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Sentencia A.P. Bilbao 739/2010 de 30 de septiembre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Responsabilidad solidaria de la aseguradora y de la condenada al pago de la indemnización y de los intereses correspondientes como consecuencia de un accidente de circulación por las lesiones sufridas por el asegurado. Relación de causalidad: Si el accidente no se hubiera producido, las molestias en la zona lumbar no habrían aparecido, siendo así el accidente el detonante para las molestias en la zona lumbar. Valoración: Días impeditivos para la curación del accidentado.

 

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4.ª

BARROETA ALDAMAR 10 3.ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-09/011091

A.p.ordinario L2 288/10

O.Judicial Origen: Jdo. 1.ª Instancia n.º 12 (Bilbao)

Autos de Pro.ordinario L2 477/09

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Recurrente: COMPAÑIA DE SEGUROS CASER

Procurador/a: EMILIO MARTINEZ GUIJARRO

Recurrido: Pedro Antonio

Procurador/a: MARIA TERESA BAJO AUZ

SENTENCIA N.º 739/10

ILMOS. SRES.

D. FERNANDO VALDES SOLIS CECCHINI

Dña. LOURDES ARRANZ FREIJO

Dña. REYES CASTRESANA GARCIA

En BILBAO, a 30 de septiembre de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Srs. Magistrados reseñados, el procedimiento de ORDINARIO N.º 477/09 procedente del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 12 DE BILBAO y seguido entre partes: como apelante COMPAÑIA DE SEGUROS CASER representado por el Procurador Sr. Martínez Guijarro y dirigido por el Letrado Sr. Ruiz Vesga, y Penélope cuyo recurso ha sido declarado Desierto, y como apelado que se opone al recurso Pedro Antonio representado por la Procuradora Sra. Bajo Auz y dirigido por la Letrada Sra. Hontiyuelo Zapatero.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sentencia de instancia de fecha 16 de noviembre de 2009 es de tenor literal siguiente:

"FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por procuradora de los tribunales, Doña María Teresa Bajo Auz, en nombre y representación de Pedro Antonio, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la parte demandada, la compañía de seguros CASER y a Doña Penélope, representadas por el procurador D. Emilio Martínez Guijarro, al ABONO de forma solidaria de la suma de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON UN CENTIMO DE EURO (17.317,01 euros).

Asimismo, la aseguradora CASER habrá de abonar los intereses correspondientes desde el día 18 de abril de 2008, de un interés anual igual al del interés legal del dinero, incrementado en un 50%, y a partir del día 18 de abril de 2010, un interés anual del 20% hasta la completa satisfacción del actor. Doña Penélope, deberá abonar en concepto de intereses el interés legal desde la interposición de la demanda, y un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia

La partes codemandadas abonarán las costas en su totalidad".

Segundo.-Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación del demandado se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el n.º 288/10 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

Tercero.-Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votación y fallo.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.ª REYES CASTRESANA GARCIA.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia, a consecuencia del accidente de circulación ocurrido el 18 de abril de 2.008, condena a Dña. Penélope y a la Compañía de Seguros Caser, como conductora y asegurador del Vehículo Seat Ibiza matricula 0706-FZG que colisionó al vehículo Renault Laguna matrícula DE-....-DS, a abonar a D. Pedro Antonio la cantidad de 17.317,01 euros por las lesiones sufridas, desglosada en 15.058,89 euros por los 287 días de curación impeditivos (del 18 de abril de 2.008 al 30 de enero de 2.009), 2.052,84 euros por 3 puntos de secuelas más el 10% del factor de corrección, tras efectuar un análisis y valoración de los dictámenes periciales de la Médico-forense, del Dr. Hipolito a instancia del demandante y del Dr. Marcelino, que efectuó el seguimiento del lesionado por la aseguradora, en relación con la prueba documental obrante en autos. La Magistrada a quo considera que el Sr. Pedro Antonio padecía un enfermedad degenerativa ya diagnosticada que afectaba a las cervicales, y además se hallaba en tratamiento rehabilitador a consecuencia de un accidente ocurrido en febrero de 2.008 que le había causado cervicalgia postraumática; que el accidente de autos que ocurre el 18 de abril de 2.008 le causa cervicalgia y lumbalgia, recibiendo tratamiento de rehabilitación en el Centro Ibon Garate hasta el 14 de julio de 2.008, y, perdurando molestias en la zona lumbar, se somete a tratamiento médico para calmar el dolor y a pruebas médicas de resonancias magnéticas y electromiogramas, que se practican el 25 de junio y el 21 de agosto de 2.008, iniciándose un segundo tratamiento de rehabilitación para paliar la lumbociatica que finaliza el 30 de enero de 2.009. Concluye que antes del siniestro el actor únicamente refería problemas que afectaban a la zona cervical sin existir referencia médica que indicara problemas en la zona lumbar, que afloran por su patología degenerativa cuando sufre el accidente de 18 de abril de 2.008, siendo el detonante para que aparecieran o se incrementaran las molestias lumbares, por lo que es evidente la relación causal entre el accidente de tráfico y las consecuencias que afectaron tanto a la zona vervical como a la lumbar, comprendiendo el periodo que fue preciso emplear para los tratamientos de rehabilitación.

Frente a dicha resolución se alza la demandada Cia de Seguros Caser SA al estar disconforme con los días impeditivos que se han apreciado para la curación del demandante, denunciando que la sentencia no tiene en cuenta que el actor se encontraba de baja laboral y que había sufrido un accidente con anterioridad, siendo que el de este procedimiento lo que hace es agravar un situación anterior, sin que se puedan atribuir a este acciente todas las consecuencias de las lesiones que padece el demandante; y, en base a una errónea valoración del resultado de la prueba, defiende que ha de tenerse en consideración el informe del médico-forense, por su imparcialidad y objetividad, que señala como días impeditivos necesarios para la curación o estabilización de las lesiones de cervicalgia y lumbargia 45 días, y, que, por el contrario, no se ha teniendo en cuenta lo manifestado por el Dr. Gurtubay de que las sesiones que realmente realiza el actor de rehabilitacion fueron quince, sin que se desvirtuen por el hecho de que en la factura del rehabilitacion aparezcan como cobradas veintinueve sesiones de rehabilitación, cuestionando el informe médico del Dr. Hipolito.

Segundo.-Discrepa por tanto la recurrente de la valoración del resultado de las pruebas periciales que han sido practicadas en la instancia, prueba que es de apreciación libre, no tasada, valorable por el Juzgador según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación (SS. 7 marzo y 14 octubre 2.000 y 13 noviembre 2001, entre otras), por lo que el único límite legal para la formación del juicio jurisdiccional lo constituyen las reglas de la sana crítica, las cuales no están codificadas y han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana (Sentencias de 14 octubre 2000 y 13 noviembre 2001), de manera que su revisión en esta alzada procedería cuando el Juzgador del primer orden jurisdiccional extraiga conclusiones absurdas o ilógicas, tergiverse las conclusiones de forma ostensible o falsee arbitrariamente sus dictados o se omitan datos relevantes que figuran en el informe, si el "iter deductivo es contrario a un razonar humano consecuente, o se adoptan criterios desorbitados o irracionales, o decisiones contrarias a las reglas de la experiencia común".

Y ello nos obliga a hacer algunas consideraciones generales sobre el modo en que deben ser valorados los informes periciales aportados. De entrada no estará de más admitir que la importancia del debatido material probatoria es esencial para la solución del litigio: se trata de una cuestión eminentemente técnica en la que el jurista carece de elementos de juicio para moverse con soltura.

Pues bien, es obvio que la cuestión no puede resolverse sin más acudiendo a la mayor autoridad en la disciplina médico-legal que legitima su función y en la objetividad de la que está dotada la actuación de los Médicos Forenses que han intervenido en la litis o en el procedimiento penal que le sirvió de antecedente. Como prueba pericial que es, su calidad pasará por la valoración de sus argumentos conforme a las reglas legales establecidas al efecto (art. 348 Ley de Enjuiciamiento Civil). Con todo sí conviene precisar que los informes de los Médicos Forenses carecerán del interés de parte que, por definición, estará presente en los que se aporten a la causa por actor o demandado. Y es que, aunque constituyan en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil auténticos informes periciales, los informes o dictámenes técnicos aportados por las partes con sus respectivos escritos de alegaciones son normal y naturalmente acogidos con gran cautela por nuestros Tribunales. Aparecen revestidos de un cierto sesgo de parcialidad que inevitablemente les da la parte que lo encarga ya desde su origen; es claro que no son neutrales, por no serlo ni tan siquiera los términos en que se formula el encargo o la delimitación del material disponible para la emisión del informe. La impresión de parcialidad, de ordinario, se confirma en sus sucesivas fases de desarrollo y conclusión, justamente por carecer en todas sus fases de la necesaria contradicción, que le suministra en el proceso la activa intervención de las partes, y del control judicial, a la postre garantía última de su probidad e imparcialidad.

Como ya hemos apuntado al principio, sí es doctrina constantemente reiterada por el Tribunal Supremo (recogida por las sentencias 17/febrero/86 y 28/noviembre/92), la de que "la prueba pericial debe ser valorada libremente por el Juzgador de acuerdo con la sana critica, por lo que no puede ser atacada en casación, puesto que no constan en norma legal alguna concreta que pueda ser invocada en este recurso extraordinario las reglas a que deba sujetarse, salvo que esa valoración conduzca a una situación de hecho absurda, ilógica o contradictoria en si misma", de modo que lo importante será calibrar la calidad probatoria intrínseca de la pericia. En tal sentido, "la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus afirmaciones, ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino en la mayor o menor fundamentación y razón de ciencia, debiendo tener, por tanto, como prevalentes en principio a aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una superior explicación racional, sin olvidar otros criterios auxiliares como el de la mayoría coincidente o el del alejamiento al interés de las partes" (STS 11/mayo/81).

Así las cosas, nos parece que tanto el dictamen de la Médico Forense, que establece un periodo de 45 días de curación hasta la estabilización lesional impeditivos para sus ocupaciones habituales, como el del Dr. Marcelino, que efectúa el seguimiento del lesionado hasta que conoce el dictamen de la médico- forense de 8 de enero de 2.009, y que adopta el mismo criterio, no obstante recoger en su propio informe que la última vez que visita al lesionado es el 10 de noviembre de 2.008 en que se sigue controles y tratamiento farmacológico con el traumatólogo de Osakidetza <folios 76 y ss de autos>, resultan sesgados y alejados e la realidad, al no concretan las razones que justifican la determinación de dicho periodo de duración. El dictamen forense de 8 de enero de 2.009 <folio 14 de autos> da la sensacion de que se informa rutinariamente de la entidad protocolizada de lesiones como las de autos aplicando normas generales y sin descender a las concretas circunstancias del caso, recogiéndose falta de explicación razonada de dicha valoración, lo que es reproducido pro el Dr. Marcelino de la aseguradora Caser.

Por el contrario, el Dr. Hipolito considera como periodo impeditivo un total de 287 días, desde la fecha del accidente el 18 de abril de 2.008 al 30 de enero de 2.009, en base a que la rehabilitacion cervical finaliza el 15 de julio de 2.008, con independencia del número de sesiones de rehabilitación realizadas <folio 11 de autos> perdurando el dolor lumbar, por lo que se prescribe al paciente reposo y tratamiento farmacológico específico para la lumbalgia y rehabilitación que finaliza el 30 de enero de 2.009, lo que está acreditado por el historial médico de Osakidetza <folio 150 y ss de autos>.

En el presente caso, ante la existencia de apreciaciones dispares, no cabe duda que si el accidente no se hubiera producido, las molestias en la zona lumbar no habrían aparecido, siendo el accidente el detonante para las molestias en la zona lumbar, cuya estabilización lesional cabe referir a la finalización de la rehabilitación específica que tuvo lugar el 30 de enero de 2.009, lo que es recogido en la sentencia de instancia, al igual que valora la enfermedad degenerativa y el anterior accidente de circulación, conclusión que no podemos tachar de irrazonable o arbitraria, atendiendo al material documental obrante en autos sobre el historal médico del accidentado.

Procede por lo expuesto la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

Tercero.-La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas de la apelación, en virtud del arts 398.1.º de la LECn.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey,


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CASER SA, representada por el Procurador D. Emilio Martrinez Guijarro, contra la sentencia dictada el 16 noviembre de 2.009 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Bilbao, en los autos de Procedimiento Ordinario n.º 477/09, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOSla misma, con expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a la parte apelante.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente el día 6 de octubre de 2010, de lo que yo la Secretario Judicial certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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