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Sentencia T.S. (Sala 3) de 13 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Función pública: Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias. Creación de puestos de trabajo para personal laboral sin justificar la concurrencia de los supuestos en que cabe hacerlo. La aplicación de normas autonómicas no es revisable por este Tribunal Supremo. No ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación n.º 2147/2005, interpuesto por el PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por el letrado del Servicio Jurídico de dicho Principado, contra la sentencia n.º 58, dictada el 25 de enero de 2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, recaída en el recurso n.º 75/2004, sobre acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 12 de noviembre de 2003 (BOPA del día 4 de diciembre) por el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias.

Se ha personado, como parte recurrida, la UNIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA), representada por el procurador don José Ignacio Noriega Arquer.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el recurso n.º 75/2004, seguido en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el 25 de enero de 2005 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO

(...) Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Laura Fernández-Mijares Sánchez, que actúa en nombre y representación de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (U.S.I.P.A.) contra la resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 12 de noviembre de 2003, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 4 de diciembre que aprueba la modificación parcial de las relaciones y del catálogo de trabajo personal de la Administración del Principado de Asturias, con relación a los puestos de personal laboral que se crean en el Anexo de la indicada resolución estando asistida la Administración demandada por el Letrado de los Servicios Jurídicos, acuerdo que anulamos y dejamos sin efecto por no ser conforme a Derecho. Sin condena a las costas devengadas en la instancia".

Segundo.-Contra dicha sentencia anunció recurso de casación el letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, que la Sala de Oviedo tuvo por preparado por providencia de 16 de febrero de 2005, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

Tercero.-Por escritos presentados el 6 de abril de 2005 y el 14 de diciembre de 2009, se interpuso el recurso anunciado y, después de exponer el motivo que consideró oportuno, el letrado del Principado de Asturias suplicó a la Sala que

"(...) previos los trámites legalmente pertinentes, en base a lo alegado, dicte Sentencia por la que, estimando el mismo y revocando la recurrida, se case la misma y declare ajustado a Derecho el acuerdo anulado por la Sentencia que se impugna".

Cuarto.-Admitido a trámite, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, conforme a las reglas del reparto de asuntos y, por providencia de 15 de marzo de 2010, se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizara su oposición.

Quinto.-Evacuando el traslado conferido, el procurador don José Ignacio Noriega Arquer, en representación de don Juan Alberto, que interviene en nombre y representación de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias, según consta en el poder general y especial para pleitos aportado con la personación, se opuso al recurso por escrito presentado el 6 de marzo de 2010 en el que pidió a la Sala que proceda a confirmar la sentencia recurrida.

Sexto.-Mediante providencia de 5 de octubre de 2010 se señaló para la votación y fallo el día 7 de diciembre de este año, en que han tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) impugnó el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 12 de noviembre de 2003 (BOPA del día 4 de diciembre) por el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias. Para la recurrente el apartado final del Anexo de ese acuerdo --que relaciona los puestos de personal laboral que se crean-- infringe las normas que regulan la organización funcionarial de la Administración.

USIPA alegaba en su demanda que la actuación impugnada infringía los artículos 103 de la Constitución, 15.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, tras la reforma que en ella introdujo la Ley 23/1988, de 28 de julio, y 30.3 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991. Infracción derivada de que, siendo la regla el desempeño por funcionarios de los puestos de trabajo y excepcional que corresponda a personal laboral, no se había motivado ni justificado por qué se reservaban para contratados laborales los puestos controvertidos. La contestación a la demanda, por su parte, adujo que se trataba de puestos relacionados con la informática y los servicios sociales, cuya naturaleza laboral establece el artículo 30, apartados c) y d) de la citada Ley asturiana 3/85 o de la oficina de las Comunidades Europeas, la laboralización de cuyo personal se decretó por acuerdo de 15 de febrero de 1993 y que nada impide catalogar como laboral a las jefaturas de servicio.

La sentencia explica que la Administración no puede establecer libremente qué puestos de trabajo tienen carácter funcionarial y cuáles son de naturaleza laboral pues, tras la reforma de la Ley 30/1984 por la Ley 23/88, se establece como regla general que han ser servidos por funcionarios. Recuerda lo dispuesto al respecto por su artículo 15.1 c) y los casos en que, a título de excepción, pueden ser desempeñados por personal laboral. Y recuerda, igualmente, que se pronuncia en parecidos términos el artículo 30 de la Ley asturiana 3/85, en la redacción que le dio la Ley 4/1991. Advierte, por tanto, que la potestad organizativa de la Administración debe ejercerse en este punto previa la debida motivación que habrá de tener en cuenta la naturaleza de las plazas y las funciones que les corresponden a la hora de consignar en las relaciones de puestos de trabajo aquellos que pueden ser desempeñados por personal laboral.

Seguidamente, indica cuáles son los nuevos puestos de personal laboral que se crean:

"4 jefes de servicio en la Dirección General de Informática, titulados medios y superior, y 2 coordinadores de Informática, titulados superiores, 1 jefe de servicio para la Dirección general de Modernización y Sistemas de Información, 2 jefes de servicio en el Instituto Asturiano de Administración "Adolfo Posada", área de formación personal Sanitario y Metodología y Tecnología, 1 coordinador técnico para la Consejería de Bienestar Social, 1 Jefe de Servicio para el área de Servicios Sociales Comunitarios, 2 Jefes de Servicio para la Dirección General de Atención a los Mayores y Discapacitados, 1 Jefe de Servicio para la Dirección General de la Salud Pública y Planificación y otro Jefe de Servicio para la Dirección General de Relaciones Exteriores".

Y dice que hay una falta total de motivación de las razones por las que se les atribuyó la condición de laborales y su contenido sin que las alegaciones con las que la Administración asturiana trató de justificarla puedan suplir ese defecto. De ahí que estime el recurso y anule el acuerdo en lo que respecta a estos puestos. En efecto, la contestación a la demanda sostuvo que los de la Dirección General de Informática estaban comprendidos en la letra c) del artículo 30.3 de la Ley asturiana 3/1985 porque exigen conocimientos técnicos especializados, los de bienestar social y sanidad en su letra d) y los referidos a la Comunidad Europea en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 15 de julio de 1993 que fijaba como laboral a la plantilla de la Oficina de las Comunidades Europeas. No obstante, la sentencia afirma:

"A lo alegado tenemos que decir que no todos los puestos relacionados tienen encaje en alguno de los supuestos indicados por la Administración como ocurre con los puestos del Instituto "Adolfo Posada"; que a los puestos que se le atribuyen funciones informáticas, no consta que los mismos tengan atribuidas dichas funciones ni que no existan funcionarios con capacidad para desempeñarlos; en relación con los de la oficina de la Comunidad Europea que no tienen cabida en los supuestos tasados en la Ley; y tan solo los relativos a asuntos sociales y sanidad encuentran amparo en la letra d) del artículo 30.3 de la Ley 3/85 del Principado de Asturias , más aun en este supuesto tenemos que entender que los puestos de trabajo en ellos referidos son aquellos que tienen atribuidas funciones sanitarias o de servicios sociales propiamente dichas, sin que comprenda todos los puestos de trabajo dependientes de las respectivas Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales, como sucede con los Jefes de Servicio, pues como ya se dijo en la sentencia de 24 de noviembre de 2004, con el recurso 894/00 en el que se examinaba una cuestión análoga a la que aquí se cuestiona, para determinar que puestos de trabajo son susceptibles de ser desempeñados por personal laboral debe de estarse al caso concreto en atención a las características de la función o puesto de que se trata, no calificadas como necesarias que han de desempeñar el personal funcionarial y así, en lo que afecta a dicho personal de las áreas sanitarias y servicios sociales a los que se le atribuye un nivel orgánico de Jefe de Servicio, las funciones que tienen encomendadas sobre gestión, programación, organización no implican que necesariamente tengan que ser desempeñados por profesionales del área sanitaria o de servicios sociales".

Segundo.-El Principado de Asturias dirige un único motivo de casación contra esta sentencia. Es el previsto en el artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción y consiste en la infracción que le atribuye del artículo 15.1 c) de la Ley 30/1984.

Para el recurrente, la Sala de Oviedo lo ha interpretado de una manera literal y rigorista sin tener presente que en todos y cada uno de los puestos de trabajo creados para personal laboral se dan las circunstancias que, según ese precepto, permiten asignárselos. Así, va repasando uno tras otro y señala que requieren conocimientos especializados en informática y tecnología o en ciencias de la salud y pedagogía [los puestos del Servicio de Archivos y Documentación de la Dirección General de Modernización y Sistemas de Información, el de jefe del Área de Sistemas de la Consejería de Salud y Sistemas Sanitarios, los del Área de Formación para el Personal Sanitario y el de jefe del Área de Metodología e Innovación Tecnológica del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"]. En cuanto a las jefaturas de las Áreas de Planificación y Programación y de Recursos y Servicios de la Dirección General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes, la procedencia de que los sirvan contratados laborales resulta, subraya la recurrente, del propio artículo 15.1 c) de la Ley 30/1984, ya que están claramente encuadrados en el ámbito funcional de servicios sociales y protección de menores. Lo mismo sucede, continua, con el puesto de Coordinador Técnico de Planificación General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. En cuanto al de jefe del área de Relaciones Exteriores de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, la justificación de que sea provisto por un contratado laboral se encuentra en el apartado cuarto de ese artículo 15.1 c).

Así, pues, nos dice el Principado de Asturias, para todos los puestos controvertidos hay la necesaria justificación. Además, afirma que la sentencia añade un requisito no previsto por la Ley desde el momento en que exige, para los que según ésta pueden ser desempeñados por personal laboral, no sólo la ubicación orgánica en el ámbito de los asuntos sociales y la sanidad, sino también la correspondencia funcional cuando, según el recurrente, "no es exigible una fundamentación adicional de dicha vinculación basada en la descripción exhaustiva de las funciones propias de dichos puestos de trabajo", sino que basta la adscripción efectiva del puesto a esos ámbitos.

Tercero.-USIPA se ha opuesto a este motivo y nos pide que confirmemos la sentencia. Dice que "el hecho real es que la Administración ahora impugnante, incumple una y otra vez lo establecido en la legislación vigente y lo establecido por el Tribunal Constitucional". Y subraya que la excepción establecida en el artículo 15.1 c) de la Ley 30/1984 según la cual pueden ser desempeñados por personal laboral aquellos puestos de áreas o actividades que requieran conocimientos técnicos especializados está sometida a la condición de que no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación necesaria para ello. Afirma, también, que, además de la legislación básica, el artículo 30.3 de la Ley asturiana 3/1985 sienta la misma regla general y solamente la excepciona en unos supuestos tasados, definidos por el carácter del puesto de trabajo y no por la condición de los órganos administrativos: actividades no permanentes, desempeño de oficios, carácter instrumental, artes gráficas, actividades técnicas para las que no existan grupos funcionariales (v. gr., geógrafo, arqueólogo,...), puestos de áreas sanitarias y de asistencia social. Y sucede que la Administración no ha justificado la inexistencia de cuerpos funcionariales que tengan formación específica para el desempeño de los puestos de que se viene hablando.

En definitiva, para USIPA el acuerdo del Consejo de Gobierno recurrido no explicita ni motiva suficientemente las razones por las que se laboralizan las plazas y ni siquiera ofrece argumentos para encuadrarlas en las excepciones que la ley básica y la asturiana abren para el personal laboral.

Cuarto.-El recurso debe ser desestimado pues la sentencia no ha infringido el ordenamiento jurídico.

Es significativo, en efecto, que descansando el juicio de la Sala de Oviedo en la inexistencia de la necesaria motivación, el recurrente no nos diga en qué lugar del acuerdo o del expediente se halla la justificación que se ha echado en falta. Justificación que, sin duda, es necesaria para que, apartándose de la regla general legalmente establecida, es decir de la que afirma que los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas han de proveerse por funcionarios y sólo a título de excepción por personal laboral [artículo 15.1 c) de la Ley 30/1984 ] puedan darse pasos como los seguidos por el acuerdo recurrido respecto de estos puestos de los que estamos hablando cuando no es evidente la inexistencia de cuerpos o escalas funcionariales cuyos integrantes posean los conocimientos y preparación requeridos. Y lo mismo ha de decirse a propósito de aquellos puestos de trabajo integrados en áreas de asuntos sociales o de servicios sanitarios respecto de los que tampoco sea evidente, por razón de su contenido funcional, que no puedan ser desempeñados por funcionarios. No hay, por tanto, infracción de este artículo.

Por lo demás, si se repara en el fundamento que hemos transcrito, la razón por la que la sentencia acoge las pretensiones de USIPA y anula el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en lo relativo a la creación de estos puestos de trabajo, se comprobará que, aún habiendo mencionado antes el artículo 15.1 c) de la Ley 30/1984, el precepto que tiene en cuenta para dirimir la controversia es el artículo 30.3 d) de la Ley asturiana 3/1985. Es decir, una norma autonómica. Nos encontramos, por tanto, en el mismo supuesto contemplado por nuestra sentencia de 22 de marzo de 2010 (casación 5466/2006) y, por igual razón que en ese caso, se impone también la desestimación del recurso porque no nos corresponde establecer la interpretación procedente de las normas asturianas.

Quinto.-A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte recurrente pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por honorarios de abogado la de 2.000 €. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,


FALLAMOS


 
Que no ha lugar al recurso de casación n.º 2147/2005, interpuesto por el Principado de Asturias contra la sentencia n.º 58, dictada el 25 de enero de 2005, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y recaída en el recurso 75/2004, e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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