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Sentencia T.S. (Sala 3) de 16 de Diciembre de 2010


 RESUMEN:

Error judicial: omisión del deber de resolver. Por parte de la Juzgadora, la impugnación presentada frente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de la solicitud de designación de letrado perteneciente al turno de oficio que procediese a la ampliación del incidente de nulidad de actuaciones. Desestimación del recurso de revisión.

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Señores al margen anotados, el presente recurso de revisión por error judicial núm. 127/2009, promovido por D.ª Inocencia, y posteriormente ratificado por la Procuradora D.ª Olga Romojaro Casado y por la Abogada D.ª Sofía García-Hortelano Martín- Ampudia, contra el Auto de 28 de enero de 2009 y contra la Sentencia de la misma fecha, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela, dictados en el procedimiento abreviado n.º 57/07, sobre subvención para alquiler.

Han sido partes la Junta de Galicia, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, y el Abogado del Estado en la representación y defensa que legalmente le corresponde. Ha informado el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por Resolución de 1 de enero de 2005 del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo se concedió a la recurrente subvención de alquiler al amparo del Decreto 1999/2002, de 6 de junio, modificado por Decreto 233/2004, concretándose un porcentaje de subvención del 60% sobre la renta de 300 euros, arrojando un total anual de 2.160 euros de subvención de alquiler (180 euros mensuales), correspondiendo a la arredantaria el pago de 120 euros mensuales.

D.ª Inocencia solicitó del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo entrar en el programa de "Bolsa de Vivienda en Aluguer" correspondiente al segundo año de vigencia del contrato de alquiler (2006), y el 26 de junio de 2006 el Director General del citado Instituto emite Resolución por la que se concede a la Sra. Inocencia la subvención de alquiler, concretándose un porcentaje de subvención del 60% sobre la renta de 240,52 euros, arrojando un total anual de 1.731,72 euros de subvención de alquiler (144,31 euros mensuales).

Interpuesto recurso de alzada por D.ª Inocencia contra la anterior Resolución de 26 de junio de 2006, que fue desestimado por silencio.

Segundo.-Con fecha 13 de febrero de 2007, D.ª Inocencia interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Director General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de 26 de junio de 2006, solicitando con fecha 25 de abril de 2007 la ampliación del recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de la solicitud de entrada en el Programa "Bolsa de Vivienda en Aluguer" para el año 2007 realizada el 1 de diciembre de 2006 ante el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, lo que así fue acordado por el Juzgado mediante Auto de 14 de mayo de 2007.

Tercero.-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela dictó Sentencia el 21 de diciembre de 2007, cuyo fallo es el siguiente:

"Que con desestimación del recurso contencioso-administrativo, presentado por Doña Inocencia contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 16 de junio de 2006, dictada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (I.G.V.S.), en el Expediente n.º NUM000, debo declarar y declaro la conformidad a derecho del acto administrativo recurrido; no haciendo expresa condena respecto de las costas causadas en este juicio".

Mediante escrito presentado el 28 de enero de 2008, D.ª Inocencia promovió ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de 21 de diciembre de 2007, dictándose providencia el mismo 28 de enero de 2008 por la que se acordaba dar traslado a las demás partes para alegaciones por plazo de cinco días.

Por escrito presentado el 15 de febrero de 2008, D.ª Inocencia manifiesta que la Letrada que venía ostentando su defensa había renunciado a la misma, y solicita "la suspensión del incidente de nulidad de actuaciones, en tanto no se designe nuevo Letrado/representante de oficio, al objeto de poder ampliar, dentro del plazo legal conferido, dicho incidente al fondo de lo resuelto en la Sentencia de 21 de diciembre de 2007 por vulneración de derechos fundamentales causantes de indefensión material".

Con fecha 11 de abril de 2008 se recibió en el Juzgado oficio de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita al que se adjuntaba Resolución de 11 de marzo de 2008, por la que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita a D.ª Inocencia por concurrir las circunstancias prevista en el artículo 8 de al Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, sin que se acreditase ante la Comisión que las circunstancias y condiciones necesarias para obtenerla sobrevinieron con posterioridad a este momento. A la citada resolución acompaña el expediente correspondiente y escrito de impugnación por parte de la Sra. Inocencia.

Y con fecha 25 de abril de 2008 se recibió en el Juzgado notificación de la Resolución de 22 de abril de 2008 de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, por la que se resuelve, en relación con el procedimiento abreviado n.º 417/07, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, lo siguiente: "El artículo 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece que, cuando el/la abogado/a designado/a para un proceso considere que la pretensión de el/la solicitante pretende hacer valer es insostenible, se solicitará informe del Colegio de Abogados y del Ministerio Fiscal. En el caso de que estos informes coincidan con el de el/la abogado/a designado/a, la ley ordena a la Comisión de Justicia Gratuíta rechazar la solicitud. Esta circunstancia concurre respecto de la solicitud de justicia gratuíta formulada en su día por Inocencia, por lo que la Comisión debe denegarle/s el derecho a asistencia jurídica gratuíta y dejar sin efecto las designaciones provisionales de profesionales efectuadas, tal y como se acuerda en esta resolución".

Por diligencia de ordenación de 25 de abril de 2008 se acordó, entre otros extremos, devolver los autos a SS.ª para resolver respecto al incidente de nulidad planteado en su día.

Cuarto.-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela dictó Auto de 28 de enero de 2009, cuya parte dispositiva es la siguiente: "Debo declarar y declaro la nulidad de la sentencia dictada en este procedimiento por omisión involuntaria de una pretensión de la ampliación de la demanda que lleva a una incongruencia, por lo que procede retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquel en que se dictó la sentencia, deberá dictarse una nueva que sustituya a la anterior, en la que se pronuncie sobre la ampliación de la demanda admitida mediante Auto de fecha 14 de mayo de 2007 consistente en el recurso en la desestimación presunta de la solicitud de entrada de la recurrente Inocencia en el "Programa de Bolsa de vivienda en alquiler" para el año 2007 realizada en fecha 1 de diciembre de 2006 ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el expediente n.º NUM001 ".

Y en la misma fecha de 28 de enero de 2009, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela dictó Sentencia cuyo fallo es el siguiente: "Que, con desestimación del recurso contencioso-administrativo, presentado por D. Inocencia contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 16 de junio de 2006, dictada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el expediente n.º NUM000 y contra la desestimación presunta de la solicitud de entrada de Inocencia en el "Programa de Bolsa de vivienda en aluguer" para el año 2007 realizada en fecha 1 de diciembre de 2006 ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el expediente n.º NUM001, debo declarar y declaro la conformidad a derecho de los actos administrativos recurridos; no haciendo expresa condena respecto de las costas causadas en este juicio".

Quinto.-Mediante escrito presentado el 5 de mayo de 2009, D.ª Inocencia interpuso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de revisión por error judicial (núm. 127/09) contra el Auto de 28 de enero de 2009 y contra la Sentencia de la misma fecha, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela, dictados en el procedimiento abreviado n.º 57/07. En dicho escrito se alega, en síntesis, que "... el error que se denuncia, y que se traduce en una reiterada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva dentro del presente procedimiento causante de indefensión formal y material, consiste en la indebida omisión del deber de resolver por parte de la Juzgadora, y con anterioridad tanto al Auto de 28 de Enero de 2009 -que resolvió favorablemente el incidente de nulidad de actuaciones por incongruencia omisiva al dictar la primera sentencia- como con anterioridad a la segunda sentencia dictada en la misma fecha, de resolver, como se decía, la impugnación presentada dentro del plazo legal, el día 01 de Abril de 2008, por esta demandante frente a la denegación por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Santiago de Compostela de la solicitud de designación de Letrado/a perteneciente al turno de oficio que procediese a la ampliación del incidente de nulidad formalizado el 28 de Enero de 2008, y ello en virtud de la renuncia unilateral por parte de la Letrada D.ª Susana Rodríguez Tena, el 14 de Febrero de 2008, a continuar con la defensa y representación de la Sra. Inocencia en el mencionado procedimiento". Añade que al no resolverse la impugnación de la denegación de asistencia jurídica gratuita se ha vulnerado no sólo el derecho constitucional a contar con asistencia y defensa letrada, sino a poder acceder al recurso de amparo constitucional en su nueva configuración por no haber permitido, una vez ampliado el incidente de nulidad, el examen previo por la propia Juzgadora de la vulneración de derechos fundamentales en la primera Sentencia de 21 de diciembre de 2007, cuyo contenido volvió a reproducirse íntegramente en la segunda sentencia. Por último, se remite al escrito presentado ante el Juzgado el 15 de febrero de 2008, en el que se denunciaban los errores jurídico materiales en que incurría la Sentencia de 21 de diciembre de 2007, y manifiesta que la Sentencia de 28 de enero de 2009 incurre nuevamente en incongruencia al decir que "... se detectó la existencia de inmuebles que sobrepasan los precios de alquiler permitidos... Por lo que está justificado que se haya subido la renta a cobrar por parte de la recurrente.", cuando la renta fijada inicialmente por el IGVS en enero de 2005 en la cuantía de 300 euros se mantuvo en todo momento.

Sexto.-Por providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal de 21 de enero de 2010, se tuvo por personada a la parte recurrente, acordándose librar despacho al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela para que emplazara en forma a cuantos hubieran sido parte en el recurso, y remitiera a esta Sala Tercera el citado rollo así como el informe preceptivo a que se refiere el artículo 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este último Informe, el órgano judicial se limita a hacer un relato de lo acaecido en el procedimiento abreviado n.º 57/07, y exponer los motivos que, a su juicio, provocaron la tardanza en dictar el Auto de nulidad de 28 de enero de 2009.

Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2010, el Abogado del Estado, en tiempo y forma, contestó a la demanda de revisión por error judicial, solicitando su desestimación, pues "... es claro que la recurrente yerra en imputar a la juzgadora error por haber resuelto antes que se resolviera la impugnación de la denegación de la justicia gratuita, pues lo cierto, según Autos, es que se ha resuelto, si bien no de forma favorable a su petición", añadiendo que "... lo que en el fondo esta haciendo el recurrente es tachar de errónea la sentencia al no estar de acuerdo con los razonamientos jurídicos que el juzgador recoge en la misma".

Por su parte, el Letrado de la Junta de Galicia contesta a la demanda mediante escrito presentado el 23 de junio de 2010, solicitando su desestimación, pues "... las denuncias van más dirigidas a la tramitación del procedimiento de impugnación de justicia gratuita y a su abogada que a la sentencia dictada, sin que a esta se le reproche error u omisión alguna que permita entender que este se ha cometido".

Séptimo.-Por diligencia de 28 de junio de 2010 se acordó pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, que fue efectuado mediante escrito presentado en fecha 26 de julio de 2010, en el que solicita la desestimación de la demanda, alegando, por lo que respecta a la cuestión de la omisión de la necesaria respuesta judicial a la impugnación presentada 1 de abril de 2008 en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita al amparo del artículo 20 de la Ley 1/96, que esta problemática no encaja en la institución del error judicial, sino más bien dentro de lo que sería el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, por lo que el cauce escogido no es el correcto. La actora, añade, debería haber formulado su reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92, en lugar de haber instado la apertura de este procedimiento, y que para que pueda apreciarse error judicial es necesario que exista una resolución judicial a la que imputar el mismo, lo que no ha sucedido en este caso. Por otra parte, alega que tampoco existe en el caso de autos la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia imputable al Auto de 28 de enero de 2009, y ello porque del mismo no puede derivarse daño patrimonial real y efectivo para la actora, ya que, aún en el caso de que el Juzgado hubiera permitido la ampliación del inicial incidente de nulidad de actuaciones, la actora ha olvidado que el incidente de nulidad le fue favorable a sus intereses y se anuló la Sentencia de 27 de diciembre de 2007, de tal manera que, al menos en lo que hacía referencia a dicha sentencia, no tenía necesidad alguna de acudir al Tribunal Constitucional. Por lo que respecta a las invocadas dilaciones indebidas, de haberse producido éstas, se trataría también de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y no de error judicial. Añade que la Juzgadora de instancia, en el Antecedente de Hecho Quinto de la Sentencia de 28 de enero de 2009, ha aportado una justificación razonable de la tardanza en la resolución y fallo definitivo del proceso, por lo que tampoco desde la perspectiva del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia tendría éxito la pretensión de la actora. Por último, y respecto a la Sentencia de 28 de enero de 2009, que la actora califica como de mera reproducción de la anteriormente anulada de 27 de diciembre de 2007, a la que se habría añadido el pronunciamiento desestimatorio respecto de la segunda pretensión formulada en el proceso que había omitido la primera sentencia, la actora se limita a reproducir en sus líneas esenciales el contenido del escrito de 15 de febrero de 2008 por el que se destacan las razones por las que entendía la procedencia de que se nombrara abogado y procurador de oficio para ampliar los motivos de su inicial escrito de nulidad, con lo que está desnaturalizando este proceso extraordinario de declaración de error judicial para reconvertirlo en un nuevo incidente de nulidad de actuaciones, esta vez contra la nueva sentencia.

OCTAV O.- Por providencia de 29 de noviembre de 2010 se señaló para votación y fallo el día 9 de diciembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de revisión por error judicial se interpone por D.ª Inocencia contra el Auto de 28 de enero de 2009 y contra la Sentencia de la misma fecha, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela, dictados en el procedimiento abreviado n.º 57/07. La primera resolución declara la nulidad de la Sentencia de 21 de diciembre de 2007 y manda retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquel en que se dictó la sentencia, y la segunda resolución desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 16 de junio de 2006, dictada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el expediente n.º NUM000 y contra la desestimación presunta de la solicitud de entrada de Inocencia en el "Programa de Bolsa de vivienda en aluguer" para el año 2007 realizada en fecha 1 de diciembre de 2006 ante el citado Instituto en el expediente n.º NUM001.

Por parte de la representación procesal de la recurrente antes citada se promueve el presente recurso de revisión por error judicial por la indebida omisión del deber de resolver por parte de la Juzgadora, y con anterioridad tanto al Auto de 28 de Enero de 2009 como a la segunda sentencia dictada en la misma fecha, la impugnación presentada frente a la denegación por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Santiago de Compostela de la solicitud de designación de Letrado/a perteneciente al turno de oficio que procediese a la ampliación del incidente de nulidad de actuaciones formalizado el 28 de Enero de 2008.

Segundo.-La resolución del presente recurso debe partir de que, conforme viene reiterando la jurisprudencia de esta Sala, el proceso por error judicial, regulado en el artículo 293 LOPJ como consecuencia del mandato contenido en el artículo 121 CE, no es una tercera instancia o casación encubierta "en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente", sino que este sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación "manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley".

En particular, esta Sala viene señalando con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 -recurso n.º 7/2007 -), que "no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error "craso", "patente", "indubitado", "incontestable", "flagrante", que haya provocado "conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas". Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha "actuado abiertamente fuera de los cauces legales", realizando una "aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido".

En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no existe error judicial "cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica", "ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico", o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento excepcional "conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales", dado que "no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador" [en este sentido, entre muchas otras, véanse las Sentencias de esta Sala y Sección de 27 de marzo de 2006 (rec. núm. 6/2004), FD Primero; de 20 de junio de 2006 (rec. núm. 20 de marzo de 2006 (rec. núm. 13/2004), FD Primero; de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 17/2004), FD Segundo; de 12 de marzo de 2007 (rec. núm. 18/2004), FD Primero; de 30 de mayo de 2007 (rec. núm. 14/2005), FD Tercero; de 14 de septiembre de 2007 (rec. núm 5/2006), FD Segundo; de 30 de abril de 2008 (rec. núm. 7/2006), FD Cuarto; y de 9 de julio de 2008 (rec. núm. 6/2007), FD Tercero].

Tercero.-Pues bien, examinados los autos, debemos concluir que con la alegación de indebida omisión del deber de resolver por parte de la Juzgadora la impugnación presentada frente a la denegación por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Santiago de Compostela de la solicitud de designación de Letrado perteneciente al turno de oficio que procediese a la ampliación del incidente de nulidad de actuaciones formalizado el 28 de Enero de 2008, se está denunciando un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, y el recurso de revisión por error judicial no puede utilizarse como vía para impugnar resoluciones judiciales que no son susceptibles de la modalidad ordinaria de recurso de casación, careciendo de viabilidad el planteamiento de motivos propios de este último, como es la infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales a que, en definitiva, alude la recurrente al denunciar la omisión de la Juzgadora de resolver sobre la impugnación de denegación de Abogado de oficio, motivos que, reiteramos, no son subsumibles en el "error judicial", al poder repararse en otras vías procesales, como la del incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de 28 de enero de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela, que resolvió definitivamente el procedimiento abreviado n.º 57/07.

Cuarto.-En atención a la expuesto, procede desestimar el presente recurso de revisión por error judicial, y, en consecuencia, condenar en costas a la demandante y acordar la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo dispuesto en las letras c) y e) del art. 293.1 de la L.O.P.J., en relación con los arts. 139 de la L.J.C.A. y 516.2 de la L.E.C., si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 del citado art. 139 de la L.J.C.A., señala como cantidad máxima, para los honorarios de cada uno de los Letrados de las partes recurridas, a efectos de las referidas costas, la cifra de 1200 euros.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de revisión por error judicial interpuesto por la representación procesal de D.ª Inocencia contra el Auto de 28 de enero de 2009 y contra la Sentencia de la misma fecha, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santiago de Compostela, dictados en el procedimiento abreviado n.º 57/07, con la consecuente imposición de costas a la parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos, y pérdida del depósito realizado.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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