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Sentencia A.N. de 14 de septiembre de 1999


 RESUMEN:

Sanción de suspensión de funciones por tiempo de tres meses como responsable de la comisión de una falta grave; falta injustificada de la jornada de trabajo. Aparecen plenamente justificados los incumplimientos, no apreciando incumplimiento procesal, ni discriminación o violación de ningún derecho constitucional. Desestimación del recurso.

SENTENCIA

Madrid, a catorce de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido D. Alejandro, representada por el Procurador Dña. Carmen Otero García. contra la Administración General del Estado, representado por el Abogado del Estado, sobre sanción disciplinaria, incumplimiento de horario. Siendo Ponente el Istmo. Sr. Magistrado de esta Sección D. Antonio Hernández de la Torre Navarro.

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero.-El acto impugnado procede del Ministerio de Educación y Cultura (CSIC), y es de fecha uno de julio de 1998.

Segundo.-Interpuesto recurso contencioso administrativo ante esta Audiencia Nacional, después de admitido a trámite, reclamado el expediente administrativo y publicado el anuncio de interposición, se dio traslado al recurrente para que formalizara la demanda, solicitando en el Suplico la estimación del recurso.

Tercero.-Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Letrado del Estado con entrega del expediente administrativo para que la contestara, y formalizada dicha contestación solicitó en el Suplico se desestimarán las pretensiones del recurrente confirmando los actos impugnados por ser conformes a Derecho.

Cuarto.-Contestada la demanda y no habiéndose recibido el juicio a prueba, quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo el día siete de septiembre de 1.999, en que, efectivamente, se votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El presente recurso, interpuesto por D, Alejandro, representado por la Procuradora Doña Carmen Otero García, tiene por objeto la resolución del Ministerio de Educación Y Cultura, de fecha uno de julio de 1998, por la que el Subsecretario de dicho Ministerio imponía al recurrente la sanción de suspensión de funciones por tiempo de tres meses como responsable de la comisión de una falta grave de falta injustificada de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes, tipificada en el Artículo 7, apartado 1, l) del Reglamento de régimen disciplinario.

Segundo.-Por Resolución del Iltmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 19 de enero de 1998, se inició expediente disciplinario al recurrente, funcionario de la Escala de Ayudantes de Investigación de ese organismo, que termino por la resolución aquí impugnada que le impuso las sanciones ya señaladas al estimar acreditados los incumplimientos de su jornada de trabajo, reiterados e injustificados, desde el 2 de enero de 1997 al 30 de noviembre del mismo año, incumplimentados que acumulados por meses supusieron 38 horas y 20 minutos, en el mes de enero; 49 horas y 55 minutos en el mes de febrero; 53 horas y 39 minutos en el mes de marzo; 41 horas y 35 minutos en el mes de abril; 39 horas y 45 minutos en el mes de mayo; 34 horas y 6 minutos en el mes de junio; 40 horas y 12 minutos en el mes de julio; 27 horas y 22 minutos en el mes de septiembre; 37 horas y 53 minutos en el mes de octubre, y 28 horas en el mes de noviembre.

No conforme con lo anterior, se interpuso el presente recurso contencioso en el que se solicita que se dicte sentencia en la que se declare nula de pleno derecho la Resolución impugnada por incumplimiento de los trámites procesales o en su defecto se estime la excepción de prescripción y subsidiariamente improcedente, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a la devolución de la cantidad de 546.807 pesetas importe de la sanción de suspensión de funciones que le fue impuesta.

En defensa de sus pretensiones alega, en síntesis, situación de indefensión por falta de audiencia ya que se le instruye el expediente por supuestas faltas de asistencia los meses de octubre y noviembre de 1997, cuando la base fundamental de la resolución se refiere a faltas de enero a septiembre de 1997 sobre las que no se le dio el tramite de audiencia. Excepción de prescripción, por cuanto las impuntuaciones referidas a octubre y noviembre de 1997 son por si mismas faltas leves, y cuando se acuerda incoar el expediente, en 19 de enero de 1998 ya estaban prescritas, excepción que por otra parte no ha sido admitida por la Administración y su consecuencia ha de ser la de su estimación. Que se ha vulnerado lo establecido en el Artículo 37 del Reglamento Disciplinario, por cuanto en el tramite de audiencia en pliego de descargos alegó que la instrucción del expediente era discriminatoria por las razones que consigna, y que para acreditarlo propuso una serie de pruebas que le fueron denegadas, teniendo base dicha proposición en una alegación de una vulneración de un derecho fundamental, siendo denegadas sin mas comentario; habiendose vulnerado también en el Artículo 39 del propio Reglamento disciplinario al haberse practicado las pruebas sin notificarle al recurrente el lugar, fecha y hora de su celebración. Que el recurrente no ha incumplido el horario en los términos que se le imputan, puesto que las fichas horarias no corresponden a las suyas, simplemente porque no puede reconocerlas como suyas, no figurando dato identificativo como la firma; que el recurrente cumplió el horario habitual de manera idéntica a los otros funcionarios en términos de flexibilidad.

Frente a las anteriores alegaciones, por la representación de la Administración se ha mantenido la legalidad de la resolución recurrida, remitiéndose por el Abogado del Estado a los propios fundamentos jurídicos de la resolución recurrida y que entiende que revelan un correcto ejercicio de la facultad sancionadora disciplinaria, habiéndose observado los principios de contradicción y defensa y los de legalidad y proporcionalidad en las fases procedimental y decisoria.

Tercero.-En el Artículo 7.1.l) del Reglamento de Régimen disciplinario se establece que es falta grave "El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes". En la resolución recurrida se estimaron acreditados los incumplimientos horarios que se han consignado en el fundamento de derecho anterior. Al valorarse en esta sede jurisdiccional lo actuado en el expediente disciplinario seguido y que se ha incorporado al presente recurso contencioso, se estiman plenamente acreditados los referidos incumplimientos, que aparecen perfectamente determinados en las fichas de verificación horaria correspondientes al recurrente, tal como se recoge y se razona específicamente en los considerandos 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 de la propuesta de resolución, asumidos por la resolución recurrida y que esta Sala asume y tiene aquí por reproducidos, no estimándose necesario añadir al respecto mas razonamientos al no concurrir dato alguno que afecte a la realidad de tal acreditamiento. Examinados los referidos incumplimientos, se constata que acumulados por meses superaron en todos ellos ampliamente el mínimo de diez horas al mes, llegando a superar en siete de ellos la jornada semanal de 35 horas, es decir, que en cada uno de esos meses incumplió el recurrente su jornada por tiempo superior a una semana. Desde el punto de vista fáctico, cada uno de esos incumplimientos mensuales seria constitutivo de una falta grave. Por lo que la suma de todos ellos y su valoración acumulada como una sola falta grave que se efectúa en favor del recurrente en la resolución recurrida ha de estimarse conforme a derecho, así como la sanción de tres meses de suspensión que se le impone por la misma, sanción prudencial y no desproporcionada al establecerse en el artículo 16 del Reglamento disciplinario que la sanción de suspensión de funciones por una falta grave no excederá de tres años.

Cuarto.-En base a lo expuesto en el anterior fundamento de derecho referido a la cuestión de fondo, procede desestimar la demanda, por cuanto procede rechazar previamente las demás alegaciones contenidas en la demanda, debiendo señalarse al respecto las razones que se consignan a continuación.

En primer lugar, debe señalarse que la divergencia entre los hechos referidos en la resolución de incoación y los imputados en el correspondiente pliego de cargos, en nada afecta a la validez y regularidad del expediente, ya que el acto de incoación no tiene otro alcance que abrir el procedimiento para la practica de las correspondientes diligencias de averiguación, pero no supone delimitación de hechos y menos de la acusación, que solo se produce con el correspondiente pliego de cargos, momento en el que se acota el sustrato fáctico en el que ha de moverse la potestad disciplinaria. En el caso de autos esa divergencia se refería únicamente al numero de meses y ya no existía al momento de recibirsele al recurrente la primera declaración, la prevista en el Artículo 34.2 del Reglamento disciplinario, anterior, por tanto, a la formulación del pliego de cargos, que se refirió ya a los incumplimientos de jornada de los diez meses que son objeto de sanción en la resolución recurrida, por lo que tampoco cabe hablar de la prescripción de la falta alegada por el recurrente, la que tampoco seria apreciable ni aun en el caso de que los hechos se hubieran concretado a los meses de octubre y noviembre, ya que el incumplimiento referido a esos meses seria constitutivo de falta grave.

Conforme a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento disciplinario, por la instructora se ordenó la práctica de cuantas diligencias estimó adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos, práctica de diligencias para las que no se requiere legalmente participación alguna de la persona expedientada, a la que únicamente, en este momento, se preceptúa que se le reciba declaración, tal como se efectuó con el recurrente. Una vez notificado el pliego de cargos al recurrente, podrá solicitar la práctica de las pruebas que para su defensa estime necesarias, como así se hizo en el caso de autos, pudiendo tambien en ese momento acordar el instructor la práctica de las pruebas que considere adecuadas. En relación con las pedidas en su caso por el recurrente, compete al instructor decidir sobre su admisión y práctica, pudiendo denegar las que considere innecesarias, motivando su decisión, como asi se realizó en el caso de autos, tal como se establece en los artículos 36 y 37 del Reglamento, preceptuándose en el Artículo 39 que para la práctica de las pruebas propuestas habrá de notificarse al funcionario el lugar, fecha y hora en que deban realizarse, notificación que se efectuó en el caso de autos para la práctica de la prueba propuesta por el recurrente.

Aparecen, por tanto, escrupolosamente cumplidos los preceptos reglamentarios, debiendo señalarse que en nada afecta al derecho de defensa en el ámbito disciplinario de los funcionarios públicos su no intervención en la práctica de las primeras diligencias a las que se refiere el Artículo 34 del Reglamento, de las que en todo caso se le da vista y sobre las que en el propio expediente puede alegar lo que crea necesario y proponer al respecto las actuaciones que crea conveniente, como igualmente puede hacerlo, claro es, en este contencioso; como tampoco afecta a ese derecho de defensa la denegación razonada de prueba en el expediente, debiendo consignarse al respecto la doctrina del Tribunal Constitucional que viene manteniendo de manera constante que el traslado de las garantías constitucionales extraídas del derecho penal al derecho administrativo sancionador no puede hacerse de manera automática, porque la aplicación de tales garantías al procedimiento administrativo solo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, habiendo mantenido en el concreto aspecto de la prueba y frente a la invocación de los principios de contradicción y defensa "que el derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las pruebas propuestas por las partes, ni desapodera al Juez, y en este caso al instructor del expediente administrativo, de su derecho a enjuiciar la pertinencia para la resolución del asunto de las practicadas", añadiendo que constando las declaración en el expediente y habiendo podido el interesado oponer frente a ellas lo que considerara conveniente y dispuesto en el recurso contencioso del periodo de prueba, no cabe hablar de indefensión ni de infracción de tales principios, sin que en modo alguno pueda hablarse de trato discriminatorio en relación con el expediente sancionador de autos, seguido y sancionado por una falta de incumplimiento injustificado de jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes cuando consta acreditado que ese incumplimiento en diez meses seguidos se acerca a las cuatrocientas horas, haciendo suyas esta Sala las razones al respecto consignadas en la propuesta de resolución, específicamente en el considerando 9.º, que se tiene por reproducido.

Quinto.-En base a todo lo razonado, apareciendo plenamente acreditados los incumplimientos objeto de la sanción de autos y no apreciándose incumplimiento procesal alguno, ni discriminación o violación de ningún derecho constitucional, procede desestimar íntegramente la demanda y declarar conforme a derecho la resolución recurrida, sin que sea de apreciar mala fe o temeridad a efectos de costas.

FALLAMOS.

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo n.º 429/98, interpuesto por D. Alejandro, representado por la Procuradora Doña Carmen Otero García, contra la resolución del Ministerio de Educación y Cultura de fecha uno de julio de 1998, descrita en el primer fundamento de derecho, que se confirma en lo que afecta a este recurso por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.

Así por esta nuestra Sentencia, testimonio de la cual se remitirá junto con el expediente administrativo a su oficina de origen para su ejecución, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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