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Sentencia A.P. Murcia 494/2010, de 28 de septiembre


 RESUMEN:

Responsabilidad solidaria: Responsabilidad del menor y sus progenitores. Estimación. Accidente de tráfico causado por un menor.

MURCIA

SENTENCIA: 00494/2010

SENTENCIA N.º 494/10

ILMOS SRES

D. Andrés Pacheco Guevara

Presidente

D. Fernando López del Amo González

D. Cayetano Blasco Ramón

Magistrados

En la Ciudad de Murcia a 28 de septiembre de dos mil diez

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Primera de esta Ilustrísima Audiencia Provincial los autos de juicio Ordinario núm. 323/2008, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. cinco de Molina de Segura, entre las partes, como actora, y en esta alzada apelada, Aureliano, defendido por el Letrado Sr. Miralles García, y como demandados, y en esta alzada apelante, Florentino e Alicia, representados por el Procurador Sr. Botía Sánchez en esta segunda instancia, y defendidos por el Letrado Sr. Montoya Martínez, siendo también codemandado Carlos Alberto, representado en esta alzada por el Procurador Sr. Pontones Lorente y asistido por el Letrado Sr. Maza Ayala, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Cayetano Blasco Ramón, que expresa la convicción del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de instancia citado, con fecha, 23 de julio de 2009, dictó en los autos principales de los que dimana el presente rollo la sentencia cuya parte dispositiva dice así: "Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Antonio Conesa Aguilar en nombre y representación de D. Aureliano debo condenar y condeno a D. Florentino y solidariamente a sus padres D. Carlos Alberto y D.ª Alicia a que abonen a la actora la cantidad de 87.047,01€, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda, y todo ello con expresa imposición de costas a los codemandados en los términos que constan en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución".

Segundo.-Que contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, siéndole admitido, y tras los trámites previsto en la L.E. Civil, se remitieron los autos a esta Audiencia, formándose el presente Rollo por la Sección Primera con el núm. 317/2010, designándose Magistrado Ponente por turno y señalándose deliberación y votación para el día 27 septiembre de 2010.

Tercero.-En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Interpone recurso de apelación Carlos Alberto, a través de su representación procesal, alegando, en síntesis, que el juzgador de instancia valora erróneamente la prueba en orden a la determinación de la responsabilidad del menor y de sus progenitores, considerando que es apreciable la existencia de concurrencia de culpas en atención a la propia dinámica de los hechos que expone, y estimando que la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos no es una responsabilidad objetiva sino que ha de existir un componente culposo, invocando al efecto el art. 61.3 L.O.R.P.M. y las facultades de moderación arbitradas en el mismo, entendiendo que la indemnización debe ser fijada en el 80%, cuestionando, asimismo, la cuantía indemnizatoria, pues entiende que ha de otorgarse mayor valor al informe del forense que al traído por la parte.

Interpone, asimismo, recurso de apelación Florentino, alegando, en síntesis, que la propia sentencia de instancia recoge que éste mantuvo una riña con el actor, y partiendo de ello, argumenta en favor de la concurrencia de culpas, para a continuación alegar la incorrecta valoración de la prueba pericial y la existencia de pluspetición, precisando en su solicitud subsidiaria segunda que la responsabilidad atribuible al mismo debe ser del 30%, y en la petición tercera, que la cuantía a indemnizar debe ser de 48.591.34€ en atención a lo informado por el médico forense.

Interpone, por último, recurso de apelación Alicia alegando, en síntesis, que reproduce los motivos de apelación de Florentino y error en la valoración de la prueba respecto a la contribución de la madre al favorecimiento de la conducta del menor, precisando que su hijo no debe calificarse como menor, sino como un "gran menor", con las consecuencias inherentes a ello en orden a la responsabilidad civil, se invoca la moderación de la responsabilidad en base a lo dispuesto en el art. 61.3 de la L.O. 5/2000, afirmando que no se acredita que la apelante incurriera en dolo o negligencia grave. Por último, se critica el contenido de la sentencia referida a la condena solidaria al 100% de la apelante como madre del menor, entendiendo que no es aplicable al caso la S.T.S. de 10 de noviembre de 2006, y diciendo que la responsabilidad de la madre ha de ser fijada en el 50% del "quantum" indemnizatorio.

Segundo.-Hemos de decir con carácter previo que lo demandado es una indemnización que dimana de una sentencia condenatoria firme dictada por el Juzgado de menores n.º 1 de Murcia, de manera que los hechos relativos a la conducta del menor que se declaran probados y la certeza que el pronunciamiento contiene sobre su participación, vincula al juzgador que conoce de las responsabilidades civiles reservadas, careciendo éste de atribuciones para absolver de la acción civil partiendo de tales premisas que han adquirido eficacia de "res iudicata", siendo sus únicas atribuciones resolver cuanto se refiere al monto de los daños y perjuicios.

Ciertamente en el supuesto enjuiciado la reclamación no sólo se dirige contra el condenado, sino también contra sus padres en virtud de lo dispuesto en el art. 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero (reformada por L. O. 8/2006 de 4 de diciembre), y a tales efectos hemos de decir que con dicho precepto se introduce un sistema de responsabilidad civil de mayor alcance y severidad que la contenida en el Código Civil (art. 1.903) y en el Código Penal, persiguiendo asegurar la indemnización y la mayor implicación de los padres, configurando un sistema de responsabilidad objetiva, ajena a la noción de culpa, para quienes responden por hechos ajenos, prescindiendo de criterios de imputación subjetiva, los cuales solamente habrán de ser tenidos en cuenta para determinar si procede la moderación de su responsabilidad. Moderación que se establece como facultativa y que en ningún caso puede suponer excluir dicha responsabilidad.

Precisado lo anterior, estimamos que la juzgadora de instancia ha establecido correctamente la responsabilidad de los demandados, condenando de forma principal al menor y de forma solidaria a sus padres, no siendo factible entrar a examinar la concurrencia de culpas invocada en cuanto que los hechos declarados probados consideran al referido menor como único responsable de los mismos (documento n.º 1 traído con la demanda, folio 15), sin que el hecho de que se utilice la expresión "mantuvo una riña", permita inferir las conclusiones que pretende la apelante, pues no debemos olvidar que la sentencia se dictó de conformidad y el mismo reconoció ser autor de los hechos, lo cual impide entrar en otras consideraciones sobre tales extremos.

En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad ya hemos expuesto anteriormente su carácter objetivo, de manera que no cabe cuestionar la responsabilidad de los padres, y las únicas consideraciones subjetivas que cabe tener en cuenta lo son en orden a si procede la moderación, y partiendo, como se ha dicho, de que ello es una facultad judicial, procede apreciarla en el caso concreto que nos ocupa en base a lo manifestado por la Sra. Alicia en el acto del juicio acerca de los problemas del menor, expuestos en el párrafo segundo, "in fine", del fundamento del derecho segundo de la sentencia de instancia, los cuales si bien indican la existencia de cierta dejadez y falta de diligencia en el ejercicio de sus deberes maternos, de lo cual no cabe excluir al padre, pues el alegado desconocimiento sobre particulares de la vida de su hijo como el hecho de que faltara a clase, permite interpretar que no tenía una implicación diligente en su educación, en ningún caso cabe considerar con ello que favorecieran de forma dolosa o con grave negligencia la conducta del menor, razón por la que, no obstante existir la imputación culpalística expuesta en la actuación de los padres, no consideramos que nos hallemos ante el supuesto en que se deba excluir la moderación, entendiendo que como facultad judicial prevista en la Ley procede concederla y establecer que la responsabilidad de los padres se fije en un 80%.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, hemos de decir que las secuelas de "Ablación del globo ocular derecho con colocación de prótesis" y "conjuntivitis de reposición", hablando en plural de secuelas y contemplando ambas, y siguiendo orientativamente la baremación existente para accidentes de tráfico, la puntuación de 30 puntos en que se valora la primera es ajustada a baremo, sin embargo, la que se denomina como conjuntivitis de repetición no viene como tal en el referido baremo, si bien estimando que procede otorgar a la citada, de forma ponderada, tres puntos, pues no estamos sujetos a las tablas de baremación al no tratarse de un accidente de trafico. Respecto a la secuela del perjuicio estético, ciertamente no la contempla el médico forense, pero estimamos que ello se justifica por el hecho de que con posterioridad a ser visto por el médico forense sufrió otra operación, el 29-11-2006 (doc. n.º 9 de la demanda, folio 27), que tuvo su causa en el curso natural de las lesiones y por inconvenientes y problemas surgidos directamente de las mismas, según manifestó el Dr. Octavio en el acto del juicio, acreditándose la realidad de dicho perjuicio por lo expresado por el mismo en su informe médico, traído como documento n.º 10 junto con el escrito de demanda (folio 28), no debiendo olvidar que el informe forense es de fecha 19-6-2006 y, por consiguiente, no pudo tener en cuenta la sobredicha operación de 29-11-2006, considerando que la calificación como moderados es proporcionada al perjuicio estético que describe Don. Octavio en su informe, donde se habla de cicatrices periorbiculares e importante alteración en la expresión.

En cuanto a la valoración de tales secuelas, la parte en su escrito de demanda no acumula las dos primeras o procede a realizar operación aritmética alguna para averiguar el total, sino que atiende al valor punto de cada una de ellas por separado, debiendo seguirse en esta resolución el procedimiento apuntando por la actora por la razón de que la aplicación del baremo en este procedimiento es tan sólo con carácter orientativo, y por la razón de que de lo contrario incurríamos en incongruencia "ultra petita. Así pues, procede otorgar por los 30 puntos de la ablación ocular la cantidad de 42.634,80€,a 1421,16€ el punto, y por los 3 puntos de la conjuntivitis de repetición 2.273,46€, a razón de 757,82€ el punto, y por los 10 puntos de perjuicio estético, 8.627,30€, ascendiendo el concepto de secuelas a un total de 53.535,5€.

En cuanto a los días de incapacidad, estimamos acertado el que se fijen en 292 días impeditivos y 9 de hospitalización en atención a que se produjo una nueva operación tras el informe del médico forense, lo cual es indicativo de que la estabilidad lesional todavía no se había producido, constando en el documento n.º 9, traído junto con el escrito de demanda, que el alta se da el 1-12-2006, ascendiendo, pues, la cantidad que se concede por este concepto a 14.859,8€, que unidos a los 53.535,50€ por secuelas, hacen un total de 68.395,36€.

Por último se solicitan 16.102,35€ por incapacidad permanente parcial, y sobre ese particular no se pronuncia el informe médico- forense (documento n.º 2, folio 19), viniendo recogido en el informe Don. Octavio, y si bien consideramos que efectivamente la secuela de ablación de un ojo genera una limitación importante, capaz de limitar parcialmente el desarrollo de sus ocupaciones, la parte ha solicitado la cantidad máxima prevista por este concepto, que es hasta 16.102,35€, no considerando que esta limitación le afecte con la gravedad que pretende la parte y hasta el punto de dar el máximo legalmente previsto, pues de hecho ni tan siquiera se hace referencia a ello en el informe, médico forense, razón por la que estimamos más ponderado el otorgar por dicho concepto la cantidad de 10.000€, resultando el total a indemnizar en 78.395,36€, siendo esta la cantidad de la que debe responder Florentino, y en solidaridad con el mismo sus padres en el 80% de dicha cantidad (62.716,80€).

Tercero.-En cuanto a las costas de instancia, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 394 L.e.c.).

No procede verificar expresa imposición en cuanto a las costas de esta alzada (art. 398 L.e.c.).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Estimando en parte los recursos de apelación interpuestos por Florentino, Carlos Alberto, e Alicia, a través de sus respectivas representaciones procesales, contra la sentencia dictada en fecha 23 julio de 2009, en el juicio ordinario seguido con el n.º 323/2008 ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Molina de Segura, debemos REVOCAR la misma y dictar otra por la que se estima en parte la demanda planteada por Aureliano, a través de su representación procesal, condenando a Florentino a que indemnice al actor en la cantidad de 78.395,36€, y en solidaridad con el mismo, si bien tan sólo en el ochenta por ciento de dicha cantidad (62.716,28€), a sus padres Carlos Alberto e Alicia, y a los intereses legales desde la fecha de interpelación judicial, declarando en cuanto a las costas de instancia que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin verificar expresa imposición en cuanto a las costas de esta alzada.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se extenderán los oportunos testimonios lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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