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Sentencia T.S. (Sala 1) de 23 de octubre de 1992


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad en concepto de deudas: No hay aplicación indebida de ley ya que los acusados si podían ejercitar de manera directa la acción de reclamación. Por lo tanto se determina la inadmisión del recurso de Casación.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Procurador don Jaime García Navarro, en representación de Benito, Nuria y Luis Carlos, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de Murcia demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra seguros "La Equitativa", sobre reclamación de cantidad, estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando sentencia condenando a la parte demandada a que se declare que la misma adeuda a sus representados, a Nuria y Luis Carlos, la cantidad de 17.100 ptas. por daños materiales y 3.250.000 ptas. por la muerte de Elvira, al Letrado don Benito, 238.684 ptas. y a Casimiro, 31.700 ptas., condenándole al pago de dichas cantidades más los intereses desde la interpelación judicial y costas del procedimiento. Admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, para que en el término legal compareciese en autos asistida de Abogado y Procurador y contestara aquélla, lo cual verificó, en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación a la demanda, arreglado a las prescripciones legales, suplicaba que previos los trámites legales se dictara sentencia desestimando la demanda y absolviendo de la misma a su representada, con imposición de costas a la actora. Se convocó a las partes a la celebración de la comparecencia, asistiendo los Abogados y Procuradores de los litigantes, y exponiendo los hechos, fundamentos y prueba de sus pretensiones, suplicaron se dictara sentencia de acuerdo con sus respectivas posturas contenidas en la demanda y en la contestación. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las parles por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en sus respectivos escritos, en los que solicitaron se dictara sentencia, de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos. El limo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia del núm. 4 de los de Murcia dictó Sentencia con fecha 24 de febrero de 1989 . cuyo fallo es como sigue: Que estimando la demanda interpuesta por el procurador don Jaime García Navarro, en nombre y representación de Nuria, Luis Carlos y Benito, contra la compañía de seguros «La Equitativa», en la persona de su legal representante, debo declarar y declaro que ésta adeuda a aquéllos las siguientes cantidades: A Nuria y a Luis Carlos, 17.100 ptas. por los daños materiales y 3.250.000 ptas. por la muerte de Elvira, al Letrado don Benito, 238.684 ptas., y a Jaime García Navarro, 31.700 ptas., sus intereses legales desde la interpelación judicial y las costas procesales.

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la representación de la demandada, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, dictó Sentencia con fecha 25 de abril de 1990, cuyo fallo es como sigue: Que desestimando el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. Marcilla Oñate, en nombre y representación de la compañía de seguros «La Equitativa», contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Murcia en el juicio de menor cuantía núm. 44/1988, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, con imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada.

Tercero.-El Procurador don Pedro Antonio Pardillo Larcna, en representación de «La Equitativa, Sociedad Anónima de Seguros Riesgos Diversos», ha interpuesto recurso de casación contra sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia con apoyo en los siguientes motivos: 1.º Se formula al amparo del art. 1.692, núm. 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto la sentencia recurrida infringe los arts. 1.251 y 1.252 del Código Civil al considerar que no existe en el caso de autos la excepción de «cosa juzgada». 2.º Se formula al amparo del art. 1.692. núm. 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto la sentencia recurrida infringe por su aplicación indebida los arts. 1.092 del Código Civil y arts. 110, 111 y 112 del Código Penal . 3.º Se formula al amparo del art. 1.692, núm. 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto la sentencia recurrida infringe por aplicación indebida el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro . 4.º Se formula al amparo del art. 1.692, núm. 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto la sentencia infringe por su no ampliación los arts. 1.544 del Código Civil y el art. 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto establecen que la acción para reclamar los honorarios profesionales de Abogados y Procuradores se ejercita frente a las personas físicas o jurídicas a los que defiende o representa en definitiva a quienes prestan sus servicios.

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de vista el día 13 de octubre de 1992.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José Luis Albácar López.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Promovida por Benito, Nuria y Luis Carlos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Murcia demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra la compañía de seguros «La Equitativa», sobre reclamación de cantidad, con fecha 25 de abril de 1990 recayó Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en la que, confirmando la dictada por el referido Juzgado el 24 de febrero de 1989, se estimaba la demanda, sentencia contra la que se interpuso el presente recurso de casación por infracción de ley y en la que se sientan, entre otros, las siguientes conclusiones: Que no existe identidad en los conceptos y calidades en los que las partes comparecieron en el anterior juicio penal y en el presente civil, puesto que en la vía penal la acción ejercitada nace al amparo de la cobertura y ámbito del seguro obligatorio y la compañía aseguradora, no personada en tales actuaciones, responde únicamente dentro de esa esfera aseguratoria, de conformidad con las cuantías legalmente establecidas, mientras que en el proceso civil la obligación y responsabilidad de la compañía nace exclusivamente del contrato privado concertado entre ésta y el asegurado y su ámbito de incidencia ya no resulta constreñido a los límites referidos, sino que excede de ellos y adquiere el carácter de ilimitado, a tenor de los propios términos y condiciones contractuales pactados entre las partes.

Segundo.-Fundado el presente recurso en cuatro motivos, el primero de ellos se ampara en el ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia infracción de los arts. 1.251 y 1.252 del Código Civil, alegando que la resolución recurrida incurre en tal violación al no apreciar en el caso de autos la excepción de cosa juzgada, motivo éste que deberá ser rechazado, no sólo porque la existencia de las identidades de personas, objeto y causa de pedir, son cuestiones de hecho a valorar por la Sala sentenciadora, cuyo criterio debe ser impugnado atacando los hechos probados -lo que no se hace aquí-, sino también y sobre todo porque, aun cuando se admitiese la identidad de personas y hechos, resulta indudable que, como acertadamente razona la resolución recurrida, no coincide la causa de pedir, que en la vía penal fue la obligación que a la aseguradora le imponía el seguro obligatorio, mientras que ésta se basa en la existencia de un seguro voluntario que no fue esgrimido en aquélla, por lo que, al variar la causa de pedir no cabe apreciar la existencia de cosa juzgada, debiendo, en su consecuencia, perecer este primer motivo.

Tercero.-Lo mismo habrá de suceder con el motivo segundo, en el que, por la vía del núm. 5 del art. 1.692, se acusa la aplicación indebida de los arts. 1.092 del Código Civil y 110, 111 y 112 del Código Penal, alegándose que tal violación se produce por permitir la resolución recurrida el ejercicio de las acciones civiles ex delictu, una vez que hubieron sido las mismas ejercitadas en el proceso penal, tesis ésta improsperable en cuanto que, como se anticipó ya en el anterior fundamento de Derecho, la acción ejercitada frente a los demandados en el anterior litigio fue la basada en el seguro obligatorio, que no obligaba a la entidad aseguradora hoy recurrente sino hasta una determinada cantidad, en tanto que la hoy desplegada lo hace en toda su extensión y sin más limitaciones que las previstas en la póliza de seguro voluntario, lo que, no solamente entraña un cambio en la causa de pedir de ambas acciones -con lo que impide el acogimiento de la excepción de cosa juzgada, rechazado en el fundamento anterior-, sino también produce el efecto parejo de no cerrar la vía al ejercicio en el pleito civil de esa segunda acción, por lo que debe perecer este segundo motivo.

Cuarto.-El motivo tercero, amparado como los restantes en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la aplicación indebida del art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro, por cuanto entiende que los actores no se hallaban facultados para interponer su acción de manera di- recta contra la entidad aseguradora, tesis escasamente comprensible si tenemos en cuenta que, tanto antes de la vigencia de dicho precepto, y en gracia a una reiterada doctrina jurisprudencial, como con posterioridad a la inclusión de dicha doctrina en el aludido precepto, era posible a los perjudicados ejercitar su acción de manera directa contra la compañía aseguradora, sin que, repetimos una vez más, supusiese obstáculo a ello el anterior ejercicio de una acción de reclamación de los daños cubiertos por el seguro obligatorio.

Quinto.-Finalmente, el motivo cuarto sostiene que la resolución que se recurre infringe, por inaplicación, los arts. 1544 del Código Civil y 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto establecen que las acciones para reclamar honorarios profesionales los Abogados y Procuradores deben ejercitarse frente a las personas físicas o jurídicas a quienes prestan sus servicios, lo que, según los recurrentes, debe impedir que prosperen las ejercitadas contra la parte adversa en un procedimiento que, además, y como sucede en el caso de autos, no es el mismo que aquel en que se reclaman, tesis ésta no aceptable, pues, como tiene declarado esta Sala en Sentencia de 7 de marzo de 1988, constituyendo un contrato de arrendamiento de servicios la relación de Derecho que vincula a los Abogados y Procuradores con sus clientes, cuando éstos, sean personas físicas o jurídicas, encomiendan a aquéllos su defensa ante los Tribunales de Justicia, resulta obvio que, en principio, y cuando nada se ordene en contra por la ley o por resolución judicial recaída en el procedimiento de que se trate, corresponderá a la persona que contrató la prestación de servicios el pago de los honorarios profesionales, si bien, no obstante, y cuando una resolución judicial impone a una de las partes el abono de las costas causadas por la otra, medida ésta que encuentra su razón de ser, no sólo en la convivencia de sancionar a la parte que, al ejercitar la acción o al defenderse en el correspondiente procedimiento transgredió las normas de la buena fe, sino también en una más cada tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos por los Tribunales de Justicia, es lógico concluir que es la parte condenada en costas la obligada al abono de las incluidas en la tasación efectuada por el Secretario judicial, en la que, lógicamente se incluirán los honorarios devengados por los profesionales que defendieron a la parte contraria, supuesto éste absolutamente coincidente con el contemplado en el presente recurso y que obliga a la expresa desestimación de este cuarto motivo.

Sexto.-El rechazo de la totalidad de los motivos comporta el del recurso en ellos fundado, con expresa condena al recurrente de las costas causadas en el mismo y pérdida del depósito.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la «La Equitativa Sociedad Anónima de Seguros Riesgos Diversos», contra la Sentencia que, con fecha 25 de abril de 1990, dictó la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas y pérdida del depósito constituido.

Y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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