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Sentencia T.S.J. Canarias 188/2010 de 21 de septiembre


 RESUMEN:

ISD. Comprobación de valores de bienes procedentes de herencia. Anulabilidad de comprobaciones anteriores: En su virtud, la Administración está facultada y obligada para dictar nuevos actos. Sistema de valoración aplicado: El sistema de valoración por los precios medios de mercado es verificado y complementado siguiendo el método de reposición. La comprobación está debidamente motivada y beneficia al recurrente. Desestimación. 

ILMO. SR. PRESIDENTE

D./Dña. Ángel Acevedo y Campos (Ponente)

ILMO./A. SRES./AS. MAGISTRADOS/AS

D./Dña. Rafael Alonso Dorronsoro

D./Dña. Ana T. Afonso Barrera

______________________________________________________________

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de septiembre de 2010.

Visto por este TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera. con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrado por los Sres. Magistrados anotados al margen, el recurso Contencioso-Administrativo número 0000435/2009, interpuesto por la demandante doña Reyes, representada por la Procuradora doña Begoña Pintado González y dirigida por el Letrado don Juan Riquelme Santana, y como Administración demandada, la General del Estado, dirigida por el Abogado del Estado, versando sobre Impuesto sobre Sucesiones, cuantía 1.912'54 euros, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON Ángel Acevedo y Campos, se ha dictado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia con base en los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Administración Tributaria giró, en 31 de marzo de 2009, liquidación contra la actora en concepto de Impuesto sobre Sucesiones; presentada frente a dicho acto reclamación económico-administrativa, la desestimó el TEAR por resolución de 11 de septiembre de 2009.

Segundo.-Por la representación de la parte demandante, antes mencionada, se interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso anule la resolución recurrida, por no ser conforme a Derecho.

Tercero.-La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia desestimatoria de todas las pretensiones formuladas de contrario, por ser conforme a derecho la resolución recurrida.

Cuarto.-Practicada la prueba propuesta, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

Quinto.-Señalado el día y hora para la votación y fallo, tuvo lugar la reunión de Tribunal en el designado al efecto.

Sexto.-Aparecen observadas las formalidades de tramitación.

Vistos los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Impugnada en esta via jurisdiccional la resolución del TEAR de 11 de septiembre de 2009, confirmatoria del acto liquidatorio que dictado, en concepto de Impuesto sobre Sucesiones, por la Administración Tributaria en fecha 31 de marzo de 2009, tuvo como sustento la comprobación de valores efectuada por perito de dicha Administración en 17 de diciembre de 2008, es de reseñar, con carácter preliminar, que al provenir estos actos de otra resolución anterior del TEAR de 15 de diciembre de 2006, en la que se anularon la comprobación de valores llevada a cabo en marzo de 2005 respecto de los bienes quedados al fallecimiento de doña María Virtudes, acaecido el 8 de marzo de 2004, así como las liquidaciones que derivadas de la referida comprobación, se giraron, en 10 de mayo de 2006, en concepto de Impuesto sobre Sucesiones, se está en el caso de que al haberse dejado sin efecto por el TEAR la mencionada comprobación de valores y las subsiguientes liquidaciones por defectos de forma y no por razones de fondo, se tradujo ello en la anulabilidad del acto y no en la nulidad de pleno derecho del mismo, con la consecuencia de mantenerse vivo el efecto interruptivo de una prescripción que iniciada el 8 de septiembre de 2004, se había visto paralizada por las antedichas actuaciones tributarias y los recursos administrativos interpuestos frente a ellas, pues declarado en las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1989, 19 de enero de 1996 y 29 de diciembre de 1998, entre otras, que el acto simplemente anulable (nulidad relativa) produce efectos interruptivos de la prescripción, dado que únicamente se pueden negar tales efectos a los actos nulos de pleno derecho, en la medida en que se consideran inexistentes, lógica deducción es que la Administración Tributaria, cuando ejecutó, en 1 de octubre de 2007, el fallo del TEAR de 15 de diciembre de 2006 y practicó, en 17 de diciembre de 2008, una nueva comprobación de valores, girando después la liquidación de 31 de marzo de 2009, operó tempestivamente, si se tiene en cuenta que habiendo vuelto a correr desde el principio el plazo de prescripción a partir del 15 de diciembre de 2006, se interrumpió el término merced a las actuaciones que acaban de indicarse y nada hay que oponer a la viabilidad del procedimiento tributario que ha culminado con la resolución del TEAR objeto de recurso contencioso, toda vez que siendo anulables los actos administrativos de valoración que incidan en falta de

motivación, faculta ello a la Administración no sólo para dictar uno nuevo en sustitución del anulado, sino que además está obligada al efecto, en defensa del interés público y de los derechos de su Hacienda, permaneciendo intacto el derecho de aquélla a retrotraer el procedimiento y volver a actuar, si bien ahora respetando las formas y garantías de los interesados y dejando a salvo el que no se haya poducido la prescripción del derecho.

Segundo.-Disconforme la recurrente con la valoración de bienes que ha realizado la Administración para sustentar la liquidación girada el 31 de marzo de 2009, plantea aquélla en el fundamento de derecho V de la demanda una serie de cuestiones sobre las que hay que precisar que si bien cuando el sistema de valoración tiene como base valores medios obtenidos como resultado de estudios de mercado, que son constantemente actualizados y contrastados con valores espontáneamente declarados por otros contribuyentes con motivo de transmisiones análogas, no puede decirse que sea inequívoco este sistema para entender que la valoración de los bienes está debidamente motivada, en cuanto se desconoce, a través de este criterio, cual es el precio medio de mercado y su contrastación específica, así como las fuentes a las que se acude para determinar dicho precio, evidenciándose de este modo una valoración en la que se hace uso de una fórmula estereotipada ("precio medio de mercado") y de una cantidad obtenida genéricamente, con el resultado de dejar al administrado en una situación de total indefensión, al no poder este último contradecir tales valores por ignorar de dónde y cómo se obtienen, lo cierto es, sin embargo, que aun cuando este poco fiable sistema de valoración por los precios medios del mercado fuese utilizado por la Administración en la comprobación de valores que efectuada en marzo de 2005, tuvo como desenlace su anulación y la de la ulterior liquidación tributaria de 10 de marzo de 2006, en virtud del fallo del TEAR de 15 de diciembre de 2006, cabe, no obstante, afirmar que no se ha repetido la misma actuación tributaria con motivo de la valoración de bienes de 17 de diciembre de 2008 que sirve de cobertura a la liquidación ahora recurrida, pues sin perjuicio de que en el apartado d) del epígrafe 3 de la citada comprobación de valores se haga mención a un análisis de mercado, comparándose el valor declarado por el contribuyente con una serie de valores obtenidos de otras declaraciones de valor referidas a transmisiones de fincas análogas, e incluyéndose también diversos testigos de la zona y proximidades del inmueble valorado, lo realmente importante es que puntualizado por la propia pericia en el citado apartado d) del n.º 3 del dictamen de comprobación de valores que tal comparación no era el método exclusivo de valoración, corroborándolo así el epígrafe 4 del citado informe de valoración, donde, al verificarse una valoración particularizada del

inmueble sito en calle La Cuesta, La Estrella (Breña Alta), se pone de manifiesto el haberse seguido también el método de reposición basado en una determinada fórmula polinómica y bajo la contemplación del coste que supondría construir o reproducir, en su caso, el meritado inmueble en el momento de realizarse la valoración, teniéndose en cuenta la depreciación en función de su antigüedad, conservación y pérdida de funcionalidad, lógico es que si estas consideraciones se armonizan tanto con el hecho de que el valor de 86.407'40 euros calculado para la finca ha sido producto de la media de los resultados obtenidos por la aplicación de ambos métodos de reposición y comparación (67.868'60 y 104.946'20 respectivamente), como con los parámetros de situación y entorno representados por los años de antigüedad del inmueble (90 o más), estado de conservación, tipología social y nivel de renta (grado medio en los tres casos), vias de comunicación y transportes, se llega a la conclusión de que la comprobación de valores controvertida estuvo debidamente motivada y en nada la entorpecen las representaciones fotográficas obrantes a los folios 59 vuelto y 37 del expediente de gestión, relativas a la panorámica de la zona y a la estructura del bien concreto valorado, en cuanto que en dicha comprobación existe constancia expresa de la valoración particularizada del inmueble y se ha tenido además en cuenta el grado de protección de la vivienda por hallarse ésta incluida en el Catálogo de Elementos Protegidos, n.º 6, nivel 2, del Ayuntamiento de Breña Alta, toda vez que este dato fue proporcionado, a instancia de los herederos, por dicha Entidad Local en una fecha (16 de junio de 2006) posterior al giro de la liquidación primariamente emitida y luego anulada (10 de mayo de 2006), no siendo, por otro lado, válidas las argumentaciones que se aducen en el informe sobre valoración unido al escrito de demanda, que ni siquiera ha sido adverado en la fase probatoria de este recurso y no ofrece tampoco una cuantificación definitiva del valor del bien inmueble cuestionado, finca que aunque aparece tasada en la nueva comprobación en una cifra (88.407'40 euros) superior a la primaria (47.649 euros), no por ello ha dejado la Administración de exigir a la actora el pago de una cuota tributaria similar (1912,54 euros, en lugar de la primitiva de 1912,32), sin que ello redunde, por tanto, en perjuicio de la recurrente, quien, por el contrario, se ha visto beneficiada a la hora de abonar el

Impuesto sobre Sucesiones.

Tercero.-Al no advertirse temeridad o mala fe determinante de la imposición de costas procesales (art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional), no procede hacer expresa condena de las mismas.


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso contencioso interpuesto por la representación de doña Reyes contra el acto administrativo impugnado, al ajustarse el mismo a Derecho, sin hacer expresa imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso de casación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-. Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo./a. Sr./a. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario de la Sala doy fe. En Santa Cruz de Tenerife, a veintiuno de septiembre de 2010.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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