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Sentencia T.S. (Sala 3) de 13 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Ayuntamiento: abono de primas de seguro de vida. Se aprueban las condiciones laborales de los funcionarios de la Corporación Local, declarando la nulidad de la cláusula por la que se estableció a favor de dichos funcionarios un seguro de accidentes.  Ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen el recurso de casación numero 4068/2007, que pende ante ella de resolución, interpuesto por la Procuradora Doña María Eva Guinea y Ruenes, en representación del Ayuntamiento de Torrelavega, interpuesto contra la sentencia de 14 de mayo de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Cantabria, recaída en el recurso contencioso-administrativo numero 115/2006, interpuesto contra el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobado en Pleno de 15 de Diciembre de 2005, por el que se aprueban las Condiciones Laborales de Funcionarios al servicio de la Corporación Municipal frente a las Cláusulas 10, 11, 23, 33.G, 34 y "ad cautelan" cláusulas 25 y 32, de estas dos últimas desistidas. Ha sido parte la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por escrito presentado la Procuradora Doña María Eva Guinea y Ruenes, en representación del Ayuntamiento de Torrelavega, que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 20 de julio de 2007, se formaliza el recurso de casación, alegando los motivos a los que luego nos referiremos y terminando suplicando de esta Sala que se dicte sentencia que case la recurrida, y se dicte otra en su lugar que estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto en cuanto al motivo objeto de casación y declare ajustada a derecho la cláusula 23 del Acuerdo sobre condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Torrelavega, para los años 2005 a 2007, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Delegación del Gobierno de Cantabria, en lo que se refiere a dicha cláusula.

Segundo.-El Abogado del Estado, por escrito que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 28 de enero de 2008, tras alegar los motivos de oposición que tuvo por conveniente solicitó no se diera lugar al presente recurso de casación.

Tercero.-Se señalo para la votación y fallo del presente recurso la fecha de 1 de diciembre de 2010, habiendo tenido lugar y habiéndose desarrollado el presente recurso de conformidad con las disposiciones legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia recurrida sostiene en su parte dispositiva lo siguiente:

"Fallamos:Que debemos estimar y estimamos de modo parcial el recurso contencioso-administrativo promovido por la ADMINISTRACION DEL ESTADO (DELEGACION DEL GOBIERNO), contra el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobado en Pleno de 15 de Diciembre de 2005, por el que se aprueban las Condiciones Laborales de Funcionarios al servicio de la Corporación Municipal frente a las Cláusulas 10, 11, 23, 33.G, 34 y "ad cautelan" cláusulas 25 y 32, de estas dos últimas desistidas, declarando la nulidad de la resolución combatida por ser contraria al ordenamiento jurídico, declarando nulas y sin efecto las mencionadas Cláusulas del acuerdo impugnado: 10.c) y 11 según lo contenido en el Fundamento de Derecho CUARTO, la Cláusula 23, según el Fundamento de Derecho QUINTO y las Cláusulas 33.G) y 34 , según lo motivado y contenido en los Fundamentos de Derecho SEXTO, SEPTIMO y OCTAVO todos ellos de la presente Sentencia en lo referente a los funcionarios. Condenar y condenamos al Ayuntamiento de Torrelavega a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Y Absolver y absolvemos al Ayuntamiento de Torrelavega del resto de las pretensiones en su contra deducidas, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición".

Segundo.-Como resume acertadamente el Abogado del Estado en su escrito de oposición, la sentencia recurrida estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del Estado (Delegación del Gobierno) contra el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega de 15 de diciembre de 2005 por el que se aprueban las condiciones laborales de los funcionarios de la corporación, declarando la nulidad de la cláusula 23, por la que se estableció a favor de dichos funcionarios un seguro de accidentes, que debía contratar el Ayuntamiento para los ejercicios 2005 y 2006, por estimar que infringe el art. 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en cuanto introduce a favor de los funcionarios municipales una retribución, integrada por la prima del seguro que se obliga a abonar el Ayuntamiento, no prevista en el art. 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Pues bien, el único motivo del recurso de casación se articula por la recurrente en base al art. 88.1.d) de la LJCA al considerar que la sentencia vulnera el art. 23 de la Ley 30/1984 y el art. 93 de la Ley 7/1985, así como el art. 153 del RD Legislativo 781/1986 en relación con el art. 14 de la Constitución que consagra el principio de igualdad. El ayuntamiento se basa en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2007 -recurso de casación 3910/2002 -, que resuelve un caso idéntico y entre las mismas partes procesales, si bien referido a otro ejercicio económico. Sentencia, que cita a su vez otra del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2006 -recurso de casación 4012/2000 - en la que la Corporación Local afectada era la Diputación Provincial de Granada. Sostiene el Ayuntamiento recurrente, en base a esos dos pronunciamientos judiciales que este tipo de seguros de accidentes concertados por el Ayuntamiento a favor de sus funcionarios municipales, no tienen carácter retributivo, al menos la prima del seguro que debe pagar el Ayuntamiento a la Compañía de seguros con la que contrate, sino que es una previsión de carácter asistencial que entra dentro de la protección social que ha de dispensar la Administración a sus funcionarios.

El Abogado del Estado sostiene que la sentencia infringe el art. 93 de la Ley 7/1985, en cuanto introduce a favor de los funcionarios municipales una retribución, integrada por la prima del seguro que se obliga a abonar el Ayuntamiento, no prevista en el art. 23 de la Ley 30/1984, y que la concertación de dichos seguros implica, el abono de retribuciones no previstas para los funcionarios cuya viabilidad no puede basarse en lo establecido en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 31/1990, de 7 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991, pues dicha norma está refiriéndose a seguros de responsabilidad civil para cubrir la responsabilidad profesional del personal "en que concurran circunstancias que hagan necesaria dicha cobertura" y no a la concertación de dichos seguros de forma general para los funcionarios al servicio del Ayuntamiento.

Por otra parte sostiene que en este tipo de seguros de accidentes que conciertan las empresas respecto de sus trabajadores, la prima que paga la empresa tiene a efectos fiscales, la consideración de "retribuciones en especie" a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sin embargo, admitiendo la naturaleza de renta a efectos fiscales, del abono de la prima del seguro, ello no priva que desde la perspectiva del derecho de los funcionarios tenga un carácter asistencial y admitida la legalidad de estos contraprestaciones en las sentencias antes citadas, procede dar lugar en este punto al motivo de casación.

Todo ello, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, citada por la propia recurrente, y que se inicia con la sentencia de esta Sala de 28 de julio de 2006 que en su fundamento jurídico décimo sostiene que: " ... la concertación por la Diputación de un seguro colectivo que, en las contingencias de muerte natural, enfermedad profesional, invalidez absoluta y fallecimiento por accidente, genere una determinada suma económica en favor del personal funcionario o de las personas que haya designado como beneficiarias,... Y... la aportación por la Diputación de un Fondo Social para los fines o necesidades que antes quedaron expuestos. En ambos casos se trata de aportaciones económicas de la Diputación que están destinadas a atender determinadas necesidades y no son una mera contraprestación económica del desempeño profesional que se devengue necesariamente y con regularidad periódica. Por lo cual, carece de justificación atribuir a estos desembolsos la consideración de "retribuciones" y es más adecuado calificarlas de medidas asistenciales. Paralelamente,... también procede recordar que el apartado k) del artículo 32 de la Ley incluye las materias de índole asistencial entre las que pueden ser objeto de negociación".

Tercero.-Procede en consecuencia dar lugar al presente recurso de casación, sin que a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin que proceda hacer expresa condena en las costas.


FALLAMOS


 
1. Ha lugar al recurso de casación numero 4068/2007, interpuesto por la Procuradora Doña María Eva Guinea y Ruenes, en representación del Ayuntamiento de Torrelavega, interpuesto contra la sentencia de 14 de mayo de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Cantabria, recaída en el recurso contencioso- administrativo numero 115/2006, que se anula y se deja sin efecto.

2.- Ha lugar a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en cuanto al motivo objeto de casación y declarar ajustada a derecho la cláusula 23 del Acuerdo sobre condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Torrelavega, para los años 2005 a 2007.

3.- No ha lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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