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Sentencia A.P. Castellón 41/2010 de 31 de mayo


 RESUMEN:

Formación de inventario: Se discute partida del activo que la sentencia de instancia considera privativa y la apelante ganancial. Presunción de ganancialidad de los bienes. Destrucción de tal presunción.

 

SECCIÓN SEGUNDA

CIVIL

Rollo número 34/2010

PROCEDIMIENTO: FORMACIÓN INVENTARIO 25/2009 del

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 2 de Vila-real (Castellón)

LITIGANTES: D. Jesús.

Dña. Almudena.

SENTENCIA CIVIL NÚM. 41 /10

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. JOSÉ LUIS ANTÓN BLANCO.

Magistrados:

D. HORACIO BADENES PUENTES.

D. PEDRO JAVIER ALTARES MEDINA

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En la Ciudad de Castellón de la Plana, a treinta y uno de mayo de dos mil diez.

La SECCIÓN SEGUNDA de la Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Ilmos. Señores anotados al margen, ha visto el presente rollo de apelación en ambos efectos número 34/2010, interpuesto contra la Sentencia de fecha 15 de junio de 2009 dictada por el Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Vila-real, Castellón, en autos de formación de inventario seguidos en dicho Juzgado con el número 25/2009.

Han sido partes en el recurso, como APELANTE, Dña. Almudena, representada por el Procurador D. Manuel Tena Riera, y asistida por el Letrado D. Jaime Arnau Alfonso, y como APELADO, D. Jesús, representado por el Procurador D. Oscar Colon Gimeno y asistido por el Letrado D. Julián Lozano Nomdedeu, siendo ponente, D. HORACIO BADENES PUENTES, que expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En fecha 15 de junio de 2009 se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Vila-real, en cuya fallo expresamente se decía:

"Que debo declarar y declaro: a) Que deben formar parte el activo de la sociedad de gananciales: los bienes enumerados en el fundamento cuarto de la presente resolución. b) Que debe forma parte del pasivo de la sociedad de gananciales: los bienes enumerados en el fundamento quinto de la presente resolución. c) Respecto a las costas debe ser condenada a su pago la parte demandada.":

En el fundamento Cuarto de la Sentencia se establecía: "Resuelta la controversia en virtud de lo establecido los artículos 810 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se procederá a enumerar los bienes que deben formar parte del activo de la sociedad de gananciales, exponiéndolos como sigue: 1.- Finca Urbana n.º NUM000 sita en la C/ DIRECCION000 n.º NUM001 de Burriana, inscrita en el Registro de la Propiedad de Nules -1 al Tomo NUM002, Libro NUM003, folio NUM004. 2.- Plaza de Garaje, que tiene la consideración de anejo inseparable de la finca descrita. 3.- Vehículo matrícula XG-....-IC. "

En el fundamento Quinto de la Sentencia se establecía: "Respecto a los bienes que deben formar parte del pasivo de la sociedad de gananciales, respecto a los cuales no ha habido ningún tipo de controversia, se incluyen:.- Impago de bienes de naturaleza urbana (1861, 73 euros). 2.- Impago de préstamo personal por importe de 3.380, 41 euros. 3.- Impago de préstamo hipotecario por importe de 14.669, 64 euros. 4.- Gastos de comunidad de propietarios del piso (3.502, 26 euros). 5.- Gastos de Comunidad de Propietarios del Garaje (879, 87 euros). 6.- Impuesto de circulación de turismo (500 euros). Sumas estas abonadas por la demandada y por lo tanto constituyen la deuda (por importe de 24.293, 91 euros) que la sociedad tiene contraída con la Sra. Almudena a excepción de la cuantía de 500 euros la cual forma parte del pasivo como deuda de la sociedad con el Sr. Jesús ".

Segundo.-Notificada la anterior resolución a las partes, se anunció recurso de apelación por el Procurador D. Manuel Tena Riera, en nombre y representación de Dña. Almudena, que fue formalizado por escrito presentado en fecha 14 de septiembre de 2009 y en el que en base a las alegaciones que se realizaban, terminó suplicando al Juzgado se dicte providencia por la que se acuerde remitir los autos a la Audiencia Provincial, para que previos los trámites legales, dicte sentencia en la que se acuerde absolver a su patrocinado con todos los pronunciamientos favorables y con expresa imposición de las costas de las primera instancia a la demandante, declarando de oficio las costas de esta segunda instancia.

Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, en fecha 3 de noviembre de 2009 se presentó escrito por el Procurador D. Oscar Colón Gimeno, en nombre y representación de D. Jesús, en el que en base a las alegaciones que realizaba, terminó suplicando que previos los trámites legales oportunos, se sirva elevar seguidamente las actuaciones a la Audiencia Provincial de Castellón a cuya Sala suplica que dicte sentencia por la que desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto confirmándose la sentencia de primer grado en todos sus extremos, con expresa imposición de las costas causadas a la contraparte.

Tercero.-Habiéndose recibido las actuaciones en la Audiencia Provincial de Castellón en fecha 25 de marzo de 2010, las mismas se repartieron a la Sección Segunda, que fijó fecha para deliberación y votación el día 26 de mayo de 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La partida que se discute por la parte en el recurso de apelación, es la correspondiente a la cantidad de 43.934, 82 euros que la Sentencia recurrida considera que tiene carácter privativo, y por tanto pertenece al actor D. Jesús, por lo que no forma parte del activo como crédito de la sociedad frente al Sr. Jesús.

La parte apelante en la causa considera que la misma tiene carácter ganancial y por lo tanto debe ser incluida en el inventario que se realiza. Dice que no se ha probado que el dinero que estaba en la cuenta común fuese el mismo dinero que se había cobrado de la venta, y no se había aportado extracto alguno del dinero que tenía en su cuenta privativa, cuenta que la parte reconoció tener con anterioridad al día 27 de octubre de 2004. Añade que según el artículo 1361 del c.c. los bienes se presumen gananciales, y que la carga de la prueba recae en este caso en la parte actora, y no en ella. También está disconforme en entender que el resto del dinero que se ingresa en la cuenta, sobre el dinero objeto de la venta, deba entenderse como impuestos, careciendo de cualquier rigor dicha aseveración. Dice que los impuestos los paga el comprador, y que el único apunte que hay en la cuenta el día 5 de octubre de 2004 es un cobro, y que la cantidad indicada de 45.000 euros es el saldo anterior, no un ingreso efectuado ese mismo día. Dice que el actor reconoció que se había vendido una casa y un piso propiedad de su mandante por herencia, y que el dinero de dichas ventas se había aportado a la sociedad de gananciales, que era exactamente lo que había dicho la hija del matrimonio. Alega que existían como poco, dos cuentas bancarias en la familia, y no sólo una. También indica que hay incorrección respecto a la imposición de las costas, y considera que habiéndose llegado a un acuerdo sobre todas las partidas menos sobre la cantidad de 43.934, 82 euros, la condena en costas sólo debería ser sobre dicha cantidad, no sobre el total del inventario y así solicitaba que se declarara expresamente.

Por la representación procesal de D. Jesús se dice que hay unos hechos que no se discuten: que el anterior vendió en fecha 30 de septiembre de 2004 un bien privativo por 51.687 euros, y que dicha suma fue ingresada en la cuenta común de los esposos. Invoca los artículos 1361 del cc y el 385, 2 de la Lec. Dice que la parte sin embargo en ningún momento se dirige a probar la veracidad de los que él manifiesta sino que simplemente lo expone y ante la falta de prueba ataca la sentencia sin ningún rigor. Dice también que los artículos que invoca la parte tan solo son aplicables a supuestos donde los hechos son inciertos, no pudiéndose aplicar al presente caso, ya que ha quedado acreditado mediante la escritura de compraventa, las cercanías en las fechas y el carácter privativo del bien vendido, que la cantidad reclamada era privativa de su representado. Finalmente indica que su representado tuvo que vender una finca que tenía la condición de privativa el 30 de septiembre de 2004 por 51.687 euros, que dicha cantidad su representado dejó claro el día de la vista que fue íntegramente abonada en la cuenta familiar para que pudiesen comer él y su familia, porque habían pedido unos créditos para poder subsistir.

En el acto de la vista se aportó por la parte actora al acto del juicio una escritura de compraventa de fecha 30 de septiembre de 2004 de una finca privativa de D. Jesús. En dicha escritura se hace constar como precio de la venta la cantidad de 51.687 euros. Por la parte demandada en el procedimiento se aportó una transferencia realizada por D. Jesús por la cantidad de 43.644, 85 euros desde la cuenta común a una cuenta privativa de D. Jesús, y se aportó de igual forma los movimientos de la cuenta común desde octubre de 2004 hasta noviembre de 2004.

D. Jesús manifestó en la vista que se separó de hecho de la que fue su esposa en octubre de 2004. Dice que tenían una cuenta conjunta, y que vendió en septiembre de 2004 una finca que tenía, y el dinero que recibió los puso a la cuenta. Manifiesta también que antes de vender la finca, sacó un préstamo para poder comer. También dice que la que fue su esposa vendió una vivienda ubicada en la localidad de Burriana, en el calle Albacete -que era una vivienda de los padres de ella, y que fue una cosa de ella y de su hermana, y a él no le dijeron nada-. También dice que la que fue su esposa tenía un piso en la calle Los Angeles, y se vendió también antes del divorcio. Dice que el dinero que se obtuvo -unos cinco millones-, mas el dinero de la otra vivienda, obtenidos a finales de 2003 a octubre de 2004 se "fundió". Dice que algo cree que se dio para el piso nuevo. La casa de su padre también la vendieron, y el dinero de la casa fue al mismo fondo. Dice que él, el dinero no le veía. Que pidieron un préstamo de 3.000 euros para comer. Y que del dinero de la finca, un millón de pesetas, se quitó para un ordenador y otros gastos para su hija. y para que se pusiera a estudiar.

También declaró en el acto del juicio la hija de las partes. Manifestó que se llevaba fenomenal con la madre, pero que no había trato con el padre. Dijo que en el año 2004 había una buena situación económica, y en aquella época se vendió la casa de sus abuelos maternos, y un piso dado en donación y un piso por parte de su padre. El piso de su padre no recuerda la fecha en la que se vendió. Dice que se pidió un préstamo para comprar el ordenador o el coche, era para pagar alguna cosa. Cree que el préstamo se pidió después de la venta del piso, pero no recuerda si su padre vendió un terreno. Añade que ella se hizo cargo del préstamo del bbva, porque lo ha pagado ella, y que la familia trabajaba con dos o tres bancos.

También indica que su madre tenía una casa a medias con su hermana, y que también tenía un piso que fue una donación de su abuelo materno, y que a su tía le dio otra casa. No sabe en que año se vendieron, y que ella era pequeña, y no sabe si tendría 13 o 14 años, y no conoce la fecha.

Segundo.-El material probatorio aportado por las partes a las actuaciones es verdaderamente escaso, cuando cualquiera de ellas, hubiera podido haber justificado de forma puntual y exacta todo lo relativo al dinero que ahora está en controversia. Se está,por tanto, ante un bien del que se discute si el mismo forma parte de la sociedad de gananciales o no.

El artículo 1361 del cc dispone que "se presumen bienes gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer", precepto coincidente sustancialmente con el artículo del anterior texto legal, salvo las palabras "se reputan" en lugar de "se presumen" y la palabra "todos" al referirse a los bienes del matrimonio. No obstante, tanto en una como en otra redacción, se establece una presunción "iuris tantum" de que los bienes matrimoniales son gananciales mientras no se pruebe lo contrario, por quien alegue que no lo son. En este sentido la jurisprudencia ha declarado que se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario (Sentencias de 10 de noviembre de 1986 y 30 de septiembre de 1989), habiendo el Tribunal Supremo mantenido el carácter ganancial de los bienes litigiosos, cuando existe falta de prueba de que sean privativos (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1985, 10 de noviembre de 1986 y 5 de diciembre). Concretamente la Sentencia de 19 de noviembre de 1986 precisaba que "es correcta la aplicación de la presunción de ganancialidad del artículo 1.407 del Código Civil en su precedente redacción, coincidente con el artículo 1.361 de la redacción dada por la ley de 7 de julio de 1981, pues siguiendo las pautas doctrinales marcadas por la jurisprudencia en forma unánime (Sentencias de 10 de junio de 1975, 23 de julio de 1979 y 15 de junio de 1982) y como entendía la doctrina, la "vis atractiva" favorable a la ganancialidad de los bienes,

Por su parte, el artículo 385, dentro de las presunciones legales establece: "1. Las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca. Tales presunciones sólo serán admisibles cuando la certeza del hecho indicio del que parte la presunción haya quedado establecida mediante admisión o prueba. 2. Cuando la ley establezca una presunción salvo prueba en contrario, ésta podrá dirigirse tanto a probar la inexistencia del hecho presunto como a demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción. 3. Las presunciones establecidas por la ley admitirán la prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla expresamente lo prohíba.

Según se establece en la SAP Jaen, 8 de mayo de 2009 que: "Partiremos de la presunción de ganancialidad contenida en el art. 1361 del C. Civil, que implica una alteración de la doctrina de la carga de la prueba: el que alega el carácter ganancial de un bien adquirido constante la comunidad de gananciales no tiene que probar que el bien lo es, sino que se presume y es el que alegue lo contrario quien tiene que probarlo. La jurisprudencia ha aplicado con frecuencia esta norma y ha mantenido el carácter ganancial de bienes, por falta de prueba de que sean privativos; ha destacado la necesidad de que se practique una prueba "suficiente satisfactoria y concluyente" de que el bien es privativo (S.T.S. 1265/2.002 de 26 de diciembre).

Y para esta Sala, la cuestión ha sido resuelta por parte de la Juzgadora de Instancia, considerando que se ha destruido la presunción de ganancialidad. Y se ha destruido aunque la prueba propuesta por la parte ahora apelada no haya sido abundante. Poco le hubiera bastado para aportar a las actuaciones las justificantes de pago de la finca vendida, el ingreso del dinero obtenido en la cuenta corriente, y así concluir de forma clara con la acreditación del carácter privativo del dinero obtenido. La copia de la escritura acredita el carácter privativo de la finca, y el dinero obtenido. También se ha aportado a las actuaciones los movimientos de la cuenta que era común de los dos y en la que existe un saldo a fecha 5 de octubre de 2004 de 45.874, 47 euros, cantidad cercana al bien que se vendió, lo que hace pensar que dicha cantidad no procede del ahorro de la familia, o de actividades laborales o empresariales de las partes, y que por tanto se trata del bien que fue vendido en fechas anteriores -la escritura pública es de fecha 30 de septiembre de 2004-. Esta interpretación hay que ponerla también en consideración con lo que parece que eran dificultades económicas de las partes en aquellas fechas y la necesidad incluso de pedir préstamos -como así se ha indicado por el apelado y por la hija de las partes-, ya que en el supuesto de que la anterior cantidad fuera ganancial y existente con anterioridad, posiblemente no se hubiera acudido al préstamo de terceros. Se ha pretendido alegar por la parte actora que también fueron vendidos otros bienes anteriores, tanto privativos del actor como de la demandada en el procedimiento, pero dicho extremo planteado en la propia vista, no aporta datos suficientes y no concreta fechas determinadas, como para entender que ese dinero obtenido con dichas ventas, fuera por ejemplo el que ahora se discute. Ciertamente, el apelante, no tiene la carga de la prueba a los efectos de acreditar que dicho dinero es ganancial, pero tampoco se ha dicho nada sobre el origen del mismo, que haga dudar a esta Sala de su origen. Se discrepa del Juzgado de Instancia en cuanto considera que el resto del precio que falta, sea debido al pago de impuestos. Nada está acreditado que el resto del dinero hasta los 51.687 euros, se gastaran en el pago de los impuestos como dice la Sentencia que se recurre. Nada se ha dicho en concreto sobre el destino del resto del dinero. Por el actor ahora apelante se dice que destino a otros gastos de ordenador o para estudiar la hija. Sin embargo, no es determinante la utilización del mismo para la consideración como privativa de la cantidad discutida. Por todo cuanto antecede la sentencia debe ser confirmada, desestimando el recurso presentado.

Tercero.-También se alega por la parte actora que hay incorrección respecto a la imposición de las costas, y considera que habiéndose llegado a un acuerdo sobre todas las partidas menos sobre la cantidad de 43.934, 82 euros, la condena en costas sólo debería ser sobre dicha cantidad, no sobre el total del inventario y así solicitaba que se declarara expresamente.

En la sentencia de instancia, en el fundamento sexto, se dice de forma expresa: "Habiéndose estimado íntegramente la propuesta de inventario formulada por la parte actora, ya se ha desestimado íntegramente el único punto controvertido por la parte demandada, en recta aplicación de lo establecido en el artículo 394 de la Lec, la misma debe ser condenada al pago de las costas. Y en el fallo se acordaba "c) Respecto a las costas debe ser condenada a su pago la parte demandada".

El Artículo 808 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que: "1. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que se haya demandado la disolución del régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario. 2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá acompañarse de una propuesta en la que, con la debida separación, se harán constar las diferentes partidas que deban incluirse en el inventario con arreglo a la legislación civil. A la solicitud se acompañarán también los documentos que justifiquen las diferentes partidas incluidas en la propuesta." Y el artículo 809 del mismo texto legal, respecto a la formación del inventario dice que: "1. A la vista de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para que, en el plazo máximo de diez días, se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges. En el día y hora señalados, procederá el Secretario Judicial, con los cónyuges, a formar el inventario de la comunidad matrimonial, sujetándose a lo dispuesto en la legislación civil para el régimen económico matrimonial de que se trate. Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto. En el mismo día o en el siguiente, se resolverá lo que proceda sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.

2. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, se citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.

La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario de la comunidad matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente sobre la administración y disposición de los bienes comunes".

Existe por tanto un procedimiento realizado ante el Secretario para la formación de inventario -procedimiento similar a una jurisdicción voluntaria, y que se resuelve por auto, sin imposición de costas-, y en el supuesto de existir controversia alguna entre las partes sobre inclusión o exclusión de algún concepto en el inventario, o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el procedimiento es el trámite del juicio verbal, con imposición de costas en su caso, según el procedimiento ordinario. Por lo tanto, la vista tiene un objeto concreto y una cuantía concreta. Y la imposición de costas se realizará lógicamente sobre la cuantía del juicio verbal que es el objeto del procedimiento y no sobre todas las partidas del inventario -sobre las que no ha habido controversia-. Y en el supuesto de realizarse la tasación de costas e incluirse partidas o cuantía que no corresponda, la parte tiene abierto el correspondiente incidente para la impugnación de las mismas (artículo 241 y siguientes de la Lec). El fundamento sexto de la sentencia que se recurre no es muy claro en cuanto a su argumentación, pero impone las costas del procedimiento a la parte demandada, al ser desestimadas sus pretensiones de acuerdo con lo establecido en el artículo 394 de la Lec. Si bien dichas costas deberán ser entendidas de acuerdo con lo que ha sido el objeto del procedimiento y no sobre todo el inventario, si bien dicho tema es objeto de la posterior tasación de costas que se realice y por lo tanto, no puede ser adelantada su resolución.

Cuarto.-De conformidad con lo previsto en los arts. 398 y 394 de la L.E.C., y dado que los recursos de apelación interpuestos por ambas partes han sido desestimados, cada parte deberá abonarse las costas procesales causadas a su instancia en la presente apelación.

Por cuanto antecede, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Manuel Tena Riera, en nombre y representación de Dña. Almudena, contra la Sentencia de fecha 15 de junio de 2009 dictada por el Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Vila-real, Castellón, en autos de formación de inventario seguidos en dicho Juzgado con el número 25/2009, y debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida, con imposición de las costas del recurso de apelación a la parte apelante.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y con testimonio de la misma, devuélvanse los autos originales al juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, cuya certificación se unirá al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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