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Sentencia T.S.J. Canarias 484/2010 de 17 de septiembre


 RESUMEN:

IGIC e IVA. Devolución de ingresos indebidos: Aplicación de la Sentencia de 6 de octubre de 2005 del Tribunal de Justicia de las CCEE. Revisión de actos tributarios: No contempla ese supuesto. Retroactividad limitada para el IGIC: No podrá ir más allá del 1 de enero de 2006 previsto por la propia norma. Principio de presión fiscal menor: No se ha vulnerado pues la exigencia de menor presión fiscal es aplicable al sistema impositivo en su conjunto. Desestimación.

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. Francisco J. Gómez Cáceres

ILMO. SRES. MAGISTRADOS

D. Javier Varona Gómez Acedo (Ponente)

D. Alfonso Rincon Gonzalez Alegre

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre de 2010.

Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera., integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso - Administrativo n.º 0000436/2008, interpuesto por le entidad SALCAI UTINSA, S.A., representado el Procurador de los Tribunales D. Jesús Quevedo González y dirigido por el abogado D. Rafael Ruiz Pina, contra el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, habiendo comparecido, en su representación y defensa el Sr. Abogado del Estado; y comparece como administración codemandada la Comunidad Autónoma de Canarias, representada por el letrado del servicio jurídico del Gobierno de Canarias.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Es objeto de recurso el acto identificado en la cabecera que precede.

Segundo.-La representación de la demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho acto, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del acto administrativo impugnado.

Tercero.-La Administración demandada contestó a la demanda, oponiéndose a ella e interesando una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto.

Cuarto.-No se recibió el proceso a prueba, se señaló día para votación y fallo del presente recurso en cuyo acto tuvo lugar su realización.

Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso cuya cuantía es 117.469,01 euros

Es ponente el Ilmo. Sr. Don Javier Varona Gómez Acedo, que expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La cuestión objeto de debate, ya reiterada en anteriores sentencia sobre idéntica cuestión, se centra en determinar si procede la solicitud de devolución de ingresos indebidos formulada la sociedad recurrente sobre la base de extender los efectos de la Sentencia 6 de octubre 2005 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que declaró que determinados preceptos de la Ley 37/1992 del IVA, eran contrarios a la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros lo que a su vez motivó la modificación normativa en la Ley 37/1992 realizada por la Ley 3/2006.

Segundo.-En el plano de legalidad ordinaria tal cuestión es perfectamente resuelta por el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, -en términos similares a los contenidos en el resolución del TEAR-, en el sentido de que la solicitud de devolución de ingresos indebidos sobre la base de extender los efectos de una sentencia del TSJ de la Comunidades Europeas, no está contemplada en el artículo 15 del RD 520/2005, de revisión de actos en materia tributaria, que regula los supuestos del derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos.

Por otro lado descarta la aplicación retroactiva que realiza la recurrente de la normativa contenida en la Ley 37/1992. por cuanto la reforma introducida en la materia por la Ley 3/2006 de 29 de marzo como consecuencia de la sentencia expuesta, establece la retroactividad de la modificación practicada al 1 de enero de 2006, fecha de entrada en vigor de la misma, según su Disposición final Segunda, no pudiendo admitirse la retroactividad de la norma más allá de los términos contenidos en la misma y en relación al pago efectuado por la recurrente el 14 de octubre de 2005, es decir, dos meses y medio antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

A este respecto y a los que nos referimos luego, hay que recordar lo expuesto por la Sentencia del TC de 19 de junio de 2006, en un supuesto paralelo al que ahora se plantea, en los siguientes términos:

"La cuestión de si, al dejar de aplicar el art. 10.1.13 de la Ley 20/1991, reguladora del impuesto general indirecto canario, en cuanto condicionaba la aplicación de la exención a la cuantía de las cuotas de entrada o periódicas satisfechas a las entidades de constante referencia, se vulneró o no el sistema de fuentes relativo al control de normas ha de recibir en el caso sometido a nuestro enjuiciamiento una respuesta afirmativa. En efecto, resulta patente que una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que declara la incompatibilidad entre la normativa nacional y una Directiva comunitaria no puede justificar la inaplicación de una Ley en un territorio en el cual la Directiva no despliega sus efectos (la inaplicabilidad en el territorio ultraperiférico de Canarias de la Sexta Directiva sobre armonización fiscal se encuentra recogida en el art. 4. 1 del Reglamento (CEE) núm. 1911/1991, del Consejo, de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias; tal exclusión se contiene también en el art. 3 de la Directiva, conforme al cual "no tendrán la consideración de -interior del país-, los territorios nacionales siguientes:... Islas Canarias"). Es más, esta afirmación, que sin duda puede realizarse incluso tratándose de la aplicación de la misma Ley en un territorio al que no alcanza la eficacia jurídica de la Directiva, resulta si cabe aún más incontrovertible cuando estamos en presencia de una Ley distinta a la declarada contraria al Derecho comunitario.

Que su contenido material sea idéntico no supone sino el ejercicio de la libertad de configuración del legislador que, incluso cuando opera con un margen de actuación distinto, puede optar por introducir allí donde tiene tal margen (Canarias) la misma regulación que donde no lo tiene (territorio peninsular). Es cierto que, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de mayo de 1998, el legislador, mediante la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, acomodó la regulación del IVA al Derecho comunitario, suprimiendo todo límite para el disfrute de la exención que procediese de la cuantía de las cuotas de entrada o periódicas (art. 7 de la citada Ley 50/1998), y que además optó por modificar en idéntico sentido la regulación de la misma exención en el impuesto general indirecto canario, manteniendo así la homogeneidad normativa existente hasta la declaración de disconformidad con el Derecho comunitario que la citada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas incorpora. Ahora bien, la constatación de que el legislador ha establecido una regulación homogénea de la misma exención en ambos tributos (IVA e impuesto general indirecto canario) no autoriza al órgano judicial para dejar de aplicar un precepto legal vigente sin acudir a los instrumentos que el Ordenamiento jurídico arbitra para el control de su acomodación a la Constitución o al Derecho comunitario.

En idéntico sentido puede verse el auto de la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la Unión europea de 16 de abril de 2008.

Tercero.-La restantes y extensas alegaciones que contiene la demanda sobre la pretendida simetría de las regulaciones del IVA y del IGIC, y su relevancia constitucional por la integración en el Régimen económico fiscal canario, no pueden ser acogidas pues desconocen y son contrarias a lo establecido por una doctrina ya consolidada del propio Tribunal Constitucional, que pasamos a resumir.

La actora considera que se está vulnerando el principio de presión fiscal indirecta menor, como principio integrante del REF, pero la exigencia de menor presión fiscal es aplicable al sistema impositivo en su conjunto, y no a cada impuesto concreto ni, menos aún, cada operación comprendida en el ámbito de aplicación de cada figura impositiva. Así lo ha destacado de un modo contundente la Sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo, de 14 de octubre de 1993, dictada en recurso de apelación en interés de Ley en que se discutía si podía gravarse por el antiguo Arbitrio Insular sobre el Lujo (integrante del REF), un determinado artículo que en la Península sólo estaba gravado por el IVA con un tipo reducido. La Sentencia señala que los criterios comparativos entre las figuras tributarias operantes en Canarias y el resto del territorio nacional no pueden emplearse singularmente, sino con carácter general, señalando al efecto "no cabe en principio aplicar las exigencias de igualdad a dos regímenes jurídicos que tradicionalmente vienen operando con criterios diferenciados, siendo de añadir que en su caso la comparación de dos situaciones -comerciantes y consumidores canarios, de un lado, y comerciantes y consumidores del resto de España, de otro- habría de hacerse considerando regímenes globales".

La cuestión, por tanto, está resuelta por el Tribunal Supremo desde 1993: la menor presi6n fiscal no implica que la tributaci6n de todas y cada una de las operaciones gravadas en el IGIC tenga que ser inferior siempre a la del IVA peninsular. La menor presión fiscal es una característica del principio del sistema especial del REF, es decir, del conjunto de todos los impuestos indirectos que lo forman, valorados en su conjunto, y no de cada una de las operaciones sujetas a este impuesto que se aplican en Canarias.

No es incompatible, por tanto, con el principio de menor presión fiscal la existencia de una exención en el IVA que no se recoge en el IGIC, ni el sometimiento a gravamen en el IGIC de una operación no sujeta al IVA, ni el establecimiento de un tipo de gravamen superior al del IVA.

Pero es que aunque hubiera vulneración de tal principio carecerla de relevancia constitucional, como resolvió el Tribunal Constitucional al analizar otro principio integrante del REF: el de franquicia fiscal sobre el consumo.

Al analizar si la aplicación de un determinado impuesto que grava el consumo es inconstitucional por vulnerar el principio de franquicia fiscal sobre el consumo, el Tribunal Constitucional ha sentado la doctrina de que la Constitución no garantiza la inmutabilidad del REF. El principio de franquicia fiscal sobre el consumo y el de menor presión fiscal son ciertamente elementos constitutivos del REF, pero tienen carácter evolutivo, pudiendo modificarse libremente por el legislador sin más límite que la audiencia del Parlamento de Canarias. La falta del Informe previo del Parlamento de Canarias es lo único que pude determinar la inconstitucionalidad de una medida legislativa por vulneración de la Disposición Adicional Tercera CE. Fuera de este supuesto, cualquier alteración de los principios que en cada momento histórico se consideren integrantes del REF no puede considerarse incompatible con la Constitución. (Sentencia 16/2003, de 30 de enero)

Esto sentado, el Tribunal tras describir el proceso en el que se crearon las nuevas figuras tributarias por la Ley 20/1991 en conexión con la integración de

Canarias en la Unión Europea, insiste: "Es evidente que, pudiendo identificarse -como hemos dicho- dentro del carácter evolutivo dél régimen económico y fiscal un diferencial de tributación con respecto al resto del territorio nacional, -presión fiscal indirecta menor-, así como la existencia de tributos de ámbito canario atribuidos en su recaudación a la Comunidad Autónoma o a los Cabildos, nada de esto viene a quebrar el impuesto impugnado. En primer lugar, porque basta con analizar la normativa aplicable en Canarias en materia de la imposición indirecta para comprobar la existencia de ese diferencial de tributación que, incluso, garantiza el propio impuesto impugnado. Así, por ejemplo, mientras el impuesto especial sobre determinados medios de transporte se aplica a un tipo general del 13 por 100 (art. 70.1 Ley 38/1992), para Canarias se prevé un tipo del 11 por 100 (art. 70.3 Ley 3811992); y mientras el impuesto sobre el valor añadido tenia unos tipos de gravamen del 3, 6 Y 15 por 100 (arts. 90 y 91 Ley 3711992), el impuesto general indirecto canario se aplicaba a unos tipos que oscilan entre el 1 y el 3, el 3 y el 6 y el 8 y el 14 por 100 respectivamente. "

Cuarto.-En definitiva de la doctrina constitucional y europea que hemos resumido, puede sin esfuerzo deducirse que no existe una exigencia constitucional de derecho europeo que imponga una homogenización ni armonización entre los sistemas impositivos del IVA y del IGIC, sino que por el contrario constituyen dos regimenes fiscales cuya regulación corresponde exclusivamente al legislador. Obviamente el legislador legítimamente optó por aplicar las consecuencias de la STJCE de 6 de octubre de 2005, de forma temporalmente distinta. Respecto del IVA su aplicación retroactiva era necesaria por la existencia de una vulneración del derecho comunitario, (sexta directiva) que se produce desde la implantación. Al no ser así respecto del IGIC, el legislador fijo la fecha en que empieza a regir la modificación.

Por supuesto que la existencia de tal distinto trato no puede ser considerado contrario al derecho a la igualdad, al no existir término valido de comparación. Justamente la existencia de un régimen especial canario, tiene su apoyo en las circunstancias especificas que hacen necesario un tratamiento fiscal diferenciado.

El recurso debe ser desestimado. No se aprecian motivos para hacer especial pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por ello, vistos los artículos citados y demás de general aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución decidimos


FALLO


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de SALCAI-UTINSA S.A. frente al acto antes identificado, sin imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitida en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente don Javier Varona Gómez Acedo en audiencia pública de lo que yo, el Secretario de la Sala, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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