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Sentencia A.P. Badajoz 270/2010 de 20 de septiembre


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: El Tribunal no puede entrar a conocer sobre aquellos pronunciamientos de la sentencia de instancia que hayan sido consentidos por el litigante al que perjudican. Prescripción de la acción para reclamar el daño a quien creía responsable el demandante.

BADAJOZ

SENTENCIA: 00270/2010

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de BADAJOZ

1280A0

AVDA. COLÓN N.º 8,2.ª PLANTA

Tfno.: 924284238-924284241 Fax: 924284275

N.I.G. 06015 37 1 2010 0203316

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000318 /2010

Juzgado de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de JEREZ DE LOS CABALLEROS

Procedimiento de origen: JUICIO VERBAL 0000013 /2009

De: Doroteo

Procurador: MARIA DEL CARMEN PESSINI DIAZ

Abogado: ANTONIO PESSINI DIAZ

Contra: MUTUA MADRILEÑA S.A., LA ESTRELLA LA ESTRELLA, TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONICA DE ESPAÑA

Procurador: HILARIO BUENO FELIPE, ANA ESTHER PALACIOS RODRIGUEZ, SR. PEREZ MONTES

Abogado: MARIA JOSE LOPEZ CACENAVE, ANTONIO REGALADO RAMIREZ, MANUEL ANDRINO DELGADO

SENTENCIA N U M: 270/10

ILUSTRISIMOS/AS SRES/AS

MAGISTRADOS/AS

D. CARLOS CARAPETO MÁRQUEZ DE PRADO.

En la ciudad de BADAJOZ, a veinte de Septiembre de dos mil diez.

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de JUICIO VERBAL 0000013 /2009, seguidos en el JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de JEREZ DE LOS CABALLEROS, RECURSO DE APELACION (LECN) 0000318 /2010; seguidos entre partes, de una como recurrente/s D/D.ª Doroteo, representado/s por el/la Procurador/a D/D.ª MARIA DEL CARMEN PESSINI DIAZ, dirigido/s por el Letrado D. ANTONIO PESSINI DIAZ, y de otra como recurrido/s D/D.ª MUTUA MADRILEÑA S.A., LA ESTRELLA, TELEFONICA DE ESPAÑA, representado/s por el/la Procurador/a D/D.ª HILARIO BUENO FELIPE, ANA ESTHER PALACIOS RODRIGUEZ, SR. PEREZ MONTES y dirigido/s por el/la Letrado/a D/.ª MARIA JOSE LOPEZ CACENAVE, ANTONIO REGALADO RAMIREZ, MANUEL ANDRINO DELGADO. Actúa como Ponente, el/la Iltmo/a. Sr/Sra. D/.ª D. CARLOS CARAPETO MÁRQUEZ DE PRADO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.--. Se alza el apelante interesando la revocación de la resolución dictada en la instancia.

Alega como motivo de recurso que se ha errado en la valoración de la prueba.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.--. Con el recurso de apelación se transfiere al órgano superior la plena jurisdicción para volver a conocer del asunto planteado en la primera instancia. Dispone la ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 456.1, que "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, tras nuevo examen de las actuaciones llevadas cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta ley, se practicase ante el tribunal de apelación". Según esta disposición legal, la revisión que implica el recurso de apelación permite al Tribunal de la alzada conocer todas las cuestiones planteadas en el pleito, salvo aquellas que expresamente hayan sido excluidas por la recurrente.

Segundo.--. Conforme dispone el art. 465.4 de la LEC, la sentencia que se dicte en la alzada deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, y en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461, en su caso, sin que pueda perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de la estimación que se haga de la impugnación de la resolución formulada por el inicialmente apelado.

Conforme a tales disposiciones: a) El Tribunal no puede entrar a conocer sobre aquellos pronunciamientos de la sentencia dictada en la instancia que hayan sido consentidos por el litigante al que perjudican, que voluntariamente los ha excluido de la revisión en la alzada, debiendo por ello ser tenido por firmes y con autoridad de cosa juzgada (art. 408 LEC). b) La sentencia dictada en la apelación no pueden agravar la situación que para el apelante resulta de la sentencia dictada en primera instancia; salvo que la parte contraria, adherida al recurso, lo hubiere solicitado expresamente, confirmando así el principio que prohíbe la reformatio in peius.

Tercero.--. La facultad de instar NULIDAD DE ACTUACIONES para la corrección de los defectos formales producidos en la primera instancia queda reservada a la parte recurrente, pues la ley prohíbe al Tribunal que de oficio pueda decretarla, salvo en los casos en que apreciara su propia falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiere producido violencia o intimidación que afectare a este Tribunal (Art. 227 de la LEC)

Cuarto.--. Aunque el Tribunal Superior "ad quem" tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris) para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas de aplicación al caso (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1.993, 5 de mayo de 1997 EDJ1997/3485, 31 de marzo de 1998 y Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1.996, de 15 de enero), no es menos cierto que no puede ignorarse que, respecto de aquellas pruebas que han sido practicadas a la inmediación judicial, el Juez a quo tiene elementos más fundados para su más precisa apreciación y por tanto su mejor valoración en relación a los supuestos de hecho que constituyen el "factum" debatido. De ahí que en materia de apreciación de la prueba debe significarse que, conforme a una reiterada Jurisprudencia, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales, sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza (principio dispositivo y de rogación), pero en forma alguna tratar de imponerlas a los Juzgadores (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1.996), pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgado de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde, única y exclusivamente, al Juzgador a quo y no a las partes (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1.997 EDJ1997/6855).

Quinto.--. En el presente caso la recurrente pretende la revocación de la Sentencia impugnada y que se dicte otra en la que se estime la demanda.

En esencia alega que la acción promovida no se encuentra prescrita, porque el demandante ha reclamado por la vigencia debida a quien creía que era responsable para la reparación del daño; y señala la sentencia 24/2003, de esta sección, para sustentar su pretensión.

El recurso planteado no puede prosperar, pues en la sentencia que se recurre específicamente se establece como hecho probado, y el recurrente no consigue desvirtuarlo, que el actor conocía el contenido del atestado cuando reclamó extrajudicialmente a Leandro y a la aseguradora la Estrella el día 6 de marzo del 2008. Por eso, concluye, si el actor no demando inicialmente a Martin, a la aseguradora Mutua Madrileña y a Telefónica fue por causa imputable sólo a él mismo. Y cabe decir ahora que, tomando referencias de la sentencia impugnada, el demandante también tenía conocimiento de la potencial responsabilidad de Telefónica, en todo caso, puesto que ya había demandado y había conseguido la condena a indemnizarle por los daños producidos en su vehículo en un procedimiento aparte.

Es de advertir por ello que el demandante había tenido oportunidad de conocer la producción de dos accidentes sucesivos, producidos por agentes diversos, en el primero de los cuales ningún daño sufrió; resultado de ello es que las responsabilidades en que pudiera haber incurrido los causantes del daño, directos o indirectos, sólo podría haber sido los intervinientes en el segundo siniestro: el conductor del vehículo que enganchó los cables (y su compañía aseguradora evidentemente), los operarios de telefónica que mantenían los cables en una disposición manifiestamente inadecuada para la seguridad del tráfico y de los peatones (y Telefónica), y de los agentes de la autoridad (y del Ayuntamiento) que permitieron la circulación por la zona cuando no se cubrían las garantías de seguridad mínimas.

La remisión a la sentencia de esta sección que se hace por el recurrente para sostener su tesis, debe decirse que no es aplicable al caso concreto que nos ocupa. Como él bien dice, el supuesto contemplado en aquella es el de un perjudicado que interpone demanda contra la persona o personas que de manera razonable consideró que eran los responsables del múltiple accidente de tráfico en el que fue perjudicado. Este no es el caso ahora, por qué el perjudicado, al menos a través del atestado policial y de las diligencias previas en la que se le tuvo por perjudicado, supo, o pudo saber poniendo un mínimo de diligencia, quien había sido el auténtico causantes del daño producido a su propiedad inmobiliaria, máxime cuando ya conocía que como responsable del daño causado a su vehículo había sido condenada Telefónica; luego su actuación en este supuesto no ha sido el que allí se valoraba de haber actuado contra quien aparecía como posible responsable conforme a las reglas de racionalidad, pues ni siquiera se reclamó a Telefónica, a pesar de los antecedentes existentes.

Sexto.--.La estimación total o parcial del recurso llevara aparejada la devolución del deposito que se hubiera constituido para poder recurrir (DA 15.8 de la LOPJ.

Séptimo.--.. En materia de imposición de costas rige el principio del vencimiento objetivo, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 398 en relación al 394 de la LEC.


FALLO


 
Desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Doroteo contra la Sentencia dictada en los autos n.º 13/0 del Juzgado de 1.ª Instancia de Jerez de los Caballeros, debemos declarar y declaramos no haber lugar a él, confirmando la resolución impugnada, haciendo imposición de las costas causadas en la alzada al apelante, y no procediendo la devolución del deposito constituido para recurrir al apelante.

Con la notificación de esta resolución, las partes personadas quedan advertidas de que contra todos los Autos no definitivos pueden interponer recurso de Reposición ante el Tribunal que lo dictó (art 451 LEC). Y, contra las Sentencias que pongan fin a la segunda instancia, de Casación, fundado en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (Art. 477.1 de la LEC), y Extraordinario por Infracción Procesal, en los siguientes supuestos:

1.º Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.

2.º Infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia.

3.º Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiera podido producir indefensión

4.º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la constitución.(Art. 468 y 469 de la LEC.

Ello siempre que la infracción procesal o vulneración del artículo 24 de la constitución haya sido denunciadas en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se reproduzca en la segunda instancia, y, siendo subsanable el defecto o falta, siempre que, en la instancia o instancias oportunas, se hubiere pedido la subsanación de la violación del derecho fundamental,

Igualmente, quedan advertidas de que deberán constituir previamente a la preparación de los recursos un deposito de 50 euros para poder recurrir por Casación o/y Infracción Procesal, mediante ingreso en la cuenta de consignaciones de este Tribunal, sin cuyo requisito no se admitirán a tramite (DA 15, 6).

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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