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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 16 de octubre de 1992


 RESUMEN:

Desalojo y entrega de la vivienda a través de un apercibimiento judicial: Se alega indefensión y error en la valoración de la prueba, pero tras el análisis del Tribunal se determina que la prueba fue ampliamente valorada y la documental se acredita de modo favorable. Por lo que el recurso es desestimado ya que no se admite ningún motivo de casación.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Procurador de los Tribunales Sr. Aparicio Alvarez, en nombre y representación de la entidad "Jerconsa, S. A.», formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Burgos demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra Fidel, sobre acción reivindicatoria, estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, para terminar suplicando sentencia por la que se condenase al demandado al desalojo y entrega de la vivienda a su propietaria "Jerconsa».

Segundo.-Admitida la demanda y emplazado el demandado, compareció en los autos en su representación el Procurador Sr. Prieto Sáez, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando sentencia por la que desestime la demanda interpuesta, con costas a la parte demandante.

Tercero.-Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las parte fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

Cuarto.-Unidas a los autos las pruebas practicadas, se manifestaron los mismos a las partes, por su orden, para resumen de prueba, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos.

Quinto.-El Sr. Juez de Primera Instancia de Burgos dictó Sentencia con fecha 3 de julio de 1988, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Aparicio Alvarez, en representación de la entidad "Jerconsa, S. A.", contra Fidel y contra su esposa, representados por el Procurador Sr. Prieto Sáez, sobre acción reivindicatoria, debo declarar y declaro haber lugar a la misma y asimismo declaro que la vivienda unifamiliar señalada con el núm. 16 en la urbanización "Los Tomillares", en término de Castrillo del Val, descrita en el hecho primero de la demanda y que es la finca 1.465, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Burgos, al tomo 3.588, libro 14 de Castrillo del Val, folio 86, es propiedad de "Jerconsa, S. A.», condenando a los demandados a que se la entreguen y le pongan en posesión de la misma de forma inmediata, ordenando a los demandados que desalojen la citada vivienda unifamiliar con apercibimiento de efectuarlo judicialmente a su costa de no hacerlo voluntariamente y con expresa condena en costas a los demandados.»

Sexto.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la representación de la parte demandada y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos dictó Sentencia con fecha 6 de marzo de 1990, con la siguiente parte dispositiva: "Estimar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Burgos, de fecha 30 de julio de 1988, que se revoca, dictándose otra en su lugar por la que, debemos desestimar y desestimamos la demanda deducida por el Procurador don Carlos Aparicio Alvarez, quien actúa en nombre y representación de "Jerconsa, S. A.", contra Fidel y su esposa, quienes estuvieron representados por el Procurador don Francisco Javier Prieto Sáez, demandados que son plenamente absueltos de las pretensiones frente a ellos deducidas; se hace imposición a la parte demandante de las costas de la primera instancia, no habiendo lugar a especial imposición respecto de las causadas en esta segunda instancia.»

Séptimo.-El Procurador de los Tribunales don Federico José Olivares de Santiago, en representación de "Jerconsa, S. A.», ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, con apoyo en los siguientes motivos: 1.° Se articula el presente motivo de casación al amparo del núm. 3.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender, dicho sea en término de defensa y con los debidos respetos, que la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, al tener en cuenta en su Sentencia de 6 de marzo de 1990 y reproducir casi textualmente en su fundamento de Derecho segundo, dedicado a los hechos que considera probados, párrafos enteros del contenido de la declaración del Notario don José María Martín Alvarez incorporada a la certificación que se adjuntó al escrito de la parte apelante de 26 de febrero de 1990, por el que solicitaba la suspensión de la vista del recurso, señalada para dos días más tarde y presentado, por tanto, cuando ya se había producido la citación para sentencia, infringe las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, habiéndose producido con ello, manifiesta indefensión a la parte apelada. 2.º Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender, dicho sea en términos de defensa y con los debidos respetos, que la Sala la de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, al dictar su Sentencia de 6 de marzo de 1990, ha incurrido en error en la apreciación de la prueba, según se desprende del documento obrante a los folios 9 a 22 de los autos de primera instancia, que no sólo no ha resultado contradicho por otros elementos de prueba, sino que ha de entenderse aceptado tácitamente por la otra parte, por no haber sido impugnado. 3.° Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender, dicho sea en términos de defensa y con los debidos respetos, que la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, al dictar su Sentencia de 6 de marzo de 1990, de la que el presente recurso trae causa, ha incurrido en error en la apreciación de la prueba, según se desprende de los documentos obrantes en autos, que más adelante se designarán, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios que la Sala pudiera tomar en consideración legalmente. 4.° Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que se ha producido infracción de las normas del Ordenamiento jurídico aplicables al caso, concretamente el párrafo 1.º del art. 1.281 del Código Civil . 5.º Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que se ha infringido lo establecido en el art. 1.262 en relación con el 1.261 y el 1.445 del Código Civil y la jurisprudencia que interpresta tal precepto legal.

Octavo.-Por Auto de esta Sala de fecha 9 de julio de 1990, se acuerda la inadmisión del motivo tercero de este recurso, admitiéndose los restantes motivos.

Noveno.-Admitido el recurso e instruidas las partes, los autos se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Matías Malpica González Elipe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La primera motivación de este recurso se inserta en el núm. 3 del art. 1.692 de la Ley rituaria civil al entender la entidad recurrente "Jerconsa, S. A.», que la Sala de apelación "infringe las normas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, habiendo producido con ello, manifiesta indefensión a la parte apelada», imputación que centra en el hecho de que, según relata, en la sentencia impugnada y para construir su fallo se describe "casi textualmente en su fundamento de Derecho segundo, dedicado a los hechos que considera probados, párrafos enteros del contenido de la declaración del Notario don José María Martín Alvarez que se adjuntó al escrito de la parte apelante de 26 de febrero de 1990, por el que se solicitaba la suspensión de la vista del recurso, señalada para dos días más tarde y presentado, por tanto, cuando ya se había producido la citación para sentencia».

El motivo no puede prevalecer por las siguientes consideraciones: a) Presentado efectivamente por la parte entonces apelante y hoy recurrida el escrito a que se refiere el motivo, la Sala a quo por providencia de fecha 27 de febrero de 1990 acordó no haber lugar a la suspensión de la vista que se había interesado y que se diere traslado del mismo a la otra parte ("Jerconsa, S. A.»), providencia que fue notificada a ésta seguidamente; b) Celebrada la vista el día 28 de febrero de ese año, en ella no consta que la ahora recurrente hiciere mención alguna al documento que contenía la declaración del Sr. Notario que indica; c) En la Sentencia impugnada, se inicia su fundamento primero diciendo que "para la debida consideración del presente caso se ha de partir de los hechos siguientes, que merced a la amplia prueba oportunamente practicada, y aportación documental efectuada en esta segunda instancia, se estiman como probados», afirmación ésta que tal como aparece descrita lleva implícito que la sociedad ahora recurrente no hizo mención alguna a la aportación de la declaración testifical que constituye la razón de ser de esta motivación; d) Constituye un principio jurisprudencial directamente derivado de la redacción del actual art. 1.693 de la Ley de ritos civiles, el de que la infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que producen indefensión, para que puedan surtir sus efectos se hace preciso que se haya interesado la subsanación del defecto en el momento procesal oportuno, lo que aquí no ha tenido lugar, según tiene manifestado esta Sala de modo reiterado con criterio que también abona el Tribunal Constitucional.

Segundo.-En cuanto al segundo motivo, inspirado en el núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, atribuye a la sentencia impugnada "error en la apreciación de la prueba según se desprende del documento obrante a los folios 9 a 23 de los autos de primera instancia», que en opinión de la recurrente no ha sido contradicho por otros elementos probatorios y ha sido aceptado tácitamente por la otra parte.

Tampoco esta motivación es de recibo casacional, dado que frente a lo en ella expuesto es lo cierto que la Sala de apelación ha tenido en cuenta dicho documento juntamente con el resto de las pruebas, cual acredita el párrafo del primer considerando de dicha sentencia que se ha dejado transcrito en el precedente fundamento.

Tercero.-Inadmitido en su momento procesal el motivo tercero, se procede al examen del cuarto, fundado en el núm. 5 del citado art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 1.281.1.° del Código Civil, encabezamiento que no es rigurosamente cierto toda vez que a lo largo de su demasiada extendida exposición se involucran otros preceptos no solamente de dicho cuerpo legal sino también de la Ley Hipotecaria.

La motivación sucumbe por muy diversas consideraciones. Así y en lo que se refiere a la infracción del art. 1.281.1.° del Código Civil, porque al alegarla se prescinde por la entidad recurrente de una circunstancia fundamental, la de que la interpretación de los actos y contratos otorgados por las partes y discutidos en los procesos es tarea que corresponde fundamentalmente a los Tribunales, exigiéndose para su reprobación o reproche que la que por ellos realizada merezca la consideración de inadecuada, errónea o ilógica, lo que aquí no sucede, en cuanto se trata de una exégesis racional, como acreditan los presupuestos fácticos que en la sentencia impugnada se establecen como probados, acreditación que deriva del cuidadoso a la vez que detenido examen y valoración del conjunto de las pruebas realizadas por la Sala de instancia, razones por las cuales, aun partiendo de que en principio sean de igual categoría en casación la interpretación de una Sala y la del recurrente, la lógica y el Derecho imponen la preferencia de la del Tribunal (Sentencias de 6 de abril de 1966, ad exemplum, y las que sobre dicha base se ha pronunciado, hasta la de 3 de enero de 1992).

Por otra parte y en lo que al art. 38 de la Ley Hipotecaria respecta, referencia al cual se contiene también en este motivo, es de señalar: a) Que la inscripción registral en favor de la entidad "Jerconsa, S. A.», es la natural y jurídicamente lógica consecuencia de existir un contrato de obra nueva y construcción de fincas en régimen de propiedad horizontal, al objeto de obtener los constructores, promotores o propietarios que efectúan la construcción los pertinentes préstamos hipotecarios; b) Ello no impide, sin embargo, que dicha inscripción pueda no producir el efecto que la entidad recurrente pretende con base en dicho precepto, ya que al interesarlo parece olvidar que como tiene manifestado esta Sala, el Registro de la Propiedad es una entidad que aun cuando dirigida a la constatación de los actos y hechos en él integrables carece en realidad de una base material plenamente fehaciente, por cuanto a través entre otros de sus arts. 2.°, 7.° y 9.° de la Ley Hipotecaria, dicho instituto reposa sobre las declaraciones de los propios solicitantes de la anotación o inscripción, razón por la cual éstos pueden quedar fuera de las garantías que derivan de los datos regístrales relativos a hechos materiales, tanto a los efectos de la fe pública como de la legitimación registral (Sentencias de 24 de julio, 23 de octubre y 13 de noviembre de 1987 y 30 de septiembre de 1992); c) Igualmente es de señalar que tanto la doctrina hipotecarista como la jurisprudencial viene poniendo de relieve la discrepancia que en ocasiones existe entre la realidad extrarregistral y el Registro, no siendo siempre prevalente ésta sobre aquélla, cuando como aquí sucede la prueba practicada es favorable a la extrarregistral al declararse en la sentencia combatida sin que la recurrente haya contradicho en forma tal manifestación, que concurre en el demandado- apelante y hoy recurrido y no en la sociedad impugnante y en su momento actora los requisitos que según la doctrina de esta Sala exige la virtualidad de la acción reivindicatoría.

Por último y como colofón para la desestimación de esta considerablemente extensa a la vez que compleja motivación en la que cual puede verse se involucran preceptos de diversa naturaleza, tanto del Código Civil, como de la Ley Hipotecaria e incluso dentro de aquél de carácter exegético y contractual, es de indicar por qué razón de lo hasta ahora dicho resulta equivocada la posición de la entidad recurrente en orden a la no concurrencia de los requisitos que los arts. 1.261, 1.262 y 1.445 del Código Civil, establecen para la validez y eficacia de los contratos, ya que cual se ha explicitado la sentencia les considera cumplidos, todo lo cual conduce al perecimiento del motivo quinto por cuanto en todo su extenso alegato se parte de premisas contrarias a las establecidas en la sentencia recurrida, con lo que se viene a hacer supuesto de la cuestión, lo que está proscrito en casación.

Cuarto.-El perecimiento de todas sus motivaciones conduce a la del recurso en su integridad, conforme se dispone en el art. 1.715, regla 4.ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por "Jerconsa, S. A.», contra la Sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, en fecha 6 de marzo de 1990, condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso.

Y a su tiempo comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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