al Juzgado) y la otra la consignaba, solicitando que no se llevase adelante la ejecución por haberse pagado ya la obligación, el auto no debió acceder a la petición del ejecutante de que se le entregase aquella suma y prosiguiese la ejecución, pues exponía injustificadamente al ejecutado a pagar de nuevo a aquél y quedarse además deudor del Banco Hipotecario (que era el tercero legitimado para pagar parte de la deuda según lo acordado por las partes) y vulneraba el apartado 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto la pretensión del recurrido constituía un manifiesto abuso de derecho que estaba obligado por dicho precepto a rechazar. No haciéndolo así, por lo que respecta al principal debido por el condenado y recurrente, infringió el derecho fundamental del mismo a la tutela «efectiva» de su derecho a no ser ejecutado por el principal de la deuda, una vez satisfecha. No puede merecer el calificativo de «efectiva» el someter al ejecutado al albur de un ulterior procedimiento declarativo, cuando en el trámite de ejecución de la sentencia que le condenó pudo y debió obtener una tutela actual, eficaz, rápida y legal.

Cuarto.-La acogida del motivo tercero obliga a casar y anular el auto recurrido, y a revocar parcialmente al auto del Juzgado ejecutante del que se apeló en su momento, en el sentido de limitarlo exclusivamente a la suma de quinientas mil pesetas (500.000 pesetas), que es la que se presupuestó por el ejecutante con la aceptación de aquel Juzgado para intereses y costas, pues no consta en autos que se haya satisfecho con el principal. Sin condena en costas a ninguna de las partes en este recurso ni en ninguna de las instancias anteriores (artículo 1.715.4? de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don José María Abad Tundidor, en representación de don Domingo, contra el auto dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de fecha 12 de febrero de 1990, el cual casamos y anulamos, y revocando en parte el auto de fecha 16 de marzo de 1988, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas, debemos declarar y declaramos que la ejecución de la sentencia al que el mismo se refiere debe proseguir por la suma de quinientas mil pesetas (500.000), cantidad aceptada por el Juzgado para costas de la ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación, pero no por el principal de cuatro millones trescientas setenta mil trescientas quince pesetas (4.370.315), ya satisfecho. Sin condena en costas en este recurso ni en sus instancias anteriores a ninguna de las partes, con devolución del depósito constituido.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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