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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 14 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Expropiación forzosa: Justiprecio. Clasificación urbanística como suelo no urbanizable. Se debatía si era de aplicación la doctrina jurisprudencial relativa a los proyectos que crean ciudad y si los terrenos expropiados debían ser valorados como si fuesen suelo urbanizable, llegando a una conclusión negativa. No ha lugar.

En la Villa de Madrid, a catorce de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Señores al margen, el recurso de casación para la unificación de doctrina que con el número 541/09 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de la GENERALITAT VALENCIANA, contra la Sentencia de fecha 26 de febrero de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sección Segunda Bis, en el recurso contencioso administrativo número 1121/06. Siendo partes recurridas don Alvaro y doña Virtudes y la Administración General del Estado


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia recurrida contiene Parte Dispositiva que copiada literalmente dice: "FALLAMOS: 1.- Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Alvaro y Dña. Virtudes, representados por el Procurador D. Carlos J. Aznar Gómez, y defendidos por el Letrado D. Francisco Ramón Alabau Montaña, contra la Resolución del Jurado de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 25-5-2006, por la que se fija el justiprecio de la finca de su propiedad, afectada por el proyecto de expropiación "OR4-V15-1499.- Plan especial de ejecución del sistema general GTR-2 del PGOU de Valencia (ampliación de instalaciones de la Fuente de San Luis)";.

2.- Anularla por contraria a derecho, y quedando, en consecuencia, fijado el justiprecio de la finca expropiada, a que se contrae el presente recurso, en las cantidades que se han establecido en el FJ 4.º de la presente, reconociendo el derecho al percibo de intereses legales en los términos indicados en el FD 5.º, y condenando a la Administración demandada y codemandada a estar y pasar por tales declaraciones.

3.- No hacer expresa imposición de costas".

Segundo.-Por la Abogada de la Generalitat se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la referida resolución, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas y terminó suplicando a la Sala de instancia que elevara los autos a esta Sala para la substanciación del recurso.

Tercero.-Admitido el recurso a trámite, se concedió a las partes recurridas el plazo de treinta días a fin de que formalizaran su oposición, manifestando el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, que se adhería al recurso interpuesto, y verificándolo la representación de don Alvaro y doña Virtudes dentro del término legal.

Cuarto.-La Sala de instancia dictó Providencia acordando elevar las actuaciones y el expediente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Quinto.-Recibidas las actuaciones en esta Sala y repartidas a esta Sección, se ordenó formar el rollo de Sala.

Sexto.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día SIETE DE DICIEMBRE DE DOSMIL DIEZ, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso,.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El presente recurso de casación para la unificación de doctrina es interpuesto por la Letrada de la Generalitat Valenciana contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª bis) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 26 de febrero de 2009.

El asunto tiene su origen en la expropiación de una finca perteneciente a los recurrentes para la realización del proyecto denominado "Ejecución del Sistema General GTR-2 del Plan General de Valencia (Ampliación de Fuente de San Luis)". Por acuerdo de 6 de junio de 2007, valorando la finca con arreglo a su clasificación urbanística como suelo no urbanizable, se fijó el justiprecio en 42 euros por metro cuadrado. Además, valoró el vuelo de la forma siguiente:

"-Construcciones (vivienda y almacén) a 438 E/m2 y 141,98 E/m2, con remisión a la normativa catastral en función del coste de reposición (600 E/m2 y 273 E/m2), corregido en función de la antigüedad (0,73 y 0,52) y estado de conservación (1) según el R. Dec. 1020/93.

-Patio interior: 525,20 E (a 10 E/m2).

-Plantaciones:

*Jardinería: 281,27 E (12,02 E/m2).

*Pinos semiadultos: 360,60 E (120,20 E/Ud.).

*Olivos adultos: 1.000 E (200 E/Ud.).

*Higueras adultas: 373,84 E (186,94 E/Ud.).

*Parras: 180,30 E (90,15 E/Ud.).

*Platanera: 50 E (50 E/Ud.).

*Frutales adultos: 550 E (50 E/Ud.).

-5% de Premio de afección: 6.755,20 E.

-Indemnización por Rápida Ocupación: 1 E/m2 para huerta y 1,10 E/m2 para naranjos (1.066 E y 99 E respectivamente).

-Alta en servicios públicos: 500 E.

-Mudanzas y traslado: 700 E.

-Reubicación temporal: 2.178,14 E."

Disconforme con ello, la expropiada acudió a la vía jurisdiccional, alegando los siguientes motivos:

"-falta de respaldo económico para poder atender el pago del justiprecio.

-la obra instalada carece de la declaración de utilidad pública e interés social al considerar que es notorio que tras la ocupación administrativa, se ha cedido a empresas privadas para que desarrollen su propio negocio por lo que no se está cumpliendo la finalidad de la expropiación.

-error en cuanto a la clasificación del suelo apreciada por el Jurado, ya que se considera como no urbanizable, cuando la expropiación tiene por finalidad la instalación de un sistema general GTR-2 y por tanto debió valorarse como urbanizable.

-en cuanto a la valoración del suelo, al estimar el Jurado que no existen valores comparables, incurre en error puesto que las parcelas colindantes por el Oeste, para el nuevo hospital La Fe han sido pagadas a 110,18 E y por el Este, para Mercavalencia, a 108,5 E y que la parcela NUM000 afecta a esta misma expropiación ha sido valorada por la Consellería de Hacienda en 302,9 E/m2.

-en cuanto a la valoración del vuelo, entiende que la vivienda y almacén tienen el valor que asignó el informe que acompañan como doc. 1 (145.741 E), y acepta el resto de conceptos indemnizables y su valoración, exceptuado el premio de afección que ascenderá a 16.416,4 E.

-fecha respecto al devengo de intereses, que serán los 6 meses siguientes desde la declaración de necesidad de ocupación, y reclama la retasación conforme el articulo 58 de la LEF .

Alternativamente, solicita la anulación de la resolución del Jurado, reconociendo un justiprecio de 352.608,79 E e intereses de demora que se fijarán en la sentencia que declarará a su vez el derecho de los demandantes a la retasación del art. 74 de la LEF .

Las Administraciones demandadas se oponen sobre la base de la corrección del expediente administrativo y resolución en él recaída".

La sentencia ahora impugnada -basándose en otra anterior de 8 de octubre de 2008, en que el propio tribunal a quo había resuelto un asunto similar- estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo y accede a que se valore el suelo como urbanizable. La razón fundamental es que el proyecto que legitima la expropiación "tiene como objetivo, tal y como puede leerse en la memoria del Plan Especial, además de la potenciación y mejora del funcionamiento del sistema de transportes, liberar espacios urbanos que favorecen la transformación de la ciudad. Igualmente el Plan Director de la Red Ferroviaria de Valencia destaca que adicionalmente el traslado y concentración de las instalaciones permitirá espacios centrales para la ciudad disminuyendo significativamente los efectos de barrera que produce la estructura ferroviaria y mejorando la calidad urbana y ambiental de la ciudad de Valencia."

Y para la valoración del justiprecio que cifra el Tribunal de instancia en 117,69 euros/m2, tiene en cuenta, siguiendo según se expresa en la sentencia lo resuelto en otros procesos similares, el promedio de las valoraciones periciales practicadas en otros recursos referidos al mismo proyecto.

En cuanto a las construcciones (vivienda y almacén) el Tribunal de instancia acepta las aclaraciones del Jurado.

Y en relación al abono de intereses la sentencia fija como día inicial para el cómputo el 23 de agosto de 2000, fecha en que se cumplen, según se expresa, los seis meses desde el día siguiente a la publicación, con la advertencia de que los intereses así determinados generan, a su vez, intereses, hasta la fecha del pago definitivo, con concreción de las administraciones responsables: Administración expropiante hasta la finalización del plazo prevenido en el art. 34 de la Ley de Expropiación Forzosa y desde la fijación del justiprecio por el Jurado, y la Administración del Estado desde el transcurso del plazo prevenido en el citado artículo 34 hasta la resolución del Jurado.

Segundo.-Como sentencias de contraste aporta la recurrente sentencias de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valencia:

- Sentencia núm. 1289/07, de 5 de septiembre de 2007 (Rec. 1396/04).

- Sentencia núm. 1288/07, de 5 de septiembre de 2007 (Rec. 1356/04).

- Sentencia núm. 1667/07, de 14 de noviembre de 2007 (Rec. 1386/04).

- Sentencia núm. 1670/07, de 14 de noviembre de 2007 (Rec. 1366/04).

- Sentencia núm. 1283/07, de 5 de septiembre de 2007 (Rec. 1376/04).

- Sentencia núm. 1131/07, de 22 de junio de 2007 (Rec. 11256/04).

- Sentencia núm. 1288/07, de 5 de septiembre de 2007 (Rec. 1356/04).

Todas ellas versan sobre el justiprecio de terrenos expropiados para la realización del mismo proyecto "Ejecución del Sistema General GTR-2 del Plan General de Valencia (Ampliación de Fuente de San Luis)"; en todas ellas se debatía si era de aplicación la doctrina jurisprudencial relativa a los proyectos que crean ciudad y, por tanto, si los terrenos expropiados debían ser valorados como si fuesen suelo urbanizable; y todas ellas llegaron a una conclusión negativa.

Tercero.-Este recurso de casación para la unificación de doctrina es similar a muchos otros ya resueltos por esta Sala, a partir de nuestra sentencia de 13 de abril de 2010, recaída en el recurso de casación n.º 33/09, por lo que cabe ahora reiterar lo dicho entonces, que en sustancia -como conoce bien la recurrente- es lo siguiente: una misma Sala de instancia ha llegado a pronunciamientos distintos sobre el criterio de valoración de fincas expropiadas para la realización de un mismo proyecto; pero lo ha hecho con base en apreciaciones distintas de las características de las fincas afectadas, lo que significa que la discrepancia se refiere a una cuestión de hecho y, por tanto, que no hay doctrina alguna que haya de ser unificada.

Cuarto.-Una vez sentado lo anterior, esta Sala considera oportuno hacer algunas observaciones sobre la arriba mencionada discrepancia existente en el seno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana a propósito de las expropiaciones realizadas para la ejecución del proyecto "Ejecución del Sistema General GTR-2 del Plan General de Valencia (Ampliación de Fuente de San Luis)".

Tal como se desprende de la simple lectura de las sentencias impugnadas -en éste y en otros recursos de casación para la unificación de doctrina- y de las sentencias de contraste, dos Secciones distintas de la misma Sala de instancia (la Sección 2.ª bis y la Sección 3.ª) mantienen visiones encontradas sobre una misma cuestión de hecho. Pues bien, con arreglo a una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es innegable que secciones distintas de un mismo tribunal deben reputarse órganos judiciales diferentes a efectos del principio de igualdad en la aplicación de la ley y, por consiguiente, resulta constitucionalmente legítimo que esas secciones distintas de un mismo tribunal mantengan criterios no coincidentes sobre un mismo punto de hecho o de derecho. Así, entre otras, las sentencias del Tribunal Constitucional 111/2001, 74/2002 y 47/2003. Y es igualmente claro, como se observó más arriba, que el conocimiento de las cuestiones de hecho, salvo casos extremos de irracionalidad o arbitrariedad en la valoración de la prueba, corresponde exclusivamente al órgano judicial de instancia; lo que implica que no pueden ser objeto de recurso de casación (común o para la unificación de doctrina).

Téngase en cuenta, además, que la distribución de asuntos entre las diversas Secciones de una misma Sala de lo Contencioso-Administrativo corresponde, a tenor del art. 17 LJCA, a la Sala de Gobierno del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Ello significa que es una decisión que pertenece a la esfera de lo gubernativo, por lo que escapa al control jurisdiccional que esta Sala lleva a cabo en sede casacional.

Quinto.-Con arreglo al art. 139 LJCA, la desestimación de todos los motivos del recurso de casación lleva a aparejada la imposición de las costas a la recurrente. Ajustándose al criterio usualmente seguido por esta Sección 6.ª, quedan las costas fijadas en un máximo de tres mil euros en cuanto a los honorarios de abogado de los expropiados; sin que proceda incluir las del Abogado del Estado, ni siquiera por su personación, en cuanto se adhirió al recurso.


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada de la GENERALITAT VALENCIANA contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª bis) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 26 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso administrativo número 1121/06; con imposición de las costas con los límites expresados en el fundamento de derecho quinto.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan Carlos Trillo Alonso, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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