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Sentencia A.P. Alicante 418/2010 de 21 de octubre


 RESUMEN:

Siniestro de tráfico: Desestimación de la demanda interpuesta por una Compañía de Seguros a la que se la impone una indemnización a favor de la actora. Prueba: Inexistencia de dudas sobre la fecha de acaecimiento del accidente de tráfico, las lesiones sufridas y los gastos sufridos. Mora del asegurador: No enervación ya que el accidente se encuentra dentro del riesgo cubierto por la póliza de seguro concertada.

SECCION NOVENA

ELCHE

Rollo de apelación n.º 368/10

Juzgado de Primera Instancia n.º 2 Torrevieja

Autos de Juicio Ordinario n.º 710/08

SENTENCIA N.º 418/10

Iltmos. Srs.

Presidente: D. Julio Calvet Botella.

Magistrado: D. José Manuel Valero Díez.

Magistrado: D.ª Encarnación Caturla Juan.

En la Ciudad de Elche, a veintiuno de octubre de dos mil diez.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario n.º 710/08 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada Cía. Seguros Mutualidad de Levante, habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador Sr. Alacid Baño y dirigida por el Letrado Sr. Ferrández Sala, y como apelada la parte demandante D. Bruno, representada por el Procurador Sr. Martinez Hurtado y defendida por el Letrado Sr. García Rocamora.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja en los referidos autos, tramitados con el número 710/08, se dictó sentencia con fecha 8/2/10, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que por medio de la presente sentencia debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Giménez Viudes, en nombre y representación de D. Bruno, contra Mutualidad de Levante, representada por el Procurador Sr. Cánovas Seiquer y en consecuencia debo condenar y condeno a Mutualidad de Levante, a abonar a D. Bruno la cantidad de veinte mil ochocientos diecisiete euros con veintitrés céntimos de euro, de los cuales fueron consignados en la cuenta de depósitos de este Juzgado la cantidad de 5987,30 euros. La cantidad objeto de condena devengará desde la fecha del siniestro 14 de julio de 2003, hasta los dos años después el interés legal del dinero incrementado en un 50%; desde dicha fecha hasta la fecha de la consignación devengarán unos interés equivalentes al 20% anual el total de la cantidad, y desde dicha fecha se devengarán sobre la cantidad de 14.829,93 euros, de conformidad a lo expuesto en el fundamento jurídico quinto, debiendo cada parte abonar sus costas y las comunes por mitad."

Segundo.-Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal, donde quedó formado el Rollo número 368/10, tramitándose el recurso en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia dictada y la apelada su confirmación. Para la deliberación y votación se fijó el día 13/10/10.

Tercero.-En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. D.ª Encarnación Caturla Juan.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Funda la aseguradora demandada su recurso en el error en que incurre la juzgadora de instancia en la valoración de la prueba practicada, tanto respecto de la fecha de acaecimiento del accidente de trafico, como en lo que respecta a las lesiones y gastos sufridos por el perjudicado derivados de aquel. Impugnando igualmente la imposición de los intereses del art. 20 de la LCS que se recoge en la sentencia recurrida.

Por lo que respecta al pretendido error en la valoración de la prueba, debemos partir de que como ha venido reiterando esta Sala en innumerables ocasiones, si la prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluida la fase probatoria), el órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar por si mismo, no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente. De tal forma que la Sala no tiene que aceptar la valoración de la prueba del Juzgado de 1.ª instancia, sino que directamente asume la instancia y es ella la que valora de nuevo la prueba practicada, en cuyo resultado coincidirá o no con el Juzgado; pues el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium" (STC 152/1998, de 13 de julio). La STS de 6 de mayo de 2009 dice que "La apelación coloca al juzgador de segunda instancia en la misma posición del de la primera, con plenitud jurisdiccional para la valoración de la prueba, pero la "revisio prioris instantiae" en que consiste el recurso no le autoriza para prescindir de las apreciaciones del juzgador "a quo" sin dar otras razones distintas, o decir por qué se rechazan."

Como hemos dicho, este tribunal en apelación puede valorar de modo completo y de forma distinta las pruebas obrantes en la causa, llegando a conclusiones contrarias a las de instancia; pero si el criterio del tribunal a quo es razonable y sus conclusiones vienen suficientemente respaldadas por la prueba practicada y convencen suficientemente al tribunal de alzada, no debe acogerse el punto de vista del apelante, solucionando el conflicto de modo diferente al de instancia con otra argumentación, aunque pueda ser igualmente razonable (STS de 16 de junio de 1970, 14 de mayo de 1981, 22 de enero de 1986, 18 de noviembre de 1987, 30 de marzo de 1988, 1 de marzo y 28 de octubre de 1994, 3 y 20 de julio de 1995, 23 de noviembre de 1996, 29 de julio de 1998, 24 de julio de 2001, 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003). La segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del Juzgador a quo, en el sentido de comprobar que ésta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable.

Y en el caso que nos ocupa, tras valorar todas las pruebas aportadas al procedimiento, esta Sala no puede alcanzar una conclusión distinta a la recogida por la Juzgadora de instancia, puesto que la resolución recurrida no resulta arbitraria, injustificada o injustificable, la Juzgadora a quo razona suficientemente el resultado de las pruebas con argumentos que no pueden si no ser respetados por este Tribunal y a los que nos remitimos. Como recuerda la STS de 30 de julio de 2008: "La doctrina jurisprudencial admite la fundamentación por remisión; así, si la resolución de primer grado es acertada, la que confirma en apelación no tiene porqué repetir o reproducir los argumentos, y sólo, en aras de la economía procesal, debe corregir aquéllos que resulten necesarios (STS de 16 de octubre de 1992); una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juez "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla."." Y ello tanto por lo que respecta a la fecha de acaecimiento del accidente de tráfico, puesto que la documental aportada y las propias declaraciones de los testigos evidencian que la fecha mas probable del accidente fue el día 14 de julio de 2003, por cuanto que los informes médicos de urgencias se remiten a dicho día (folios n.º 29 donde se recoge el término "ayer" y n.º 72), pero es que el propio informe del perito médico de la aseguradora apelante recoge como fecha del accidente el día 14 de julio de 2003 (folio 205). En cualquier caso, el hecho de que el accidente hubiese acaecido el día once de julio (esto es, tres días antes), no rompe el nexo de causalidad con las lesiones que presenta el perjudicado.

Por lo que respecta a la pericial practicada, nos remitimos a lo anteriormente citado, si bien es de destacar que valorada nuevamente la prueba practicada, no se aprecia error alguno en la valoración del informe del perito judicial en relación con las restantes periciales practicadas, ni por tanto en la valoración de la prueba por el Juez de instancia, pues lo único que pretende la parte ahora apelante es hacer valer su criterio personal, sobre el más objetivo e imparcial del Juez "a quo". Siendo en todo caso de destacar, que como ha señalado el Tribunal Supremo, la función del perito como medio de prueba es auxiliar al Juez, ilustrándole sobre las circunstancias del caso, siendo la prueba pericial de libre apreciación (STS de 23 septiembre 1996, 20 julio 1998, 24 julio 2001, 20 noviembre 2002 y 15 julio 2003), puesto que las reglas de la sana crítica a que remite el art. 348 de la LEC, como dicen las STS de 10 junio 1986 y 7 noviembre 1994 entre otras, no son en realidad otra cosa que meras máximas de experiencia no codificada, y deben incardinarse en el proceso deductivo con el razonamiento lógico, que requiere un conocimiento y manejo de los datos de hecho y un encadenamiento entre los juicios que no lleve al absurdo, único límite conocido en la lógica jurídica que, generalmente, no se mueve entre hechos conocidos con absoluta certeza (STS de 15 julio 1988, 13 noviembre 1995). De forma que al razonable juicio del Juzgador de instancia y a su apreciación conjunta de la prueba, en la que no es apreciable error, no puede serle opuesto el resultado de otra prueba, como pretende el recurrente.

Segundo.-Por último en cuanto a la impugnación que respecto de la imposición de los intereses del art. 20 de la LCS realiza la sentencia de instancia, entendemos que la misma no puede tampoco ser acogida. Pretende la aseguradora apelante se aplique el apartado 8 del citado precepto y se la exima del devengo de intereses. El artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro en la redacción dada por la Disposición sexta de la Ley de Ordenación de los Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995, dispone en su apartado primero que: "La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial." Y el apartado segundo, completando lo anterior, dispone que "No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100".

Por su parte el art. 20.8 LCS dispone que "No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable". El Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 10 de mayo de 2.006 ha establecido que el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro constituye una indemnización por el retraso imputable a la aseguradora en el pago de la cantidad correspondiente según lo pactado.

En el caso de autos, los motivos esgrimidos por la compañía aseguradora demandada, no enervan la mora del asegurador conforme a las prescripciones establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, no resultando causa justificativa del retraso, porque el accidente del que derivan las lesiones y gastos que se reclaman se encuentra comprendido dentro del riesgo cubierto por la póliza de seguro concertada, no se discute la forma en que acaeció el accidente de tráfico y no se ha puesto en duda la responsabilidad del siniestro, ni el hecho del aseguramiento, así como el conocimiento de la aseguradora de la existencia de lesionados en tal accidente; la entidad aseguradora demandada bien pudo consignar en su momento la cantidad que -según su criterio- estimaba que resarcía los daños y perjuicios ocasionados al hoy demandante, no pudiendo mantener una actitud pasiva ante el siniestro y no bastando el mero ofrecimiento. En consecuencia procede la condena al abono de los intereses del art. 20 de la LCS. El motivo de apelación debe ser desestimado.

Tercero.-Las costas procesales de esta alzada debe soportarlas la parte apelante por disposición del artículo 398, en relación con el artículo 394, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.


PARTE DISPOSITIVA


 
FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja de fecha 8 de febrero de 2010, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución, imponiendo expresamente las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, cabe, en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Título IV del Libro II y Disposición Final 16.ª de la LEC 1/2000.

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 6/1985, según redacción dada por la LO 1/2009, para interponer contra la presente resolución recurso extraordinario por infracción procesal (concepto 04) y/o de casación (concepto 06), artículos 471 y 481 de la LEC, deberá consignarse en la "Cuenta de Depósitos y consignaciones" de este Tribunal n.º 3575, al tiempo de la preparación, la cantidad de 50 euros por cada recurso, bajo apercibimiento de inadmisión a trámite; y ello sin perjuicio del pago de la tasa por actos procesales, cuando proceda.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Iltmo Sr. Ponente, estando la Sala reunida en Audiencia Pública, doy fé.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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