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Sentencia T.S.J. Canarias 492/2010 de 17 de septiembre


 RESUMEN:

ITP. Prescripción del derecho de la Administración para girar la liquidación. Cuestión litigiosa: Consiste en determinar el día inicial del cómputo. Fecha del documento privado: Tendrá efectos desde que se incorpora a un registro o documento público. Entrega a funcionario público: Se entregó a un Notario. Estimación.

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. Francisco J. Gómez Cáceres

ILMO. SRES. MAGISTRADOS

D. Javier Varona Gómez Acedo

D. Alfonso Rincon Gonzalez Alegre

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre de 2010.

Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera., integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso - Administrativo n.º 0000396/2008, interpuesto por D. Horacio, representado el Procurador de los Tribunales D.Manuel de León Corujo y dirigido por abogado, contra el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, habiendo comparecido, en su representación y defensa el Sr. Abogado del Estado; y como administración codemandada, la Comunidad Autónoma de Canarias, representada por el letrado del Servicio jurídico del Gobierno de Canarias.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Es objeto de recurso el acto identificado en la cabecera que precede.

Segundo.-La representación de la demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho acto, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del acto administrativo impugnado.

Tercero.-La Administración demandada contestó a la demanda, oponiéndose a ella e interesando una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto.

Cuarto.-No se recibió el proceso a prueba, se señaló dia para votación y fallo del presente recurso en cuyo acto tuvo lugar su realización.

Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso cuya cuantía es 8.314 €

Es ponente el Ilmo. Sr. Don Javier Varona Gómez Acedo, que expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Es objeto de impugnación a través del presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias 03 de abril de 2008 por la que se desestima la reclamación NUM000, interpuesta contra la liquidación girada por la Administración Tributaria autonómica en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El argumento de la pretensión anulatoria, en la prescripción del derecho de la Administración Tributaria autonómica para girar la liquidación del Impuesto de transmisiones patrimoniales y modificar los valores declarados en el contrato privado de compraventa de 17 de diciembre de 1984.

La cuestión litigiosa se ciñe a determinar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción que de acuerdo con el Artículo 50 de la Ley del impuesto, (RDL 1/1993) se rige por lo dispuesto en el apartado siguiente, se regulará por lo previsto en los arts. 64 y siguientes de la Ley General Tributaria., añadiéndose

"2. A los efectos de prescripción, en los documentos que deban presentarse a liquidación, se presumirá que la fecha de los privados es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 1.227 del Código Civil, en cuyo caso se computará la fecha de la incorporación, inscripción, fallecimiento o entrega, respectivamente. En los contratos no reflejados documentalmente, se presumirá, a iguales efectos, que su fecha es la del día en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el art. 51. La fecha del documento privado que prevalezca a efectos de prescripción, conforme a lo dispuesto en este apartado, determinará el régimen jurídico aplicable a la liquidación que proceda por el acto o contrato incorporado al mismo."

Por su parte, el artículo 1227 del Código Civil dispone que "La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que le firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio".

En atención a estos preceptos resulta que la fecha consignada en un documento privado tiene efectos en relación con los terceros, y en concreto con la Administración Tributaria, desde el día en que se hubiese incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de las personas que firmaron el documento privado o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. Con ello se pretende salvar la facilidad en la elusión del gravamen puesto que el documento privado por su propia privacidad impide el conocimiento de terceros y en concreto de la Administración Tributaria interesada en liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, cuyos intereses legítimos se verían perjudicados con el sólo hecho de evitar que llegue a su conocimiento, por lo que si la prescripción corriera desde la fecha del documento, la Hacienda Pública estaría en la mayoría de los casos, indefensa. Partiendo del sentido teleológico y funcional de la normativa aplicable, es evidente que lo que se pretende salvar es dicha defensa efectiva, la posibilidad de que la Administración puede ejercer las acciones que le corresponden, y sólo es posible dicho ejercicio cuando la Administración tiene conocimiento de la realización del hecho imponible. Dicho conocimiento se obtiene a través de los documentos públicos en los que la prescripción corre desde su otorgamiento, y respecto de los documentos privados, desde que se presentan a liquidación o se dan las circunstancias del artículo 1227 del Código Civil, pues, en este último caso tienen eficacia frente a terceros, incluida la Administración Tributaria.

Segundo.-Pues bien en aplicación de tales normas el recurso debe prosperar, y ello por cuanto el contrato privado se incorporara a la escritura de capitulaciones matrimoniales de 3 de febrero de 2000 y se presentara ante la Oficina Liquidadora del Gobierno de Canarias para la liquidación del Impuesto de trasmisiones y en dicho instrumento, en la parte expositiva de dicha escritura, se describían los bienes a adjudicar a cada uno de los cónyuges con sus respectivos valores, consignando el Notario todos los datos del documento privado (fecha, nombre de la vendedora) tras haber tenido el documento en sus manos, al haber hecho constar en la propia escritura pública que el contrato "está sin liquidar en Hacienda, por lo que yo el Notario, hago la oportuna advertencia al respecto".

Es pues evidente que se cumplió la circunstancia relacionada en el mencionado art.º 1227 C. Civ., esto es "que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio" y el Notario lo es, corroborado además por que la escritura notarial en la que se incorpora la mención a la existencia de tal contrato de compraventa, se presentó ante la Administración tributaria, que pudo y deió proceder a la liquidación que practica en el año 2005, cuando había prescrito la posibilidad de hacerlo.

A ello no obsta que el contrato privado de compraventa no estaba sujeto al impuesto, por haberse reservado la parte vendedora el dominio de la finca y ello por cuanto en el momento de producirse la escritura de capitulaciones matrimoniales antes citada, se cita el contrato como titulo de propiedad quedando constancia de que se cumplieron sus previsiones contractuales y se pagó la totalidad del precio aplazado, alzándose la reserva de dominio pactada, por lo que entonces sí estaba sujeto al impuesto.

Tercero.-No se aprecian motivos para hacer especial pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por ello, vistos los artículos citados y demás de general aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución decidimos


FALLO


 
Que debemos estimar y estimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de Horacio frente al acto antes identificado que anulamos, sin imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitida en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente don Javier Varona Gómez Acedo en audiencia pública de lo que yo, el Secretario de la Sala, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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