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Sentencia T.S.J. País Vasco 161/2010 de 10 de marzo


 RESUMEN:

IRPF: Presentación de la liquidación ante Administración no competente. Competencia de la Diputación Foral para la exacción del impuesto: Está determinada por la residencia habitual. Presentación de la liquidación ante la Diputación foral: No procede porque consta acreditado documentalmente que la residencia habitual del sujeto pasivo del impuesto se encontraba en otro lugar. Vinculación de los actos propios: Aplicación de la doctrina del TS.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 863/07

SENTENCIA NUMERO 161/2010

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DOÑA ANA ISABEL RODRIGO LANDAZABAL

MAGISTRADOS:

DON ÁNGEL RUIZ RUIZ

DON JOSÉ ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA

En Bilbao, a diez de marzo de dos mil diez.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 863/07 y seguido por el procedimiento ORDINARIO, en el que se impugna: el Acuerdo de 23 de marzo de 2007 del Organismo Jurídico Administrativo de Álava, por el que se desestimó la reclamación económico administrativa número 256/06, interpuesta contra resolución del Jefe de la Sección de Renta y Patrimonio de la Hacienda Foral de Álava de 14 de noviembre de 2006, que confirmó las liquidaciones números NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, giradas por IRPF, ejercicios de 2002, 2003, 2004 y 2005.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE: DOÑA Isabel, representada por la Procuradora DOÑA CRISTINA GÓMEZ MARTÍN y dirigido por el Letrado DON JESÚS ÁNGEL SÁEZ REDONDO.

- DEMANDADA: DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, representada por el Procurador DON JOSÉ ANTONIO PÉREZ GUERRA y dirigida por el Letrado DON JESÚS MARÍA CIGANDA IRIARTE.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don ÁNGEL RUIZ RUIZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El día 29 de junio de 2007 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que la Procuradora D.ª CRISTINA GOMEZ MARTIN actuando en nombre y representación de D.ª Isabel, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 23 de marzo de 2007 del Organismo Jurídico Administrativo de Álava, por el que se desestimó la reclamación económico administrativa número 256/06, interpuesta contra resolución del Jefe de la Sección de Renta y Patrimonio de la Hacienda Foral de Álava de 14 de noviembre de 2006, que confirmó las liquidaciones números NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, giradas por IRPF, ejercicios de 2002, 2003, 2004 y 2005; quedando registrado dicho recurso con el número 863/07.

Segundo.-En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que estimando íntegramente este recurso, se acuerde la declaración de no ser conforme a derecho el acto recurrido y las liquidaciones n.º NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 giradas por el IRPF ejercicios 2002 a 2005, por los motivos recogidos en los fundamentos jurídicos del escrito de demanda, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a las costas del proceso.

Tercero.-En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso formulado por la actora contra el acuerdo del Organismo Jurídico Administrativo de Álava de 23 de marzo de 2007 desestimatorio de la reclamación económico-administrativa formulada contra la resolución adoptada respecto de las liquidaciones giradas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2002 a 2005, con expresa imposición de costas a la actora.

Cuarto.-Por auto de 29 de octubre de 2007 se fijó como cuantía del presente recurso la de 5.582,29 euros.

Quinto.-El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.

Sexto.-En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.

Séptimo.-Por resolución de fecha 02/03/10 se señaló el pasado día 09/03/10 para la votación y fallo del presente recurso.

Octavo.-En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Doña Isabel recurre el Acuerdo de 23 de marzo de 2007 del Organismo Jurídico Administrativo de Álava, por el que se desestimó la reclamación económico administrativa número 256/06, interpuesta contra resolución del Jefe de la Sección de Renta y Patrimonio de la Hacienda Foral de Álava de 14 de noviembre de 2006, que confirmó las liquidaciones números NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, giradas por IRPF, ejercicios de 2002, 2003, 2004 y 2005.

Segundo.-El acuerdo recurrido.

En relación con los antecedentes que plasmó, que en lo necesario sobre ellos volveremos, plasmó que la cuestión planteada consistía en si la reclamante debía o no tributar a la Diputación Foral de Álava por IRPF, durante los ejercicios de 2002 a 2005, lo que dependía de si su residencia habitual se encontraba situada o no en el Territorio Histórico.

Retoma el contenido del artículo 6.1 del Concierto Económico del entre el Estado y el País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, que enlaza con el artículo 2.1 a) de la Norma Foral 35/98 de 16 de diciembre, que regulaba el impuesto sobre la renta de la personas físicas en los ejercicios fiscales referidos, así como su artículo 3.1, en redacción dada por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2002 de 3 de diciembre, para concluir que la presunción de residencia de la reclamante en el domicilio en el que figuró empadronada hasta el 9 de junio de 2006, que lo era en el Padrón Municipal de Vitoria-Gasteiz, había sido destruida por ella misma mediante la aportación ante la oficina gestora de una prueba en contrario, consistente en el informe de la Policía Local de Miranda de Ebro por lo que se considera de aplicación a tal informe el artículo 104.4 de la Norma Foral 6/2005 [- se está refiriendo a la Norma Foral General Tributaria de Álava -], para rechazar que la alusión en cuanto a lugar de trabajo que se encontraría en Álava, dato que no estaba cuestionado, pero que no implicaba, en modo alguno, residencia en el municipio del lugar de trabajo y por ello se concluyo que la reclamante no había probado su residencia habitual en Álava durante los ejercicios de 2002 a 2005, confirmándose las liquidaciones impugnada, también en relación con los ejercicios de 2002 a 2004, que suponían unas cantidades a ingresar coincidentes con las previamente devueltas por la Diputación Foral de Álava como resultado de las autoliquidaciones presentadas por la reclamante, y en relación con el ejercicio 2005 la devolución del importe pagado consecuencia de la liquidación número NUM004.

Tercero.-Antecedentes.

Con carácter previo a introducirnos en el planteamiento de demanda y contestación, es necesario retomar antecedentes que se desprenden del expediente administrativo, que los recogeremos de la relación que se incorpora en la contestación de la Diputación Foral de Álava, por ceñirse al contenido del expediente; así tenemos los siguientes:

1.- El 18 de mayo de 2006 la demandante presentó la declaración por IRPF ejercicio 2005 ante la Hacienda Foral de Álava, presentando el 13 de junio siguiente escrito dirigido a la Hacienda Foral en el que señalaba que como consecuencia de su desconocimiento, había realizado la autoliquidación de la renta con la Caja Vital, precisando que era con la que trabajaba habitualmente, en relación con su lugar de trabajo, que era Vitoria, en lugar de la residencia habitual; escrito en el que pidió que se anulara de la declaración presentada y que fuera trasladado el expediente a su lugar de residencia, Miranda de Ebro, aportándose documentos varios, entre ellos certificado de empadronamiento en Miranda de Ebro, y recibos de gas y electricidad correspondientes a domicilio de dicha localidad.

Sobre ello nos remitimos a los folios 36 y siguientes del expediente.

2.- La Oficina Gestora, para dar respuesta a la petición, interesó de la demandante que aportara certificado, no de empadronamiento, sino de residencia expedido por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, donde se detalle la fecha desde la que reside de manera permanente y continuada así como el domicilio; folio 52 del expediente.

3.- El requerimiento se cumplimentó por la demandante trasladando informe del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que consta al folio 20 del expediente, en el que se recogía lo siguiente:

< < Que realizadas las oportunas diligencias de comprobación en relación a lo solicitado, se emite informe de fecha 29 de junio de 2006 por lo componentes de esta Policía Local [..... ] del cual se deduce que doña Isabel con documento nacional de identidad [..... ] reside en Paraje DIRECCION000 número NUM005 desde el año 2002 > >.

Ese informe se expidió tras solicitud de la demandante, en fecha 27 de junio de 2006, al Alcalde de Miranda de Ebro, obrante al folio 51 del expediente, con la que se interesaba se expidiera certificación de < < residencia en la dirección arriba indicada, aprox. desde el año 2002 > >. La residencia indicada era Paraje de DIRECCION000 NUM005.

4.- Como consecuencia de dicho informe y al desprender la residencia de la demandante en Miranda de Ebro desde el año 2002, la Sección de Impuestos sobre la Renta resolvió, el 26 de julio de 2006, que la señora Isabel debió haber presentado las declaraciones a partir del ejercicio 2002 ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Burgos, que es por lo que expidieron cartas de pago por los importes que le fueron devueltos por la Diputación Foral en relación con los ejercicios de 2002, 2003 y 2004 y así mismo se ordenaba la devolución de 141,91 euos ingresados como cuota del ejercicio de 2005; nos remitimos al documento del folio 53 del expedeinte.

5.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de reposición el 7 de noviembre de 2006 [- folios 54 a 60 del expediente -] en el que se insistía por la recurrente que su lugar de residencia habitual durante los ejercicios de 2002 a 2005 había radicado en Vitoria-Gasteiz, que había sido hasta el 9 de junio de 2006, y que desde marzo de 1999 trabajaba para Sodexho España S.A. en el Hospital de Txagorritxu en Vitoria; el recurso de reposición se desestimó por resolución de 14 de noviembre de 2006; folio 61 del expediente.

6.- Fue contra esta resolución contra la que se interpuso la reclamación económica administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, que se siguió bajo el número 256/06, desestimada por el Acuerdo de 23 de marzo de 2007, que es la resolución aquí recurrida.

7.- La demandante se encontró empadronada en Vitoria-Gasteiz desde el 1 de enero de 2001 hasta el 9 de junio de 2006, como consta al folio 60 del expediente, fecha en la que se dio de alta en el Padrón de Miranda de Ebro, como refleja el certificado del folio 47.

Cuarto.-La demanda.

Se interesa que se dicte sentencia por la que se estime el recurso y se acuerdo la declaración de no ser conforme a derecho el acto recurrido y las liquidaciones en el referidas giradas por IRPF ejercicios 2002 a 2005.

La demandante insiste que su lugar de residencia habitual había radicado en la calle DIRECCION001 NUM006 - NUM007 de Vitoria-Gasteiz hasta el 9 de junio de 2006, así como que,al menos desde el 11 de marzo de 1999, se encontraba trabajando en la empresa Sodexho España S.A. en el Hospital de Txagorritxu en Vitoria, con remisión a su contrato de trabajo obrante en el expediente, de lo que concluye que en los ejercicios de 2002 a 2005 vivía y trabaja en Vitoria y por ello en tal ciudad tenía la residencia habitual.

Se puntualiza que fue aconsejada erróneamente y que por ello solicitó la anulación de la liquidación y autoliquidación de IRPF por tener residencia en Miranda de Ebro, cuando no había tenido residencia habitual en dicha ciudad hasta el 9 de junio de 2006; se señala que siguiendo los pasos que le habían aconsejado los funcionarios había aportado certificado de empadronamiento con fecha 9 de junio de 2006, y que conforme a lo solicitado por la Diputación Foral aportó informe de residencia emitido por el Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, certificándose que residía en Miranda de Ebro desde 2002; se dice residía y obtenía la totalidad de sus ingresos de su base imponible en la ciudad de Vitoria, remitiéndose al certificado emitido por el Padrón Municipal de Vitoria en el que constaría que la demandante permaneció inscrita en la vivienda de Vitoria desde el 1 de enero de 2002 hasta el 9 de junio de 2006.

En su fundamentación jurídica la demanda, hace referencia a la Norma Foral 35/98 de IRPF; se trae a colación su artículo 2 en cuanto al ámbito de aplicación subjetiva y del artículo 3 respecto a la residencia habitual, para precisar que el núcleo de la cuestión radica en que la demandante había presentado sus liquidaciones de IRPF en los ejercicios de 2002 a 2005 en la Diputación Foral de Álava, como correspondía porque trabaja y residía en Vitoria-Gasteiz, aunque sin embargo había presentado una documentación en la que se desprendía haber residido en la ciudad de Miranda de Ebro durante tales ejercicios, lo que se dice era una afirmación errónea porque residía en Vitoria.

En relación con ello se considera incorrecta la conclusión que alcanza el acuerdo recurrido sobre la residencia en Miranda de Ebro, para señalar que sobre tal residencia la Diputación Foral en resolución ya había acordado que no se accedía a lo solicitado porque no se había remitido un certificado de residencia, sino el volante de empadronamiento, por la que se ha dado de alta en Miranda de Ebro el 9 de junio de 2006 considerando que habían sido los actos iniciales los correctos, correspondiendo a la contribuyente presentar sus liquidaciones y autoliquidaciones a la Diputación Foral de Álava, habiendo sido todo lo realizado con posterioridad un profundo error.

La demandante trae a colación la doctrina de los actos propios, que no sería sólo de aplicación a las relaciones entre particulares, sino que también se extendería a la Administración con adecuaciones.

Quinto.-Contestación de la Diputación Foral de Álava.

Con remisión a los antecedentes que hemos recogidos, va interesar la desestimación del recurso y confirmación del acuerdo recurrido precisando, como cuestión previa, la relevancia que tiene el que fue por escrito de la demandante, de 13 de junio de 2005, instando la anulación de la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio de 2005, en el que se interesó el traslado del expediente a Miranda de Ebro, insistiendo en que la residencia durante dicho año en dicho municipio, desde 2002, afirmaciones totalmente antitéticas con lo que se mantuvo en la reclamación económico administrativa y ahora en la demanda, y por ello se insiste que se da vulneración flagrante del principio de que nadie puede ir contra sus propios actos; se dice que tales contradicciones no harían sino corroborar lo que tanto la Sección de IRPF, como el Organismo Jurídico, han concluido con acierto, esto es que la demandante residió efectivamente en Miranda de Ebro desde 2002, aunque trabajase en Vitoria y se diese de alta en el padrón de esta ciudad.

Se considera que es expresivo de ello, prescindiendo de otros documentos, la solicitud efectuada por la demandante al Alcalde de Miranda de Ebro, obrante al folio 51 del expediente, con la que se interesaba se expidiera certificación de residencia aproximadamente desde el año 2002.

La Diputación Foral se remite a las determinaciones del concierto económico y hace precisiones sobre el domicilio real de la demandante durante los ejercicios que están en cuestión, señalando que aunque se encontrara empadronada en Vitoria-Gasteiz desde el 1 de enero de 2001 hasta el 9 de junio de 2006, como consta al folio 60 del expediente, fecha en la que se dio de alta en el Padrón de Miranda de Ebro, folio 47, se dice que sin embargo tales informes e inscripciones no constituyen prueba fehaciente de residencia efectiva de la actora en Vitoria, por lo que se deben ponderar la totalidad de las pruebas aportadas, remarcando que además sería numerosísimas las personas que viven efectivamente en Miranda de Ebro, entre otros motivos por el coste muy inferior de la vivienda, y que se desplazan diariamente a Vitoria en los días laborales para desarrollar sus actividades laborales, porque ambas poblaciones distantes tan sólo a 25 kilómetros y están magníficamente comunicadas por ferrocarril y autovía.

Con ello se remite al contenido del expediente, a los distintos documentos obrantes en él, para considerar que configuran un cúmulo de elementos probatorios y lo contradictorio de las manifestaciones de la demandante, para concluir que ha de considerarse acreditado que aunque desarrollase su actividad profesional en Vitoria, su residencia habitual era Miranda de Ebro, en Burgos, desde el año 2002, y por ello se interesa la confirmación de la resolución recurrida.

Sexto.-Residencia habitual, sujeción a IRPF y normativa de aplicación.

En este supuesto se ha de partir del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002 de 23 de mayo, cuyo artículo 6 recoge que la exacción del impuesto sobre la renta de las personas físicas corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco, lo que nos traslada a su artículo 43 que se refiere a la residencia habitual y domicilio fiscal con el siguiente contenido:

< < Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el presente Concierto Económico, se entiende que las personas físicas residentes tienen su residencia habitual en el País Vasco aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

Primera. Cuando permanezcan en dicho territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

En el resto de tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la misma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la fecha del devengo de aquéllos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el País Vasco cuando radique en él su vivienda habitual.

Segunda. Cuando tengan en éste su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas excluyéndose, a estos efectos, las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobiliario, así como las bases imputadas en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

Tercera. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dos. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho territorio más de ciento ochenta y tres días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio del País Vasco, cuando en el mismo radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.

Tres. Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio español, por tener su residencia habitual en el País Vasco su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se considerará que tiene su residencia habitual en el País Vasco.

Cuatro. A los efectos del presente Concierto Económico se entenderán domiciliados fiscalmente en el País Vasco:

a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el País Vasco.

b) Las personas jurídicas y demás entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en el País Vasco dicha gestión o dirección.

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos criterios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

c) Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa o la dirección de sus negocios se efectúe en el País Vasco. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

d) Las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se efectúe en el País Vasco. Si con este criterio fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

Cinco. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes, vendrán obligados a comunicar a ambas Administraciones los cambios de domicilio fiscal que originen modificaciones en la competencia para exigir este Impuesto. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la comunicación se entenderá producida por la presentación de la declaración del Impuesto.

Seis. Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3.ª del capítulo III de este Concierto Económico.

Siete. Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumplimentarán sus obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de conexión, a partir de ese momento.

Además, cuando en virtud de lo previsto en este apartado deba considerarse que no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses de demora.

No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea superior en, al menos, un 50 por 100 a la del año anterior al cambio. En el caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individualización.

b) Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio.

c) Que en el año siguiente a aquel en el que se produce la situación a que se refiere la letra a) o en el siguiente, vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.

Ocho. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se ha producido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuando en el año anterior o siguiente a dicho cambio devengan inactivas o cesen en su actividad.

Nueve. El cambio de domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las Administraciones implicadas. Dicha Administración dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo de dos meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración que resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en el apartado seis de este artículo > >.

En relación con ello el artículo 2.1 a) de la Norma Foral 35/98 de 16 de diciembre de IRPF en Álava establecía que sería de aplicación a título de contribuyente a las personas físicas que tengan su residencia habitual en Álava, recogiendo en su artículo 3.1, según redacción dada por el Decreto Normativo de urgencia fiscal 4/2002 de 3 de diciembre, que se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en el Territorio Histórico de Álava, aplicando sucesivamente las reglas que establece; la primera consistente en que lo será cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número de días del período impositivo, el número de días de permanencia en Álava sea superior al número de días que permanezca en cada uno de otros territorios históricos del País Vasco.

Séptimo.-Residencia habitual de la demandante en Miranda de Ebro (Burgos) desde el año 2002.

En este caso no puede sino considerarse acreditado que la residencia habitual, de los ejercicios fiscales que nos ocupan, no era el Territorio Histórico de Álava, no era la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con independencia de que el lugar de trabajo se encontrara en dicho domicilio y que figurara empadronada en el mismo, y ello porque ha de concluirse que su residencia habitual se encontraba en Miranda de Ebro, como se ha de deducir de la documental obrante en el expediente.

En concreto, por la relevancia que tiene, porque por ella misma se trasladó el 13 de junio de 2006, como consta al folio 36 del expediente, en escrito dirigido a la Hacienda Foral de Álava, que había realizado por desconocimiento la autoliquidación de la renta con la Caja Vital en relación con el lugar de trabajo que era Vitora, en lugar del de su residencia habitual, interesando por ello la anulación de la declaración presentada para que se trasladara el expediente a su residencia en Miranda de Ebro, soportado distintos documentos.

Hemos visto como para dar respuesta a dicha petición la Oficina Gestora instó de la solicitante que aportara certificación no del empadronamiento, sino de la residencia[ - ya estamos viendo como lo relevante es la residencia -], expedido por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, detallándose fecha desde la que residían de manera permanente y continuada, así como el domicilio, requerimiento que se cumplimentó remitiendo informe del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento en el que se plasmó que, tras realizar las oportunas diligencias de comprobación por la Policía Local, se deducía que la Señora Isabel residía en DIRECCION000, NUM005 desde el año 2002 [- nos remitimos al folio 50 del expediente -].

Ya en el expediente constaba documento redactado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios en el que no se hacía expresa referencia a fechas, pero recogía que la demandante residía de forma habitual en el domicilio de Miranda de Ebro; se aportaron facturas de gas natural, desde al menos diciembre de 2003, folios 41 a 43; así mismo facturas de Iberdrola folios 45 a 47, en relación con suministros al menos desde febrero de 2004; se alude al préstamo obtenido desde 26 de abril de 2001, para adquisición de la vivienda y se recoge al folio 40 del expediente como en la libreta de la Caja Vital abierta en octubre de 2005, lo es en la oficina de Miranda de Ebro.

Ello hace queda ratificado, en lo que interesa, con el informe que en período de prueba remitió el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, informe de la Policía Local en el que se plasma que el 29 de junio de 2007, presentada la patrulla que efectúa el informe en el DIRECCION000, se había consultado con los vecinos colindantes, trasladando su nombre y apellidos y número de teléfono, para plasmar que acreditaron que Doña Isabel, la aquí demandante, residía en el domicilio de DIRECCION000 número NUM005 desde la construcción de las viviendas, en el año 2002.

En período de prueba también se aportaron certificaciones de Gas Natural de Castilla y León y de Iberdrola en relación con los consumos de gas desde enero de 2002 a diciembre de 2003 y de electricidad desde febrero de 2002 a diciembre de 2003.

En un supuesto como el presente no puede considerarse sino de especial trascendencia y relevancia la propia manifestación de la demandante en aquel escrito que dirigió el 13 de junio de 2006 a la Hacienda Foral de Álava donde se hacía referencia a la residencia en Miranda de Ebro, además de haberse aportado informe de la Policía Local de dicho municipio en los que se manifestó que la demandante residía en dicha localidad desde el año 2002, lo que además se considera ratificado en período de prueba con el informe aportado de 21 de enero de 2008 en el que expresamente se hace además referencias concretas a personas identificadas a vecinas de la hoy demandante trasladando el dato de la residencia desde el año 2002.

Todos los elementos lácticos y probatorios que se han referido, llevar a considerar como racional y lógica la conclusión alcanzada por la Administración, en el sentido de que la demandante, si bien desarrollaba su actividad profesional en Vitoria, y figuraba empadronada en el municipio de Vitoria, su residencia habitual desde el año 2002 sería Miranda de Ebro.

No puede perderse de vista la relevancia que tiene el hecho de que fue la propia demandante la que aportó, a requerimiento de la Hacienda Foral en relación con la acreditación de la residencia habitual en Miranda de Ebro, un certificado emitido por el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de dicha localidad burgalesa en la que se plasmaba que residía en la misma desde el año 2002, con la singularidad de que lo fue en respuesta a solicitud de la demandante, en fecha 27 de junio de 2006, al Alcalde de Miranda de Ebro, obrante al folio 51 del expediente, con la que se interesaba se expidiera certificación de < < residencia en la dirección arriba indicada, aprox. desde el año 2002 > >.

Octavo.-La doctrina de los actos propios también vincula a los particulares.

A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la relevancia y contundencia de la prueba documental valorada en este sentencia, suficiente parar desestimar el recurso, como se ha hecho referencia a ello, no deja de ser oportuno trasladar la relevancia que tiene en las relaciones jurídicas la vinculación a las actos propios, en relación con el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos.

Aquí podemos retomar la STS, Sala Tercera Sección 5.ª del 20 de mayo del 2009 (Recurso 2590/2005), en la que se razona como sigue:

< < [...] como puso de manifiesto la Sala Primera, en la STS de 13 de junio de 2000, "no puede aceptarse dicho razonamiento del motivo y no resulta aplicable al caso la doctrina de los actos propios, que exige y requiere que los mismos se realicen con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho, causando, estando y definiendo la situación jurídica del mismo y debiendo ser concluyente y definitivo --- sentencias, entre otras muchas, de 27 de julio y 5 de noviembre de 1987, 15 de junio de 1989, 18 de enero y 27 de julio de 1990, 31 de enero y 30 de octubre de 1995 ---", pues "no pueden reputarse como actos propios los que no dan lugar a derechos y obligaciones --- sentencias de 9 de febrero de 1962, 16 de junio y 5 de octubre de 1984, 23 de junio, 25 de septiembre y 5 de octubre de 1987, 25 de enero y 4 y 10 de mayo de 1989, 20 de febrero de 1990 y 10 de junio de 1994, entre otras muchas--- y requiere que los hechos tengan una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercida --- sentencia de 6 de abril de 1962 --- lo que aquí no ocurre, precisando tener eficacia jurídica bastante a producir una situación de derecho contraria a la sostenida por quien lo realice --- sentencias de 4 de julio de 1962, 5 de marzo, 14 de mayo y 27 de noviembre de 1991, 9 de octubre de 1993 y 17 de diciembre de 1994 ---", ya que "han de tratarse de actos que por su trascendencia o por crear convención causen estado, no pudiendo ser alterada unilateralmente la relación jurídica por ellos creada y han de ser hechos de inequívoca significación --- sentencias de 7 de octubre de 1932), 27 de noviembre y 20 de diciembre de 1952, 30 de enero de 1963 y numerosas posteriores---". "En definitiva ---concluye la STS---, el acto propio contra el que no puede ir válidamente aquel que lo realiza es el llevado a efecto con ánimo de producir una consecuencia jurídica, pero han de ser `los trascendentales de los que no cabe regresar contradiciéndose por vincular a quien los realiza a un estado o situación jurídica que por su proyección más allá del ámbito unilateral es inalterable --- sentencias de 11 de octubre de 1966 y 12 de abril de 1993 --- > >.

Por todo ello, sólo queda ratificar el acuerdo recurrido, con desestimación de la demanda.

Noveno.-Costas.

Estando a los criterios en cuanto a costas del artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, no se hace especial pronunciamiento al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes.

Es por los anteriores fundamentos por lo que este Tribunal pronuncia el siguiente


FALLO


 
Que, DESESTIMANDO el recurso 863/07 interpuesto por Doña Isabel, representada por la Procuradora Doña Cristina Gómez Martín, contra el Acuerdo de 23 de marzo de 2007 del Organismo Jurídico Administrativo de Álava, por el que se desestimó la reclamación económico administrativa número 256/06, interpuesta contra resolución del Jefe de la Sección de Renta y Patrimonio de la Hacienda Foral de Álava de 14 de noviembre de 2006, que confirmó las liquidaciones números NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, giradas por IRPF, ejercicios de 2002, 2003, 2004 y 2005, DEBEMOS:

1.º- Declarar la conformidad a derecho del Acuerdo recurrido, que por ello confirmamos, con desestimación de las pretensiones ejercidas en la demanda.

2.º- No aceptar pronunciamiento en cuanto a las costas.

Esta sentencia es FIRME y no cabe contra ella recurso ordinario alguno, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán interponer los que estimen pertinentes. Conforme dispone el art. 104. de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo así como el testimonio de esta sentencia, y en el que se hará saber que, en el plazo de 10 días, deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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