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Sentencia T.S.J. Cantabria 82/2010 de 21 de enero


 RESUMEN:

ITP: Adquisición de nave industrial a entidad de capital municipal. Comprobación de valores: Procede porque la entidad adquirente está sometida al derecho privado, no se trata de una subasta pública y el precio no se ha establecido ni percibido por un organismo público del Estado. Compraventa sujeta a condición: Aplicación del principio de calificación jurídica de los actos sujetos a tributación. Motivación de la valoración: No existe indefensión porque concurre motivación suficiente. Valoración: Procede porque es correcto el factor de localización aplicado y no se desvirtúa el informe efectuado por el Técnico.

SANTANDER

SENTENCIA: 00082/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidente

Doña María Teresa Marijuán Arias

Iltmos. Sres. Magistrados

Doña María Josefa Artaza Bilbao

Don Juan Piqueras Valls

En la Ciudad de Santander, a veintiuno de Enero de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 535/08, interpuesto por la entidad CONSERVAS JOTA, S.L., representado por la Procuradora Doña María Oquiñena Báscones y defendido por la Letrado Doña Laura Sánchez Callejo, contra ADMINISTRACION DEL ESTADO (TRIBUNAL ECONOMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA), representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado y actuando como parte codemandada el GOBIERNO DE CANTABRIA representado y defendido por los Servicios Jurídicos del mismo. La cuantía del recurso es de 2.150,42 Euros. Es ponente la Ilma. Sra. Magistrado Doña María Josefa Artaza Bilbao, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El recurso se interpuso el día 19 de Mayo de 2008, contra el Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria de fecha 10 de Marzo de 2008, por la que desestima la reclamación económica-administrativa número 39/00048/08, interpuesta por la Sociedad recurrente en fecha 29 de Octubre de 2007, frente a liquidación complementaria por importe de 2.150,12€ practicada con ocasión de expediente de comprobación relativo a escritura de compraventa de 28 de Noviembre de 2003 (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales).

Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que anule la resolución recurrida y estimándose el presente recurso formulado se deje sin efecto el acto administrativo impugnado en base a los hechos y fundamentos de Derecho que en la misma se exponen.

Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada y la entidad codemandada solicitan de la Sala dicte Sentencia desestimatoria del recurso, por ser ajustado a derecho el acto administrativo recurrido.

Cuarto.-Recibido el pleito a prueba se realizaron las admitidas con el resultado que obra en autos, y se señala fecha para votación y fallo, que tuvo lugar el día 14 de Enero de 2010, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugna a través del presente recurso el Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria de fecha 10 de Marzo de 2008, por la que desestima la reclamación económica-administrativa número 39/00048/08, interpuesta por la Sociedad recurrente en fecha 29 de Octubre de 2007, frente a liquidación complementaria por importe de 2.150,12€ practicada con ocasión de expediente de comprobación relativo a escritura de compraventa de 28 de Noviembre de 2003 (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales).

Segundo.-la Sociedad recurrente articula su pretension frente a los Actos impugnados en base a los siguientes motivos, que en síntesis se pueden concreta en, por un lado, la improcedencia de la comprobación en supuestos como el enjuiciado y sometido a gravamen, al intervenir una Administración publica en la fijación del precio aún cuando sea de forma indirecta; la Admisnrtacion Tributaria no ha respectado las exigencias de los Arts. 124 LGT anterior o del posterior, Art. 13 Ley 1/1998 y es que no se ha cumplido los requisitos exigidos para la comprobación de valores ni por la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria que entiende que se han incluido en la valoración circunstancias que no se expresan y así no se entraron los datos restrictivos de la escritura que compra-venta, que comprenden limitaciones para la venta y obligaciones a realizar por el comprador que pueden dar lugar a la resolución de la compraventa y tampoco se incluye motivación alguna por la que se entienda incluidas las condiciones en que se entrego la nave industrial.

Por la Administración demandada y codemandada se oponen mediante las alegaciones que se detallan en sus respectivos escritos, y sostiene la procedencia de la comprobación de valores pues, la vendedora es una Sociedad Mercantil Limita cuya actividad se rige por el ordenamiento jurídico privado y no nos encontramos ante una enajenación onerosa de bienes donde exista un precio marcado por disposición de la ley o determinado por Autoridades o Funcionarios idóneos para ello o por subasta judicial supuestos a los que se refieren las Sentencias invocadas por la recurrente. Y asimismo, señalan que respecto a la falta de motivación argüida no es así al encontrarnos con una resolución plenamente motivado lo mismo que el informe en se basa y y que respecto a la reducción del valor del bien en atención a la condición resolutoria fijada en la escritura de compraventa dicha alegación no puede prosperar conforme a la legislación tributaria y a los Artículos 1113 y 1114 Código Civil.

Tercero.-Los antecedentes fácticos acreditados, en cuanto puedan tener relevancia a los efectos del correcto enjuiciamiento de las cuestiones que se proponen a la decisión de la Sala y de los cuales se ha de partir son los siguientes:

1.º- Que la entidad recurrente, mediante escritura autorizada el 28 de Noviembre de 2003, por el notario de Santoña Don Iñigo Girón Sierra, con el número 1587 de su protocolo, adquirió por precio de 112.665,29 euros la nave industrial descrito en dicho documento, que fue presentado en la Oficina Liquidadora de la expresa localidad el 24 de Diciembre siguiente, acompañado de la autoliquidación correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, modalidad Actos Jurídicos Documentados, al tratarse de una entrega de bienes sujeta a IVA, que fue repercutido por importe de 18.026,45 euros.

2.º- Que instruido expediente de comprobación, que asignó al inmueble transmitido un valor de 269.360,26 euros, la Oficina de Santoña practicó una liquidación complementaria por importe de 2.150,42 euros, la cual fue notificado el 11 de Octubre de 2007.

3.º- Que el 29 de Octubre de 2007, CONSERVAS JOTA, S.L., hoy recurrente, promovió reclamación económico-administrativa frente a la citada liquidación alegando, en esencia, su disconformidad con el valor comprobado al considerar que el precio satisfecho fue el valor real, toda vez que la entidad vendedora era de capital municipal y no procedía comprobación alguna, además de que, en todo caso, la realizada no tenía en cuenta el estado de la nave en el momento de su adquisición.

4.º Que el 10 de Marzo de 2008, se dicta Resolución por el Resolución por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, por la que desestima la reclamación económica-administrativa número 39/00048/08 y frente a la misma se formulo la interposición en plazo que dio origen al presente recurso contencioso-administrativo ante esta Sala.

Cuarto.-En cuanto a lo primero alegado, esto es, la no procedencia de comprobación alguna en la compraventa objeto de gravamen al resultar el vendedor, SUINSA, S.L. de la que es parte el Ayuntamiento de Santoña, con objeto de la construcción y promoción de suelo industrial en el municipio y de que es el precio no negociable, la Sala, debe rechazar tal motivo impugnatorio, por la sencilla razón de que la Administración ha actuado de conformidad, con el Art. 134 Ley 58/2003, en relación a los Arts. 46 en relación al Art.10 del Texto Refundido del Impuesto (RDLeg 1/1993) y al Art. 37 del Reglamento (RD 828/1995), por cuanto no estamos ante una subasta pública(Art. 39 RD 828/1995), ni tampoco se trata de un precio establecido y percibido por un organismo público del Estado, de indubitable certidumbre que no puede ponerse en tela de juicio y es que no puede partirse de la verdad inconcusa de que el valor asignado por el contribuyente en la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones sea el real.

Y es que, se está además, en la posición y lugar de la vendedora, ante una Sociedad mercantil, de responsabilidad limitada y sometida al derecho privado y por ello como opone la Administración no son invocables la Sentencias mencionadas por la Sociedad recurrente.

Y es que no puede aplicarse al caso de autos la doctrina que, que, tiene establecida el Tribunal Supremo en diversas Sentencias entre las que cabe citar las de 10 Diciembre 1993 y 5 Octubre 1995 y ni tampoco, las dictadas por esta misma Sala en los recursos n.ºs 850/01/de 26/09/02) y el 372/04 (de 1/06/05).

Quinto.-Por otro lado, además, de lo anterior, se alega como ya antes se ha esbozado que, en la fijación del precio vino dada por las restricciones al derecho de propiedad concretadas en la propia escritura de compraventa y de no era esta de características típicas y normales para tal negocio jurídico, así entre ellas que resultaba condicionada a la creación de puestos de trabajo y demás, y de que no se puede vender o transmitir la nave cuando se quiera sino tras pasar un plazo.

Y a esto la Administración opone el Art. 2.2 del RDLeg 1/1993, y señala que tratándose de una condición resolutoria tal condición según lo previsto en los Arts. 1113 y 1114 CC no afecta a la perfección y exigibilidad del contrato por lo que surten sus efectos económicos como si fuere puro, producido el hecho imponible y exigible el impuesto.

Sexto.-El R. D. Leg. 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su Art. 2, dispone:

"1. El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado prescindiendo de los defectos tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia.

2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se liquidara el impuesto hasta que ésta se cumpla, haciéndose constar el aplazamiento de la liquidación en la inscripción de bienes en el registro publico correspondiente. Si la condición fuere resolutoria, se exigirá el impuesto, desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según las reglas del art. 57."

Séptimo.-La Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2.ª, S 19-11-2004, n.º 684/2004, rec. 2048/2001, motivo en un supuesto, que "a sensu contrario" al aquí enjuiciado, se entendió que era una condición suspensiva y producido el hecho imponible del impuesto, al no haberse producido la transmisión onerosa de los bienes, por lo que, de acuerdo con el art. 2, 2 RDLeg. 1/1993, no debió girarse la liquidación, lo que se sigue:

"....El art. 2, apartado 2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/93 de 24 de septiembre (que tiene la misma redacción que el anterior Texto R. D. Leg. 3050/1980, de 30 diciembre), dice que en los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla, haciéndose constar el aplazamiento de la liquidación en la inscripción de bienes en el Registro Público correspondiente. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto, desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según las reglas del artículo 60". El Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 828/95, de 29 mayo, reproduce el texto del artículo 2.º2 de la Ley.

La Ley Fiscal acepta en principio la definición, concepto y efectos jurídicos-privados del sometimiento de actos y contratos (negocios jurídicos) a condición suspensiva o resolutoria, como dispone expresamente la oración primera del apartado 2, del art. 2, reproducido, pero ello no obsta para que sea aplicable el llamado principio de calificación, proclamado por el apartado 1, de dicho artículo 2, que dispone: "1. El impuesto que regula esta Ley se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia".

Este principio de calificación-jurídica ha existido desde los indicios del anterior Impuesto de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes y también en el Impuesto de Timbre del Estado, y dada su trascendencia a efectos fiscales, fue recogido por la Ley General Tributaria de 28 diciembre 1963, en su artículo 25, que según su redacción inicial, aplicable al caso de autos, disponía "1. El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho imponible. 2. Cuando el hecho imponible consista en un acto o negocio jurídico se calificará conforme a su verdadera naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados, prescindiendo de los defectos intrínsecos o de forma que pudieran afectar a su validez".

En realidad, el art. 2. 1 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de 1993 y el artículo 25. 1 y 2 de la Ley General Tributaria, contienen dos principios distintos, el de calificación jurídica de los actos o contratos sujetos, que confiere a la Administración Tributaria la facultad de prescindir de la forma, denominación y tipo de negocio jurídico utilizado, induciendo de las prestaciones y contraprestaciones que lleve consigo, su verdadera naturaleza jurídica, pues, obviamente, si la Administración Tributaria tuviera que pasar forzosamente por la denominación utilizada por los particulares, sería muy fácil eludir el impuesto, aún a costa de un sensible divorcio entre la realidad jurídica y sus formas aparentes. El principio de calificación jurídico-tributaria está plenamente justificado como medida cautelar antifraude, bien entendido que carece de todo efecto en el ámbito jurídico-privado. El otro principio es el de marginación de la posible invalidez de los actos o contratos, en que éstos pudieran haber incurrido, con el fin de impedir que la exigencia del Impuesto sobre Transmisiones pudiera ser diferida o menoscabada por problemas relativos a las controversias jurídicas planteadas o por plantear sobre su validez, sin perjuicio de que cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato liquidado, proceda la devolución del Impuesto; este principio de marginación de la posible invalidez no interesa al caso.

La jurisprudencia (STS 18/09/98) ha señalado que "El art. 2. 2 del TRTP de 1993, en la parte relativa a la facultad calificadora de la Administración Tributaria, permite a ésta prescindir de la denominación utilizada en el contrato para definir la condición, que evidentemente ha sido nominada por las partes como suspensiva, en las estipulaciones primera, segunda, cuarta y quinta, cuya naturaleza deberá ser determinada de acuerdo con el conjunto obligacional del contrato de compraventa de que se trata. Como colorario a lo anterior, debe rechazarse la tesis interpretativa de la empresa recurrente basada en el primer párrafo del artículo 1281 del Código Civil, que dispone: "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas", porque precisamente lo que permite el principio de calificación es prescindir de la denominación literal como expresión forzosa de la voluntad, para llevar a cabo un examen jurídico debidamente ponderado de las recíprocas prestaciones y contraprestaciones, efectivamente realizadas o convenidas. Dicho esto, procede examinar la diferencia existente, en la hipótesis de "conditio pendet", según se trate de condición suspensiva o condición resolutoria. En los actos o contratos sometidos a condición suspensiva mientras ésta no se cumpla, no se produce efecto jurídico alguno, no nacen los derechos y obligaciones, sino que se hallan expectantes. En el supuesto de condición resolutoria, el acto o contrato surte sus efectos como si se hubiera realizado pura y simplemente, pero sometidos éstos al riesgo eventual de su resolución si la condición se cumpliera...."

Octavo.-Pues bien en el presente caso no existe duda alguna de que la compraventa se ha producido y se ha efectuado la transmisión onerosa objeto de gravamen, distinto es que se aplique en su día el Art. 2.2 del RDLeg 1/1993, pero el hecho imponible producido, debe seguir el Impuesto su gestión y recaudación sin limitación ni suspensión por ello, decayendo también este motivo.

Noveno.-Y en cuanto insuficiente motivación que se alega, ya que según el recurrente en la valoración no se explican las circunstancias concurrentes sobre las condiciones en que se entrego la nave industrial y que no se remedia ello ni suple con el coeficiente reductor que se aplica de factor de localización 0,8, ni el porque se eligen unos coeficientes los relativos al factor de localización dicho y se le causa con ello una indefensión.

Bien en cuanto a esto la Sala, como ya en otras ocasiones y ahora en este concreto supuesto examinadas las actuaciones y el expediente administrativo estima se ha dispuesto de un elementos suficientes para realizar la correcta valoración, siendo conveniente traer a colación el criterio sostenido por esta Sala, en el sentido de que cuando se lleva a cabo la misma como se acredita en el presente expediente administrativo, se ha de sostener que a diferencia de lo sucedido en otros actos de comprobación de valores dictados por la Administración autonómica, que merecieron el reproche de esta Sala, en una multiplicidad de sentencias, precisamente porque adolecían de falta de motivación, las circunstancias que han rodeado el caso presente son sustancialmente diferentes a las enjuiciadas en otros supuestos, ya que el acto de comprobación, realizado el 2/05/07,- obrante en el expediente administrativo-, por el Técnico de la Administración, contiene indicaciones sobre características y situación, conforme esto ultimo al titulo de transmisión, se ha basado en la aplicación de unas tablas de uso interno de la Administración, cuya aplicación conjunta, fundamentada en la observancia de determinados elementos que influyen en la valoración, tales como un índice en función del factor del mercado, el valor de repercusión del suelo, el coste de construcción actual, el factor de actualización, que atiende a la edad, calidad y conservación de los inmuebles, en función de la naturaleza y destino de los mismos, y un factor de localización, emplazamiento u otras especiales circunstancias, ha sido determinante del resultado final, por el que se obtuvo finalmente la valoración dada al inmueble en la cantidad de 293.360,26€, y no la de la escritura de compraventa, 112.665,29€.

DECIMO: A la vista de tal valoración, cabe concluir que la Sociedad interesada ha tenido pleno conocimiento de los hechos y elementos adicionales que motivaron el aumento de la base tributaria, y habrá de reconocerse que la Administración efectuó la comprobación exponiendo las circunstancias por las que incrementaba el valor de lo declarado, en la notificación de la misma realizada a este, teniendo a su alcance el informe del Técnico para contrastar y consultarlo. Podrá discutirse, por tanto, la peritación pero no la ausencia de motivación en el actuar de la Administración, que exponiendo sus criterios ha permitido al recurrente su contradicción, evitando, así, cualquier tipo de indefensión.

Undécimo.-La discrepancia mayor se refiere a la suficiencia o no de las circunstancias en que se entrego la nave, según la recurrente, así deficiencias, en los servicios etc. Que no queda subsumido en el factor de localización aplicado (0,8) y que tampoco comprende al explicárselo. En primer lugar, ya se ha motivado que se encuentra con la motivación suficiente y no le puede producir indefensión.

Respecto a la corrección o no del coeficiente de reductor 0,8 del factor de localización, ya se ha mantenido por esta Sala que no es que la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, como el que ahora nos ocupa, impida -que toda figura de este género- ser desvirtuada en un proceso jurisdiccional, pero ello requiere demostrar a través de sólidas pruebas los errores de hecho o de apreciación que el órgano de valoración haya podido cometer, pero es el caso presente que si bien se opone falta de la motivación acerca del mencionado factor y su aplicabilidad pero luego en modo alguno se intenta ni siquiera por ningún medio probar tal error y desvirtuar el informe del Técnico de la Administración Tributaria efectuando la comprobación de valores (Art. 57 Ley 58/2003,General Tributaria en relación al Art. 46 RDLeg 1/1993, de 24 de Septiembre) y es mas en el certificado emitido por la vendedora SUINSA, S.L., de fecha 11/05/09, prueba documental practicada a instancia de la recurrente, se consigna que "las naves moduladas se entregaron sin reparto interior, sin suelo colocado(para los propietarios que así lo solicitaron) y con las tomas de luz, agua y sanitarias básicas para que los adquirientes pudiesen ejecutar las obras de adaptación que precisaran para sus industrias sin ningún condicionamiento por obra ejecutada" y de lo que se desprende que eran condiciones pactadas voluntarias y solicitadas por el comprador, pero que en todo caso sin duda tenían las condiciones básicas y la Sala considera que es correcto el coeficiente aplicado de 0,8 por lo que se ha de confirmar el resultado de la comprobación en 296.360,26€.

DUODECIMO: De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede la condena de ninguna de las partes al pago de las costas pues no han actuado con temeridad o mala fe procesales en la defensa de sus respectivas pretensiones.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos, el recurso contencioso-administrativo promovido por la entidad CONSERVAS JOTA, S.L., representado por la Procuradora Doña María Oquiñena Báscones y defendido por la Letrado Doña Laura Sánchez Callejo, contra el Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria de fecha 10 de Marzo de 2008, por la que desestima la reclamación económica-administrativa número 39/00048/08, interpuesta por la Sociedad recurrente en fecha 29 de Octubre de 2007, frente a liquidación complementaria por importe de 2.150,12€ practicada con ocasión de expediente de comprobación relativo a escritura de compraventa de 28 de Noviembre de 2003 (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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