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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 22 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No hay un derecho adquirido de los funcionarios a disfrutar de un horario inalterable ni a ser excluidos de las guardias. No ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 5686/2007, interpuesto por la JUNTA DE EXTREMADURA, representada por el letrado de dicha Junta, contra la sentencia nº 845, dictada el 31 de octubre de 2007 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recaída en el recurso nº 193/2006, sobre Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura nº 269/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se han personado, como recurridos, don Eugenio, don Isidoro, don Norberto, don Vicente, don Juan Miguel, don Benigno, don Erasmo, don Inocencio, don Obdulio, don Valeriano, don Juan Enrique, don Bernabe, don Eusebio, don Jaime, don Paulino, don Jose Ignacio, don Abelardo, don Ceferino, don Florencio, don Lázaro, don Romualdo, doña Melisa, don Luis Andrés, don Aquilino, doña Zaira, don Eleuterio, don Imanol, don Oscar Y don Jose Ramón, representados por el procurador don Ramiro Reynolds Martínez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el recurso nº 193/2006, seguido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el 31 de octubre de 2007 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLAMOS

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procurador(a) Doña Vanesa Ramírez-Cárdenas Fernández de Arévalo, en nombre y representación de D. Juan Enrique, D. Eugenio, D. Isidoro, D. Norberto, D. Vicente, D. Juan Miguel, D. Benigno, D. Erasmo, D. Inocencio, D. Obdulio, D. Valeriano, D. Juan Enrique, D. Bernabe, D. Eusebio, D. Jaime, D. Paulino, D. Jose Ignacio, D. Abelardo, D. Ceferino, D. Florencio, D. Lázaro, D. Romualdo, Dª Melisa, D. Luis Andrés, D. Aquilino, Dª Zaira, D. Eleuterio, D. Imanol, D. Oscar Y D. Jose Ramón, contra el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura mencionado en el primer fundamento y declarar nulo de pleno derecho el último párrafo del artículo 2, párrafo segundo, conforme a lo razonado en el fundamento cuarto por no estar ajustado al Ordenamiento Jurídico y desestimar los recursos contencioso-administrativos interpuestos por D. Constancio, D. Gervasio, D. Mauricio, D. Teodulfo Y D. Pedro Francisco.

Todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas procesales".

Segundo.-Contra dicha sentencia anunció recurso de casación el Letrado de la Junta de Extremadura, que la Sala de Cáceres tuvo por preparado por providencia de 12 de noviembre de 2007, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

Tercero.-Por escrito presentado el 26 de febrero de 2008 el letrado de la Junta de Extremadura interpuso el recurso anunciado y, después de exponer los motivos que estimó oportunos, solicitó a la Sala que

"(...) dicte sentencia por la que estimando el presente recurso, case y anule la precitada resolución judicial".

Cuarto.-Presentadas alegaciones por las partes sobre las posibles causas de inadmisión opuestas por la representación procesal de los recurridos en su escrito de personación y por esta Sala en providencia de 19 de noviembre de 2008, por auto de 18 de junio de 2009 se acordó:

"Declarar la admisión del recurso de casación interpuesto por la Junta de Extremadura contra la Sentencia de 31 de octubre de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso nº 193/06 y acumulados, y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Séptima con arreglo a las normas de reparto de asuntos".

Quinto.-Evacuando el traslado conferido, el procurador don Ramiro Reynolds Martínez, en representación de los recurridos, se opuso al recurso por escrito presentado el 17 de diciembre de 2009 en el que pidió sentencia confirmatoria de la recurrida.

Por Otrosí Digo solicitó que, conforme al artículo 94 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el momento procesal oportuno se declare el pleito concluso para sentencia sin necesidad de vista.

Sexto.-Mediante providencia de 16 de junio de 2010 se señaló para la votación y fallo el día 17 de noviembre de este año, en que han tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Junta de Extremadura nos pide que anulemos la sentencia nº 845, dictada el 31 de octubre de 2007 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Esa sentencia resolvió varios recursos acumulados de funcionarios del Cuerpo Auxiliar, Especialidad de Agentes Forestales y de Agentes de Medio Ambiente de la Administración Autonómica, contra el Decreto 269/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las demandas pretendían, en concreto, la declaración de nulidad de los artículos 2.2 [adscripción]; 7.3 u) [obligación de realizar guardias]; 9.2 [obligación de disponer del permiso de conducir clase B y de la autorización BTP]; 10.2 [requisito de tener la condición de agente del Medio Natural para ser agente coordinador o adjunto] y 18.2 [obligación de conducir los vehículos de servicio]; así como que se declarara el derecho de algunos de los recurrentes a mantenerse en el Régimen Especial de Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado. La Sala de Cáceres declaró nulo solamente el artículo 2.2, rechazando que procediera la declaración solicitada sobre la permanencia en el indicado régimen de la Seguridad Social.

Habida cuenta de que únicamente ha impugnado esta sentencia la Junta de Extremadura y que algunos de los recurrentes en la instancia se han limitado a oponerse a los motivos de casación que expondremos después, nos limitaremos a recoger, en síntesis, las razones que llevaron a la Sala de Cáceres a declarar la nulidad del artículo 2.2 del Decreto 269/2005 para luego resolver sobre esos motivos.

La sentencia, para situar el contexto en el que se suscita el debate, explica la relación de este Decreto con el 268/2005, también de 27 de diciembre. En efecto, dice que ambos se dirigen a resolver la confusión existente en los colectivos a que pertenecen los recurrentes: los guardias forestales al servicio del extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), transferidos a la Junta de Extremadura, y los agentes del Medio Ambiente, Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma, Especialidad de Agentes Forestales, integrados en el Grupo D. Ambos Decretos, prosigue la sentencia, han procedido a reordenarlos creando, dentro del Cuerpo Administrativo, la Especialidad de Agentes del Medio Natural, del Grupo C. Así, el Decreto 268/2005 los reestructura en ella y, en su disposición adicional primera, "declara a extinguir la Especialidad de Agentes Forestales del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma, a la que, no obstante, podrán continuar vinculados los funcionarios pertenecientes a dicha Especialidad que no reúnan los requisitos para participar en los procesos de promoción que se convoquen, no los superen o bien hayan optado por no participar en los mismos".

Por su parte, el Decreto 269/2005 aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta última disposición, en coherencia con el Decreto 268/2005 permite que los funcionarios pertenecientes a aquellas antiguas especialidades que no quieran o no puedan alcanzar integrarse en la nueva permanezcan en la de procedencia. Y sentado por su artículo 2.1 que la integración en el nuevo Cuerpo de Agentes del Medio Natural de los agentes forestales y los agentes del Medio Ambiente tendrá lugar "a través de los procedimientos a que a tal efecto se establezcan", el artículo 2.2 dice:

"Los Agentes Forestales y Agentes del Medio Ambiente que no cumplan los requisitos para participar en los procedimientos referidos que hayan optado por no participar en los mismos o que concurriendo a ellos no los superen, quedarán en la situación "a extinguir" permaneciendo adscritos al mismo Cuerpo y Especialidad o Categoría Profesional, en su caso, de pertenencia, y siéndole igualmente de aplicación el contenido del presente Reglamento en todo lo relativo a organización, régimen de funciones y condiciones de trabajo"

Para los recurrentes este precepto obliga a quienes no puedan, o no quieran, integrarse en el nuevo Cuerpo, pese a quedar en situación a extinguir, a someterse al régimen de éste en lo relativo a la "organización, régimen de funciones y condiciones de trabajo". Y sostienen que tal equiparación es contraria a la legislación sobre función pública por obligar a quienes pertenecen a un cuerpo y categoría inferior (grupo D), a desempeñar funciones propias de uno superior (grupo C). Por contra, la Junta de Extremadura opuso que esa previsión no afecta a ninguna norma superior y que está justificada en virtud de su potestad de autoorganización de la función pública y porque impone una adscripción funcional necesaria para la organización del servicio.

La sentencia fundamenta la declaración de nulidad de este artículo 2.2 del siguiente modo:

"(...) quizás deba comenzarse por señalar la contradicción que cabe apreciar en la propia regulación de ese proceso de integración que concluye con el ya trascrito artículo 2-2º(...). En efecto,(...) la integración de los Agentes Forestales y los Agentes de Medio Ambiente en el nuevo Cuerpo y Especialidad de Agentes del Medio Natural, supone realmente una promoción porque aquellos pertenecían al Cuerpo Auxiliar y al grupo D), en tanto que estos se configuran como del Cuerpo Administrativo y del Grupo C). Esa integración se hace manteniendo provisionalmente la Especialidad de Agentes Forestales, como ya se declara en la Exposición de Motivos del Decreto Autonómico 268/2.005 (...), en cuanto se declara a extinguir la Especialidad de Agentes Forestales, dentro del Cuerpo Auxiliar "si bien pervivirá hasta tanto permanezcan vinculados a la misma aquellos funcionarios que no reúnan los requisitos para participar en los procesos de promoción que se convoquen, no los superen o bien no deseen participar en los mismos". Conforme a esa declaración, la Disposición Adicional de ese Decreto dispone (...): "se declara a extinguir la Especialidad de Agentes Forestales del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma, a la que, no obstante, podrán continuar vinculados los funcionarios pertenecientes a dicha Especialidad que no reúnan los requisitos para participar en los procesos de promoción que se convoquen, no los superen o bien hayan optado por no participar en los mismos". Es decir, (...) los funcionarios de las antiguas Especialidades que no puedan, no superen las pruebas o no participaren en las mismas, permanezcan en Especialidad que (...) se declara a extinguir, pero en cuanto que Especialidad específica dentro del Cuerpo Auxiliar de la Administración Autonómica. Pues bien, el artículo 2 del Reglamento determina el proceso de integración---en realidad promoción profesional-- de los funcionarios pertenecientes a la extinta Especialidad en la nueva de Agentes del Medio Natural con remisión a los "procedimientos que a tal efecto se establezcan"; pero consecuente con esa normativa del Decreto 268/2.005, se hace la salvedad en el párrafo segundo de que los funcionarios que no puedan participar en esos procedimientos, por no reunir las condiciones, por no superarlos o simplemente porque no deseen promocionar concurriendo a ellos, puedan mantenerse en la antigua Especialidad. Pero de la dicción del párrafo examinado no parece que ya lo declarado a extinguir sea la Especialidad, sino al funcionario, porque es a su "situación" a la que se aplica, con el añadido de una atípica "adscripción" a dicha Especialidad de procedencia, cuando (...) lo que se está pretendiendo es permanecer en la misma situación en la que estaban al momento de realizarse la integración (...), sin necesidad de otra actuación administrativa porque, insistimos, lo ilógico y lo que se parece pretender (...) es que la Especialidad subsista, pero con la condición de a extinguir. Para mayor contradicción y como se pone de manifiesto en la demanda, el párrafo termina por establecer una asimilación no ya funcional, como se pretende por la defensa autonómica en la contestación a la demanda, sino una auténtica asimilación con el nuevo Cuerpo y Especialidad en cuanto se aplica a la "organización, régimen de funciones y condiciones de trabajo", lo que en pura lógica supone aplicarles a estos funcionarios que permanezcan en la vieja Especialidad, todas las previsiones del nuevo Reglamento establecidas para la nueva Especialidad de Agentes del Medio Natural. Y en necesaria conclusión de ese régimen "transitorio", no es que exista contradicción entre el Reglamento y el Decreto 268 --no existe jerarquía normativa entre ellos, aunque si contradicción--, sino que lo que supone es la obligación de promocionar de facto, es decir, de desempeñar las funciones y régimen de trabajo de los nuevos funcionarios lo que claramente es contrario a los derechos que esos funcionarios que no promocionen, o no puedan hacerlo, tenían adquiridos y que en ningún momento, de manera directa, se les desconoce. Ello obliga a considerar la nulidad del ultimo párrafo del artículo 2-2º en cuanto a la aplicación del nuevo Reglamento a los Agentes Forestales y Agentes del Medio Ambiente que no se integren en el nuevo Cuerpo y Especialidad de Agentes del Medio Natural que deberán regirse por las normas propias de aquella Especialidad en la que permanecen aunque declarada a extinguir".

Segundo.-Los motivos de casación que la Junta de Extremadura dirige contra esta sentencia, al amparo todos ellos del artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción, son los siguientes.

(1º) Infracción de la jurisprudencia en materia de derechos adquiridos por los funcionarios públicos. Cita al respecto la sentencia 99/1987 del Tribunal Constitucional y diversas sentencias de esta Sala y Sección. Al desarrollar el motivo, recuerda que no se ha procedido a crear ningún nuevo cuerpo de funcionarios sino solamente a reestructurar el colectivo de Agentes Forestales y de Agentes del Medio Ambiente dentro de una especialidad, Agentes del Medio Natural dentro del Cuerpo General Administrativo, del grupo C. Y que las funciones de los agentes forestales ya estaban definidas por el Decreto 2481/1966, de 10 de septiembre, referido al Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, y el Real Decreto 2711/1982, de 24 de septiembre, mientras que las de los agentes del Medio Ambiente venían en diversas leyes extremeñas, si bien son básicamente coincidentes con las previstas en este Real Decreto 2711/1982. Y unas y otras son, en esencia, las mismas que las asignadas a los nuevos agentes del Medio Natural. Asimismo, explica que a los que no han promocionado a la nueva especialidad se les ha asignado un complemento específico superior para compensar las diferencias retributivas y el desempeño de las mismas tareas, horarios y disponibilidad. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta esa jurisprudencia, rechaza la Junta de Extremadura que el artículo 2.2 del Decreto 269/2005 infrinja los derechos adquiridos de los funcionarios públicos.

(2º) A continuación, afirma el escrito de interposición que la sentencia vulnera la jurisprudencia dictada sobre el artículo 11 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en relación con el artículo 8.5 del Estatuto de Autonomía para Extremadura y la Ley de la Función Pública de Extremadura y las disposiciones reglamentarias que crean especialidades. Se refiere aquí la recurrente a las potestades de autoorganización que le ha conferido el ordenamiento jurídico y a las de ordenar su función pública que resultan del artículo 11 de la Ley 30/1984. En este sentido, indica que, conforme al artículo 28.3 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, puede crear, modificar y suprimir especialidades mediante Decreto acordado en el Consejo de Gobierno. Añade que en su virtud se dictó el que ha dado lugar a este proceso y que la finalidad de su artículo 2.2 es que los funcionarios afectados que no promocionen a la nueva especialidad realicen los mismos cometidos que ya venían realizando para así mantener el servicio público medioambiental con la eficacia y eficiencia suficiente. Esto, dice, exige contar con todo el personal y, en ese contexto, subraya, sería del todo inadecuado mantener horarios de trabajo y condiciones de disponibilidad diferentes para quienes promocionaron y para quienes no lo hicieron.

Señala, también, el motivo que las modificaciones del trabajo de los funcionarios que no promocionen solamente varían en aspectos accidentales (horarios y disponibilidad) y, si acaso, en la dependencia directa funcional de un agente coordinador de unidad, pero no en el contenido de las funciones. Indica, además, que su régimen de trabajo suponía un horario únicamente de mañana y descanso los fines de semana y que no es viable organizar un servicio de vigilancia medioambiental en los fines de semana contando nada más con los funcionarios que promocionaron. Por tanto, la sentencia limita la potestad de autoorganización de la Junta de Extremadura impidiéndole establecer debidamente ese servicio.

(3º) El último motivo sostiene que la sentencia vulnera los artículos 1.2 y 7.1 del Estatuto de Autonomía para Extremadura, también a propósito de las potestades de autoorganización de la Comunidad Autónoma. Habla aquí la recurrente de la limitación que supone de su autonomía política además de la incidencia negativa que tiene en la eficacia del servicio público.

Tercero.-.- Los actores en la instancia se han opuesto al recurso de casación. En primer lugar, afirman que es inadmisible, por haber sido defectuosamente preparado. A este respecto reiteran las alegaciones que hicieron en el trámite de admisión sobre la ausencia en el escrito de preparación del juicio de relevancia que justifique que condujo al fallo de la sentencia una infracción de normas estatales. Además, mantienen que en todo caso se debió inadmitir el tercer motivo pues los artículos 1.2 y 7.1 del Estatuto de Autonomía no fueron alegados en la instancia.

Ya sobre el contenido de los motivos, dicen sobre el primero que no discuten la potestas variandi de la Administración, sino el instrumento utilizado y convienen, con la sentencia, en que el régimen transitorio de los agentes forestales en tanto les obliga a promocionar de facto es claramente contrario a los derechos que tienen adquiridos los funcionarios que no promocionen: aquellos de orden económico y los relacionados con el contenido de la función a desempeñar. Admiten que la mayoría de las funciones que corresponden a quienes se integren en la nueva especialidad las vienen realizando ya aunque pertenezcan al Cuerpo Auxiliar pero dicen que "no es menos cierto que éstas se realizan con una remuneración, horario y condiciones de trabajo determinadas que se ven sensiblemente alteradas, en la estructura de funcionamiento de la nueva especialidad, con la salvedad que ya estableció la sentencia impugnada en cuanto a la realización de las guardias, las cuales han pasado de ser voluntarias a obligatorias, debiendo sólo realizarlas aquellos funcionarios que hayan promocionado y no los que permanezcan en el Grupo D".

A propósito del segundo motivo aducen que aun no siendo fácil en ocasiones conciliar la potestad de autoorganización con el respeto a los derechos de los funcionarios, en casos como el que aquí se considera, han de asegurarse en todo caso y sin perjuicio de esa potestad. El margen de actuación que la citada facultad confiere a la Comunidad Autónoma para concretar organizativamente el status legal del personal a su servicio, continúan, no le permite "aplicar como en el presente caso, unas funciones y un régimen de trabajo creado para una nueva especialidad de un Grupo Profesional Superior, lo cual es a todas luces improcedente". De lo contrario, subrayan, se vulneraría el principio de igualdad de los funcionarios que continuaran en el Grupo D, pues se verían obligados a desempeñar el mismo trabajo y con las mismas condiciones que los agentes de la nueva especialidad que pertenecen al Grupo C. En este punto, advierten, además, que aunque por ello unos y otros recibieran retribuciones por el mismo importe líquido, el sueldo base y los complementos nunca podrían ser iguales. En fin, entienden que no se dan circunstancias que justifiquen la exigencia contenida en el artículo 2.2. Desde luego, no las ven en la eficacia a la que se refiere la Junta de Extremadura pues, a su entender, tal precepto no responde al propósito de lograrla. En definitiva, de prosperar el motivo de casación, subrayan, el nuevo Reglamento sería de aplicación a todo el personal funcionario que tendría así la obligación de realizar guardias de 24 horas de manera imperativa, lo cual supone una modificación sustancial de los puestos de trabajo de los agentes del cuerpo auxiliar a quienes no se puede obligar a realizar funciones de categoría superior de forma definitiva que constituyan el cien por cien de su trabajo.

Respecto del tercer motivo, según se ha dicho, plantean su inadmisibilidad.

Cuarto.-No apreciamos la concurrencia de las causas de inadmisibilidad del recurso de casación que se han opuesto al mismo.

En efecto, la tacha que se atribuye al escrito de preparación por no haber realizado en él el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción fue descartada por el auto de la Sección Primera de esta Sala de 18 de junio de 2009 y a su criterio debemos estar pues, como en él se dice, efectivamente, la Junta de Extremadura justificó de modo suficiente que la infracción de normas estatales había sido relevante y determinante del fallo de la sentencia recurrida. Asimismo, dijo entonces la Sala que la potestad de autoorganización de la propia función pública --vinculada por la actora al principio de autonomía política y de gobierno-- fue alegada en la instancia y tomada en consideración por la sentencia recurrida. Del mismo modo, entiende ese auto que la doctrina de los derechos adquiridos en el ámbito de la función pública tuvo relevancia determinante en el fallo dictado.

Ahora solamente añadiremos a lo entonces indicado por la Sección Primera que las apreciaciones que le llevaron en su momento a la admisión del recurso de casación, no descansan en meras invocaciones genéricas del Derecho estatal efectuadas en el escrito de preparación, sino a una argumentación que plantea en términos suficientemente concretos la infracción por la sentencia de principios básicos del ordenamiento común de la función pública. La lectura del punto quinto de ese escrito (páginas 2 a 5 del mismo) lo pone de manifiesto.

Por lo demás, la falta de mención concreta en la instancia por la Junta de Extremadura de los artículos 1.2 y 7.1 del Estatuto de Autonomía carece de importancia a los efectos que pretenden los recurridos porque sí invocó su potestad de autoorganización y la relacionó con la autonomía que tiene garantizada constitucionalmente. No se trata, pues, de cuestiones nuevas.

Quinto.-Descartadas las causas de inadmisibilidad alegadas, hemos de decir que los tres motivos de casación pueden abordarse conjuntamente dado que se hallan estrechamente relacionados . Y su consideración a la luz de los criterios que nos suministran el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia lleva a su estimación, con la consiguiente anulación de la sentencia.

Así, hemos podido ver que, a la postre, todo se reduce a una cuestión de horario y a la imposición a todos los agentes, tanto a los que se han integrado en la nueva especialidad como a los que no lo han hecho, de la obligación de realizar guardias ya que admiten expresamente los recurridos que, fuera de ese extremo, unos y otros hacen lo mismo. Por otro lado, también parecen admitir que ese cambio tendría su correspondiente repercusión retributiva aunque los conceptos variasen en función de que se trate de Agentes del Medio Natural o de aquellos que no hayan llegado a adquirir esta condición y permanecen en la situación precedente.

Pues bien, como igualmente admiten los recurridos, la posición de los funcionarios no es fija e invariable sino sujeta a los cambios que, dentro de los márgenes que le permite el ordenamiento jurídico, establezca para ella la Administración correspondiente. El régimen funcionarial, según ha dicho insistentemente la jurisprudencia, es de carácter estatutario y, por tanto, sometido a las modificaciones que establezcan las normas que lo regulan. En este contexto, los derechos adquiridos a los que se refiere la sentencia y en los que insisten los actores en la instancia tienen un espacio muy circunscrito que, desde luego, no se extiende hasta el extremo de consolidar el derecho a un determinado horario de trabajo. Es, por el contrario, a la Administración a la que corresponde establecerlo y siendo, en principio, general, nada obsta que afecte por igual a funcionarios encuadrados en diferentes grupos y cuerpos. Por lo demás, no nos parece fuera de lugar la relación establecida por la Junta de Extremadura entre la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de vigilancia medioambiental y el establecimiento de un mismo horario y régimen de guardias para el personal adscrito a él, aunque pertenezcan a cuerpos o especialidades diferentes. Desde esta perspectiva, no parece que puedan esgrimirse derechos adquiridos a no someterse a cambios de horario debidos a la mejor organización y prestación del servicio o a ser excluidos de las guardias, siempre que tales modificaciones sean establecidas por la autoridad competente y respeten las exigencias legalmente establecidas para su determinación, aspectos estos sobre los que no se ha planteado ninguna objeción.

Frente a lo anterior, nos encontramos con que la sentencia impugnada, si bien declara nulo el artículo 2.2 porque infringe los derechos adquiridos de los recurrentes, no nos dice qué derechos en concreto han sido los vulnerados ni en qué medida se ha producido esa infracción. Sus consideraciones se limitan, por un lado, a señalar los defectos que advierte en la redacción de ese precepto y a insistir en que sus previsiones significan en la práctica que los agentes que no han querido o no han podido --por no reunir las condiciones exigidas para participar en los procedimientos para la integración en la nueva especialidad o por no haberlos superado-- integrarse en ella se ven obligados a promocionar de facto ya que quedan sometidos al régimen establecido para los agentes del Medio Natural. Sin embargo, de las propias manifestaciones de los recurridos se desprende que los únicos cambios que trae consigo el sometimiento al Reglamento aprobado por el Decreto 269/2005 son los relativos al horario y a las guardias ya que en los cometidos a desempeñar no hay diferencias.

Por tanto, habida cuenta de que no cabe hablar del derecho a conservar un horario determinado ni a verse excluido del régimen de guardias y que no se ha explicado en qué otros aspectos se modifica el régimen de los funcionarios no integrados en la nueva especialidad de Agentes del Medio Natural como consecuencia de su sometimiento al Reglamento de la misma, no se advierte cuáles son los derechos adquiridos infringidos como consecuencia de lo dispuesto por este artículo 2.2.

En consecuencia, el recurso debe prosperar por haber desconocido la sentencia de instancia las facultades de autoorganización que corresponden a la Comunidad de Extremadura y le permiten ordenar su función pública de la manera más adecuada para la prestación eficaz y eficiente del servicio público de vigilancia medioambiental.

Sexto.-Debemos, de acuerdo con el artículo 95.2 d) de la Ley de la Jurisdicción, resolver los recursos contencioso- administrativos acumulados en este proceso en los términos en que está planteada la controversia. No son otros que los que indican que el debate ha quedado reducido a la legalidad del artículo 2.2 del Decreto, ya que respecto de los demás preceptos impugnados y de la pretensión declarativa sobre el régimen de la Seguridad Social de parte de los actores no se ha discutido lo decidido por la sentencia. Pues bien, una vez que hemos dicho que ese precepto no es contrario a Derecho, procede desestimar en su integridad los recursos.

Séptimo.-A tenor de lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no hacemos imposición de costas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,


FALLAMOS


 
1º Que ha lugar al recurso de casación nº 5686/2007, interpuesto por la Junta de Extremadura contra la sentencia nº 845, dictada el 31 de octubre de 2007, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que anulamos.

2º Que desestimamos el recurso contencioso administrativo 193/2006 interpuesto por don Juan Enrique, don Eugenio, don Isidoro, don Norberto, don Vicente, don Juan Miguel, don Benigno, don Erasmo, don Inocencio, don Obdulio, don Valeriano, don Juan Enrique, don Bernabe, don Eusebio, don Jaime, don Paulino, don Jose Ignacio, don Abelardo, don Ceferino, don Florencio, don Lázaro, don Romualdo, doña Melisa, don Luis Andrés, don Aquilino, doña Zaira, don Eleuterio, don Imanol, don Oscar y don Jose Ramón y los acumulados, interpuestos por don Constancio, don Gervasio, don Mauricio, Teodulfo y don Pedro Francisco.

3º Que no hacemos imposición de costas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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