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Sentencia T.S.J. Canarias 507/2010 de 28 de septiembre


 RESUMEN:

ITP. Impugnación del acuerdo de liquidación. Exención prevista para las sociedades domiciliadas en Canarias: Se pretende su aplicación a la adquisición por un particular de una finca.  Sujeto pasivo de la exención: Ha de tratarse ineludiblemente de una sociedad. No cabe considerar infringido el principio de igualdad aducido. Desestimación.

SENTENCIA n.º 507/10

Ilmos. Srs:

Presidente:

D. Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres

Magistrados:

D. Francisco Javier Varona Gómez Acedo

D. Alfonso Rincón González Alegre

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2010.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del presente recurso contencioso-administrativo número 300/2009, interpuesto por la Procurador de los Tribunales D.ª Dolores Moreno Santana, en nombre y representación de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de fecha 23 de diciembre de 2008 recaída en la reclamación económico-administrativa número NUM000 sobre el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Ha sido parte el Abogado del Estado y el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por plazo de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 27 de octubre de 2009 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, suplica que se dicte sentencia que declare "no conforme a derecho la liquidación y la resolución desestimatoria de la previa reclamación económico administrativa impugnada, con imposición de costas a la Administración demandada".

Segundo.-La Administración del Estado, una vez conferido el trámite para contestar a la demanda, presentó escrito en el que, tras aducir los hechos y los fundamentos de derecho que considera de aplicación, suplica que se inadmita o, subsidiariamente, se desestime el recurso contencioso-administrativo con imposición de costas a la parte recurrente. La Administración autonómica, en idéntico trámite, manifestó hacer suyo lo alegado por el Abogado del Estado.

Tercero.-Por Auto de 12 de marzo de 2010 se acordó no recibir el recurso a prueba. Tras las conclusiones escritas de la partes se declaró concluso el pleito señalándose para votación y fallo del mismo el 24 de septiembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar.

Cuarto.-La cuantía del recurso se estima en 90.848,15 euros.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Alfonso Rincón González Alegre.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugnan en el presente proceso contencioso-administrativo la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de fecha 23 de diciembre de 2008 recaída en la reclamación económico-administrativa número NUM000 en cuanto confirma el Acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales Onerosas practicada a la recurrente y, naturalmente, este último acto.

Funda el recurrente la impugnación del acto de liquidación en la procedencia de la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994 al entenderla de aplicación a las cajas de ahorro.

En el trámite de contestación a la demanda el Abogado del Estado opuso la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 69 b) en relación con el artículo 45.2.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al no haberse acreditado que el órgano competente de la entidad demandante, según las normas estatutarias, haya adoptado la decisión de iniciar el presente proceso. Tras ello se opone a la demanda alegando que la correcta interpretación por la Administración del artículo 25 de la Ley 19/1994 en su redacción anterior a la Ley 12/2006 con arreglo al artículo 3.1 del Código Civil y 14 de la Ley General Tributaria.

El Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias se remite a lo alegado por el Abogado del Estado.

Segundo.-Con posterioridad al trámite de conclusiones la recurrente aportó escrito suscrito por D. Santiago, como Director de los Servicios Jurídicos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con el siguiente contenido, literalmente trascrito:

" Santiago, DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, dentro de las facultades que tiene asumidas por razón de su cargo y según escritura de poder de representación procesal de fecha 2 de Marzo de 2001, formalizada ante el Notario de Alicante, D. Ramón Alarcón Cánovas bajo número de protocolo notarial 834, en la que textualmente se dispone que:

"En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de dieciocho de Enero pasado, ratificado por la Asamblea General de dieciséis de los corrientes, se nombra Director General a D. Jose Antonio... quien le otorga en la representación que ostenta el más amplio y bastante poder" confiriéndole como Letrado y en representación de la Entidad, la facultad de: "interponer toda clase de recursos... incluidos los contencioso administrativos"

En virtud de lo anterior, RATIFICA de forma expresa, la interposición, el pasado 17 de Marzo de 2009 del Recurso Contencioso-Administrativo con número de autos 300/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con Sede en Las Palmas, designándose como Procuradora de los Tribunales, tal y como consta en el escrito de interposición a D. DOLORES MONERO SANTANA.

Y así lo hago constar para que surta los efectos oportunos en Las Palmas a 7 de Junio de 2010."

Lo anterior ha de completarse con la copia de la escritura aportada junto con el escrito de interposición en la que consta la trascripción de parte de los estatutos de la entidad demandante y, en particular, el nombramiento y facultadas del Director General y el apoderamiento a favor del Letrado que suscribe el escrito de ratificación. Habida cuenta que la Sala no habilitó un trámite específico para la subsanación, el defecto denunciado por el Abogado del Estado ha de entenderse subsanado en virtud de la ratificación de la interposición del presente recurso.

TECERO. El recurso no puede, sin embargo, prosperar.

Considera la recurrente que resulta de aplicación la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994 a la adquisición por su parte de una determinada finca por escritura de 7 de noviembre de 2005.

La redacción del precepto de aplicación, como bien sostiene la resolución impugnada, no admite dudas en este punto. Comienza señalando el artículo 25.1 de Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su redacción dada por el artículo 13.1 de la Ley 63/2003, lo siguiente: "Las sociedades domiciliadas en Canarias, que sean de nueva creación o que, ya constituidas, realicen una ampliación de capital, amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones, estarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su constitución, en la ampliación de capital y en las adquisiciones patrimoniales de bienes de inversión situados en Canarias, durante un período de tres años a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución o de ampliación de capital, cuando el rendimiento del impuesto se considere producido en este territorio."

El primer requisito de la exención tiene -tenía- carácter subjetivo: que el sujeto pasivo se trate de una "sociedad", naturaleza que no reviste la entidad recurrente y que funda la regularización. Y no puede invocarse el carácter interpretativo de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 diciembre, que considera beneficiaros de la exención a "las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades", pues, al contrario de lo sostenido por el recurrente, el hecho de que la reforma legislativa haya extendido el beneficio fiscal a todas estas entidades lo que demuestra es que con anterioridad no se hallaban comprendidas las que no tuvieran naturaleza societaria.

Por lo demás, la ausencia de un término válido de comparación impide considerar la infracción del principio de igualdad aducido por la demandante.

Procede desestimar el recurso contencioso-administrativo.

Cuarto.-No se aprecian meritos para efectuar condena en costas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de esta jurisdicción.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procurador de los Tribunales D.ª Dolores Moreno Santana, en nombre y representación de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra los actos a que hace referencia el Fundamento de Derecho Primero de esta resolución. Todo ello, sin imposición de costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta nuestra Sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública en Las Palmas de Gran Canaria en el día de la fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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