Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Cantabria 130/2010 de 5 de febrero


 RESUMEN:

IRPF: Prestaciones por prejubilación. Exención: No procede porque nacen en virtud de un acuerdo celebrado voluntariamente. Reducción: No procede en aplicación de la doctrina del TS sobre esta materia, porque no constituyen rentas irregulares ya que se perciben de forma periódica hasta la jubilación y no existe período alguno de generación.

SANTANDER

SENTENCIA: 00130/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidente

Doña Maria Teresa Marijuan Arias

Ilmos. Sres. Magistrados

Doña Clara Penin Alegre

Don Juan Piqueras Valls

En la Ciudad de Santander, a cinco de febrero de dos mil diez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el Procedimiento Ordinario número 723/08 interpuesto por Don Ángel, representado por la Procuradora Doña Felicidad Mier Lisaso y defendido por el Letrado Don Jordi González Domínguez contra TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA, representado y defendido por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es 34.899,11 Euros. Es ponente el Ilmo. Don Juan Piqueras Valls, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El recurso se interpuso el día 31 de julio de 2008, contra la resolución dictada del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, dictada en el expediente n.º NUM000, de fecha 29 de mayo de 2008, en donde se desestima la reclamación, confirmando por ajustado a Derecho el acuerdo desestimatorio, dictado por la Administración de Reinosa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de solicitud de rectificación de autoliquidación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, periodo impositivo 2005.

Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que deje sin efecto los actos administrativos impugnados en base a los hechos y fundamentos de Derecho que en la misma se exponen.

Tercero.-La parte demandada, contesta a la demanda, oponiéndose a la misma y solicitando la desestimación del recurso interpuesto.

Cuarto.-No se recibe el pleito a prueba y se señala fecha para votación y fallo, que tuvo lugar el día 28 de enero de 2010, en que efectivamente se deliberó, votó y falló.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-DON Ángel interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, dictada en el expediente n.º NUM000, de fecha 29 de mayo de 2008, en donde se desestima la reclamación, confirmando por ajustado a Derecho el acuerdo desestimatorio, dictado por la Administración de Reinosa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de solicitud de rectificación de autoliquidación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, periodo impositivo 2005.

El recurrente solicita que se dicte sentencia por la que se "con la expresa estimación de la misma, anule el acto impugnado y se reconozca el derecho del recurrente pro la que, acogiendo nuestra argumentación, se estimen las siguientes pretensiones que se efectúan con el carácter de principales y simultaneas:

a) declare nulo, revoque, y deje sin efecto dicho acto administrativo, por contrario a derecho.

b) que en base a la legislación, los hechos expuestos, la documentación que se acompaña, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.1.4) de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, el artículo 8 del Real Decreto 1163/1990, y el artículo 15.1.e del Real decreto 520/2005 de 13 de mayo, se reconozca el derecho del recurrente a la rectificación de la autoliquidación del periodo 2005, y se le restituya lo indebidamente ingresado, cuantificado en una deuda tributaria a favor del contribuyente de 34.899,11 euros, a fecha de 19 de diciembre de 2006.

c) se condene a la Administración demandada a adoptar cuantas medidas sean necesarias para el pleno reconocimiento y satisfacción del derecho que se reclama.

d) Se reconozca el Derecho del recurrente a ser resarcido en los daños y perjuicios sufridos, a cargo de la Administración demandada, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, sobre las bases del interés de demora generado a partir de la fecha de 19 de diciembre de 2006, momento en el que se cuantifica la demanda."

El recurrente Sr. Ángel articula las pretensiones que formula a través del presente recurso contencioso- administrativo sobre los motivos siguientes:

La resolución del T.E.A.R.C. impugnada y la de la A.E.A.T. que confirma no son conformes a Derecho, pues vulneran los art. 7.e y 17.2.a, del R.D. Legislativo 3/2004, en relación con los arts. 128.1 del C.C. y 16.1 d la Ley 58/2003, pues en realidad se produjo el cese definitivo de la relación del recurrente con el BBVA con una compensación por la pérdida del derecho a seguir trabajando y

La jurisprudencia social (S.T.S. de 26 de abril de 2007), y la menor del orden contencioso-administrativo (STSJMurcia de 22/10/04) han reconocido que, en estos casos, nos encontramos ante un despido improcedente, por lo que las indemnizaciones percibidas están exentas dentro del límite legal y en lo que excedan de él constituyen rentas irregulares.

Segundo.-El Abogado del Estado se opone al recurso y solicita que se dicte Sentencia desestimándolo íntegramente, ya que el acto administrativo impugnado es conforme a Derecho.

El Abogado del Estado articula su oposición a las pretensiones formuladas por la parte actora sobre los motivos siguientes:

La resolución del TEARC es conforme a Derecho, pues excluye de la exención a las extinciones laborales de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas y el Convenio suscrito por el recurrente y el BBVA es un pacto de extinción voluntaria de la relación laboral y

Los rendimientos generados, son una renta regular, a tenor de la Sentencia del TS de 10 de mayo de 2.006.

Tercero.-De los términos en los que ha quedado planteada la controversia se infiere que, en definitiva, la cuestión litigiosa es de naturaleza estrictamente jurídica, ya que consiste en determinar si las cantidades que, en virtud del Convenio suscrito el 30/11/2003, abona el BBVA al recurrente son incardinables:

-En el ámbito de las rentas exentas, establecido por el Art. 7.e. de la L. 40/1998, y en lo que excede, en el ámbito de los rendimientos irregulares, establecido en el art. 17.a del mismo cuerpo legal, o

-Subsidiariamente, si son incardinables en su totalidad en el ámbito de los rendimientos irregulares (art. 17.a. de la Ley 40/1998).

Las dos cuestiones ya han sido planteadas ante la Sala en iguales términos en los que se plantean en el presente recurso, y el Tribunal se ha pronunciado, en Sentencia de fecha 26/7/2007, declarando que:

Las rentas litigiosas no son incardinables en el concepto de rentas exentas definido por el art. 7.e de la Ley 40/1998, ya que:

Traen causa de un convenio Interpartes, con un sinalagma que resulta más beneficioso para el recurrente que un eventual despido y

Las sumas percibidas mensualmente no constituyen complemento alguno de otros rendimientos laborales directos o indirectos y

Consecuentemente, serian incardinables en un concepto asimilado a salario.

y

La Sentencia del T.S. de fecha 10/5/2006 excluye la calificación de los ingresos generados como renta irregular.

Por tanto, la Sala debe en virtud de los principios de seguridad jurídica y unidad de la doctrina, desestimar íntegramente el recurso reproduciendo; para evitar reiteraciones, los argumentos ya expuestos a la Sentencia antedicha:

"dos son básicamente las pretensiones que se ejercitan, con independencia del carácter principal o subsidiario con que se realicen. De una parte, la consideración de rentas exentas de tributación por el referido Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las cantidades que ha percibido del Banco de Santander Central Hispano S.A. con motivo de la prejubilación y hasta el límite establecido legalmente, al considerar el cese del recurrente como despido encubierto y ostentar la consideración de indemnización por despido improcedente. Pretensión que se ampara en el artículo 7.e de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De otra, la consideración de estas rentas como irregulares a los efectos del artículo 17.2.a) de la misma.

Comenzando por la primera pretensión, la Sala no duda las intenciones de reestructuración de la entidad Bancaria. Ello se deduce tanto del elevado número de demandas (en las que hábilmente se obvia la situación individualizada concurrente que ha de deducirse del expediente en cuestión) así como del acta de reunión de la Dirección de la Empresa con la representación social, en las que vista la pretensión de la primera de acudir a la fórmula regulada en el artículo 52 c) en relación 51.1, se oponen a su utilización los propios trabajadores, claudicando finalmente la entidad con la propuesta de acudir al procedimiento individual con los afectados, a los que se les concede un plazo para adoptar la decisión correspondiente. Igualmente se admite por la Administración la posición de fuerza que pudiera ostentar la empresa, a la que también cabe deducir del citado acuerdo la de la representación social. Y finalmente, se deduce de la propia demanda que los afectados en ningún momento acudieron a la vía jurisdiccional laboral por considerar como despido improcedente el acuerdo de prejubilación aceptado formalmente como voluntario. En este contexto, resulta innecesaria la prueba que pretendía articularse a través de testifical para acreditar las presiones que el banco pudo ejercer para llegar a estos acuerdos, puesto que la Sala es consciente de dicha situación, por lo dicho anteriormente.

No habiéndose planteado cuestión alguna de prescripción a la vista de la fecha en que se solicita la devolución (el escrito de rectificación data del 3 de junio de 2005), pretende el recurrente que por vía incidental se considere que estos acuerdos de prejubilación se consideren, exclusivamente a efectos fiscales, como despidos improcedentes. Tal pretensión no resulta de recibo. Cierto es que esta Sala se pronunció de forma receptiva a esta propuesta, como se acredita en la invocada Sentencia de 27 de marzo de 1992, rec. 1300/91. Lo que silencia la parte recurrente es que, al igual que el resto de sentencias dictadas en el mismo sentido por esta Sala, fueron sistemáticamente casadas por el Tribunal Supremo por considerar que, al conllevar como consecuencia el disfrute de una situación similar a la de jubilación mientras viva el trabajador, debían ser consideradas como haberes pasivos. Expresamente, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3.ª, sec. 2.ª, de 14 de enero de 1998, rec.6577/1992 procede a casar la Sentencia invocada en los siguientes términos: "Así, por todas, en la sentencia de 22 de marzo de 1995 hemos sentado que "Este Tribunal Supremo tiene reiteradamente dicho (por ejemplo, sentencias de 19 de abril y 23 de septiembre de 1986 y 25 de junio de 1987) que las pensiones de jubilación (sea forzosa, voluntaria, anticipada, etc.) por constituir el pago diferido de una actividad quedan sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de donde está comúnmente admitida la sujeción al Impuesto de este tipo de percepciones, cualquiera que sea su origen". En el caso que se enjuicia es lo cierto que el sujeto pasivo disfruta de una situación patrimonial idéntica a la jubilación, en la que permanecerá definitivamente mientras viva, lo que hace que las cantidades percibidas participen de la naturaleza de haberes pasivos y hayan de quedar gravadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- En consecuencia, se estima infringidos los preceptos que se citan en la sentencia de instancia, toda vez que, voluntaria o forzosa, la jubilación determina que la percepción de haberes pasivos quede sujeta al Impuesto que se cuestiona".

Lo mismo sucede con el resto de jurisprudencia menor alegada en el recurso, contradictoria con la posterior y generalizada, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia. Siquiera en supuestos mucho más problemáticos, como los de reconversión y reindustrialización del Sector de la Construcción Naval con expedientes de regulación de empleo y vigente la antigua legislación, se reconoció esta exención cuando las cantidades percibidas equivalían a una jubilación anticipada. Baste la lectura del resumen jurisprudencial al respecto expuesto en la STS Sala 3.ª, sec. 2.ª, de 14 de febrero de 2006, rec. 2764/2000.

Utilizando diferentes argumentos, la práctica totalidad de la jurisprudencia menor asume el criterio aquí sostenido, de quedar sujetas a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estas cantidades inspiradas en mantener la situación patrimonial del trabajador hasta llegar a la jubilación y configuradas al margen de la antigüedad en la empresa. Y en consecuencia se niega la pretendida equiparación por vía de cuestión prejudicial extemporánea y ante una jurisdicción no llamada para su conocimiento, además de con efectos limitados al área fiscal, entre un cese involuntario con una prejubilación anticipada, ésta con condiciones económicas mucho más beneficiosas para el trabajador que las propias de un despido improcedente y en las que, de algún modo, siempre existe un margen de libertad. En este sentido, ver SSTSJ Madrid, sec. 5.ª, 475/2007, de 15 de marzo, rec.1260/2003, Audiencia Nacional, sec. 2.ª, de 18 de enero de 2007, rec.5/2006, TSJ Canarias (sede Las Palmas), sec. 1.ª, 19/2007, de 12 de enero, rec.215/2006, TSJ Extremadura, sec. 1.ª, 809/2006, de 25 de septiembre, rec.1664/2004, TSJ Aragón, sec. 2.ª, 363/2006, de 12 de junio, rec.283/2004, ésta con cita jurisprudencial inclusive de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y un largo etcétera.

A mayor abundamiento, la reforma introducida por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre citada por el propio recurrente, y por la que se añadió al artículo 7.e) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre un último párrafo (modificación mantenida por el posterior Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo regulador del impuesto) dispone que "cuando se extinga un contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiere correspondido en el caso en el caso de que el mismo hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas".

Tercero.-La segunda cuestión que se plantea en el procedimiento es la relativa a al carácter irregular que se pretende de las rentas percibidas por este mismo concepto. Al igual que en el supuesto anterior, esta Sala fue inicialmente receptiva al referido planteamiento. Sin embargo, la tesis articulada en defensa de esta concepción fue objeto igualmente de rectificación por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en interés de Ley con fecha 10 de mayo de 2006, recurso 29/2004, poniendo fin a las dudas sobre la consideración de rentas irregulares aquí pretendida. Y como consecuencia de la citada resolución y a partir de la Sentencia de esta Sala de 4 de julio de 2006, recurso 205/05, nos hemos hecho eco del criterio del Alto Tribunal (doctrina que pasa a ser vinculante para los órganos inferiores conforme al artículo 101.4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de julio), de forma que no cabe sino desestimar la pretensión ejercitada por el recurrente por razones de coherencia y seguridad jurídica, en cuanto cuestión esencialmente jurídica. Consistiendo ésta en determinar si las rentas litigiosas tienen la consideración de rendimientos regulares (tesis de la Administración), o por el contrario tienen el carácter de rentas irregulares (tesis de los recurrentes) y, en consecuencia, si se debe aplicar la reducción regulada en el art. 17.2 de la Ley 40/1998 o no.

Sienta como doctrina legal la Sentencia del TS citada que "no es de aplicación a los rendimientos percibidos como complemento de prestaciones públicas derivadas de prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo, rendimientos satisfechos mensualmente por una compañía aseguradora y según la póliza de Seguro Colectivo concertada para tales casos, el régimen de las Rentas irregulares". Cierto es que dicha doctrina la dicta en el marco de un supuesto de expediente de regulación de empleo. Pero basta con leer los argumentos utilizados para considerar su aplicación al supuesto de autos.

Resume los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo la Sentencia de esta Sala citada. Así, el artículo 17.2 a) de la Ley 40/98 de 9 de Diciembre establece como regla general, que los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes: a) el 30 por 100 de la reducción, en el caso de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren se forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamientos, en los términos que reglamentariamente se establezcan. El precepto citado supedita la reducción que en él se contempla a que el rendimiento 1) tenga un período de generación superior a dos años y a 2) un requisito de índole negativa, que no se obtenga de forma periódica o recurrente. Además, se considera rendimientos irregulares los que se determinan así reglamentariamente.

Por lo que hace al período de generación, éste no existe, pues el nacimiento del derecho no va unido a la duración de la vida activa del trabajador y que se extingue en la situación que se contempla. Esa vida no origina el derecho a la prestación complementaria, que, por el contrario, naciendo de un expediente de regulación de empleo (ERE), está encaminada a compensar la pérdida de tal vida activa del trabajador. Y está indemnización se calculará normalmente en función de ciertos parámetros y magnitudes, que lo son esencialmente de futuro, tales como tiempo que reste hasta la edad de jubilación, pérdida de salario que tiene lugar y consiguiente disminución del período de cotización a la Seguridad Social, etc. Es decir, el nacimiento del derecho, sin ningún período temporal de generación, se produce con la aprobación del ERE por la Autoridad Laboral y conforme a la legislación laboral aplicable, lo que puede tener lugar bien porque aquella Autoridad homologue un acuerdo previo, cuando existe, o bien porque la Autoridad, si no hay acuerdo, resuelva aprobando la propuesta.

Se trata pues, de una autorización administrativa de extinción de la relación laboral, extinción que ni siquiera se produce automáticamente, sino con la notificación individual del acto del trabajador, que desde entonces, queda en situación de desempleo.

Significadamente, no se trata de un derecho de trabajador que se haya acumulado por algún tipo de capitalización, sino que no es otra cosa que una verdadera indemnización, que nace con el perjuicio consiste en la extinción del contrato de trabajo, con sus efectos inherentes a pérdida también de período de cotización temporal por un cálculo futuro de la pensión de la Seguridad Social. En resumen pues, se trata de un efecto instantáneo y que carece de cualquier tipo de período de generación que pudiese extenderse en el tiempo. Y supuesto ello, entra en juego el derecho a cobrar la concreta indemnización prevista en el Seguro Colectivo, para los casos de prejubilación.

En conclusión, pues no existe período alguno de generación, la misma no puede ser siquiera, ni superior, ni inferior a dos años, con lo que claramente se está fuera del supuesto previsto en el artículo 17.2 a) párrafo primero de la Ley. Lo dicho valdría para el supuesto de tratase de un pago único, o bien de un pago periódico, pues en todo caso el nacimiento del derecho es, según lo dicho, instantáneo y por ello, ajeno a cualquier período de generación.

En lo referente a la forma de su obtención, las indemnizaciones entregadas a los trabajadores, según lo expuesto, eran en forma de renta mensual y por consiguiente, absolutamente periódicas o recurrentes, con el marcado carácter que se deriva precisamente de aquel abono mensual. En rigor, ni siquiera se trataría de un pago que, habiendo nacido ya el derecho a percibirlo, pudiese sufrir un aplazamiento o fraccionamiento, puesto que en realidad la situación jurídica derivada de los pagos por el Seguro Colectivo, es la siguiente: El trabajador percibirá las indemnizaciones, en la medida que se prolongue su vida (en desempleo) hasta el momento de la jubilación, sea esta anticipada o no, por lo que si el trabajador falleciese con anterioridad, el derecho, así concebido, también se extinguiría (y sin perjuicio de otros efectos distintos, que no son ahora el caso). Quiere decirse con ello, en conclusión, que se trata de un derecho no predeterminado en su extensión, duración y efectos, por lo que en tal sentido, se trata de una percepción condicional y con carácter aleatorio. Y si ello es así, ni siquiera se estaría en presencia de un supuesto de fraccionamiento que, en cualquiera de sus modalidades, prevé el artículo 17.2 a) párrafo segundo de la Ley 10-2 del Reglamento.

Así pues, dada la regularidad y periodicidad de los pagos, desaparece toda la razón de ser de protección para una renta irregular y aislada, que se contempla en los preceptos citados como infringidos, por lo que la reducción que prevén, es totalmente inaplicable.

Procede por todo lo expuesto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 100.7 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de julio, que prevé el efecto vinculatorio para los Tribunales de la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en los recursos dictados en interés de ley, desestimar el recurso íntegramente pues las rentas litigiosas se encuentran en el supuesto legal idéntico al que ha sido objeto de la doctrina del T.S. antedicha.


FALLAMOS


 
Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Ángel contra la resolución dictada del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cantabria, dictada en el expediente n.º NUM000, de fecha 29 de mayo de 2008, en donde se desestima la reclamación, confirmando por ajustado a Derecho el acuerdo desestimatorio, dictado por la Administración de Reinosa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de solicitud de rectificación de autoliquidación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, periodo impositivo 2005, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación