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Sentencia A.P. Lérida 340/2010 de 24 de septiembre


 RESUMEN:

Incapacitación: El sometimiento a la curatela de bienes ha de extenderse también al importe mensual de la pensión no contributiva y a los rendimientos del capital que produce la indemnización percibida por el accidente del actor. Curador: Nombramiento. Prodigalidad: Estimación.

 

DE LLEIDA

Sección Segunda

El Canyaret, s/n

Rollo n.º 227/2007

Incapacitación núm. 816/2006

Juzgado Primera Instancia 1 Lleida (ant.CI-7)

SENTENCIA n.º 340/2010

Ilmos./as. Sres./as.

PRESIDENTE

D. ALBERT GUILANYÀ FOIX

MAGISTRADOS

D. ALBERT MONTELL GARCIA

DÑA. ANA CRISTINA SAINZ PEREDA

En Lleida, a veinticuatro de septiembre de dos mil diez

La sección segunda de esta Audiencia Provincial, constituída por los señores anotados al margen, ha visto en grado de apelación, las actuaciones de Incapacitación número 816/2006, del Juzgado Primera Instancia 1 Lleida (ant.CI-7), rollo de Sala número 227/2007, en virtud del recurso interpuesto contra la Sentencia de fecha 22 de febrero de 2007. Es apelante la parte demandada Segundo, representado/a por el/la procurador/a EULALIA CULLERE LAVILLA y defendido/a por el/la letrado/a Rosalia Carnicer Farre. Es apelado/a EL MINISTERI FISCAL. Es ponente de esta sentencia el/la Magistrado/a Doña ANA CRISTINA SAINZ PEREDA.

VISTOS,


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La transcripción literal de la parte dispositiva de la Sentenciadictada en fecha 22 de febrero de 2007, es la siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Segundo:

1.- Debo declarar y declaro, a todos los efectos procedentes en derecho, a Segundo, nacido el 27 de noviembre de 1971, TOTALMENTE INCAPACITADO para gobernar por sí mismo su persona y para administrar sus bienes, sin que pueda realizar válidamente ningún acto de trascendencia jurídica, ni de carácter público ni privado, quedando sometido el incapaz al régimen de tutela; declarándole, asimismo, incapaz para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.

2.- Procede igualmente nombrar como tutor de Segundo a la FUNDACIÓN PRIVADA ALOSA, con las obligaciones establecidas en el Código de Familia de Cataluña, que se describen en el tercer fundamento jurídico de esta resolución, dándose posesión del cargo una vez firme la presente resolución y sin necesidad de prestar caución, con obligación de formar inventario en plazo legal.

3.- Todo ello sin hacer declaración de costas.

Una vez firme esta resolución líbrese exhorto al Encargado del Registro Civil correspondiente, al que se acompañará testimonio de la misma, a fin de que practique la inscripción de la incapacitación, expresando la extensión y límites de ésta, así como que el incapaz queda sujeto a tutela, debiendo remitirse a este Juzgado testimonio del Acta con la anotación realizada y a la Oficina del censo Electoral correspondiente.

Líbrese testimonio de la presente sentencia que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el libro de sentencias de este Juzgado."

Segundo.-Contra la anterior sentencia, Segundo interpusieron un recurso de apelación que el Juzgado admitió y, seguidos los trámites pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.

Tercero.-La Sala decidió formar rollo y designar magistrado ponente a quien se entregaron las actuaciones para que, una vez deliberada, propusiera a la Sala la resolución oportuna. Se señaló el dia 24 de septiembre de 2010 para la votación y decisión.

Cuarto.-En la tramitación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales esenciales del procedimiento.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La representación Don. Segundo interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que le declara totalmente incapacitado para gobernar su persona y bienes. El motivo en que se sustenta el recurso no es otro que el error en la valoración de la prueba porque según aduce no se ha acreditado que padezca la ludopatía a que se refiere la sentencia, no habiéndose aportado ninguna prueba que así lo demuestre puesto que tanto el funcionario de los servicios sociales del Ayuntamiento como los diferentes informes del Médico Forense se basan en las manifestaciones del Sr. Segundo, sin ningún otro elemento probatorio que permita asegurar que realmente sufre o haya sufrido este trastorno. Añade que la capacidad de la persona se presume siempre mientras no se destruya por prueba concluyente en contrario y que en el presente caso el informe del médico forense concluye que las patologías que padece le permiten llevar a cabo las actividades propias de su cuidado personal, mientras que el informe emitido por el Ayuntamiento data del año 2005 y no se refiere a su situación actual, que ha mejorado considerablemente desde que su hermano Enrique vive con él y cuida de pagar sus gastos y saldar sus deudas, por lo que en definitiva no existen datos objetivos que avalen la adopción de una decisión tan restrictiva como es la incapacitación siendo que su situación desde la sentencia de 1.999 es la de plena capacidad para administrar su persona y en dicha sentencia se le autorizaba para administrar y disponer de la pensión contributiva y los rendimientos de la indemnización percibida.

Segundo.-Comenzando por estas últimas alegaciones debe destacarse en primer término que al tiempo en que se interpuso la demanda rectora del presente procedimiento la situación del Sr. Segundo no era la de plena capacidad, como se indica en la demanda presentada por el Ministerio Fiscal y parece haber admitido la juzgadora de instancia. En efecto, basta acudir a los documentos aportados junto con la demanda para constatar que tras sufrir un accidente de tráfico en el año 1.992 fue declarada su incapacidad total ante la imposibilidad de poder gobernar su persona y bienes sin la supervisión y control de terceras personas, procediendo en dicha resolución a rehabilitar la patria potestad de su madre. Posteriormente en el año 1.998 se siguió el procedimiento para la rehabilitación o modificación de la capacidad que finalizó mediante sentencia de 24 de febrero de 1.999 en la que se declara "la plena capacidad para administrar su persona del citado así como la cesación de la situación de patria potestad rehabilitada, y su sometimiento a curatela sólo de bienes siendo designada curadora su madre Matilde. Las limitaciones en su potestad de administrar los bienes son las señaladas en el art. 212 del Codi de Familia si bien añadiendo que no podrá realizar acto alguno sobre el producto de la indemnización obtenido del Juzgado n.º5 como consecuencia del accidente que sufrió ni tampoco podrá la curadora usar de ese dinero sin la correspondiente autorización judicial. Asimismo se autoriza a Segundo para que pueda disponer y administrar tanto el importe que mensualmente percibe como pensión no contributiva como los rendimientos del capital que le produce la indemnización percibida sin que precise para ello autorización alguna".

Debe partirse, por tanto, de una situación de incapacitación parcial, y por ello habrá que tener en cuenta que al regular los procesos de incapacitación establece el art. 761 de la LEC que la sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. Esto es lo que se pretende a través de la demanda formulada por el Ministerio Fiscal, porque lo que en definitiva se insta es la declaración de incapacidad total, que vendría a modificar lo acordado en la sentencia de 24-2-1.999, si bien, como forzosamente hemos de partir de última resolución habrá que analizar si han producido circunstancias sobrevenidas que justifiquen la modificación, total o parcial, de la decisión adoptada en el anterior proceso.

Tercero.-En el informe social aportado con la demanda (de fecha 29-7-2005) se ponía de manifiesto la situación de precariedad del Sr. Segundo dado que, aunque vivía en un piso de su propiedad, sobrevivía con la recogida de alimentos del servicio de reparto de alimentos para necesitados de la Fundació Arrels y con la ayuda en alimentos cocinados que le facilitaba un amigo una vez a la semana, al tiempo que pedía limosa en establecimientos y parroquias del barrio. La intervención de los servicios sociales tuvo por finalidad fijar un plan de trabajo con diferentes objetivos para mejorar su situación y aumentar su autonomía personal (renunciando el Sr. Segundo en breve periodo de tiempo a la intervención social) y fundamentalmente para abordar la importante fuga de dinero detectada dado que en los primeros días de cada mes ya no disponía de dinero, pese a los ingresos que percibía y los escasos gastos, siendo en esta situación en la que el Sr. Segundo verbalizó, en febrero de 2005, un problema de ludopatía, concretamente de juego en máquinas tragaperras. El referido informe social indica que la situación económica está desbordada, que ha contraído múltiples deudas con diferentes entidades (Telefónica Móviles, La Caixa, BBVA, amigos, etc.) que asciende aproximadamente a 2.500 euros, no realiza ninguno de los planteamientos que le proponen desde los servicios sociales y continúa reconociendo problemas de adición al juego.

Centrándonos ahora en esta cuestión -la ludopatía- debemos rechazar las alegaciones del recurrente sobre la falta de elementos probatorios que permiten afirmar que sufre o ha sufrido tal trastorno. Fue el propio interesado quien reconoció el problema ante los servicios sociales, y del mismo modo lo reconoció en el Centro de Salud Mental en el mismo año 2005, y en la Unidad de Juego patológico del Hospital Santa María, en su primera visita del 18-5-2005 (documentos n.º 5 y 6 aportados por el demandado en el acto de juicio). Igualmente lo admitió ante el Médico Forense (informe de 28-11-2005) y transcurriendo el tiempo, durante la exploración en primera instancia de fecha 22-2-2007 y también en la que llevó a cabo esta Sala, si bien, en estas dos exploraciones y ya desde el segundo informe del Médico Forense (24-1-2007) manifiesta que ya no juega a las máquinas y que su situación ha cambiado mucho desde aquél informe social del año 2.005.

El apelante reitera en su recurso que aquélla situación quedó superada y que en la actualidad no juega a las máquinas ni a ninguna otra cosa. Atendiendo a la petición formulada en el recurso del Sr. Segundo y a efectos de poder disponer de información actualizada sobre su situación la Sala acordó recabar informe de los servicios sociales que, por las circunstancias que constan en las actuaciones, se ha ido demorando incomprensiblemente hasta el mes de marzo de este año.

La cuestión estriba entonces en determinar si la adicción patológica al juego persiste en la actualidad, pues es evidente que el problema existió y precisamente por ello el interesado no sólo lo verbalizó reiteradamente ante las diferentes instituciones sino que voluntariamente decidió someterse a tratamiento. El tratamiento, en realidad, no fue tal, pues según consta en los referidos documentos n.º 5 y 6 acudió a la Unidad del Hospital Santa Maria en dos ocasiones, la primera el 18-5-2005, y la segunda el 1-2-2007, refiriendo en ésta última estar abstinente a cualquier conducta de juego adictivo. En el mismo sentido se manifestó el Sr. Segundo ante la psiquiatra del Centro de Salud Mental en fecha 21-2-2007 ("dice no presentar este trastorno pero sí solicita ayuda en terapia para mantenerse estable")· Esa falta de seguimiento del tratamiento se infiere también de la información recabada por los servicios sociales del Ayuntamiento que consta en el informe emitido en esta segunda instancia (de marzo de 2.010) y de la que resulta que según informa el Hospital Santa María fue dado de alta médica después de tres visitas médicas dado que no reconocía la problemática y resultaba imposible una intervención terapéutica. Y en cuanto a la terapia paralela en el ACJAR (Associació Catalana de Jugadors d'Atzar en rehabilitació) únicamente acudió en un primer momento (12-5-2005), pero ya no acudió a la segunda visita programada. Por último, según el mismo informe de 2 de marzo de 2.010, a mediados del año 2009 se le propuso volver a iniciar el tratamiento, desconociendo si actualmente sigue algún tipo de tratamiento, si bien, finaliza el informe señalando que en relación con esta problemática de ludopatía el Sr. Segundo continúa verbalizando haberla superado y tenerla controlada, pero a lo largo del año 2009 se conocen diversas ocasiones en las que ha realizado actos de juego en máquinas tragaperras, porque le han vistos los profesionales del ASPID, concretamente en el bar del barrio de Pardinyes, donde está situado el centro de día.

En esta situación no cabe sino mantener el criterio de la sentencia de primera instancia cuando considera acreditado que el Sr. Segundo padece (al margen de las secuelas derivadas del accidente de tráfico) una ludopatía que aconseja un control de sus bienes. Las pruebas practicadas en primera instancia así venían a corroborarlo, por reconocimiento propio y abandono del tratamiento que ni siquiera llegó a ponerse en marcha sino, meramente, a iniciarse un primer contacto médico que no pudo continuar por falta de colaboración del paciente, pese a la ayuda y coordinación prestada por los servicios sociales para poder abordar debidamente el problema. Como es habitual en este tipo de adicciones cuando no se cuenta con el corresponde soporte terapéutico (o se rechaza el mismo) el transcurso del tiempo es insuficiente por si sólo para remediar este serio problema, y así viene a confirmarlo el último informe de los servicios sociales puesto que aunque el Sr. Segundo manifiesta a los profesionales que está superado, lo cierto es que continúa jugando a las máquinas tragaperras, por lo que en relación con esta cuestión no puede admitirse el argumento de su último escrito de este mismo mes de septiembre (una vez dado traslado del informe de los servicios sociales) en el que indica que según dicho informe "no está peor, ha ido realizando pequeñas mejoras, y en cuatro años no ha podido esclarecer si ha realizado tratamiento o no a su presunta ludopatía". El tratamiento no se ha realizado, y tampoco puede concluirse que haya habido una mejoría en relación con este concreto problema puesto que continúa jugando, por lo que como ya indicaba el Médico Forense en sus informes de 28-11-2005 y 24-1-2007 es aconsejable un control de sus bienes, dado el alto riesgo que comporta la ludopatía para sus bienes materiales.

Cuarto.-Distinta ha de ser la respuesta en lo que se refiere a la capacidad de autogobierno de su persona. En la sentencia 24-2-1999 se ponía de manifiesto la acreditada mejoría de las dolencias que determinaron la declaración de incapacidad total tras el accidente de tráfico, mejoría que abarcaba tanto el aspecto físico (prácticamente es autónomo y puede valerse por sí mismo) como desde el punto de vista psíquico ya que los tests de inteligencia daban unos porcentajes dentro de la normalidad, por lo que ningún inconveniente existía para poder recuperar su plena normalidad para administrar su persona y poder decidir si someterse a tratamientos médicos o rehabilitaciones que le puedan conducir a una mejoría total.

Acudiendo a los informes del Médico Forense de continua referencia emitidos en el curso del presente procedimiento (28-11-2005 y 24-1-2007) la conclusión que se obtiene es que no se ha acreditado la concurrencia de circunstancias sobrevenidas que justifiquen la modificación de la decisión judicial adoptada en el año 1.999. El informe forense de 28-11-2005 expone los antecedentes patológicos del Sr. Segundo derivados del accidente sufrido en 1.992 y la considerable mejoría constatada en el año 1.998, señalando respecto a la exploración actual que su aspecto es cuidado, se presenta correcto, colaborador, consciente alopsiquica y autopsiquicamente, no se detectan alteraciones en la sensopercepción, ni en el contenido del pensamiento en la forma de ideas delirantes, inteligencia que le permite conocer las consecuencias de los actos que lleva a cabo. Se muestra tranquilo durante el reconocimiento, reconoce que el juego supone un problema pero no la gravedad del mismo, Desde el punto de vista físico presenta hemiplejia izquierda, pie equino, ligeras alteraciones fonatorias y visuales. La hemiplejia y el pie equino con corrección le permiten deambular, concluyendo la valoración médico-forense que presenta las siguientes secuelas derivadas de un traumatismo craneoencefálico: hemiplejía izquierda, pie equino, síndrome orgánico de personalidad y ligeras alteraciones visuales fonatorias, además de una ludopatía de la que está pendiente de tratamiento, señalando que estas patologías en el momento actual le permiten llevar a cabo las actividades propias de su cuidado personal, pero la ludopatía hace aconsejable un control de sus bienes. En el mismo sentido viene a pronunciarse el posterior informe médico-forense de fecha 24- 1-2007 emitido al objeto de dictaminar si la enfermedad del Sr. Segundo es de carácter psíquico o físico, si se trata de un proceso persistente y si le impide el gobierno de su persona y de sus bienes, informando que "tras examinar al informado me ratifico en el contenido del informe emitido con anterioridad. Hacer constar que el informado manifiesta que está pendiente de tratamiento aunque aún no ha acudido a salud mental. Dice que actualmente no juega a las máquinas, no obstante el riesgo de sus bienes es alto en los casos de ludopatía".

Nos encontramos por tanto con que desde el punto de vista de autogobierno de su persona no se aprecia ninguna circunstancia sobrevenida de entidad suficiente que justifique la modificación de la resolución adoptada el 24-2-1999. El informe emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento en el año 2.005 evidenciaba que el principal problema radicaba en la adicción al juego, lo que a su vez vendría a provocar la falta de ingresos, la proliferación de deudas y el recurso a la mendicidad y los servicios de ayuda alimenticia a fin de poder subvenir a sus necesidades. En el curso del procedimiento el demandado ha acreditado que ha ido haciendo frente a aquéllas deudas (documentos aportados en el acto de juicio relativos a pago de tributos, transferencias a Vodafone España S.A. Retevisión Movil S.A. etc) y que desde 17-11-2006 su hermano Enrique está empadronado en el mismo domicilio que el Sr. Segundo, habiendo iniciado en el mes de noviembre de 2006 un curso de formación ocupacional para desempleados de la Generalitat de "auxiliar d'Ajuda a domicilio", constando igualmente en los documentos aportados en esta segunda instancia que en el mes de mayo de 2007 el Sr. Enrique comenzó a trabajar en la construcción como peón, al tiempo que el Sr. Segundo asistía al taller de "alfabetització informática" organizado por l'Institut de Treball Salvador Seguí, iniciando posteriormente un curso de 234 horas de "informática de l'usuari" subvencionado por la Dirección General de Ocupación del Departamento de Trabajo. A su vez, en el último informe de los servicios sociales del mes de marzo de 2.010 se concluye que el Sr. Segundo ha mostrado muy poca colaboración con las diferentes propuestas de mejora planteadas por los profesionales del servicio en los dos últimos años, si bien, ha realizado pequeñas mejoras, en particular en lo que se refiere a la inclusión y participación en el centro de día para disminuidos "Candi Vilafañe" de la entidad Aspid, y aunque su nivel de compromiso y aprovechamiento es muy bajo comienza a adaptarse, destacando dicho informe que la intervención que más oposición ha presentado ha sido la referente al tratamiento de la ludopatía dado que no reconoce la enfermedad.

Volvemos pues al mismo problema que motivó la intervención social pero nuevamente debe reiterarse que en los informes médico-forense no se aprecia una disminución ni limitación de su capacidad en lo que afecta al ámbito personal, y si en cambio en cuanto al aspecto patrimonial y la administración de sus bienes. No hay que olvidar que la incapacitación total implica carecer de aptitud para el autogobierno de la persona y de los bienes, y la declaración judicial que así lo decreta debe apoyarse necesariamente en la realidad fáctica de la persona del presunto incapaz, comprobada y claramente acreditada por las pruebas practicadas, revistiendo especial importancia los informes médico-forenses emitidos, como no podía ser de otro modo dada la materia que nos ocupa. Y todo ello siempre con un criterio restrictivo puesto que la capacidad de una persona se presume en tanto no se demuestre inequívoca y concluyentemente lo contrario.

En el presente caso las pruebas practicadas no permiten deducir que estemos ante un estado de clara incapacidad en la esfera personal del Sr. Segundo y sí en cambio ante una cierta falta de capacidad para administrar su patrimonio puesto que su situación se aproxima más a la prodigalidad, sin que conste acreditado que al margen de este problema necesite la ayuda de terceras personas para gobernar su persona en los quehaceres cotidianos, ni que sufra una enfermedad o trastorno psíquico de tal gravedad que le impida conocer el alcance y transcendencia de sus actos, antes al contrario puesto que los informes médico-forenses lo descartan. En consecuencia, consideramos que la institución que mejor se adecua a las circunstancias actuales del Sr. Segundo y a su grado de autogobierno y discernimiento es la curatela que ya venía acordada en la sentencia de 24-2-1.999, si bien ha de modificarse su alcance al haber quedado acreditado que la permitida administración ordinaria de la pensión no contributiva y de los réditos de la indemnización por el accidente no ha sido correcta sino que ha derivado hasta la adicción al juego, poniendo en peligro su patrimonio y repercutiendo negativamente en su vida personal.

No procede, por tanto, la declaración de incapacidad total y en este sentido ha de estimarse parcialmente el recurso y revocar la sentencia de primera instancia, de forma que continúa restringida la capacidad del Sr. Segundo ya declarada en la sentencia de 24-2-1999, como incapacitación parcial o relativa, en el sentido que precisa del complemento de capacidad que le otorga el curador (complemento, asistencia, según los arts, 237 y 242 del Codi de Familia), y que para su debida protección ahora ha de extenderse a la administración de todos sus bienes, incluidos aquellos de los que antes podía disponer libremente.

Quinto.-En lo que se refiere al cargo de curador, una vez fallecida la madre del Sr. Segundo que fue designada como curadora en la sentencia de 24-2-1.999 y siendo que no existe constancia documental alguna de que haya sido designada otra persona para el cargo, consideramos que debe mantenerse el criterio de la sentencia de primera instancia cuando designa a la Fundación Alosa, propuesta por la Fiscalía, en el bien entendido que según lo ya expuesto la designación es para el cargo de curador y no para el de tutor que acordaba la resolución recurrida al declarar la incapacidad total del demandado. Entendemos que es una decisión acertada porque aunque es cierto que el Sr. Enrique vive con su hermano y ha de reconocerse la ayuda que le presta también lo es que ante el tipo de problema de que se trata resulta más aconsejable, por ofrecer mayores garantías, que sea una institución ajena al ámbito familiar quien se encargue de administrar los bienes y percepciones mensuales, en un intento de evitar insidiosas interferencias del protegido y dado que, además, en los informes sociales se ponen de manifiesto ciertas sospechas sobre un posible malestar psíquico por parte del Sr. Enrique que, en su caso, debería dar lugar a la intervención del Ministerio Fiscal.

Sexto.-Dada la especial naturaleza del presente procedimiento no procede efectuar especial pronunciamiento sobre costas en ninguna de las dos instancias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Segundo contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º1 de los de Lleida en los autos de incapacidad n.º 816/06 y REVOCAMOS la citada resolución. En su lugar, ESTIMAMOS parcialmente la demanda planteada por el Ministerio Fiscal y declaramos que debe mantenerse lo acordado en la sentencia firme de 24 de febrero de 1.999, con la única modificación de que el sometimiento a la curatela de bienes ha de extenderse también al importe mensual de la pensión no contributiva y a los rendimientos del capital que produce la indemnización percibida en su día, siendo designada para el cargo de curador la FUNDACIÓN ALOSA y debiendo estarse a lo dispuesto en el art. 212 del Codi de Familia y a las limitaciones establecidas en la referida sentencia de 24 de febrero de 1.999 en el sentido que el curador no podrá realizar sin la correspondiente autorización judicial acto alguno sobre el producto de la indemnización obtenido del Juzgado n.º5 como consecuencia del accidente

No procede efectuar especial pronunciamiento sobre costas en ninguna de las dos instancias.

Una vez firme la presente resolución remítase testimonio al Encargado del Registro Civil y comuníquese el nombramiento para el cargo de curador a la FUNDACIÓN ALOSA, para aceptación del mismo.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta sentencia, a los oportunos efectos.

Así por nuestra sentencia, la pronunciamos mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo./a Sr./a. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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