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Sentencia T.S.J. Canarias 494/2010 de 24 de septiembre


 RESUMEN:

IS. Acuerdo de ejecución: Ingreso de las cantidades en periodo voluntario de pago, sin recargo de apremio. Posible prescripción de la sentencia: El derecho de la Administración a exigir el pago de la deuda comenzaría a contarse desde el día siguiente en que se recibe testimonio de la sentencia firme. No cabe nulidad ni concurre prescripción. Desestimación.

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. Francisco J. Gómez Cáceres

ILMO. SRES. MAGISTRADOS

D. Javier Varona Gómez Acedo

D. Alfonso Rincon Gonzalez Alegre

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de 2010.

Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera., integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso - Administrativo n.º 0000294/2009, interpuesto por D. Íñigo, representado el Procurador de los Tribunales Dña. Minerva Navarro Naranjo y dirigido por el abogado D. Ignacio Sintes Marrero, contra el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, habiendo comparecido, en su representación y defensa el Sr. Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Es objeto de recurso el acto identificado en la cabecera que precede.

Segundo.-La representación de la Administración de la Comunidad autónoma de Canarias demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho acto, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del acto administrativo impugnado.

Tercero.-La Administración demandada y la codemandada contestaron a la demanda, oponiéndose a ella e interesando una sentencia desestimatoria del recurso interpuesto.

Cuarto.-No se recibió el proceso a prueba, se señaló día para votación y fallo del presente recurso en cuyo acto tuvo lugar su realización.

Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso cuya cuantía es 65.223 €

Es ponente el Ilmo. Sr. Don Javier Varona Gómez Acedo, que expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La demanda fundamenta la impugnación en los términos siguientes: "Consideramos, al contrario de lo que sostiene la resolución impugnada, que el procedimiento de apremio posterior, dirigido frente a mi representado no es conforme a Derecho.

Aportamos (COMO DOCUMENTO NUMERO UNO Y además único documento) el acuerdo de ejecución de la sentencia dictada en su día por esa Sala, para que se pueda comprobar que a la entidad INVILLEN SL, se le concedió una posibilidad de ingreso de las cantidades en periodo voluntario de pago, sin recargo de apremio, motivo por el cual, no ha sido planteado recurso en este caso.

No sucede lo mismo en el caso de mi representado, pues tras la sentencia dictada (la sentencia afectada tanto a la entidad INVILLEN SL como a mi representado, por lo que a ambos se les debía de ofrecer indudable el mismo trato) la primera notificación que se recibe es directamente la liquidación ejecutiva por lo tanto con el recargo de apremio. "

Adelantamos que no se adjuntó el anunciado documento, ni se ha probado por medio alguno que la liquidación estuviese suspendida, por lo que como veremos a continuación, no estaba el demandante en igual situación que la entidad mencionada.

Segundo.-El auto dictado por esta Sala en el recurso a que se refiere la demanda, de cinco de mayo de dos mil nueve, dice:

" Como antecedentes adecuados para resolver la cuestión planteada en el incidente, se expone los siguientes:

El recurso contencioso administrativo se interpone contra Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, sobre reclamaciones económico administrativas NUM000; NUM001, por la Procuradora Sra Navarro Naranjo, en representación de la entidad mercantil Invillen S.L., en relación con liquidación provisionales por el Impuesto sobre Sociedades, sigueindose su tramitación con el número 1745/2003.

Posteriormente, el citado recurso se acumula el tramitado con el número 1746/2003 interpuesto por la misma Procuradora en representación de D. Íñigo y Doña Brigida, contra reclamación económico administrativo n.º NUM002 formulada en relación con liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personal Fisicas.

Con fecha 31 de Marzo de 2006, se dicta sentencia mediante la cual se acuerda: Desestimar el recurso contencioso administrativo.

Con fecha 25 de Noviembre de 2008 por el Jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria se dicta Acuerdo en el que se expone: Con fecha 31 de Marzo de 2006 se ha dictado por el Tribunal Sueprior de sentencia de Canarias, en el procedimiento 1745/2003, sentencia desestimatoria de las pretensiones de la recurrente INVILLEN S.L. Dicho procedimiento tenia su origen en la Resolución del Tribunal Economico Administrativo Regional de Canarias de 24 de Septiembre de 2003, interpuesto contra liquidación provisional sobre Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 77 del R.Decreto 520/2005 que aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, y en ejecución de la sentencia firme y considerando que la ejecución del acto administrativo impugnado se encontraba suspendido en periodo voluntario de ingreso, por la presente se le comunica el cese de la suspensión y que el ingreso de la deuda deberá de realizarlo mediante la carga de pago que se adjunta, dentro de los plazos establecidos en el articulo 62.2 L.G.T.- En caso de disconformidad podra plantear incidente de ejecución ante el Tribunal sentenciador.

La parte actora, mediante escrito de fecha 17 de Diciembre de 2008, promueve incidente en ejecución de sentencia alegando: "La interposición del recurso contencioso es de fecha Noviembre 2003, la sentencia es de fecha 31 de Marzo de 2006 y el acto de eejcución de 25 de Noviembre de 2008. Con la interposición del recurso contencioso administrativo se interrumpió la prescripción y desde esta fecha hasta la producción del acto de ejecución pasan cinco años. La cuestión debatida gira en torno a la posible interrupción de la prescripción de la sentencia.

El apartado 68 de la L.G.T. indica que en los casos en que se hubiera interrumpido la prescripción por la interposición del recurso contencioso administrativo, el computo de la prescripción se iniciara de nuevo cuando la Administración Tributaria reciba la resolución firme que ponga fin al proceso judicial".

La lectura del anterior escrito presentado por la parte actora, permite apreciar que existe error tanto en el computo de los plazos como en el tipo de prescripción elegida.

El articulo 66 de la Ley General Tributaria 58/2003, establece que:

Prescribiran a los cuatros años, los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administracion para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

El incidente de ejecución se promueve contra el Acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria, dictado como consecuencia de la firmeza de la sentencia dictada por esta Sala, con el fin de ejecutar las liquidaciones objeto de la reclamación economica administrativa mediante la oportuna reclamación, ejecución que estaba suspendida en periodo voluntario de ingreso, por lo que se acuerda el cese de la suspensión y el ingreso de la deuda.

Se trata por tanto de la apertura de un procedimiento tendente a hacer efectiva la deuda tributaria, confirmada por la sentencia y por tanto encuadrable en el citado articulo 66 letra b); que según el articulo 67, el plazo de prescripción comienza a contarse desde el dia siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario.

En el supuesto de autos, la iniciación del periodo de ejecución de la correspondiente liquidación, quedo suspendido como consecuencia de la interposición de reclamación economica administrativa y posterior recurso contencioso administrativo, por lo que el derecho de la Administración a exigir el pago de la deuda comenzaría a contarse desde el dia siguiente en que en la misma, se recibe testimonio de la sentencia firme, bien mediante ingreso voluntario o mediante el procedimiento de apremio.

Por tanto, si la sentencia de esta Sala se constituye firme en la fecha en que por el Tribunal Supremo se acuerda denegar la preparación del recurso de casación, 18 de junio de 2007 interpuesto contra la misma, y habiendose remitido testimonio a la Administración en fecha 23 de Octubre de 2007, no hay duda de que el plazo de cuatro años no ha transcurrido por lo que el incidente debe ser desestimado.

Ello conlleva el que la declaración de nulidad de pleno derecho, solicitada por la parte actora en el escrito promoviendo el incidente, respecto del Acuerdo del Jfe de la Dependencia Reginal de Gestión Tributaria de 25 de Noviembre de 2008, sea igualmente rechazada, de conformidad con lo establecido en el art. 103. 4 y 5 de la Ley Jurisdiccional puesto que no se aprecia que el mismo sea contrario a los pronunciamientos de la sentencia, asi como que se haya dictado con la finalidad de eludir su cumplimiento, máxime teniendo en cuenta que la sentencia desestima el recurso contencioso administrativo, asi como lo establecido en el articulo 70 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003."

Ello abunda en lo infundado de la pretensión del demandante.

Tercero.-No se aprecian motivos para hacer especial pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por ello, vistos los artículos citados y demás de general aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución decidimos


FALLO


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal del Íñigo frente al acto antes identificado, sin imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitida en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente don Javier Varona Gómez Acedo en audiencia pública de lo que yo, el Secretario de la Sala, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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