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Sentencia T.S.J. Cantabria 92/2010 de 25 de enero


 RESUMEN:

ITP. Comprobación de valores. Procedimiento: Análisis de la normativa aplicable. Omisión del trámite de audiencia: Aplicación de la doctrina del TC y del TS que establece que se trata de un requisito formal que sirve de medio para una finalidad determinada y cuya omisión implica la nulidad cuando produce indefensión material. Nulidad del acto: No procede porque no se ha menoscabado el derecho de defensa ya que se ha recurrido en vía administrativa y judicial.

SANTANDER

SENTENCIA: 00092/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

Iltma. Sra. Presidente acctal.:

Doña María Josefa Artaza Bilbao

Iltmos. Sres. Magistrados:

Don Rafael Losada Armadá

Don Juan Piqueras Valls

En la ciudad de Santander, a veinticinco de enero de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 899/2008 formulado por URBANIZACIÓN VALLESOL SL representada por el procurador don José Miguel Ruiz Canales y defendida por el letrado don Ramón Cobo Rivas contra la ADMINISTRACION DEL ESTADO (TRIBUNAL ECONOMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA), representada y defendida por el abogado del Estado y contra GOBIERNO DE CANTABRIA representado y defendido por el letrado de sus servicios jurídicos.

La cuantía del recurso es estimable inferior a 150.253,03 euros.

Es ponente el Iltmo. Sr. magistrado don Rafael Losada Armadá, quien expresa el parecer de la sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El recurso se interpuso el día 4 de noviembre de 2008 contra Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria de 29 de julio de 2008 que desestima la reclamación económico administrativa formulada por la mercantil recurrente frente a la comprobación administrativa de valores, así como las liquidaciones complementarias impugnadas por el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados practicada por la oficina de Torrelavega con relación a la ampliación de obra construida.

Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la sala dicte sentencia por la que se declare nula la resolución impugnada.

Tercero.-En su contestación a la demanda, la Administración del Estado y la Administración autonómica recurridas solicitan de la sala la desestimación del recurso, por ser conformes a derecho los actos administrativos que se impugnan; además, la Administración autonómica solicita la imposición de las costas.

Cuarto.-No se recibió el proceso a prueba ni se formularon conclusiones escritas.

Quinto.-Señalada fecha para la deliberación, votación y fallo el día 14 de enero de 2010, fue posteriormente cuando se deliberó, votó y falló.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Tiene por objeto el presente recurso contencioso administrativo el Acuerdo del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cantabria de 29 de julio de 2008 que desestima la reclamación económico administrativa formulada por la mercantil recurrente frente a la comprobación administrativa de valores y las liquidaciones complementarias practicadas por el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados por la oficina de Torrelavega con relación a la ampliación de obra construida.

Segundo.-Los motivos de impugnación que desarrolla la actora en su demanda son:

La vulneración del procedimiento legalmente establecido con relación a los arts. 99 y 134 de la Ley 58/2003 General Tributaria y los apartados l), m) y ñ) del punto 1 del art. 34 de la citada ley.

Se ha obviado el trámite de audiencia.

Tercero.-El abogado del Estado contesta que se han cumplimentado las exigencias procedimentales establecidas en el art. 134 LGT sin que sea necesaria la audiencia invocada de contrario cuando la comprobación de valores se realiza teniendo en cuenta tan solo los hechos, alegaciones o pruebas aportadas por el propio interesado a través de las propuestas de valoración y liquidación.

La letrada de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria insiste en que el art. 134 LGT permite prescindir del trámite de audiencia en aquellos casos en que la comprobación de valores se realice teniendo en cuenta tan solo los hechos, alegaciones o pruebas aportadas por el propio interesado y, en todo caso, constituye un defecto formal que solo provoca la nulidad del acto se produce indefensión material al interesado.

Cuarto.-La comprobación de valores definitiva que la demanda admite como notificada al contribuyente y las consiguientes liquidaciones del impuesto se producen en aplicación del art. 134 LGT que dice:

"1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en el art. 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios.

El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.

El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en este artículo será el regulado en el art. 104 de esta ley.

2. La Administración tributaria deberá notificar a los obligados tributarios las actuaciones que precisen de su colaboración. En estos supuestos, los obligados deberán facilitar a la Administración tributaria la práctica de dichas actuaciones.

3. Si el valor determinado por la Administración tributaria es distinto al declarado por el obligado tributario, aquélla, al tiempo de notificar la propuesta de regularización, comunicará la propuesta de valoración debidamente motivada, con expresión de los medios y criterios empleados.

Transcurrido el plazo de alegaciones abierto con la propuesta de regularización, la Administración tributaria notificará la regularización que proceda a la que deberá acompañarse la valoración realizada.

Los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación independiente contra la valoración, pero podrán promover la tasación pericial contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización.

4. En los supuestos en los que la ley establezca que el valor comprobado debe producir efectos respecto a otros obligados tributarios, la Administración tributaria actuante quedará vinculada por dicho valor en relación con los demás interesados. La ley de cada tributo podrá establecer la obligación de notificar a dichos interesados el valor comprobado para que puedan promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria.

Cuando en un procedimiento posterior el valor comprobado se aplique a otros obligados tributarios, éstos podrán promover su impugnación o la tasación pericial contradictoria.

5. Si de la impugnación o de la tasación pericial contradictoria promovida por un obligado tributario resultase un valor distinto, dicho valor será aplicable a los restantes obligados tributarios a los que fuese de aplicación dicho valor en relación con la Administración tributaria actuante, teniendo en consideración lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado anterior."

A la vista de lo transcrito, no puede decirse que se haya obviado trámite de audiencia preceptivo, máxime cuando el propio contribuyente ante la notificación recibida de la comprobación efectuada y de las liquidaciones practicadas ninguna alusión realiza a la falta de audiencia sino que se limita a formular reclamación económica administrativa y a reservarse la tasación pericial contradictoria tal como puede comprobarse en el expediente administrativo.

Como manifiesta la sentencia del TSJ de Castilla Y León (Valladolid) de 3 de junio de 2008, en cuanto a los efectos que pueda tener un defecto formal o de procedimiento como el invocado, "se juzga oportuno comenzar haciendo unas consideraciones de tipo general y señalar así que el Tribunal Constitucional, por ejemplo en su sentencia 187/1999, de 25 de octubre, ha declarado que el trámite de audiencia, como todos los requisitos procesales, no existe por sí solo, sino que sirve a una finalidad determinada, cuya satisfacción justifica su existencia y su mismo cumplimiento".

Por su parte, hace referencia también a la STC 36/1986, de 12 de marzo, que ha proclamado que los requisitos de forma no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima. Por ello, los trámites formales no deben ser exigencias cuyo incumplimiento presente siempre el mismo valor obstativo que operaría con independencia, en principio, de cuál sea el grado de inobservancia del requisito, su trascendencia práctica o las circunstancias concurrentes en el caso; al contrario, han de analizarse teniendo presente la finalidad que pretende lograrse con ellos para, de existir defectos, procederse a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas con la entidad real del derecho mismo, medida en función de la quiebra de la finalidad última que el requisito formal pretendía servir. Interpretación finalista que aplica la proporcionalidad entre la sanción jurídica y la entidad real del defecto. El Tribunal Supremo también se ha pronunciado en el mismo sentido antiformalista al analizar las consecuencias jurídicas de la omisión del trámite de audiencia en los procedimientos administrativos. Así, en su sentencia de 17 de abril de 2001 (que a su vez cita las sentencias de 18 de julio de 1989 y 12 de marzo, 6 de mayo y 25 de mayo de 1998) se rechaza la nulidad por la falta del trámite de audiencia, argumentando que al interesado no se le había ocasionado indefensión y valorando además el carácter excepcional que la jurisprudencia reconoce a la nulidad de pleno derecho por motivos formales y la incidencia del principio de economía procesal. Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998 proclama que la más reciente doctrina pone énfasis, al medir las consecuencias jurídicas de la omisión del trámite de audiencia, en la idea de la indefensión material, pues no cabe ignorar la dimensión instrumental de dicho trámite, encaminado a hacer posible el correcto ejercicio del derecho de defensa, de manera que si éste no se ve impedido o mermado por la omisión denunciada, no resulta procedente anudar a la ausencia del trámite la ineficacia del acto recurrido.

Quinto.-Resulta evidente que, en el presente supuesto, no se ha menoscabado el derecho de defensa pues el contribuyente ha podido formular la reclamación económico-administrativa ante el TEARC y además ha acudido a la vía jurisdiccional, sin perjuicio de que nos encontramos ante el supuesto del art. 134.1 LGT -notificación conjunta de las propuestas de liquidación y valoración- sin que resulte de aplicación el trámite de alegaciones a la propuesta de regularización que contempla el apartado 3 de dicho artículo.

Todo lo cual conduce a la desestimación del recurso contencioso administrativo formulado.

Sexto.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede la condena de la parte actora al pago de las costas pues no ha actuado con temeridad o mala fe procesales en la defensa de su pretensión.

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY


FALLAMOS


 
Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por URBANIZACIÓN VALLESOL SL contra Acuerdo del TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL de Cantabria de fecha 29 de julio de 2008 por el que se desestima la reclamación económico-administrativa entablada frente a la comprobación de valores practicada por la oficina de Torrelavega a efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ante la ampliación de obra construida llevada a cabo por escritura de 18 de octubre de 2005, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta resolución en el libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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