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Sentencia T.S. (Sala 3) de 23 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina. El asunto tiene su origen en la expropiación de un terreno del recurrente para la ejecución del proyecto. Los recurrentes impugnan la fijación del justiprecio por el jurado provincial. Nulidad del proyecto legitimador de la expropiación declarado por sentencia que aún no es firme: el Tribunal debe estimar la pretensión de anulación del justiprecio fundada en dicha nulidad del proyecto.

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Señores al margen, el recurso de casación para la unificación de doctrina que con el número 161/10 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de don Mateo, contra la Sentencia de fecha 27 de febrero de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Tercera, en el recurso contencioso administrativo número 7968/2006. Siendo parte recurrida la Administración General del Estado


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia recurrida contiene Parte Dispositiva que copiada literalmente dice: "FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Don Mateo frente a los acuerdos del Jurado Provincial de expropiación, debemos revocar el mismo a los solos efectos siguientes: el valor de cada cepa debe establecerse en la suma de 61,65 euros, cuya existencia se acredite mediante documento público, cantidades que se incrementarán con los intereses legales que se hayan ocasionado por demora en la tramitación y pago del justiprecio. Y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en todo lo demás. Sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en esta instancia" .

Con fecha 26 de marzo de 2009 se dictó auto de aclaración que contiene los siguientes particulares: "RAZONAMIENTOS JURIDICOS: (...) SEGUNDO.- Al amparo de dicho precepto y por lo que se refiere al número de cepas debe indicarse que era durante la fase probatoria donde debía acreditarse el real número de cepas existente en la finca expropiada y no en este instante procesal, lo que en modo alguno se hizo, si bien la Sala y a pesar de ello, interpretó de modo flexible y pro expropiado su existencia. Dicha interpretación favorable a los intereses del expropiado no puede alcanzar a entender que cada metro de emparrado se corresponda con una cepa, al menos el nuevo examen del expediente administrtivo ni el informe realizado por Carlos Manuel nos arrojan luz sobre el verdadero y real número de cepas, que puede o no coincidir con los metros de emparrado. Solamente habrá lugar a indemnizar aquellas cepas cuya existencia se acredite de manera cierta y fehaciente por medio de documento público ante la Administración competente para su reconocimiento y pago. TERCERO.- Al amparo de dicho precepto y por lo que respecta a la clasificiación urbanística del terreno expropiado, ciertamente el mismo se encontraba en todo o en parte clasificado como suelo urbanizable, pero tanto ya sea éste de uso deportivo como de usos mixtos lo que resulta imposible de soslayar es que el terreno afectado, como otros que se encuentran en idéntica situación, no deja por ello de estar sujeto a las limitaciones que sobre sus posibles aprovechamientos urbanísticos impone la Ley de Aguas, como tampoco puede obviarse que dichos terrenos son inmediantamente adyacentes a parcelas que sí se encuentran clasificadas como suelo rústico de protección de aguas. Hasta tal punto ello es así que en fase de prueba el perito judicial solamente aporta en aplicación del método de comparación de fincas análogas, que es el prescrito por el artículo 27.1 de la Ley 6/1998 de 13 de abril , una transacción que tuvo lugar en un terreno de estas características. De otra parte, no puede tampoco obviarse que el sistema valorativo a aplicar es el prescrito en el artículo 26 por remisión del artículo 27 del citado cuerpo legal, que en todo caso prevé, en defecto de aplicación del método de comparación como aquí ocurre según afirmó en su día el perito judicial, la utilización del método de capitalización de rentas. Lo que nunca podrá tener lugar es la aplicación del métodos extralegales prohibidos desde la entrada en vigor de la Ley 6/1998 de 13 de abril y menos aún los previstos para suelo urbano o suelo urbanizable programado o sectorizado. Finalmente debe significarse que la STSJG de 7 de junio de 2005 no contemplaba terrenos sujetos a limitaciones a la ley de Aguas y versaba sobre terrenos clasificados como suelo urbanizable programado sujetos a los sistemas valorativos previstos en el apartado segundo del artículo 27 de la Ley 6/1998 de 13 de abril , por lo que su estudio y aplicación al supuesto de autos, fuera de tratarse de un supuesto aislado, resulta ajeno al caso enjuiciado. PARTE DISPOSITIVA: LA SALA ACUERDA: Aclarar la sentencia dictada en el sentido señalado en el Segundo y Tercero de los Fundamentos Jurídicos que anteceden, sin que proceda acceder a las peticiones contenidas en su escrito por la recurrente".

Segundo.-Por la representación procesal de don Mateo, se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la referida resolución, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas y terminó suplicando a la Sala de instancia que elevara los autos a esta Sala para la substanciación del recurso.

Tercero.-Admitido el recurso a trámite, se concedió a la parte recurrida el plazo de treinta días a fin de que formalizara su oposición, verificándolo el Abogado del Estado, en el nombre y representación que le es propia, dentro del término legal.

Cuarto.-La Sala de instancia dictó Providencia acordando elevar las actuaciones y el expediente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Quinto.-Recibidas las actuaciones en esta Sala y repartidas a esta Sección, se ordenó formar el rollo de Sala.

Sexto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOSMIL DIEZ, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso,.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación para la unificación de doctrina es interpuesto por la representación procesal de don Mateo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 27 de febrero de 2009.

El asunto tiene su origen en la expropiación de un terreno del recurrente para la ejecución del proyecto denominado "Acondicionamiento de la margen derecha del río Avia". El justiprecio fue fijado por acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Orense de 15 de febrero de 2006. Disconformes con él, acudieron los recurrentes a la vía jurisdiccional, donde formularon tres pretensiones: primera, que se declarase nulo todo el procedimiento expropiatorio por no ser ajustado a derecho el proyecto que lo legitima y, en consecuencia, que se incrementase el justiprecio en un 25%; segunda, que se valorase el terreno expropiado como si de suelo urbanizable se tratara, por estar destinado a un sistema general de instalaciones deportivas y viales; y tercera, que se hiciese correctamente la valoración de las cepas existentes en el terreno expropiado.

La sentencia ahora impugnada estima sólo la tercera de las pretensiones mencionadas, rechazando las otras dos. Por lo que se refiere a la alegada nulidad de todo el procedimiento expropiatorio, dice lo siguiente:

A la hora de examinar esta pretensión, nos encontramos conque la parte actora argumenta por todo razonamiento para defender la ilegalidad del proyecto de expropiación, la Sentencia dictada por este Tribunal en fecha 29 de septiembre de 2006 , Sentencia que como ambas partes conocen no es firme a fecha de dictarse la presente resolución estando interpuesto contra la misma recurso de casación que se encuentra todavía pendiente de resolución ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dicho esto, y atendido que la Sala ha de enjuiciar la pretensión que se articula por la demandante de acuerdo con los elementos que en este pleito se hayan mostrado por las partes y especialmente con aquella que tenía la carga de probar su procedencia, solamente podemos significar que ninguna actividad ha desarrollado la parte demandante, fuera de la ya expuesta, que nos permita apreciar también en este proceso que el proyecto de expropiación que sirve de causa a la expropiación sufrida por el demandante incurre en algún tipo de vicio que le haga merecedor de nulidad. Téngase en cuenta que en este proceso ni hemos tenido a la vista el proyecto de expropiación, como tampoco en el expediente remitido a este Tribunal figura mención alguna al mismo, ni se ha aportado razones o argumentos que permitan apreciar la alegada nulidad.

Por lo demás, en cuanto a la pretensión de valoración del terreno expropiado como de suelo urbanizable se tratase, la sentencia impugnada niega que se esté en presencia de un sistema general que crea ciudad, ya que se trata de una actuación impulsada por la Confederación Hidrográfica del Norte sin un objetivo de desarrollo urbano.

Segundo.-A fin de fundar el recurso de casación para la unificación de doctrina, aportan los recurrentes numerosas sentencias de esta Sala, relativas casi todas ellas a la posibilidad de impugnar indirectamente -al oponerse al justiprecio- el proyecto que legitima la expropiación, así como al problema conexo de la indemnización procedente en el supuesto de que, una vez declarado nulo todo el procedimiento expropiatorio, no sea posible la restitución in natura del bien expropiado.

Dos de las sentencias de contraste, sin embargo, versan sobre una cuestión distinta, a saber: si, habiéndose declarado la nulidad del proyecto que legitima la expropiación por sentencia que aún no es firme, debe el tribunal que conoce de la impugnación de un justiprecio estimar la pretensión de que se declare nulo todo el procedimiento expropiatorio por desaparición de la causa expropiandi. Se trata de las sentencias de esta Sala de 29 de junio de 2007 y 2 de abril de 2008, que dan una respuesta afirmativa al referido interrogante.

Tercero.-Cabe afirmar, de entrada, que el grueso de las sentencias de contraste aportadas carecen de relevancia en el presente caso, ya que su invocación hace supuesto de la cuestión, que no es otra sino si la sentencia impugnada habría debido tener por nulo todo el procedimiento expropiatorio a pesar de que la sentencia que declara la nulidad del proyecto que legitima la expropiación aún no hubiera adquirido firmeza. Por ello, no es preciso examinar cada una de esas sentencias pormenorizadamente.

Cuarto.-Con respecto a las sentencias de 29 de junio de 2007 y 2 de abril de 2008, en cambio, debe hacerse un razonamiento distinto y comenzar señalando un dato que no consta -ni podía constar- en la sentencia impugnada ni en los escritos de las partes: el recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de septiembre de 2006, que declaró la nulidad del proyecto "Acondicionamiento de la margen derecha del río Avia" y que estaba pendiente de resolución en el momento en que se dictó la sentencia impugnada, ha sido resuelto por la sentencia de esta Sala de 11 de mayo de 2010 (recurso de casación 5898/2006), que confirma la nulidad declarada en la instancia.

Pues bien, a la vista de este dato, resulta indiscutible que el problema central planteado en las dos sentencias de contraste mencionadas era el mismo que se suscita en el presente caso. Para comprobarlo, conviene reproducir dos pasajes de la primera de la sentencia de 29 de junio de 2007. Sobre los antecedentes del asunto dice:

La representación procesal de la entidad mercantil L'Horta Inversiones S.L. en su escrito de interposición del recurso de casación contra la sentencia pronunciada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil tres por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia de catorce de junio de dos mil, formula con carácter previo una serie de alegaciones acerca de la nulidad del instrumento urbanístico que motivó la expropiación, por considerar que si bien la Sala de instancia no declaró la nulidad del acuerdo impugnado por entender que aunque el Plan Parcial que legitimaba tal expropiación había sido anulado por sentencia de doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho , aquella sentencia carecía del efecto nihilizador por no ser firme, ha tenido conocimiento de que nuestra Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencias de veinte de junio y de treinta y uno de octubre de dos mil, habían anulado los instrumentos urbanísticos en los que se fundaba la expropiación que nos ocupa al quedar firme la sentencia de instancia de doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho .

Y más adelante, para motivar la declaración de nulidad de todo el procedimiento expropiatorio, afirma:

En consecuencia, habiendo quedado firme la sentencia de 12 de marzo de 1998 dictada por la Salade instancia, por la que se anulaba los instrumentos urbanísticos en los que se fundaba la expropiación, desaparece la declaración de utilidad pública e interés social, es decir, la causa expropiandi que habilitaba a la Administración para ejercicio de dicha potestad, causa sobrevenida que determina la nulidad del procedimiento expropiatorio, incluido el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación fijando el Justiprecio, según el criterio jurisprudencial expuesto, que no es susceptible de subsanación por su carácter de nulidad radical, en contra de lo que se sostiene en la sentencia de instancia y mantiene la contraparte, que por lo tanto no se ajusta a dicha jurisprudencia invocada por el recurrente, lo que lleva a estimar este motivo de casación, teniendo en cuenta que el hecho de que la firmeza de tales sentencias se haya producido después de dictada la sentencia aquí recurrida no supone una alteración sustancial del planteamiento de la instancia, en la que ya se invocaba la nulidad del planeamiento como fundamento de sus pretensiones, ni impide su apreciación en este recurso de casación, que en otro caso conduciría a un replanteamiento del proceso en la instancia por el recurrente, incompatible con una efectiva prestación de la tutela judicial.

Pues bien, comparando todo esto con la sentencia impugnada, resulta lo siguiente: A) Hay identidad de hechos relevantes (en el momento en que se impugna el justiprecio, una sentencia anterior que había anulado el proyecto que legitima de la expropiación aún no había adquirido firmeza por estar recurrida en casación). B) Hay identidad de fundamentos (el argumento jurídico esgrimido viene dado por la anterior sentencia aún no firme). C) Hay identidad de pretensiones (se pide la declaración de nulidad del justiprecio con base en que el proyecto que legitima la expropiación no es ajustado a derecho). Hay que concluir, así, que existe la triple identidad de hechos, fundamentos y pretensiones requerida por el art. 96 LJCA. Una vez comprobado esto, hay que determinar cuál de las doctrinas -es decir, de las interpretaciones de la regulación aplicable- es correcta. Téngase en cuenta que el recurso de casación para la unificación de doctrina sólo puede prosperar si la doctrina recogida en la sentencia impugnada es incorrecta, debiendo ser rechazado por razones obvias cuando -a pesar de estar en contradicción con las sentencias de contraste- su doctrina es correcta. En el caso ahora analizado, esta Sala no alberga ninguna duda que la doctrina correcta sobre los efectos de la sentencia aún no firme que declara la nulidad del proyecto que legitima la expropiación es la mantenida por las sentencias de contraste. La razón fundamental expuesta en el pasaje transcrito de la sentencia de 29 de junio de 2007 es muy clara y difícilmente cuestionable: el hecho de que la sentencia en que se apoya la pretensión del demandante ganara firmeza en un momento posterior no altera el planteamiento de la instancia. Como esta Sala dijo en aquella ocasión, sostener lo contrario conduciría a un desconocimiento de exigencias elementales de economía procesal, con la consiguiente vulneración de la efectividad de la tutela judicial.

A ello se puede ahora añadir otra consideración: precisamente porque la sentencia que había estimado la impugnación directa del proyecto que legitima la expropiación no era firme y no se había producido aún la invalidación del mismo con efectos erga omnes, la sentencia impugnada debía pronunciarse -tal como pedían los recurrentes- sobre la impugnación indirecta de dicho proyecto; cosa que no hizo, so pretexto de la falta de firmeza de aquella primera sentencia. Este modo de proceder, aunque no haya impedido a la Sala de instancia decidir sobre la pretensión principal de los recurrentes, implica ciertamente dejar de pronunciarse sobre una de "las cuestiones controvertidas del proceso" (art. 67 LJCA) con relevancia para el sentido del fallo. En otras palabras, dado que aquella primera sentencia no era firme, tal vez la sentencia impugnada hubiera podido motivadamente separarse de ella y considerar que el proyecto que legitima la expropiación era ajustado a derecho; pero, al no seguir este camino, la única vía coherente era considerar que el mencionado proyecto era inválido por las razones que la propia Sala de instancia había expuesto en su primera sentencia. Lo que en ningún caso tiene justificación es, dejando de pronunciarse sobre si la impugnación indirecta del proyecto que legitima la expropiación está bien fundada o no, orillarla con el argumento de que la sentencia que estimó la impugnación directa no ha adquirido firmeza.

Por todo lo expuesto, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina debe ser estimado, con la consiguiente anulación de la sentencia impugnada.

Quinto.-Al haber sido casada la sentencia impugnada, es preciso, de conformidad con el art. 98.2 LJCA, resolver el fondo del litigio tal como ha quedado planteado. La solución, a la vista de cuanto se lleva dicho, es clara: se debe estimar la pretensión de que se declare la nulidad de todo el procedimiento expropiatorio. Es jurisprudencia constante que la nulidad de la causa expropiandi arrastra consigo todo lo actuado. Ello implica la ilegalidad de la ocupación del bien expropiado, que debe ser restituido por la Administración a sus propietarios, indemnizando, en su caso, los perjuicios ocasionados por dicha ocupación ilegal. Esto es precisamente lo que ordenó la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de septiembre de 2006 cuando declaró la nulidad del proyecto "Acondicionamiento de la margen derecha del río Avia", lo que luego ha sido confirmado por la sentencia de esta Sala de 11 de mayo de 2010. Y a esto, por supuesto, se debe ahora estar.

No cabe, por tanto, acoger las otras dos pretensiones formuladas en la demanda. Como bien observó el Abogado del Estado en la contestación a la demanda, no está demostrado que en el presente caso no sea posible la restitución in natura del terreno expropiado, lo que excluye que los recurrentes deban recibir el justiprecio incrementado en un 25%. Éste es un criterio de origen puramente jurisprudencial para indemnizar la vía de hecho que sólo opera en el supuesto de que la restitución del bien ilegalmente ocupado sea imposible. Y en cuanto a la pretensión de valoración correcta de las cepas existentes en el terreno expropiado, tampoco puede ser acogida, desde el momento en que todo el procedimiento expropiatorio es nulo.

Por ello, procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Mateo contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Orense de 15 de febrero de 2006, declarando la nulidad de éste y ordenando a la Administración que restituya el terreno a los recurrentes y les indemnice, en su caso, por los perjuicios ocasionados por la ocupación ilegal de aquél. Si la restitución in natura resulta imposible, la Administración deberá dar a los recurrentes una indemnización equivalente al valor del terreno no restituido. Tanto la indemnización equivalente en el supuesto de imposibilidad de restitución como la indemnización de perjuicios por la ocupación ilegal deberán ser fijadas, previa su debida acreditación, en ejecución de sentencia.

Es conveniente señalar que, si bien todo esto no satisface enteramente lo perseguido por los recurrentes al interponer el recurso de casación para la unificación de doctrina -su objetivo principal era lograr un incremento del 25% en el justiprecio y que éste se calculara como si de suelo urbanizable se tratase-, su situación final no resulta de ninguna manera peor que la que tenían con arreglo a la sentencia impugnada y, por consiguiente, no hay reformatio in peius. No hay que olvidar que, según la sentencia impugnada, los recurrentes sólo tenían derecho al justiprecio establecido por el acuerdo del Jurado, modificado únicamente en lo relativo a la valoración de las cepas, mientras que ahora tienen derecho a recuperar el terreno o su valor equivalente, más la indemnización por los perjuicios que les haya ocasionado la ocupación ilegal.

Sexto.-Con arreglo al art. 139 LJCA, no procede hacer imposición de las costas de este recurso de casación para la unificación de doctrina y, con respecto a las costas de la instancia, no se aprecia temeridad o mala fe que justifiquen una condena al pago de las mismas.


FALLAMOS


 
Primero.-Ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de don Mateo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 27 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso administrativo número 7968/2006, que anulamos.

Segundo.-En su lugar, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Mateo contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Orense de 16 de febrero de 2006, declaramos la nulidad de éste y ordenamos a la Administración que restituya el terreno ilegalmente ocupado a los recurrentes y le indemnice por los perjuicios ocasionados, los cuales deberán ser acreditados en ejecución de sentencia. En caso de acreditada imposibilidad de restitución, la Administración deberá dar a los recurrentes una indemnización equivalente al valor del terreno no restituido, a fijar igualmente en ejecución de sentencia.

Tercero.-No hacemos imposición de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan Carlos Trillo Alonso, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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