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Sentencia A.P. Navarra 155/2010 de 28 de septiembre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Acción de indemnización de daños y perjuicios vinculados a responsabilidad extracontractual. Estimación. Entidades aseguradoras: Acción de repetición. Desestimación. Consorcio de Compensación de Seguros: Responsabilidad. Incapacidad permanente parcial: Estimación. Secuelas: Reconocimiento de epilepsia y de trastorno depresivo reactivo.

 

Presidente

D. JOSE FRANCISCO COBO SAENZ

Magistrados

D. RICARDO J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ

D.ª BLANCA GESTO ALONSO

En Pamplona, a 28 de septiembre de 2010.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala n.º 64/2008, derivado de los autos de Juicio ordinario, en ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios vinculados a responsabilidad extracontractual derivada de accidente de circulación y de la acción de repetición por aseguradora, con arreglo al art. 43 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguro n.º 611/2007 del Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Pamplona; siendo partes apelantes y apeladas, D. Sebastián, D.ª Noelia y REALE AUTOS Y SEGUROS GENERALES S.A., representados por el Procurador D. ALFONSO MARTÍNEZ AYALA y asistidos por el Letrado D. AGUSTIN CALDERON CALDERON; parte apelada, D.ª Sonsoles representada por el Procurador D. ALFONSO MARTÍNEZ AYALA y asistida por el Letrado D. AGUSTIN CALDERON CALDERON; parte apelante-apelada; CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS, representado y dirigido por el SR. ABOGADO DEL ESTADO SUSTITUTO.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE FRANCISCO COBO SAENZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los de la sentencia apelada.

Segundo.-Con fecha 23 de noviembre de 2007, el referido Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Pamplona dictó Sentencia en los autos de Procedimiento ordinario n.º 611/2007, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. ALFONSO MARTÍNEZ AYALA en nombre y representación de Sebastián, Sonsoles, Noelia, Ariadna y REALE AUTOS Y SEGUROS GENERALES S.A. y debo condenar y condeno a Dña. Lourdes, en rebeldía y CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS representado por el LETRADO DEL ESTADO, a que hagan solidariamente efectivas:

A Dña Ariadna, OCHENTA Y UNO CON VEINTE EUROS (81,20 €), más el interés moratorio, Fundamento Sexto, desde el siniestro, más CIENTO SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES EUROS (177,23 €) por parte de la aseguradora demandada.

A D. Sebastián, MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON DIECIOCHO EUROS (1.681,18 €) más el referido interés moratorio, por la aseguradora y MIL SEISICIENTOS UNO CON VEINTISEIS EUROS (1.601,26 €) de intereses liquidados.

A Dña Sonsoles, DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES EUROS (232.496,93 €), más intereses moratorios referidos, más TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA EUROS (3.426,70 €) de intereses liquidados por parte de la aseguradora.

A Dña. Noelia, OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y TRES (8.409,73 €) de principal más los intereses moratorios ut supra dichos, más DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO EUROS (2.294,65 €) de intereses liquidados.

Cada parte hará efectivas las costas causadas a su instancia".

Tercero.-Frente a la expresada sentencia, se preparó, en tiempo y forma oportuna, recurso de apelación, por la representación procesal, de los codemandantes, en concreto Don. Sebastián, de la joven Noelia y de la entidad aseguradora Reale Autos y Seguros Generales SA, mediante escrito presentado con fecha 4 de diciembre de 2007, en el cual, se expresaba la voluntad de interponer recurso de apelación frente a la sentencia de 23 de noviembre de 2007, especificándose como pronunciamientos que se impugnan los siguientes:

- Respecto de Sebastián, la indemnización concedida por daños materiales (valor del vehículo), que se deberá incrementar hasta la suma reclamada, y la denegación de los perjuicios económicos por perdidas de ingresos derivados de trabajo que también fueron objeto de reclamación.

-Respecto de Noelia la no concesión de indemnización por incapacidad permanente parcial a su favor debiendo estimarse la misma e indemnizar en la suma reclamada en la demanda.

-Respecto de la aseguradora Reale, la estimación de la prescripción de la acción por la indemnización reclamada a su favor por no tener en cuenta la sentencia que, como consta en el testimonio aportado, también fue denunciante en el juicio de faltas y reclamó en el mismo, procediendo desestimar la prescripción y conceder la indemnización.

Por la entidad codemandada "Consorcio de Compensación de Seguros", se presentó en tiempo oportuno, no así en forma procesal adecuada, por no cumplirse, el requisito de acreditación de haber constituido el deposito del importe de la condena, más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto, al que se alude en el n.º 3 del art. 449 de la LEC. Ni haber realizado la manifestación, de la voluntad de abonar, consignar, depositar o avalar las cantidades correspondientes, en relación con el art. 231 de la LEC, es decir el Consorcio de Compensación de Seguros, mediante escrito presentado con fecha 10 de diciembre de 2007, en el que se especificaban como materia de recurso todos los pronunciamientos favorables de la sentencia para el Consorcio de Compensación de Seguros.

Los recursos así preparados se interpusieron:

A.- Por la representación procesal, de los expresados codemandantes Don. Sebastián, la joven Noelia y la entidad aseguradora Reale Autos y Seguros Generales, mediante escrito presentado con fecha 9 de enero de 2008, en el cual después de exponer los motivos de recurso que tuvo por conveniente, solicitaba de este Tribunal, que se revocara la sentencia de instancia, y se incrementen las indemnizaciones a favor de los recurrentes en los siguientes conceptos y se condene a los demandados a abonar:

- A Sebastián en la cantidad de 5.000 € por el valor del vehículo y en 19.875,25 € por los perjuicios económicos por los días impeditivos, incrementándose la indemnización concedida a su favor en la sentencia en otro 20.049,25 € (1.187,40 € más 18.862,85 €).

- A Noelia en la cantidad de otros 15.046,33 € en concepto de incapacidad permanente parcial, incrementándose la indemnización concedida a su favor en sentencia en ese importe.

- A Reale Autos y Seguros Generales en la cantidad de 1.249,74 €.

Manteniéndose el resto de pronunciamientos indemnizatorios y en cuanto a intereses.

B.- Por el Abogado del Estado Sustituto, en representación y defensa del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante escrito presentado con fecha 18 de enero de 2008, en el cual después de exponer los motivos de recurso que tuvo por conveniente, se solicitó de este Tribunal que se dictara en su día sentencia revocando parcialmente la dictada en primera instancia, en los términos expuestos en el escrito de interposición de recurso, frente al Consorcio de Compensación de Seguros y condenando a la demandante a las costas de la apelación.

Conferidos los oportunos traslados, a los expresados recursos, se opusieron respectivamente:

El Abogado del Estado Sustituto en representación y defensa del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante escrito presentado con fecha 25 de enero de 2008.

La representación procesal de las personas y entidad aseguradora demandantes, mediante escrito presentado con fecha 11 de febrero de 2008, en el cual después de exponer los motivos de oposición al recurso de apelación planteados de adverso, solicitaba de este Tribunal que se desestime el recurso, con imposición de costas a la parte apelante.

Cuarto.-Enviados los autos a este Tribunal y turnados a la presente Sección. Primeramente, en providencia de fecha 7 de marzo de 2008, después de formarse el presente rollo de apelación civil 64/2008, se designó ponente a la Ilma. Sra. Magistrada D.ª BLANCA GESTO ALONSO.

En providencia de fecha 29 de enero de 2009, por necesidades del Tribunal, la ponencia de la apelación pasó al Ilmo. Sr. Magistrado D. RICARDO J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, señalándose para deliberación y resolución del recurso el día 27 de marzo de 2009.

Mediante providencia de fecha 26 de julio de 2010, por necesidades del servicio, se atribuyó la ponencia del asunto al Ilmo. Sr. Magistrado Presidencia de la Sección D. Francisco Cobo Sainz, señalándose para deliberación y resolución del asunto el día 30 de julio.

Quinto.-En la tramitación del presente recurso, se han observado las prescripciones legales, excepción hecha del plazo para dictar sentencia, por acumulación de ponencias, primero en la Ilma. Sra. Magistrada D.ª BLANCA GESTO ALONSO, y con posterioridad, en el Ilmo. Magistrado D. RICARDO J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos de derecho primero y sexto a octavo de la sentencia de instancia, no así el cuarto y quinto en cuanto se opongan a lo que a continuación se razona.

Primero.-Primeramente hemos de abordar, una cuestión de ordenación procesal, pero con un concreto contenido decisorio, a los efectos del mantenimiento de su pretensión revisoría ante este Tribunal de apelación por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Como puso de manifiesto, en el escrito de oposición, al recurso de apelación, interpuesto, por el Consorcio de Compensación de Seguros, presentado con fecha 11 de febrero de 2008, por la representación procesal de todas las personas y entidad aseguradora, demandantes, y formalmente apeladas, desde la perspectiva procedimental, ante este Tribunal, es decir Don. Sebastián, la Sra. Sonsoles, y las jóvenes Noelia, así como Ariadna. Y la entidad aseguradora "Reale Autos y Seguros Generales SA", con fecha 11 de febrero de 2009, el recurso de apelación, preparado por el Consorcio de Compensación de Seguros, y al que nos referimos en el antecedente de hecho tercero de la presente resolución, debió ser inadmitido, con arreglo a la prevención normativa, que se deriva, de lo establecido en el n.º 3 del art. 449 de la LEC. Establece dicho precepto que en los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirá al condenado a pagar indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, si, al prepararlos no acredita haber constituido deposito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto. Dicho deposito no impedirá en su caso la ejecución provisional de la resolución dictada".

En su escrito de preparación del recurso de apelación, presentado como ya hemos indicado en el antecedente de hecho tercero, por el Consorcio de Compensación de Seguros con fecha 10 de diciembre de 2007, no se acreditó la constitución del depósito en cuestión. Ni se hizo manifestación, de la voluntad de abonar, consignar, depositar o avalar las cantidades correspondientes, a los efectos de lo prevenido en el n.º 6 del artículo 449 de la LEC, en relación con el artículo 231 del mismo cuerpo legal rituario civil. Sin embargo, en la providencia de fecha 11 de diciembre de 2007, se tuvo por preparado el recurso por el Consorcio de Compensación de Seguros, al cumplirse los requisitos meramente formales de los números 1 y 2 del art. 457 de la LEC. Trascribiéndose, la parte final de dicha providencia, el contenido normativo del n.º 5 del art. 457 que se acaba de citar, en el cual se establece que "contra la providencia en la que se tenga por preparada la apelación no cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso al que se refiere el art. 461 de esta Ley ". Tal y como lo ha hecho pertinente y temporáneamente, la representación procesal de cuantos personas y entidad aseguradora integran la parte demandada.

Consta al folio 917, de las actuaciones, un documento, emitido por la "Subdirección de Tesorería", del Consorcio de Compensación de Seguros, en el que se indica, que con fecha 22 de enero de 2008, se ordena a Banco Español de Crédito SA, Banca Corporativa, efectuar transferencia a favor del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Pamplona, efectuar transferencia a su favor, por un importe de 249.254,33 € con la referencia del juzgado 31530000004061107. Disponiéndose entre otros extremos en la providencia de fecha 28 de enero de 2008: "...respecto a la comunicación de pago efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros de la cantidad de 249.254,33 € se tienen por consignada la cantidad citada en relación al art. 449.3 ".

Pero, merced a este ingreso, ciertamente extemporáneo, dada la fecha en que se produce, -recordemos el 22 de enero de 2008-, no puede entenderse "subsanado desde la perspectiva jurídico-procesal", la falta de consignación requerida por el citado articulo 449.3 de la LEC, para la admisibilidad con referencia al condenado a pagar la indemnización, de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor, del recurso de apelación, que este condenado, preparó. Tal y como ha quedado dicho.

Con arreglo a un consolidado criterio jurisprudencial, y como reflejo del mismo, citaremos el contenido de la sentencia de la Sala 1.ª del T.S de 5 de mayo de 2010 (Jur 2010/202053), puede considerarse que la exigencia impuesta por el art. 449.3 de la LEC, que hemos trascrito, constituye un presupuesto procesal necesario para la admisión de los recursos de apelación, extraordinarios por infracción procesal y de casación, y se impone a diferencia de la antigua LEC, ya en la fase de preparación de dicho recurso. Debiéndose precisar que no puede ser subsanado mediante un pago o consignación extemporánea, pues es doctrina del T. Constitucional (elaborada en relación con otros precedentes de consignación para impugnar establecidos en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la LEC 2000), que dicha consignación no constituye un mero requisito formal, sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses a quien ha obtenido una sentencia favorable, debiendo interpretarse tal presupuesto para recurrir, sin embargo, de una manera finalista o teológica, atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que la de asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, -entre otras sentencias del Alto Órgano Constitucional, 46/89 y 31/92 -, como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y a la regla general del art. 11.3 de la LOPJ. De modo que la misma doctrina constitucional ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación en el momento procesal oportuno, y el de su prueba o acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de esta última, cuando no se hubiese facilitado justificación de este extremo, por ser este un requisito formal susceptible de tal cosa, que solo puede fundar una resolución de no admisión del recurso, previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiere cumplido con el mencionado requisito, lo que no cabe deducir del hecho del pago o consignación en si misma, que constituye un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendiendo a los fines a los que está ordenado, -entre otras muchas, sentencias del órgano que ejerce en nuestro derecho la Jurisdicción Constitucional 249/94, 100/95 y 26/96, entre otras-.

Y en este caso, tal y como acabamos de señalar, la "comunicación de pago", se realiza por el Consorcio, con fecha 22 de enero de 2008, ampliando en defenecido el plazo para la preparación del recurso de apelación, por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Y además, por una suma, que no cubre el total, de los importes exigibles, por principal e intereses exigibles.

Con arreglo, a una muy consolidada doctrina jurisprudencial, - sentencias de la Sala 1.ª del T.S. de 17 de julio de 2008, 17 de diciembre de 2008 y 13 de octubre de 2009 -, la apreciación, en el tramite procesal oportuno, que en este caso, lo constituye precisamente el de valoración ya en la fase decisoria, sobre la admisibilidad de la apelación, temporáneamente puesta de manifiesto como hemos dicho, por la parte actora, en su escrito de oposición al recurso de apelación articulado por el Consorcio de Compensación de Seguros, con mayor fundamento, en un recurso ordinario como lo es el que ahora examinamos, de apelación, no sometido a un trámite especifico de admisibilidad, comporta la desestimación del recurso.

Esta es la decisión que hemos de adoptar, es decir, la de desestimación del recurso de apelación, interpuesto por el Consorcio de Compensación de Seguros, por ser el mismo inadmisible, al incurrir en causa de inadmisión, en base a las razones ya expresadas relativas a la falta de consignación, al tiempo de preparación del recurso de apelación.

Esta decisión comporta, que las costas causadas, en relación con la tramitación del recurso indebidamente admitido, hayan de imponerse, al Consorcio de Compensación de Seguros, con arreglo al criterio establecido en el n.º1 del art. 398 de la LEC, dado que en definitiva, hemos de establecer la decisión de desestimación del recurso, en base al criterio jurisprudencial que se acaba de expresar y las razones que hemos detallado en este fundamento.

Simplemente para finalizar indicar, que en este caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, no actúa, como "fondo de garantía", sino entidad aseguradora del camión del Ejercito Español, con matricula UI....-...., vehículo que conducido por la codemandada en situación procesal de rebeldía Sra. Lourdes, causó el siniestro, producido el día 28 de junio de 2004, sobre las 19,35 horas, en el kilómetro 115,600 de la carretera N-232, en relación con el cual, se sustancian las reclamaciones indemnizatorias, y el ejercicio de la acción de repetición, por la entidad aseguradora, codemandante, con arreglo al art. 45 de la LCS, que se sustancia en el presente juicio ordinario.

Segundo.-Examinaremos, los diversos motivos en que se sustenta el recurso, temporánea y pertinentemente interpuesto, por los integrantes, de la parte actora, Don. Sebastián, la joven Noelia y la entidad aseguradora "Reale Autos y Seguros Generales SA".

A.- En el caso del Sr. Sebastián, se estima insuficientes las indemnizaciones, y se entiende infringido, el art. 1902 del C. Civil, -en esta Comunidad Foral de Navarra, aunque la precisión es ciertamente no relevante de un modo sustancial a los efectos decisorios que nos ocupan, la exigibilidad de la obligación de indemnización de daños y perjuicios, se rige normativamente, en el párrafo 2.º de la Ley 488 del F. Nuevo-, por cuanto que con la cantidad concedida en sentencia no se indemnizan los daños y perjuicios experimentados por Don. Sebastián. Motivo que se subdivide, en los dos submotivos que a continuación examinaremos.

1.- De un lado se estima insuficiente la indemnización concedida por el vehículo, que se fija en sentencia en 3.813,60 €, en concepto de valor venal, incrementado en un 20% como valor de afección. Entendiéndose, que la suma en cuestión, debiera incrementarse, hasta 5.000 €. Argumentándose, que aunque el vehículo del Sr. Noelia no fue reparado por ser antieconómica la reparación, si que tuvo que adquirir otro vehículo. Refiriéndose, al informe pericial aportado sobre el valor de mercado del vehículo, en la fecha del accidente, con arreglo al documento 12 incorporado junto a la demanda, fijándose tal valor en 5.000 €. Para considerarse, que el perito Sr. Cosme, cuya valoración, en definitiva ha sido tomada en consideración en la sentencia de instancia, entiende que el vehículo siniestrado, SEAT Toledo matriculado en Palencia el día 30 de diciembre de 1996 con el número G-....-U, tenía un valor venal, habida cuenta de la fecha de su matriculación, de 3.178 €. Aceptó, en el acto de emisión de su dictamen pericial, que si la matriculación se hubiera producido el 1 de enero de 1997, habría aplicado la valoración del año 1997, que era de 3.941 €. Solicitándose de forma subsidiaria, que si se toma como valor del vehículo, el de 1996 el valor de afección debería fijarse en un 35%.

Frente a tales argumentaciones, estimamos, plenamente razonable, el criterio que a este respecto, se fija en la sentencia de instancia. Ya que, la única prueba pericial practicada como tal en plenas condiciones de contradicción, en el acto de juicio, relativo al valor venal del vehículo en cuestión, fue la pericial Don. Cosme. No existen razones, ni para reconocer, la cantidad de 5.000 €, que se postula con carácter principal, ni la complementaria, derivada, de aplicar la valoración para el vehículo, en el año 1997, ni para incrementar el valor de afección en un 35%, para el caso de tomarse como así se hace en definitiva el valor del vehículo en el año 1996.

El motivo de recurso se desestima.

2.- También se considera, el recurso, con respecto a las sumas indemnizatorias reconocidas Don. Sebastián, que se le ha de indemnizar, en los perjuicios sufridos por la perdida de ingresos de su trabajo. Manteniéndose, que se ha acreditado el Sr. Sebastián perdió su trabajo debió al accidente, y en todo caso es evidente que durante la baja no lo pudo desarrollar. Refiriéndose, a los elementos que en este caso, la parte actora, entiende acreditados. Para mantenerse, que ha levantado satisfactoriamente la carga probatoria, de demostrar que los perjuicios, durante el periodo de incapacidad, ascienden a un total de 19.875,25 €. Entendiéndose, que si el Consorcio estimaba que los ingresos del Sr. Sebastián, hubieran sido menores debía haber propuesto prueba a este respecto.

Para solicitarse de forma subsidiaria, en base a los ingresos acreditados, que se debía de incrementar el factor de corrección por los mismos a un 25%.

En la sentencia de instancia, con relación a este concreto concepto indemnizatorio, se entiende, que en efecto el Sr. Sebastián, trabajaba como autónomo para un mercantil, -en concreto, según se desprende, de la información documental facilitada por la sociedad mercantil "Centros Comerciales Carrefour SA", datada el 1 de agosto de 2007, que puede comprobarse a los folios 691 a 701 de las actuaciones, como "transportista repartidor", con carácter de trabajador autónomo. Entendiéndose, en el fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida, que si bien se alegan unos determinados ingresos, necesariamente el Sr. Sebastián hubo de tener unos gastos, siendo el perjuicio el "lucro cesante". Para establecerse que su concreta cuantía se ignora totalmente, no habiendo aportado, el Sr. Sebastián los medios de acreditación al respecto, de ordinario empleados, tales como "nomina, periciales,...". Aplicándose, por ello, el factor de corrección por perjuicios económicos, de la tabla IV, en un porcentaje del 10%, porque se considera, que los ingresos netos de la victima por el trabajo personal, se pueden calcular, hasta 22.569,50 €, con arreglo a la cuantía fijada, en la resolución de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2004, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

En este caso, el criterio de valoración, adoptado por el juzgador a quo, parece absolutamente ponderado y razonable.

Ninguna carga de acreditación, incumbe al Consorcio, en orden a demostrar, lo que se pretende por el ahora recurrente.

El motivo de recurso examinado también ha de ser desestimado.

B.- En lo que atañe a la indemnización concedida, a favor de la joven Noelia, nacida el 2 de abril de 1995, y que por ello contaba con 9 años de edad, cuando se produjo el siniestro. Se considera, que yerra la sentencia de instancia, cuando se deniega, la suma reclamada en su interés, como "factor de corrección", para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, también con arreglo a la Tabla IV, en la cuantía fijada en la resolución que antes se ha citado de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, para el supuesto que se entiende como concurrente, en este caso de "incapacidad permanente parcial", definido, en la dicción baremistica, como "secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma". Factor de corrección, que se considera aplicable en este caso, en su cuantía máxima fijada, para el año 2004 en la suma de 15.046,33 €.

En apoyo, de tal solicitud, se sostiene que la joven en la actualidad Noelia, sufre como secuela una epilepsia reconocida por el medico forense y por el propio Consorcio en su escrito de contestación a la demanda. Igualmente sufre un trastorno depresivo reactivo, que por el perito de designación judicial psiquiatra infantil Dr. Jose Ángel, se ha denominado trastorno de adaptación, reacción mixta de ansiedad y depresión. Secuelas que además son reconocidas en la sentencia.

Insistiéndose en que consta en el informe Don. Jose Ángel, que la menor Noelia, antes del accidente no tenía antecedente ni epilépticos, ni psiquiátricos y tratándose de una menor, que cuando sufrió el accidente contaba con tan solo 9 años de edad, se considera evidente que ambas secuelas constituyen una clara incapacidad parcial, pues no solo la medicación que se ve obligada a tomar, hace que baje su rendimiento escolar, capacidad de concentración, respuesta, habilidades y capacidad de memoria. Refiriéndose a otros informes periciales incorporados a las actuaciones. Destacándose que se debe tener en cuenta además, que la epilepsia le va a suponer una grave carga y limitación para su desarrollo futuro y para poder realizar gran cantidad de trabajos y actividades, como conducir, manejo de maquinas que conlleven algún grado de riesgo, actividades de sobreesfuerzo, y muchos deportes,...etc. Estimándose que si a ello se añade el trastorno depresivo, se entiende que es claro, que todo ello supone para una menor de 9 años, el verse limitada de forma parcial para sus ocupaciones habituales. Expresándose, que basta pensar en cualquier niña de 9 años, que de ser totalmente normal, de repente pasa a tener una epilepsia y un trastorno depresivo.

En la sentencia de instancia, con un argumento que en este extremo no podemos compartir, se considera en el fundamento de derecho cuarto, que no ha sido aceptado por este Tribunal de apelación en su integridad, que "ponderando singularmente el informe Don. Jose Ángel, y la documental, no se considera probado, que por causa de siniestro Noelia padezca incapacidad permanente parcial. No se trata de indemnizar doblemente las secuelas".

Y como decimos, esta consideración no puede ser compartida, porque si se examina, el contenido propio, del medico psiquiatra Sr. Jose Ángel, que presta sus servicios en el Hospital de día Infanto Juvenil de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud, cuyo formato escrito puede consultarse a los folios 821 a 823 de las actuaciones. En relación, con el acto de emisión del informe en cuestión, durante la "sesión final", del acto de juicio en la instancia que se celebró el 22 de noviembre de 2007. Puede establecerse con absoluta rotundidad, que la epilepsia, que padece, la joven Noelia, se le diagnosticó, en el año 2005, en relación con el accidente de circulación del que fue victima, y cuyas consecuencias indemnizatorias se sustancian en el presente juicio ordinario.

No podemos aceptar, el argumento ya expuesto en su informe, por la Sra. Letrada, que en su calidad de Abogado del Estado Sustituto, defiende los intereses del Consorcio de Compensación de Seguros, ni en su informe de conclusiones, al finalizar el acto de juicio en la fecha ya expresada de 22 de noviembre de 2007, ni en su escrito de oposición al recurso de apelación, integrantes de la parte demandada, que interpusieron recurso de apelación. En el sentido, de que fue la parte actora, la que introdujo en fase procesal inadecuada un "hecho nuevo", cual es el padecimiento, por la joven Noelia de "antecedente de epilepsia focal benigna de la infancia (rolandica), con antecedente componente paroxístico (punta-honda) durante sueño lento resuelto". Tal y como se hace constar, en el informe del Servicio de Pediatría "Consulta externa", del Complejo Asistencial de Palencia Hospital Río Carrión/Hospital San Telmo de la entidad pública Sacyl, Sanidad de Castilla y León. Este informe, cuya literalidad puede comprobarse al folio 374 de las actuaciones, no puede ser extraído de su contexto. Resulta como decimos absolutamente esclarecedor, el informe del psiquiatra Dr. Jose Ángel, quien examinó, a Noelia, los días 19, 25 y 31 del mes de octubre de 2007, sometiéndola diversas pruebas sicodiagnosticas. Para establecer, que la epilepsia, fue diagnosticada, como decimos, en el año 2005, en relación con el accidente y posteriormente al mismo. Estableciéndose, en sus conclusiones, como "secuelas siquiátricas del accidente", las que configuran, la posibilidad de apreciación de los criterios de un trastorno de adaptación, en concreto de una reacción mixta de ansiedad y depresión (F43.22, según la CIE-10 de la OMS). Y que habría que considerar como factor estresante principal el trastorno epiléptico que padece desde el año 2005, y está relacionado, con el accidente de tráfico sufrido en junio de 2004. Exponiendo el Dr. Jose Ángel, los efectos secundarios adversos del tratamiento, que tiene descrito, los cuales, han provocado, en gran parte la disminución de rendimiento escolar observada en la joven Noelia, lo que junto a las limitaciones a las que se ha visto sometida, en sus actividades, han dado lugar al malestar que está padeciendo, manifestado en forma de preocupaciones, baja autoestima, sentimiento de infravaloración y de rechazo por parte de sus compañeros...-. Haciéndose referencia, a circunstancias familiares durante los años, las cuales no han sido favorables, en concreto por razón de los problemas de salud, de su madre, la Sra. Sonsoles a raíz del accidente. Así como otros factores, no vinculados directamente con el siniestro, -en concreto la enfermedad y el fallecimiento de su abuela materna-.

Apuntando el Dr. Jose Ángel, a riesgo cierto de la cronificación del trastorno dada la evolución del mismo y a pesar de las mejorías observadas durante los periodos vacacionales.

Considerándose por el Dr. Jose Ángel de un modo absolutamente detallado, que a parte de las limitaciones derivadas del diagnostico de la enfermedad epiléptica ha de ser tenido en cuenta, por un lado la afectación del rendimiento intelectual (secundaria en parte a los efectos adversos de la medicación antiepiléptica y en parte al estado ansioso depresivo de la niña). Y por otra parte, a la incidencia a nivel social, para estimarse que en la edad, de la joven Noelia, cobre especial importancia sentirse aceptado por los iguales y el considerarse diferente, -el diagnostico de una enfermedad crónica, la afectación por un trastorno mental, la limitación intelectual-, no lo facilita en absoluto.

Estas consideraciones, perfectamente razonadas, y expuestas en términos de plena contradicción; no pueden entenderse desdichas en modo alguno, por el criterio medico, expuesto en sus informes escritos, -por todos nos referiremos, al emitido con fecha 14 de diciembre de 2005, que puede consultarse, entre otros a los folios 134 a 136 de las actuaciones-, por el Dr. Sr. Cesar, medico forense de Palencia. En el cual, a la pregunta concreta, para que informe si las secuelas que presenta la joven Noelia, le suponen algún tipo de incapacidad permanente parcial, total o absoluta, para sus ocupaciones habituales, de la lesionada si van a tener alguna incidencia en el desarrollo de la menor, y si en futuro le supondría alguna limitación u obstáculo para su incorporación al mercado laboral o para poder desempeñar con normalidad diversos trabajos y actividades, el Sr. Medico forense, expone que no le supone incapacidad alguna. Por otra parte, y de acuerdo con lo que solita el Sr. Letrado, decir "que el futuro no es predecible para este perito, máxime cuando no poseo dote cabalística alguna", -sic-.

Pues bien, en esencia este informe, fue ratificado, por el Sr. Medico forense Don. Cesar, en su comparecencia en la última sesión del acto de juicio, que como hemos dicho se celebró el 22 de noviembre de 2007. Aceptando, que pudiera existir una situación de epilepsia, en la joven Noelia, que el no consideró, como secuela en su informe pericial. Pero minimizando, las consecuencias, de esta afectación, para decir, que simplemente la joven tenía que tomar tres pastillas al día y que probablemente desaparecerá cuando sea mayor. Obviamente este criterio medico, en confrontación, con el expuesto por el Dr. Jose Ángel, no puede ser compartido por el Tribunal de apelación. En las concretas circunstancias del caso, resulta evidente, que por razón de la epilepsia diagnosticada a la joven Noelia, que evidentemente constituye una enfermedad crónica, que requiere de tratamiento continuado, y que le produce concretas incidencias, en el desarrollo de las actividades más esenciales de su vida, incluidas, las requeridas por la etapa de formación que en estos momentos está desenvolviendo de acuerdo con su edad. La afectación por un trastorno de adaptación. La limitación intelectual, que su enfermedad crónica, y el trastorno mental, le producen, en todos los aspectos, intelectuales, relacionales y convivenciales de su vida. Podemos entender, que se cumplen, sobradamente, las exigencias para apreciar el factor de corrección, con toda la razón, postulado, por la parte recurrente, porque las secuelas permanentes que afectan, a la joven Noelia, le limitan parcialmente su ocupación o actividad habitual.

En este sentido el recurso ha de ser estimado.

C.- Con relación al ejercicio de la acción de repetición, que puede entenderse ejercitada, por la entidad aseguradora codemandante "Reale Autos Seguros Generales SA", al amparo del articulo 43 de la LRCS, con arreglo al hecho séptimo de la demanda, y por los conceptos allí expresados, se reclama por dicha compañía aseguradora el importe de diversos gastos farmacéuticos y sanitarios, por un total de 1.294,74 €, que se desglosan, y soportan documentalmente, con arreglo a los documentos 85 a 91 aportados junto a la demanda.

En la sentencia de instancia, se desestima, la exigibilidad del expresado concepto indemnizatorio, porque se argumenta, que la acción ha prescrito. Pues si bien cuando se realizaron las prestaciones, pagos, en cuyo importe pretende ser resarcida la compañía aseguradora, la acción no había prescrito, tomando el tiempo en que según documentalizó efectivo los pagos, hasta la demanda, "...es manifiesto que han transcurrido años", -sic-. Indicándose finalmente, que el plazo de prescripción, Ley 488.2 del Fuero de Navarra, -ha de indicarse, que el plazo de prescripción, para la responsabilidad aquilina, ciertamente, de un año, se contempla, no en la expresada Ley que se acaba de citar del F. Nuevo, sino en la Ley 38.4 del C. Civil, en esta Comunidad Foral-, es de un año, no se ha acreditado que por dicho demandante, se interrumpiera la prescripción, y se estimara la excepción, dando lugar a la desestimación de tales pretensiones.

Como hemos expuesto, en la introducción a la presente fundamentación jurídica, el expresado argumento, no puede ser compartido; previamente al presente juicio ordinario, se tramitó ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Tudela el Juicio de Faltas 150/2005. En dicho proceso penal, fue parte la entidad aseguradora Reale, que intervino, como perjudicada en el acto de juicio de faltas que se celebró ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Tudela con fecha 6 de marzo de 2005. Y en dicho acto de juicio, se reclamó, entre otros conceptos, en intereses de la aseguradora Reale, la cantidad que luego se postuló, en la demanda, iniciadora del presente juicio ordinario, de 1.249,74 €.

Evidentemente, esta reclamación, interrumpió la prescripción, anual, -párrafo segundo de la Ley 40 del F. Nuevo. Y la demanda iniciadora, del presente juicio ordinario, se interpuso antes de transcurrir un año, desde la notificación de la sentencia dictada en el expresado juicio de faltas.

Por ello no existe la prescripción, y el motivo de recurso examinado ha de ser estimado.

Tercero.-Por las razones expuestas, se estima, el recurso planteado en interés de la joven Noelia y de la entidad "Reale Autos Seguros Generales SA", con pronunciamiento que en materia de costas tal decisión comporta, con arreglo al n.º 2 del art. 398 de la LEC.

Por el contrario, la desestimación del recurso sostenido en interés Don. Sebastián, determina, que hayan de imponerse, a dicho integrante de la parte actora, coapelante ante este Tribunal, las costas vinculadas, con su recurso que es desestimado, -art. 398.1 de la LEC -.


FALLO


 
DESESTIMAMOS, por incurrir en causa de inadmisibilidad, el recurso de apelación, interpuesto, por el Abogado del Estado Sustituto, en defensa y representación del Consorcio de Compensación de Seguros, frente a la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2007, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Pamplona, en autos de Juicio Ordinario 611/2007. Imponiendo al Consorcio de Compensación de Seguros, las costas procesales vinculadas con el recurso, que es objeto de desestimación.

DESESTIMAMOS IGUALMENTE, el recurso de apelación, sostenido, por el procurador Sr. Alfonso Martínez Ayala, en representación Don. Sebastián, imponiendo al expresado co-recurrente, las costas procesales, vinculadas a su recurso que es desestimado.

ESTIMAMOS, los recursos de apelación, interpuestos por el procurador Sr. Alfonso Martínez Ayala, en interés de la joven Noelia y la entidad "Reale Autos y Seguros Generales SA". Y consecuencia:

A.- Con arreglo a lo argumentado, en el epígrafe b) del fundamento de derecho segundo de la presente resolución, incrementamos, la indemnización a reconocer, en beneficio, de la joven Noelia, en la suma de 15.046,33 €.

B.- Condenamos, a D.ª Lourdes en situación procesal de rebeldía y al Consorcio de Compensación de Seguros, a que hagan solidariamente efectiva, a la entidad aseguradora "Reale Autos y Seguros Generales SA", de la cantidad de 1.249,74 €, por el concepto que se contempla en el epígrafe C.- del fundamento de derecho segundo de la presente resolución.

CONFIRMAMOS, la sentencia recurrida, en todos sus restantes pronunciamientos, incluidos claro está, los de carácter indemnizatorio y los relativos a intereses y costas.

Sin realizar especial imposición, por lo que atañe a las costas causadas en la presente apelación, respecto a los recursos, que son estimados.

La presente resolución es susceptible de recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, concurriendo los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con la disposición final 16.ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil o en su caso, de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, conforme al artículo 477 en cuyo supuesto podrá también fundar su impugnación en los motivos de infracción procesal del artículo 469, según lo prevenido en la disposición final 16.ª de la misma Ley, debiendo presentar ante esta Sección el escrito de preparación en el plazo de CINCO DIAS siguientes al de su notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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