Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Auto A.P. Madrid 260/2010 de 25 de octubre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Juicio de faltas. Mutua colisión de vehículos de motor. No rige el principio de inversión de la carga de la prueba del elemento culposo de la responsabilidad civil extracontractual. Inexistencia de acreditación de la conducta negligente del conductor del vehículo asegurado por la aseguradora ejecutada.

 

MADRID

AUTO: 00260/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección 8

1420A

FERRAZ, 41

N.I.G. 28000 1 7009941 /2009

RECURSO DE APELACION 657 /2009

Proc. Origen: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 716 /2007

Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 7 de MADRID

De: Jose Enrique

Procurador: MARIA ELENA MARTIN GARCIA

Contra: PELAYO MUTUA SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, Martina

Procurador: JULIO ANTONIO TINAQUERO HERRERO, SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Ponente: ILMA. SRA. DÑA. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ

AUTO n.º 260

Magistrados:

ILMO. SR. D. ANTONIO GARCIA PAREDES

ILMA. SRA. DÑA. CARMEN GARCIA DE LEANIZ CAVALLE

ILMA. SRA. DÑA. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ

En MADRID, a veinticinco de octubre de dos mil diez. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio de Ejecucion de Titulos Judiciales n.º 716/2007, procedentes del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de Madrid, seguidos entre partes, de una como demandante-apelante, D. Jose Enrique, representado por la Procuradora D.ª M.ª ELENA MARTIN GARCIA, y de otra, como demandada-apelada, PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, representada por el Procurador D. JULIO ANTONIO TINAQUERO HERRERO, y como demandante-apelada D.ª Martina sin representacion profesional.

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilma. Sra. Dña. MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Madrid, en fecha 11 de febrero de 2009, se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Por SS.ª se ACUERDA ESTIMAR EN PARTE la oposición a la ejecución deducida por el Procurador D. Julio Tinaquero Herrero, en nombre y representación de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y debo DISPONER y DISPONGO que la ejecución siga adelante por la cantidad de 1467,12 euros de principal, debiendo reducirse la cantidad presupuestada para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación, a la de 440,13 euros".

Aclarado por Auto de fecha 7 de mayo de 2009 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Por SS.ª se ACUERDA ACLARAR el Auto de fecha 11 de febrero de 2009 en los términos del fundamento jurídico de esta Resolución".

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por el codemandante D. Jose Enrique, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

Tercero.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 20 de octubre de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se interpone recurso de apelación contra el auto, de fecha 11 de febrero de 2.009, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Madrid, aclarado por auto de fecha 7 de mayo de 2.009, resolutorio de la oposición formulada por la entidad PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, al despacho de ejecución acordado por el referido Juzgado mediante auto de fecha 16 de abril de 2.007, dictado en los autos n.º 716/07 iniciados a instancia de D. Jose Enrique y D.ª Martina, en el que ha servido de título ejecutivo el auto de cuantía máxima dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 33 de Madrid, en fecha 31 de enero de 2.007, en el marco del juicio de faltas n.º 534/06, seguido por accidente de tráfico ocurrido el día 20 de mayo de 2.006, en la carretera de circunvalación M-30, a la altura del km. 31,800, en el que se vieron implicados el vehículo Renault Clío, matrícula F-....-AS, conducido por D. Jose Enrique y ocupado por D.ª Martina y el vehículo Mitsubishi Carisma, matrícula 2725 CYS, propiedad de Francisco Balbastre, S. L. y conducido por D. Rosendo.

El auto recurrido por el ejecutante D. Jose Enrique estima en parte la oposición formulada por la entidad PELAYO, disponiendo que la ejecución que había sido despachada por la cantidad de 5.252,12 euros de principal, siga adelante por el citado concepto únicamente en la cantidad de 1.467,12 euros e intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro respecto de la cantidad no incluida en la consignación efectuada; en la aclaración que a la citada resolución se realiza por parte del Juzgado de instancia, en auto de fecha 7 de mayo de 2.009, se dispone que la reducción del principal lo es en el importe de 3.785 euros a que ascienden los daños materiales ocasionados al vehículo propiedad del ejecutante Sr. Jose Enrique, apelante en esta alzada.

Segundo.-Dos son los motivos que invoca el recurrente como fundamento de su recurso; el primero de ellos es el de "Infracción de precepto legal por no accederse a la indemnización de los daños materiales" y el segundo es el de "Infracción del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro ".

El primero de los motivos debe ser rechazado, habida cuenta que como fundamento del mismo el recurrente invoca lo dispuesto en el artículo 517.2.8.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la modificación operada a través del Real Decreto Legislativo 1301/86, de 28 de junio, por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor al Ordenamiento Jurídico Comunitario, pero no señala la infracción que se ha cometido en la instancia.

Dispone el artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley Sobre responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, lo siguiente: "1. El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los arts. 1.902 y siguientes del Código Civil, arts. 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta ley.(...)"

Es cierto que ni el antiguo artículo 10 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor distinguía, en absoluto, el tipo o naturaleza de los daños sufridos por el perjudicado, ni lo hace ahora el artículo 13 del Decreto Legislativo 8/2004 que continua diciendo que "....si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria...". Por consiguiente, si como consecuencia del hecho -con caracteres de infracción punible- que dio lugar al proceso penal se hubieren originado, además de daños a las personas, daños en los bienes, es indiscutible que el Auto de Cuantía Máxima, previsto en el referido artículo 13 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, habría de incluir también la cantidad máxima que por los mismos podía reclamar el perjudicado, pues no puede olvidarse que la obligación de indemnizar derivada del también artículo 1 de la repetida Ley se extiende a todos aquellos daños y perjuicios, efectivamente producidos, que sean consecuencia natural, necesaria, lógica o racional del hecho generador de la obligación indemnizatoria. No obstante, la pregunta surge inmediatamente al observarse los motivos de oposición tasados que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé para oponerse a la ejecución y la falta de previsión especifica en la legislación derivada del Decreto Legislativo 8/2004, que a diferencia de la regulación de la antigua Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor contemplaba aquella en su artículo 18 cuando señalaba que "...El asegurador podrá oponerse a la ejecución, alegando, además de los motivos autorizados en los arts. 1464 y 1467 LEC, los señalados en el art. 1 de esta ley.", refiriéndose al distinto régimen que aquel precepto señalaba para los daños materiales y personales, y que actualmente continua señalando el artículo 1 de la vigente regulación. Efectivamente, debe recordarse que la responsabilidad establecida por el artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y hoy por el Decreto Legislativo 8/2004 presenta un régimen de rigurosidad distinto, según la naturaleza de los daños ocasionados. Así, en el caso de daños a las personas, la obligación indemnizatoria sólo desaparecerá, en los dos supuestos expresamente recogidos en el precepto -la culpa exclusiva del perjudicado, y la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo-, y en el caso de daños en los bienes materiales, la obligación de indemnizar sólo surgirá, cuando en la causación de los mismos hubiere intervenido culpa o negligencia por parte del conductor responsable y así se dice en el artículo 1 de la mencionada Ley 8/2004 que ya hemos dicho señala "En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los arts. 1.902 y siguientes del Código Civil, arts. 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta ley". Es decir, en los casos de daños a las personas se viene a configurar un sistema de responsabilidad prácticamente objetiva, al partir de la presunción de culpabilidad -y por tanto de responsabilidad- del conductor, quien sólo puede quedar exonerado si prueba que tales daños corporales se causaron únicamente por la conducta o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo -no considerándose casos de fuerza mayor, por disposición expresa del texto legal, "los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos"-. Por el contrario, respecto a los daños en los bienes se mantiene el clásico criterio subjetivista de nuestro Código Civil -a cuyo artículo 1902 se remite expresamente-. Esta configuración de la responsabilidad del conductor en caso de daños materiales, obliga al perjudicado, en todo caso, y cualquiera que sea la vía procesal por la que se reclame, a acreditar que los daños en los bienes cuyo resarcimiento pretende fueron causados por culpa o negligencia del conductor del vehículo. Consecuencia de ello será, por tanto, que frente a la ejecución despachada en reclamación de daños a las personas, la invocación por el ejecutado de alguna de las causas de exoneración expresadas le obligará a justificar su concurrencia; mientras que, en el supuesto de daños en los bienes, aquella invocación obligará al ejecutante a justificar la culpa o negligencia del conductor del vehículo en su causación, es decir, que los daños en cuestión fueron causalmente originados por la conducta desplegada, con motivo de la circulación de un vehículo de motor, por el conductor responsable.

En el presente caso nos encontramos ante una mutua colisión de vehículos de motor, por lo que no rige el principio de inversión de la carga probatoria del elemento culposo de la responsabilidad civil extracontractual; y no consta acreditada la conducta negligente del conductor del vehículo asegurado por la ejecutada Pelayo, habida cuenta que en la sentencia dictada en el juicio de faltas se pone de manifiesto la existencia de versiones contradictorias de las partes acerca de la ocurrencia del siniestro, versiones de igual valor probatorio y en el seno del procedimiento de ejecución, en el que ha recaído el auto que se apela, en modo alguno se ha justificado la responsabilidad que se imputa al conductor del vehículo asegurado por la ejecutada, por lo que debe concluirse con la falta de responsabilidad de esta aseguradora respecto de los daños materiales incluidos en el título ejecutivo, por lo que el motivo que se examina debe decaer.

Tercero.-El segundo de los motivos no puede prosperar; no alcanza la Sala a entender la razón de su formulación. Si lo que el recurrente pretende es que la cantidad concedida a la ejecutante D.ª Martina, ascendente a 595,90 euros, a cuyo pago la parte ejecutada no se opuso, consignando el citado importe una vez le fue notificado el auto despachando ejecución, devengue los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, debe rechazarse tal petición por cuanto el recurrente no está legitimado para formularla, habida cuenta que la única persona que podría ejercitar esa pretensión es la Sra. Martina, quien se ha aquietado con el pronunciamiento efectuado en la instancia, relativo a que el importe que ella debía recibir (de hecho ya le ha sido entregado en fecha 25 de junio de 2.007, según consta al folio 117 de las actuaciones) no devengaría intereses, dado que no ha apelado el mismo.

Si el recurrente lo que pretende es que la cantidad concedida al mismo devengue los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro ya citada, el auto apelado hace ese mismo pronunciamiento, por lo que el recurso carece de objeto, ya que no comete la infracción que se invoca, por lo que en definitiva, procede el rechazo del recurso y con ello la confirmación de la resolución dictada en la instancia.

Cuarto.-Desestimado el recurso, las costas deben imponerse a la parte apelante, en atención a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 394 del mismo texto legal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


III.- PARTE DISPOSITIVA


 
LA SALA ACUERDA:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de D. Jose Enrique contra el auto de fecha 11 de febrero de 2.009, aclarado por auto de fecha 7 de mayo de 2.009, recaídos en el procedimiento de Ejecución número 657/09 del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid.

2.- Confirmar la referida resolución.

3.- Las costas se imponen a la parte apelante.

Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que la han firmado. Doy fe. En Madrid, a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación