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Sentencia T.S.J. Madrid 416/2010, de 31 de marzo


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial por defectuosa asistencia sanitaria: práctica de cesárea. Demora en la práctica de la misma con rotura de útero y vejiga, con sufrimiento fetal importante y posterior lesión cerebral del recien nacido. El daño causado a la madre y al hijo se considera desproporcionado y el nexo causal acreditado.

SENTENCIA

En Madrid, a treinta y uno de marzo del año dos mil diez.

VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, el Recurso n.º 913/2007, interpuesto por Doña Candelaria y Don Carlos Alberto, en su propio nombre y, además, en representación de su hijo menor de edad Don Juan María, representados por el Procurador Don Joaquín Fanjul de Antonio y asistidos por Letrado, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación previa de responsabilidad patrimonial por la deficiente asistencia sanitaria prestada a Doña Candelaria en la Maternidad del Hospital Universitario de La Paz, de Madrid, con ocasión del parto de su hijo Juan María. Siendo parte demandada la Comunidad de Madrid, representada por Letrado de sus Servicios Jurídicos y codemandada la entidad mercantil ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., representada por el Procurador Don Federico José Olivares de Santiago y asistida por Letrado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el recurso y remitido el expediente administrativo, la parte actora formalizó el escrito de demanda en el que, tras las correspondientes alegaciones, solicitó se dictara sentencia declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, condenándola a indemnizar a Doña Candelaria, Don Carlos Alberto y Don Juan María, en la cantidad total -establecida en el escrito de conclusiones- de 1.777.660,70 euros, por los conceptos previamente establecidos y cuantificados, como consecuencia de la indebida asistencia prestada durante el parto. Asimismo interesaba que se obligara al SERMAS a correr con todos los gastos de asistencia médico-sanitaria que Don Juan María requiriera en un futuro con motivo de las lesiones sufridas, haciendo declaración expresa de reserva de derechos y acciones que le pudieran corresponder por los daños y perjuicios que pudieran aparecer en un futuro y que teniendo su causa en las lesiones sufridas con motivo del nacimiento fueran ahora imposibles de predecir o determinar. Con imposición de las costas causadas y condena al abono de los intereses correspondientes.

Segundo.-El Letrado de la Comunidad de Madrid contestó la demanda solicitando la desestimando el recurso.

La entidad aseguradora se personó en el periodo probatorio mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2009 por lo que no contestó la demanda.

Tercero.-Recibido el recurso a prueba y practicada la admitida, se acordó que las partes formularan escritos de conclusiones, lo que efectuaron por su orden, efectuándose el señalamiento para votación y fallo en la audiencia del día 11 de febrero de 2010, lo que tuvo lugar.

VISTOS los preceptos aplicables.

Siendo Ponente el Magistrado ILTMO. SR. DON MIGUEL ANGEL VEGAS VALIENTE.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Doña Candelaria y Don Carlos Alberto en su propio nombre y en el de su hijo menor de edad Juan María, formularon ante el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid reclamación previa de responsabilidad patrimonial, presentada ante Oficina de Correos el día 14 de noviembre de 2006, solicitando se les indemnizara por los daños derivados de la asistencia sanitaria prestada a Doña Candelaria en la Maternidad del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, entre los días 24 y 25 de abril de 2004, con ocasión del parto de su hijo Juan María.

Alegaba la reclamación que la Sra. Candelaria ingresó en el indicado centro sobre las 18 horas del día 24 de abril de 2004, tras 39 semanas y 5 días de gestación, habiendo sufrido rotura espontánea de bolsa amniótica en su domicilio.

Sobre las 20 horas, con una dilatación de tres centímetros, fue trasladada a la sala de dilatación, administrándole oxitocina y anestesia epidural, siendo desde este momento muy lenta la dilatación del cuello uterino, permaneciendo el feto muy arriba y sin que apenas se desplazara. Se mantuvo a la paciente con suero y sin monitorización permanente hasta las 8'50 del día siguiente en que por sospecha de rotura uterina y bradicardia fetal se comenzó con los preparativos de cesárea que tuvo lugar a las 9'20 horas, confirmándose la rotura uterina y vesical, practicándose histerectomía subtotal con conservación de ovarios y reconstrucción de vejiga. Se destaca que tras el paso de la paciente al quirófano le hicieron prueba de parto en la que, tras múltiples intentos de empujar, primero sola y luego ayudada por dos miembros del personal sanitario que empujaban con el codo sobre su vientre, decidieron practicar la cesárea.

Se añade que lo prudente y aconsejable habría sido practicar una cesárea antes de lo que se le realizó y que el no hacerlo teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente -aborto espontáneo con legrado en 1.997, cesárea en junio de 1.998 al nacer su primer hijo por posición fetal podálica, y nuevo embarazo ectópico en febrero de 2003 con intervención para extirpación de trompa- y a la vista del trabajo de parto no favorable, incrementó específica y sustancialmente los riesgos de rotura uterina y sufrimiento fetal.

A consecuencia de la demora en la realización de la cesárea, de la ausencia de determinados controles del feto y de la violencia de las maniobras, además de la rotura del útero y de la vejiga, con sufrimiento fetal importante, el bebé fue diagnosticado de "encefalopatía hipóxico-isquémica grave" con disfunción multiorgánica transitoria subclínica, que necesitó reanimación tipo V, permaneciendo en coma durante seis horas. Posteriormente se constató la existencia de una lesión cerebral difusa con predominio en hemisferio izquierdo, estando desde entonces bajo supervisión y control del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital La Paz.

En revisión realizada al menor a los dos meses de vida, se detectaron signos incipientes de afectación neurológica posthipoxia connatal, reseñándose en otra revisión a los cinco meses de edad la persistencia de signos de afectación motriz, confirmados en la siguiente revisión de 25 de febrero de 2005.

Se le prescribió en junio de 2004 fisioterapia en centro especializado y a partir de la revisión citada la asistencia a una Guardería de integración de motóricos.

Además a los cinco meses de vida se le detectaron frecuentes episodios de atragantamiento o incoordinación en la deglución que fueron objeto de control en el Servicio de Nutrición el Hospital Infantil de La Paz, diagnosticándose un retraso pondero-estatural derivado de su patología de base, necesitando ser ingresado el 13 de septiembre de 2005 para la realización de una intervención quirúrgica para practicarle una gastrostomía endoscópica percutánea para posibilitar la nutrición enteral nocturna, siendo dado de alta el día 19 siguiente, continuando al momento de formular la reclamación con sonda endoscópica gástrica permanente para nutrición y alimentación enteral nocturna durante diez horas, como único medio de mantener el nivel de ingesta alimenticia adecuado y necesario para el crecimiento, siguiendo bajo el control y seguimiento del Servicio de Nutrición cada tres o cuatro meses, habiendo sido diagnosticado en la última revisión, con informe escrito de 2 de agosto de 2006, de "retraso ponderoestatural portando gastrostomía endoscópica percutánea y nutrición enteral domiciliaria".

La reclamación refería también que al menor Juan María le había sido reconocido un grado de minusvalía del 45%, y seguidamente detallaba la situación en que se encontraba con dos años y medio de edad.

En cuanto a Doña Candelaria, se alegaba que tuvo que permanecer hospitalizada durante diecisiete días, sufriendo una histerectomía subtotal con conservación de ovarios y reconstrucción de vejiga, habiéndosele ocasionado daños de carácter psíquico y estando diagnosticada de ansiedad y depresión reactiva a su situación, con tratamiento psicoterapéutico de larga duración. El matrimonio no podrá tener más hijos, lo que trunca sus deseos y expectativas de incrementar la familia, por lo que se estimaba que se le causaban perjuicios morales que afectaban también a sus familiares.

La reclamación refería que con fecha 25 de octubre de 2005 el matrimonio formuló denuncia ante el Juzgado de Instrucción n.º 40 de Madrid, que ya conocía de los hechos por otra denuncia previa formulada el 4 de mayo de 2004 -Diligencias Previas 1782/2004-, dictándose Auto de Archivo de fecha 11 de noviembre de 2005 notificado el siguiente día 15.

Continúa la reclamación señalando que la asistencia prestada no fue correcta y que no se respetó la Lex artis, realizándose la cesárea con una demora incomprensible e imprudente dados los antecedentes de la paciente y las circunstancias de evolución del parto, y sin que se le informara de las posibilidades existentes ni de las consecuencias o riesgos que entrañaban las dos opciones, ni se adoptaran todos los medios exigibles en atención a las circunstancias del caso que aconsejaban haber mantenido a la madre y al feto monitorizados ininterrumpidamente hasta el mismo momento de la expulsión con la posibilidad real de detectar de forma inmediata cualquier signo de sufrimiento fetal.

Se consideraba que también existió falta de previsión por parte de los servicios sanitarios en la adopción de las medidas necesarias, porque debió tenerse preparado lo necesario para la práctica de una cesárea de urgencia y ello supuso un riesgo innecesario y específico que ha sobrepasado los límites de seguridad exigibles dando lugar a los daños causados a la madre y al hijo, quienes no tiene porqué soportarlo y debe ser considerado como antijurídico e indemnizable.

El resultado lesivo que sufre el recién nacido tiene por causa un sufrimiento fetal agudo, y éste se debe a una encefalopatía hipóxico-isquémico connatal provocada por la rotura uterina que se produjo ante la dilación en practicar la cesárea.

El daño causado a la madre y al hijo se considera desproporcionado y el nexo causal acreditado.

Seguidamente la reclamación evaluaba económicamente los daños y perjuicios causados concluyendo con la pretensión de que se reconociera el derecho de los reclamantes a indemnizarles en las cantidades que para el hijo y cada uno de ellos precisaba.

No consta que recayera resolución expresa a dicha resolución.

Segundo.-La demanda reitera en parte el relato efectuado en la reclamación previa, señalando, además, que a la vista del "retraso madurativo por encefalopatía" le ha sido reconocido al menor Juan María un grado de minusvalía del 69% con efectos del 25 de abril de 2005 y detallando su situación a los cinco años de edad.

Señala también que se desconocer actualmente si padece alguna afectación o trastorno intelectual o cognitivo, debiendo esperar para ello a su evolución y crecimiento, siendo su pronóstico definitivo difícil de predecir en este momento, no siendo por tanto definitivo el alcance actual de sus secuelas, describiendo también las necesidades futuras del menor con aportación de diversos documentos.

Insiste la demanda en que la asistencia sanitaria recibida en el Hospital Universitario de la Paz por Doña Candelaria fue inadecuada y causa directa de los daños y perjuicios causados.

En la fundamentación jurídica tras exponer los requisitos legales y jurisprudenciales propios de la responsabilidad patrimonial, concluía señalando que como resultado del funcionamiento del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid los demandantes y su hijo menor habían sufrido daños evidentes, existiendo una innegable y directa relación de causalidad entre dicha actuación y el resultado lesivo producido, concurriendo todos los requisitos establecidos para ello.

Tercero.-La Letrada de la Comunidad de Madrid en su contestación a la demanda se remite en cuanto a los hechos a los que resulten del expediente administrativo, alegando en primer lugar la prescripción de la acción, teniendo en cuenta que en el momento del alta producida el día 11 de mayo de 2004 estaban determinadas las secuelas del niño por más que sus padecimientos se prolonguen en el tiempo. En cuanto a los daños causados a la madre, quedaron determinados el día del parto, el 25 de abril de 2004. La acción de responsabilidad se interpuso fuera del plazo de un año, el día 16 de noviembre de 2006.

Las Diligencias Penales tramitadas por los hechos denunciados concluyeron mediante Auto de Archivo de 11 de noviembre de 2005, sin que se interpusiera la reclamación previa hasta el día antes referido.

En cuanto al fondo de la reclamación, se alega que no concurren los requisitos expuestos para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial por no existir la antijuridicidad de la lesión en la medida en que la actuación médica se ajustó en todo momento a la Lex artis adoptándose las medidas que la evolución del parto requería.

Se añade que la cesárea estaba indicada en el momento en que se decidió practicarla, pero no antes, realizándose por la sospecha de rotura uterina.

Durante las horas que duró la dilatación el feto estuvo debidamente controlado mediante monitorización física (cardiotocografía) y bioquímica (pH) de sus constantes vitales, pudiendo afirmarse que el feto no sufrió en ningún momento y que el mal estado al nacer fue única y exclusivamente motivado por el accidente de la rotura uterina, que fue realmente un episodio accidental y no previsible y que se diagnosticó de forma inmediata y se trató con la mayor diligencia, rapidez y profesionalidad.

Finalmente se opone a las cantidades solicitadas por considerarlas desproporcionadas con las circunstancias del caso.

Cuarto.-El informe de la Inspección Sanitaria emitido el 10 de octubre de 2008, que obra a los folios 636 y siguientes del Tomo IV del expediente administrativo, considera en sus conclusiones que la paciente Doña Candelaria tenía factores de riesgo reconocidos, que tenía una evolución insatisfactoria de la primera y segunda fase del trabajo de parto, por fase activa retardada además de fase de deceleración prolongada y/o descenso retardado.

Dice también el informe que no se puede verificar en la historia la periodicidad de los controles de la dinámica uterina por no estar reflejados en el partograma -existiendo registros cardiotográficos a las 22 horas, 1'31 horas y 8 horas-, así como que presumiblemente se realizó prueba de parto cuando en mujeres con cesárea anterior hay que evitar el pujo materno excesivo y/o la comprensión abdominal.

Añade dicho informe que en la Historia no hay ningún registro ni anotaciones sobre lo sucedido entre las 8'50 horas, que pasa a quirófano y la realización del acto quirúrgico con el nacimiento a las 9'20 horas, reflejándose solamente que existía sospecha de rotura uterina por bradicardia fetal mantenida sin especificarse cómo y cuando se produjo, existiendo discordancia respecto a la hora en que se realizó el pH fetal.

Para el informe también existe una discordancia entre lo que manifiesta el Dr. Mauricio, Jefe de Servicio, quien da a entender que la prueba de parto no llegó a realizarse (porque al colocarse la paciente en posición ginecológica para comenzar a pujar se apreció bradicardia fetal) y lo manifestado por la propia paciente en su escrito de reclamación previa.

Finaliza el informe entendiendo que la asistencia prestada a la recurrente fue inadecuada, por estimarse que debiera haberse realizado la extracción mediante cesárea antes de la hora en que se realizó por ser una paciente con factores de riesgo reconocidos en la que el trabajo de parto evolucionó de forma insatisfactoria por tener una fase activa retardada y un descenso retardado, dejándose evolucionar hasta terminar presumiblemente en una prueba de parto que fue interrumpida por sospecha de rotura uterina y pérdida de bienestar fetal.

Por su parte, el informe del perito nombrado por la parte recurrente -especialista en Medicina Legal y Forense-, que obra a los folios 91 y siguientes del expediente administrativo, de 26 de octubre de 2006, señala que la Sra. Candelaria era una paciente candidata a una segunda cesárea si el trabajo de parto no era favorable, como ocurrió, y por la demora en hacer la misma, el niño fruto de ese embarazo, padece una encefalopatía anóxica por no estar prevista la cesárea de antemano. También señala este informe que esta señora tenía la situación emocional alterada, con estado de ansiedad y depresión reactiva, lo que le obligaba a tener que hacer psicoterapia de larga duración.

El informe insiste en sus conclusiones que siendo muy lenta la dilatación del cuello uterino y estando además el feto muy arriba (1er plano de Hodge), se mantuvo a la paciente con sueros y sin monitorizar el feto hasta las 8'50 horas, en que por sospecha de rotura de útero y bradicardia fetal, se comenzó con los preparativos para la operación cesárea, realizándose la misma a las 9'20, y que por la demora en la intervención el feto nació con sufrimiento fetal.

Añade el informe que la histerectomía subtotal realizada a la paciente trae consigo la consecuencia de que no pueda tener más hijos en una edad en que todavía es fértil.

Quinto.-Conforme a lo establecido en el art.º 139 de la Ley 30/92, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Con carácter general cabe señalar que para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración, deben concurrir los siguientes requisitos:

1.º).- Que se aprecie una relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado lesivo

2.º).- Que el daño causado sea antijurídico, lo que debe entenderse como que el perjudicado no tenga el debe jurídico de soportarlo.

3.º).- Que el daño sea indemnizable.

La responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario no es una responsabilidad objetiva o por el resultado, y que la obligación de los profesionales sanitarios es de medios, no de resultados, pues los médicos deben prestar la asistencia debida mediante el empleo correcto de la ciencia y técnica aplicables sin que puedan garantizar la curación del enfermo como resultado.

En este sentido se considera que la Lex artis ad hoc es el parámetro de actuación de los profesionales médicos, de modo que para delimitar la responsabilidad debe valorarse no solo la posible lesión que se produzca, sino también la infracción de dicha Lex Artis, como criterio valorativo de la corrección del acto médico ejecutado teniendo en cuenta las especiales características del autor, profesión, complejidad y trascendencia vital del acto y en su caso de la influencia de otros factores endógenos para calificar el acto de conforme o no con la técnica normal requerida, siendo de aplicación dicho criterio de valoración tanto al ámbito del diagnóstico como al terapéutico en sus diversas modalidades.

Por ello la responsabilidad patrimonial sanitaria se sitúa en el ámbito de la responsabilidad por funcionamiento anormal y se produce solo en los casos en que ha existido una falta de adecuación de la conducta asistencial a los criterios que puedan ser considerados como correctos, contenidos en los protocolos o normas de actuación médica y que se consideran compendios de procedimientos asistenciales estimados como óptimos desde el punto de vista de la Lex artis, y son elementos de referencia importante en el enjuiciamiento de la correcta praxis de la asistencia sanitaria.

Sexto.-Examinando en primer lugar la alegación de prescripción opuesta por la representación letrada de la Comunidad de Madrid, debe señalarse que el art.º 142.5 de la Ley 30/92 establece que "En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas";.

En el presente caso habiéndose producido una denuncia de carácter penal la incoación de las Diligencias correspondientes, produjo la interrupción del plazo. Tales Diligencias concluyeron con Auto de sobreseimiento de 11 de noviembre de 2005, notificado a la representación procesal de la recurrente el siguiente día 15. A partir de esta fecha volvía a correr de nuevo el plazo de un año establecido en el citado art.º 142.5 de la Ley 30/92, y como la reclamación previa se presentó mediante correo administrativo el día 14 de noviembre de 2006, resulta de toda evidencia que la acción para recurrir no prescribió, por lo que debe desestimarse dicha alegación, procediendo entrar en el fondo del recurso.

Séptimo.-Si bien es cierto que el Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia en su informe de 8 de abril de 2008 -Tomo I del expediente- señala que el feto estuvo debidamente controlado mediante la monitorización física (cardiotografía) y bioquímica de sus constantes vitales, durante todas las horas que duró la dilatación, debiéndose el mal estado al nacer exclusivamente por el accidente de la rotura uterina, el informe de la Inspección Médica no acoge este planteamiento, ya que niega la existencia de registro cardiotocográfico continuado, y la realidad es que este registro no consta.

De lo expuesto puede afirmarse que si no existió una monitorización permanente de la paciente, siendo conveniente una vigilancia fetal continuada, teniendo en cuenta, además, que a la paciente se la había suministrado oxitocina, lo que incrementa el riesgo de rotura uterina, puede con facilidad concluirse que en el caso examinado se produjo un resultado dañoso antijurídico del que debe responder la Administración por existir una relación de causalidad evidente entra la actuación del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario La Paz y los daños producidos, que deben ser indemnizados a los recurrentes en la siguiente forma:

- 400.000 euros por los daños y secuelas producidos al menor Juan María.

- 120.000 euros por la histerectomía padecida a Doña Candelaria.

- 30.000 euros por las secuelas psíquicas producidas a dicha señora.

- 5.477,20 euros por los gastos realizados para el menor en fisioterapia y compra de material (1.704 euros), tratamiento de atención temprana (504 euros) y factura de ortopedia (3.269,20 euros).

Octavo.-Al no apreciarse temeridad ni mala fe, de conformidad con lo establecido en el art.º 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar pronunciamiento de condena en costas.


FALLAMOS


 
ESTIMAMOS el recurso interpuesto por Doña Candelaria y Don Carlos Alberto, en su propio nombre y, además, en representación de su hijo menor de edad Don Juan María, representados por el Procurador Don Joaquín Fanjul de Antonio, contra la desestimación presunta ya referenciada, que consideramos no ajustada a derecho, y, en consecuencia declaramos el derecho de los recurrentes a que se les indemnice en la suma total de 555.477,20 euros, por los conceptos expresados en el fundamento de derecho séptimo de esta sentencia. Sin condena en costas.

Esta resolución, dada la cuantía del proceso, no es firme y, frente a ella, cabe recurso de casación que habrá de prepararse ante esta Sección, en el plazo de diez días computados desde el siguiente a su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que habrá de realizar mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, n.º 2582 (Banesto), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), bajo apercibimiento de tener por no preparada la casación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En el mismo día de su fecha fue publicada la anterior Sentencia dictada por el Magistrado Ponente Iltmo. Sr. Don MIGUEL ANGEL VEGAS VALIENTE, de lo que como Secretario de la Sección, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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