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Sentencia T.S. (Sala 3) de 21 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial: prescripción de la acción. Intervención quirúrgica. Lesiones sufridas como consecuencia de la operación practicada no fue resuelta en vía administrativa. No ha lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 2403/2009, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la procuradora doña María Isabel Salamanca Alvaro, en nombre y representación doña Virginia, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha once de marzo de dos mil nueve, recaída en los autos 428/2007.

Habiendo comparecido en calidad de parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que le es propia.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en los autos número 428/2007, dictó sentencia el día once de marzo de dos mil nueve, cuyo fallo dice: " DESESTIMAMOS el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales D.ª María Isabel Salamanca Álvaro, en nombre y representación de DOÑA Virginia, contra la Resolución del Ministro de Defensa de 20 de junio de 2007, que desestimó petición de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, declaramos la citada Resolución, conforme a derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas procesales .";

Segundo.-La representación procesal de doña Virginia interpuso recurso de casación por escrito de fecha uno de junio de dos mil nueve.

Tercero.-Mediante providencia dictada por la Sección Primera de esta Sala el día veintiocho de septiembre de admite el recurso de casación interpuesto y se remiten las actuaciones a esta Sección Cuarta, conforme a las reglas del reparto de asuntos; donde se tienen por recibidas el diecinueve de octubre de dos mil nueve, confiriéndose traslado a la parte recurrida para formular oposición.

Cuarto.-La Abogacía del Estado presentó escrito de oposición el día dieciséis de noviembre de dos mil nueve.

Quinto.-Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo de este recurso el día catorce de diciembre de dos mil diez, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado los trámites establecidos por la ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Marti,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el recurso de casación que enjuiciamos se impugna por la representación procesal de doña Virginia la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha once de marzo de dos mil nueve, que le desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio de Defensa, de veinte de junio de dos mil siete, que desestimó la reclamación formulada por responsabilidad patrimonial de la Administración con motivo de la intervención quirúrgica practicada en el Hospital Militar Gómez Ulla, el diez de abril de mil novecientos noventa y siete.

Segundo.-La Sala de instancia partiendo de los siguientes hechos que declara como probados:

" La hoy recurrente, sufrió un intervención quirúrgica el día 10 de abril de 1977 -sic 1997-- en el Hospital Militar Central Gómez Ulla, como consecuencia de padecer degeneración discal, a los pocos días comenzó a tener problemas para hablar, respirar, y vómitos. Se le informó que dichas molestias, eran normales, debido a la intervención practicada y que las mismas remitirían.

Con el paso del tiempo, la anunciada mejoría, no se produjo, comenzando a ser reconocida por especialistas, a fin de reparar el daño producido: paresia de cuerda vocal lateral derecha.

El 8 de abril de 1988 -sic 1998--, presentó un escrito reclamando por las secuelas derivadas de la intervención quirúrgica.

El 23 de febrero de 1999, y ante la inactividad de la Administración, solicitó, expedición de un certificado de actos presuntos; y se le informó que sería reconocida por un tribunal Médico, para así valorar las secuelas. Con fecha 8 de junio de 1999, el Coronel Médico Jefe del Servicio, emitió un informe.

Presentó demanda de reclamación de cantidad, ante el Juzgado de Primera Instancia número 37 de los de Madrid (229/1999), Con fecha 19 de julio de 1999, se dictó Auto por el que se acordaba la incompetencia de jurisdicción y el archivo.

Con fecha 28 de mayo de 2004, vuelve a presentar un escrito solicitando valoración económica del daño sufrido como consecuencia de la intervención del año 1997.

Se inicia expediente de responsabilidad patrimonial 6/2005. Tras varias suspensiones y otra serie de actuaciones, con fecha 20 de junio de 2007, el Ministro de Defensa, acordó, desestimar la reclamación.

Ante ello, acude a la vía jurisdiccional. ";

Y en base al artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sostiene que: " si bien, es cierto que la demandante en 1998 interpone la primera reclamación y en 1999 demanda judicialmente, luego de manera inexplicable, dejó transcurrir los años, y no es hasta 2004, cuando vuelve a presentar escrito que da pie a este recurso; por lo que la acción para reclamar ha prescrito.";

Tercero.-Contra la referida sentencia al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se invoca un único motivo de casación que se sustenta en la infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto del debate - sentencias 6/1986, de veintiuno de enero del Tribunal Constitucional, y once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho del Tribunal Supremo- pues, la parte recurrente considera, que la cuestión planteada en la demanda respecto de las lesiones sufridas como consecuencia de la operación practicada no fue resuelta en vía administrativa hasta el veinte de junio de dos mil siete, por lo que la decisión de la Sala de instancia al declarar prescrita la acción de responsabilidad patrimonial se aparta de la doctrina sustentada por el Tribunal Constitucional, ya que ante la pasividad de la Administración en resolver no puede trasladarse al recurrente.

Cuarto.-Este motivo debe ser desestimado, pues, los hechos declarados como probados, apreciados en uso de la soberanía de la Sala de instancia deben ser respetados en casación, salvo que bajo la apariencia de simples declaraciones de hecho se disfracen verdaderas apreciaciones jurídicas, en cuyo caso, el Tribunal casacional tiene la facultad de descubrir esos arbitrios y rectificar las apreciaciones falsas, rompiendo los obstáculos capaces de dificultar la vigilancia que a ella esté encomendada, pero nada de esto sucede en el supuesto que enjuiciamos en donde la recurrente para rechazar la prescripción de la acción acogida por la Sala de instancia, parte de unos hechos diferentes y en cierta forma incompatibles para la resolución de este recurso de casación, cuando se acreditó en autos que formuló su reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria el ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, y transcurridos varios años, el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, la ejercita de nuevo cuando había transcurrido el plazo letal de un año.

De ahí, no podemos afirmar que se conculcase por la Sala el artículo 145.2 de la Ley 30/1992, pues, para apreciar si concurre la prescripción de la acción el "dies a quo" no será aquel en que se produjo el daño, sino aquel en que terminó el efecto lesivo, o se alcanza la curación o la determinación de las secuelas físicas, con lo que el perjudicado adquiere cabal y perfecto conocimiento de la transcendencia y del mal que padece, ya que tampoco podemos olvidar que en el caso que contemplamos, el daño se produjo el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, cuando se realizó la intervención quirúrgica en el Hospital Militar Gómez Ulla.

En consecuencia este motivo debe ser desestimado, pues es inoperante en el caso examinado la doctrina del silencio administrativo.

Quinto.-De conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien la Sala de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del citado precepto limita el importe máximo a percibir por los honorarios del Abogado del Estado en la cantidad de tres mil euros (3.000€).

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Virginia contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha once de marzo de dos mil nueve, recaída en los autos 428/2007; con expresa condena a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación dentro de los límites señalados en el fundamento jurídico quinto de ésta, nuestra sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Enrique Lecumberri Marti, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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